Tema 23. La organización territorial y el gobierno de la Iglesia española hasta fines del Antiguo Régimen.
1. La organización eclesiástica en la Hispania visigoda
La Iglesia hispana se organizó en provincias eclesiásticas, cada una con un metropolitano (arzobispo) al frente de varias diócesis sufragáneas. En la época visigoda, la Bética, la Lusitania, la Tarraconense y las demás provincias del reino tenían cada una su propio metropolitano.
Toledo, metrópoli de la Cartaginense. Con Leovigildo (572-586) Toledo fue constituida ciudad regia, capital del reino. Su iglesia se erigió primero en metropolitana de la Carpetania y después de toda la provincia cartaginense, con veinte diócesis sufragáneas. La capitalidad de la Cartaginense la había tenido Cartagena, pero la ciudad estaba en territorio bizantino. En tiempos del rey Gundemaro (610-612), catorce obispos sufragáneos se reunieron en Toledo y acordaron, el 23 de octubre de 610, que la sede toledana tenía autoridad metropolitana. Un decreto del rey ratificó el acuerdo: la provincia cartaginense veneraría como primado a un único metropolitano, el de Toledo, y no se repartiría entre dos.
Los Concilios de Toledo. En el III Concilio de Toledo (589) el rey Recaredo, con obispos y magnates, abandonó el arrianismo y abrazó el catolicismo, con lo que el reino quedó unido en una misma fe. Después de él se celebraron en Toledo quince concilios más, conocidos por sus profesiones de fe y sus normas disciplinares.
El XII Concilio (681) y la primacía de Toledo. El XII Concilio se abrió el 9 de enero de 681, convocado por el rey Ervigio y presidido por el metropolitano Julián. Para nombrar a un obispo hacía falta que interviniera el rey: había que comunicarle la vacante, él designaba al candidato y el metropolitano lo examinaba. Su canon sexto facultó para siempre al metropolitano de Toledo a examinar y consagrar, en nombre de los demás metropolitanos, a los obispos elegidos de todo el reino, con la obligación de que estos se presentaran a su propio metropolitano en tres meses. Desde entonces el metropolitano de la ciudad regia alcanzó una primacía de hecho en la Iglesia hispana, que es el germen de la posterior primacía de Toledo.
2. La restauración medieval y las sedes metropolitanas
Tras la invasión musulmana, la red diocesana se fue restaurando conforme avanzaba la conquista cristiana.
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Toledo: conquistada por Alfonso VI en 1085, se eligió como nuevo arzobispo a Bernardo de Cluny. En 1088 Urbano II le concedió la primacía eclesiástica sobre los obispos de España, un privilegio que reiteraron otros papas. En los siglos siguientes se organizó el cabildo catedralicio y, a medida que la diócesis crecía con la conquista, se dividió en arcedianatos (Toledo, Talavera, Madrid, Alcalá, Guadalajara, Calatrava, Capilla y Alcaraz) y arciprestazgos.
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Tarragona: el papa Urbano II restableció la sede arzobispal en 1091. En 1154 una bula de Anastasio IV le fijó como sufragáneas Gerona, Barcelona, Urgel, Vic, Lérida, Tortosa, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Tarazona y Calahorra. Entre sus sufragáneas estaba, pues, la sede navarra de Pamplona.
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Santiago de Compostela: con el papa Calixto II, el obispo Diego Gelmírez obtuvo el rango de arzobispo y Compostela se convirtió en sede metropolitana en 1120.
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Sevilla: tras su conquista por Fernando III en 1248 comenzó una nueva etapa. A don Remondo se atribuyen la restauración de la Iglesia local y la instauración del cabildo catedral.
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Zaragoza: hasta el siglo XIV fue sufragánea de Tarragona. El papa Juan XXII la erigió en metrópoli en 1318, con Huesca, Tarazona, Pamplona y Calahorra (que lo eran de Tarragona) y Albarracín como sufragáneas. Fue la primera desmembración de la provincia tarraconense.
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Valencia: fue erigida como nueva provincia eclesiástica en 1492, separada de la Tarraconense.
