Tema 10: La gestión de proveedores

El pago eficiente de las obligaciones reconocidas por parte de una entidad (pública o privada) para que sea a la vez ágil y cumpla con todas las obligaciones fiscales y de protección de datos exige la existencia de un procedimiento de alta y modificación de la información identificativa, fiscal y bancaria en una aplicación robusta que asegure el adecuado tratamiento y protección de la información.

Tradicionalmente, dicha información se viene solicitando mediante la cumplimentación de unos modelos (primero meras plantillas o formularios en papel, que luego pasaron a ser ficheros editables en formato Word o PDF) con una serie de campos obligatorios y la aportación de cierta documentación identificativa. Posteriormente, desde la unidad encargada del tratamiento de dicha información se procedía a introducir dicha información en la aplicación (base de datos) mencionada.

Con la irrupción de los procedimientos electrónicos, la generalización de los certificados electrónicos y ante la obligatoriedad de cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades públicas han optado por implantar procedimientos electrónicos más ágiles y seguros para proceder a realizar dichas tareas de alta y modificación de los datos.

Otro aspecto que ha influido decisivamente en dicho cambio ha sido la proliferación de intentos de fraude (https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad/casos-reales/intento-de- fraude-del-ceo-con-doble-llamada-simultanea), de los que han resultado ser víctimas algunos entes públicos (muy conocido es el caso de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190930/47719655163/claves-estafa- emt.html) o de algún ayuntamiento).

Lógicamente, las altas en el fichero de proveedores deben ser ágiles y no limitar la posterior gestión de pagos por los servicios, suministros y obras recibidos. El procedimiento electrónico, mediante cumplimentación directa en un formulario web de la información requerida e incorporación de la documentación que, en su caso, sea necesario adjuntar, y todo ello con el concurso de la identificación electrónica (certificado o firma electrónica de titular o persona apoderada en el caso de personas jurídicas) permitirá conseguir esa agilidad y seguridad en el proceso. En la actualidad, ciertos servicios web de interoperabilidad posibilitan que las personas interesadas no tengan que aportar documentación, pues los datos que suministran pueden ser verificados mediante el uso de dichos servicios.

Los anticipos de caja fija, al igual que los pagos a justificar suponen una excepción al procedimiento general sobre gestión del gasto público.

La gestión del gasto en las entidades públicas con presupuesto limitativo se realiza mediante las siguientes fases:

a) Aprobación del gasto (A): acto mediante el que se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Este acto supone el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros.

b) Disposición o compromiso del gasto (D): acto mediante el que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites preceptivos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Este acto tiene relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Universidad de Alicante a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación (O): acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Requiere de la previa acreditación documental (factura u otro elemento documental de carácter probatorio en el tráfico mercantil) ante el órgano competente de la realización de la prestación.

d) Ordenación del pago (P), mediante el cual quedará extinguida la obligación.

Si la naturaleza de la operación o del gasto lo posibilitan, se acumularán en un solo acto varias de estas fases (AD, ADO, ...).

Pues bien, la extinción de las obligaciones, con carácter general, se producirá por su pago mediante transferencia bancaria (ejecución del pago), habiéndose completado todas fases mencionadas. En ese supuesto, si toda la documentación consta ya en el expediente diremos que se ha realizado un PAGO DIRECTO, que es el procedimiento habitual y convencional de extinción de las obligaciones.

En ocasiones, a las órdenes de pago no se puede acompañar toda la documentación preceptiva (acreditación del derecho de la persona acreedora) en el momento de su expedición y hablaremos de pagos a justificar, con independencia de la aplicación a los créditos presupuestarios correspondientes.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar serán responsables de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo reglamentariamente establecido la aplicación de las cantidades recibidas.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pagos a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación.

Por tanto, se considera que los pagos a justificar son una forma excepcional de ejecución del presupuesto de gastos, ya que se produce una alteración de las fases de ejecución del presupuesto de gastos, dado que el pago se produce sin la existencia de la factura en los registros administrativos de la entidad pagadora.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto son el instrumento en el que la entidad debe regular o adaptar el régimen general de los pagos a justificar a las circunstancias de la propia entidad.

En todo caso, debe establecerse una limitación temporal al uso de los pagos a justificar, recomendándose el plazo máximo de tres meses para poder justificar la aplicación de los fondos recibidos y otra limitación material, consistente en imposibilitar la recepción de nuevos fondos sin que previamente se hayan justificado los anteriores.

En el supuesto de prestaciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija.

Las figuras de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, son dos figuras que siempre van de la mano en la regulación, puesto que los anticipos de caja fija son una especialidad dentro de los pagos a justificar. Se trata, en ambos casos, de sistemas excepcionales de pago, que traen causa de la necesidad de agilizar las operaciones de que son objeto, así como de, en determinados casos, aportar la justificación necesaria.

Podríamos tener como ejemplo el caso de un suministro o servicio en que el proveedor exige el pago anticipado, total o parcial, como requisito para poder emitir la correspondiente factura (inscripción en un congreso o compra mediante encargo a fabricante por tratarse de un producto preparado en exclusiva). En este supuesto, se conoce la naturaleza y aplicación presupuestaria del gasto, incluso el adjudicatario, por lo que, en el momento de la expedición de la orden del pago a justificar se aplicará esta al Presupuesto.

Pues bien, la forma de operar en estos supuestos será la aprobación por el órgano competente de una orden de pago a justificar que será aplicada a la correspondiente partida presupuestaria por su mismo importe. La Universidad de Alicante no tiene actualmente habilitado el procedimiento de pagos a justificar, aunque las Bases de Ejecución del Presupuesto sí que contemplan su eventual uso.

Por el contrario, sí que está habilitado el mecanismo de los anticipos de caja fija. Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto. Reglamentariamente se determinarán las normas que regulan los pagos mediante anticipos de caja fija, especificando los límites cuantitativos, los gastos que pueden ser satisfechos, la aplicación al presupuesto, su régimen de justificación y cuantos otros aspectos resulten necesarios. En todo caso los fondos destinados a anticipos tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte de la tesorería de la Universidad.

La principal diferencia con los pagos a justificar es que mientras estos se aplicación al Presupuesto en el momento de su expedición, por cuanto se conoce el destino de los mismos, por el contrario, los anticipos de caja fija sólo se aplicarán al presupuesto con la correspondiente justificación, es decir, con la presentación de los correspondientes justificantes o facturas a través de los cuales conoceremos el destino del gasto. Es decir, el libramiento del anticipo de caja fija no tiene reflejo alguno en el Presupuesto, se trata de una estricta operación de tesorería. Es con su justificación cuando debe aplicarse a presupuesto los diferentes gastos ejecutados con el montante del mismo. Otra diferencia que se contiene en la definición legal de los anticipos de caja fija es que estos requieren de su justificación a lo largo del ejercicio, lo que obliga a su justificación y cancelación antes del 31 de diciembre de cada año, con reintegro a tesorería del importe no gastado; al contrario que los pagos a justificar, que podrán expedirse en el mes de diciembre y no justificarse sino tres meses después, es decir, entrado el ejercicio siguiente.

El sistema de anticipos de caja fija tiene una mayor ventaja sobre las órdenes de pagos a justificar en cuanto que la expedición de éstas precisan cada vez de la correspondiente resolución del órgano competente para autorizar el gasto.

La operatoria del anticipo de caja fija sería la siguiente:

• Libramiento del anticipo a favor del habilitado, por una determinada cantidad (el nominal del anticipo).

• Justificación del anticipo y reposición.

• Última justificación y cancelación del anticipo antes del 31 de diciembre.

En la universidad pública son muy frecuentes, dadas las misiones y funciones que tiene atribuidas, la organización de actividades de carácter docente entre las que se incluyen, además de la impartición de asignaturas de los títulos oficiales o propios, otras actividades en que se dictan clases o presentan ponencias y que se presentan como conferencias, seminarios, mesas redondas, coloquios etc.

Pues bien, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) prevé un régimen especial con exención de aplicación de las reglas sobre preparación y adjudicación de estos contratos para aquellos que tengan por objeto la prestación de servicios de actividades docentes en centros del sector público. Como consecuencia de ello, tales contratos administrativos no habrán de licitarse, de modo que, tal y como establece el apartado 3 del art.

310 de la LCSP, la existencia del contrato “sólo exigirá la designación o nombramiento por autoridad competente”. pudiendo la administración seleccionar al profesorado directamente sin aplicación de las disposiciones relativas a la preparación y adjudicación de la vigente LCSP 9/2017.

Tales actividades docentes se podrán impartir por personal de la plantilla de la propia Administración o por personal ajeno a la misma. Obviamente se aplicará la excepción del artículo 310 de la Ley, salvo si las actividades docentes se desarrollan en marco de “la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral”, ya que de acuerdo con el artículo 11.1 de la LCSP, estos negocios están excluidos del ámbito de aplicación de la citada ley.

Artículo 310 LCSP. Régimen de contratación para actividades docentes.

1. En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato.

2. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de garantía por parte del contratista, sin que pueda autorizarse su cesión.

3. Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente.

La referencia a las personas físicas contenida en el artículo 310 de la LCSP, a los efectos de excluir de la aplicación de las disposiciones de la ley relativas a la preparación y adjudicación a los contratos debe interpretarse restringida por un lado, a los casos en que se contrate a personas naturales o físicas que no sean empresarios o profesionales, y por otro, a los supuestos en que la persona física contratada no se dedique profesionalmente a estas actividades docentes, sino que lo haga de modo personal y con carácter ocasional.

Cuando las personas físicas sí actúen en su condición de empresarios o profesionales y cuando se contrate a personas jurídicas habrá que aplicar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a la licitación del correspondiente contrato.

Otro aspecto destacable derivado del mencionado carácter ocasional reside en el hecho de que el pago por la prestación docente no exige la emisión de factura por parte de la persona nombrada o designada para impartir la docencia. Los honorarios se pagarán (de no haber anticipo que exigiría la previa constitución de garantía) una vez realizada la actividad y en base al nombramiento efectuado inicialmente. Junto a dichos honorarios también pueden liquidarse y asumirse los gastos necesarios e imprescindibles para poder llevar a cabo la actividad docente (transporte, manutención y alojamiento, en su caso, siempre al amparo de la normativa aplicable sobre indemnizaciones por razón del servicio).

El artículo 310 de la LCSP resulta no sólo aplicable a las actividades docentes de formación o perfeccionamiento para el personal que trabaja para la Administración, sino que también se aplicará a cualquier actividad formativa dirigidas a los ciudadanos en general, incluidos los cursos de formación ocupacional de que sean destinatarios. Así lo recoge en su informe 63/2021 la Junta Consultiva de Contratación del Estado.

La designación o nombramiento se formaliza mediante documento estandarizado que recoge los principales datos de la prestación contratada (persona designada, fechas, objeto, horas de dedicación, honorarios, aplicación de imputación del gasto, ...) que exige la previa alta en el fichero de proveedores. Dicho nombramiento deberá ser formalizado siempre con carácter previo a la impartición efectiva de la actividad formativa.

En la Universidad de Alicante, en el supuesto de pagos por colaboraciones docentes por impartición de docencia en títulos oficiales o propios, dicha docencia deberá figurar en el correspondiente Plan de Organización Docente y, además, si de manera agregada, el/la colaborador/a ha impartido cinco o más horas de dicho Plan de Organización Docente, se deberá reflejar la asignación de los créditos impartidos en el mismo.

Dado que la actividad universitaria no se encuentra circunscrita a la actividad de la docencia y que cada vez tienen más relevancia las actividades del ámbito de la investigación o transferencia, así como la extensión universitaria y que en ocasiones de recurre a personas físicas expertas para desarrollar tales actividades puntuales concretas. Cuando tales personas no son profesionales que puedan emitir factura y especialmente cuando hablamos de empleados públicos también se viene recurriendo excepcionalmente a este mecanismo especial de contratación administrativa.

Podemos ejemplificar tales situaciones cuando un/una empleado/a público realiza el comisariado de una exposición, por ser experto en la materia objeto de la misma o cuando dirige el montaje de una obra de teatro o musical. Cabe decir que ello, sin perjuicio de las obligaciones del empleado público en relación con el deber de información y, en su caso de solicitar la oportuna compatibilidad al organismo que lo emplea habitualmente. Situaciones semejantes pueden plantearse en el ámbito de la investigación o transferencia cuando investigadores que trabajan en otro centro de investigación realizan una colaboración puntual con un grupo de investigación de una universidad pública. No obstante, últimamente la Universidad de Alicante está recibiendo por parte de la AEAT requerimientos de información respecto de algunas de estas contrataciones, lo que nos va a llevar a ser más restrictivos y a no aceptar el procedimiento de la colaboración si no se trata de actividades claramente docentes. Para el supuesto de actividades realizadas en el ámbito de investigación será imprescindible requerir la emisión del a correspondiente factura, que será en el contexto de la formalización de un contrato art. 60 LOSU cuando se trate de personal empleado por otra universidad pública.

Los correspondientes pagos deben tramitarse referidos exclusivamente a colaboraciones docentes, a colaboraciones en actividades de investigación o en actividades culturales; el resto de trabajos complementarios que los desarrollos de dichas actividades puedan exigir deberán ser justificados con facturas expedidas por los empresarios, profesionales o particulares que las realicen.

Finalmente, cabe recordar que, dado que se trata de una contratación administrativa resulta imprescindible que el nombramiento se formalice con carácter previo a la fecha de realización efectiva de la actividad.