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Granada: también en 1492, con el deseo de los Reyes Católicos, la Iglesia de Granada fue elevada a sede metropolitana, con Almería, Guadix-Baza y Málaga como sufragáneas. Su primer arzobispo fue fray Hernando de Talavera (1493-1507).
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Burgos: en 1075, bajo Alfonso VI, la antigua sede de Oca se trasladó definitivamente a Burgos. A finales del siglo XI el papa la declaró exenta y quedó sometida directamente a Roma. A petición de Felipe II, el papa Gregorio XIII la elevó a metropolitana en 1574; su primer arzobispo fue Francisco Pacheco de Toledo.
3. El gobierno de la diócesis: obispo, cabildo, arcedianos, arciprestes y parroquias
El obispo (prelado) gobernaba la diócesis, y a los prelados correspondía juzgar los pleitos que pertenecían a la Iglesia. En Castilla, según una ley del rey don Alfonso dada en Alcalá y recogida en la Novísima Recopilación, era costumbre antigua que, al morir un obispo, los canónigos que debían elegir al sucesor avisaran antes al rey, y que los reyes consintieran las elecciones de obispos «porque los Reyes son Patrones de tales Iglesias».
El cabildo catedralicio era el cuerpo de clérigos de la catedral. Según las Partidas, en las catedrales había «mayores personas» o dignidades: deanes, prebostes o priores, arcedianos, chantres (también llamados capiscoles), tesoreros o sacristanes y maestrescuelas, además de los canónigos. El deán era, en muchas catedrales, la primera dignidad después del obispo, y podía juzgar como juez ordinario a los de su iglesia. Un breve de Sixto IV de 1 de diciembre de 1474 creó en todas las iglesias de Castilla y León dos prebendas de oficio, una para un doctor o licenciado en Teología y otra para uno en Derecho; las proveían los prelados con sus cabildos.
El arcediano era vicario del obispo en un territorio, el arcedianato. Podía visitar sus iglesias, ordenarlas, oír los pleitos que tocaban a la Iglesia y juzgar y castigar a sus clérigos. Las Partidas lo llaman «ojo del obispo».
El arcipreste era la «cabeza de los presbíteros». Había arciprestes en las catedrales y arciprestes menores, puestos por las villas de los obispados, que obedecían a su arcediano y eran nombrados por el obispo y el arcediano. Debían visitar todas las iglesias de su arciprestazgo, tanto en las villas como en las aldeas.
La parroquia era la célula básica: los clérigos parroquiales tenían cura de almas sobre sus parroquianos, y varias parroquias formaban la demarcación de un arcipreste.
4. Los diezmos
El diezmo era la contribución sobre los frutos que todos los fieles debían a la Iglesia. La ley de Castilla ordenaba que todos los del reino pagaran sus diezmos «derecha y cumplidamente» del pan, del vino, de los ganados y de las demás cosas que mandaba la Iglesia. Los diezmos servían para sostener las iglesias, a los prelados y a los ministros, para los ornamentos, para socorrer a los pobres en tiempo de hambre y también para el servicio de los reyes. Una ley de Juan I (Guadalajara, 1390) prohibía a cualquiera usurpar los diezmos de las iglesias. La Corona percibía las tercias reales, o dos novenos de los diezmos.
5. La jurisdicción eclesiástica y el fuero eclesiástico
La Iglesia ejercía una jurisdicción propia, distinta de la real. Correspondían al juicio de la Iglesia, entre otros, los pleitos sobre los artículos de la fe y los sacramentos, los que decidían a qué obispado o arcedianato pertenecía una iglesia, y los nacidos de pecados como la herejía, la usura, la simonía, el perjurio o el adulterio.
El fuero eclesiástico era el privilegio de los clérigos de ser juzgados por los jueces de la Iglesia. Según las Partidas, en un pleito temporal entre dos clérigos se debía juzgar ante su prelado y no ante los legos; pero si era el clérigo quien demandaba a un lego, debía hacerlo ante el juez seglar.
La Novísima Recopilación dedica su libro II a la jurisdicción eclesiástica, ordinaria y mixta, y a los tribunales en que se ejercía. Entre ellos figuran: la jurisdicción eclesiástica y sus jueces ordinarios; las fuerzas de los jueces eclesiásticos y los recursos al real auxilio; las bulas y breves y su retención en el Consejo; el Nuncio Apostólico; y el Tribunal de la Rota de la Nunciatura.