Las universidades públicas necesitan conseguir otros tipos de financiación complementarios a los recursos obtenidos vía ingresos públicos (estatales o autonómicos) o a los conseguidos por el cobro de las tasas o precios públicos y a los ingresos derivados de la contratación vía artículo 60 LOSU.

Podemos distinguir entre dos tipologías de fundraising o captación de fondos externos: recursos de financiación pública y recursos de financiación privada. Concretamente, entre estos últimos podemos diferenciar entre recursos propios y recursos ajenos o externos Vamos a abordar la captación de recursos privados externos desde la universidad pública española, centrándonos en la captación de estos fondos externos a través de acciones de patrocinio y mecenazgo.

La importancia de la captación de recursos externos privados en las universidades públicas debe aumentar, para así contribuir a sufragar parcialmente ciertas actividades que desarrolla la universidad y con ello complementar las fuentes primarias de las que se nutren los presupuestos universitarios.

Quizá el principal reto en la gestión del patrocinio y mecenazgo en la universidad pública para la captación de fondos es crear un marco estructural homogéneo en las relaciones entre donantes y Universidad. En consecuencia, deben crearse las estructuras y procedimientos necesarios que apoyen al promotor de las acciones en las que es necesaria financiación adicional (normalmente el profesorado responsable de actividades de extensión, transferencia o investigación) y que ayude a los donantes o patrocinadores a gestionar el proceso con facilidad y claridad, sin ahogarse en la burocracia administrativa.

Así, la activación de programas de captación de recursos mediante patrocinio y mecenazgo en las universidades públicas, no sólo es una herramienta para la captación de recursos, sino que debe perseguir también otros dos claros objetivos: aumentar la proyección social de los proyectos que se realizan en la Universidad y estrechar las relaciones con el entorno empresarial e institucional, y con el territorio (Perez-Esparrells y de la Torre, 2016).

Es importante destacar que la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, reconoce a las universidades públicas como “entidades beneficiarias del mecenazgo”, dándoles por tanto una legitimación jurídica, además de la legitimidad social que tiene la propia actividad universitaria.

Definición de patrocinio y mecenazgo Aunque los términos patrocinio y mecenazgo suelen utilizarse como semejantes (incluso como sinónimos), son conceptos claramente distintos, con objetivos y aplicaciones prácticas diferentes. Podemos considerar que el patrocinio es un concepto más cercano al ámbito publicitario y que el mecenazgo es un término más cercano al ámbito del altruismo, la filantropía (lo que convencionalmente identificamos con una donación).

En nuestro ámbito, podemos definir el patrocinio como “una acción de comunicación, con fines publicitarios y comerciales, mediante la cual una entidad apoya una actividad o proyecto universitario, obteniendo a cambio unas contraprestaciones o beneficios por la aportación realizada”.

Del mismo modo, podemos decir que el mecenazgo consistiría en “un apoyo financiero o material, aportado a una universidad para el ejercicio de actividades que presentan un carácter de interés general, sin contrapartida directa por parte de la misma”.

Evidentemente, existe una cierta ambigüedad en el uso de ambos términos. La diferenciación entre ambos conceptos se establece en función del objetivo perseguido por el patrocinador o mecenas:

• En el patrocinio, el patrocinador persigue un objetivo claramente comercial o de beneficio en imagen. Tiene una intencionalidad publicitaria, independientemente de la cantidad y tipo de contraprestaciones que se le ofrezcan. Como ejemplo tendríamos la aportación que un proveedor de productos de laboratorio estaría dispuesto a realizar para que su visibilidad fuera patente durante el desarrollo de un congreso científico.

• En el mecenazgo, el mecenas o donante no tiene una intencionalidad comercial, no busca inicialmente una contrapartida directa a su aportación ya que el objetivo que persigue es principalmente la colaboración en una actividad de interés general, aunque es cierto que puede obtener ventajas fiscales.

Desde la óptica del fundraiser o captador de fondos es conveniente conocer esta diferencia más que en el plano conceptual en el terreno práctico, pues en grandes empresas y entidades privadas los gastos de patrocinio y mecenazgo suelen gestionarse por departamentos distintos y con presupuestos diferenciados, por lo que conviene saber quién es el interlocutor adecuado en cada caso.

Marco jurídico y fiscal del patrocinio y del mecenazgo La legislación española regula el patrocinio en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP) en cuyo artículo 24 habla del “contrato de patrocinio” diciendo que “es aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica, o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador”.

En consecuencia, el patrocinio es una prestación de servicios sujeta a IVA, y la universidad debe repercutir IVA por esa actividad e ingresarlo. Así, deberá firmarse un contrato de patrocinio con la entidad que colabore con la universidad y emitir la factura correspondiente.

La actividad de mecenazgo en actividades de interés general viene regulada por la vigente Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, incorporando las importantes reformas incorporadas con la actualización del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde 01/01/2024.

El título III de la Ley recoge los incentivos fiscales al mecenazgo, y en su capítulo I, en el artículo 16, establece las entidades beneficiarias del mecenazgo, entre ellas, en su apartado C, las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.

En el capítulo II del título III establece las formas de mecenazgo que reconoce la Ley, entre las que destacan:

1. Donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puras y simples, realizadas en favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo (art. 17).

2. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (art. 25).

Se define este convenio como “aquel por el cual las entidades beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios sujeto al IVA.” En estos casos de una donación o un convenio de colaboración empresarial, al no existir una contraprestación de servicios, se firmará un convenio entre la persona física o jurídica donante y la universidad, y la operación no estará sujeta a IVA. La universidad deberá emitir un certificado (art. 24 de la Ley 49/2002) al donatario por las cantidades percibidas para poder acogerse a las deducciones fiscales establecidas por la Ley.

¿Puede una universidad pública adoptar el rol de mecenas o de patrocinador? Es habitual que desde las universidades públicas y con cargo a recursos finalistas concretos, relacionados con actividades o eventos organizados por otras entidades se patrocine dichos eventos. En ese supuesto, cuando la universidad pública se convierte en patrocinador deberá formalizar el oportuno contrato sujeto a la Ley 9/2017, LCSP. Lo habitual es que se trate de un contrato menor (cuantía hasta 15.000 €) y lógicamente, que tenga que abonar la correspondiente factura que incluirá IVA.

Distinta es la situación en el caso del mecenazgo, pues la Ley 49/2002 no contempla que las entidades públicas se acojan a las ventajas que se conceden al mecenas, ya que no tributan en el Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, aunque no se descarta la posibilidad de realizar donaciones, será más habitual la concesión de subvenciones y en ningún caso hablaremos de mecenazgo.

El artículo 2 de la LGS 38/2003, de 17 de noviembre, define la subvención, a los efectos de la Ley citada, como:

“(...) toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.

Estos requisitos se enumeran de forma conjunta, deben darse los tres para la prestación económica sea una subvención. En segundo lugar, el requisito de la letra c) acota las subvenciones sujetas a la LGS al fomento de actividades de utilidad pública o de interés social o de promoción de una finalidad pública.

Pues bien, precisamente aquí radica la razón de la exclusión de los premios de la LGS.

No tienen la condición ni se tratan como subvenciones los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario (art. 4.1 d) LGS).:

La DA 10ª remite el régimen jurídico de ciertos premios a una norma reglamentaria “que deberá ajustarse al contenido de la LGS: Disposición adicional décima Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza.

Reglamentariamente se establecerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, que deberá ajustarse al contenido de esta ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable.

No obstante, lo anterior, los premios que pueda conceder una Administración se justifican por el interés público de los mismos, forman parte del giro o tráfico administrativo, por lo que su concesión debe sujetarse a los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, sin perjuicio de que, en su caso, se regulen reglamentariamente por la Administración competente.

En ausencia de desarrollo reglamentario estatal o autonómico, no parece descabellado interpretar que la DA 10ª está invitando a las administraciones a que regulen, mediante ordenanza, el régimen de concesión de los premios, con sujeción a los principios, e incluso procedimientos, de la LGS, “salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable”.

En cuanto a la imputación presupuestaria del gasto, la doctrina consultada considera que la exclusión de los premios de la LGS no impide imputar los premios al capítulo 4 de gastos.

Los premios en especie, cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero se regulan por la LGS.

Las becas se tratan y consideran a todos los efectos un tipo de subvenciones, que según el caso pueden estar o no sujetas a tributación.

En el ámbito de la gestión universitaria hablaremos de ayudas al margen de la LGS en los supuestos de convocatorias internas que finalmente acaban con redistribuciones de crédito, sin que ninguna persona perciba directamente dotaciones económicas derivadas de las mismas. En último extremo es posible que con tales dotaciones pudiera financiarse la contratación laboral de alguna persona, que lógicamente habrá de concurrir a la oportuna convocatoria de selección.

Las convocatorias de dichas ayudas, con todo sí que deben regirse por los mismos principios que las subvenciones (aunque no le sean) y consecuentemente, debe asegurarse su publicidad y concurrencia realizando la preceptiva publicación en BOUA.