6. La Nunciatura y el Tribunal de la Rota
La Nunciatura. A petición de las Cortes de Toledo, Carlos I pidió al papa Clemente VII en 1525 un tribunal de apelación en España para no tener que acudir a Roma. El papa accedió unos años después, y así se creó el tribunal del nuncio. Los abusos del nuncio en materia de jurisdicción, provisión de beneficios y cobro de derechos provocaron continuas quejas. En las Cortes de Madrid de 1593 Felipe II mandó que los nuncios no conocieran causas en primera instancia en perjuicio de los obispos, contra lo dispuesto en Trento. La Concordia Facheneti, publicada el 8 de octubre de 1640, reformó la Nunciatura en cuanto a su personal, las facultades del nuncio y los aranceles.
El Tribunal de la Rota de la Nunciatura. El Tribunal de la Rota formaba parte de la jurisdicción eclesiástica. Era un tribunal eclesiástico, y por eso la Novísima Recopilación lo incluye en su libro II, dedicado a la jurisdicción eclesiástica. Fue creado por el breve Administrandae iustitiae zelus del papa Clemente XIV, firmado el 26 de marzo de 1771, pero el papa dudó y no lo envió a España; tras duras negociaciones del embajador Moñino, el breve se despachó el 2 de septiembre de 1773, y Carlos III ordenó su cumplimiento por real decreto de 26 de octubre de 1773.
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Sustituyó al Auditor del Nuncio, que conocía en primera instancia las causas de los regulares y demás exentos y, como juez de apelación, confirmaba o revocaba las sentencias de arzobispos y obispos.
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Sede: en Madrid, la villa y corte, de la diócesis de Toledo.
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Composición: seis jueces eclesiásticos, divididos en dos turnos de tres. Los nombraba el papa por breve a presentación del rey. Al nuncio le tocaba encomendar (cometer) las causas a la Rota, igual que la Signatura de Justicia las encomendaba en Roma a los auditores de la Rota Romana.
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Finalidad: que los pleitos eclesiásticos de España acabaran en el propio reino, ante jueces españoles y sin apelación a Roma. Su existencia era un privilegio pontificio concedido a la nación española.
7. El Real Patronato y la presentación de obispos
El patronato era el derecho de designar a los clérigos de iglesias fundadas o dotadas por un patrono. Aplicado a la Corona, el derecho de presentación consistía en proponer al papa a los candidatos para los obispados y beneficios; el papa los nombraba y expedía sus bulas.
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1418: el Concordato de Constanza entre Martín V y la nación española fue el primero que obligaba a todos los reinos de España. La corte de Juan II de Castilla logró participar de forma decisiva en la selección de obispos.
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1486, Granada y Canarias: el papa Inocencio VIII, por la bula Orthodoxae fidei, concedió a los Reyes Católicos el patronato perpetuo en Granada, Canarias y Puerto Real, con el derecho de presentar a la Santa Sede clérigos idóneos para esos obispados, para ellos y sus sucesores.
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1508, Indias: por la bula Universalis Ecclesiae de Julio II, los reyes extendieron su patronato a las Indias. Con esta bula y otras anteriores (Inter caetera, 1493; Eximiae devotionis, 1501), la Corona obtuvo en Indias el patronato universal: organizar allí la Iglesia, presentar a los candidatos a todas las sedes y a muchos beneficios, y recaudar y gastar los diezmos.
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1523, todas las iglesias de España: Adriano VI concedió a Carlos I y a sus sucesores el derecho de presentación sobre todas las catedrales y beneficios consistoriales de las Coronas de Castilla y Aragón. Desde entonces todos los obispos españoles eran de nombramiento regio, aunque el papa conservaba la confirmación de los presentados.
El Concordato de 1737, entre Clemente XII y Felipe V, fue el primero reconocido como tal en España. Su artículo 8 sometía a los impuestos regios los bienes que la Iglesia adquiriese en adelante, pero dejó pendiente la cuestión del patronato universal.
El Concordato de 1753 y el «Patronato universal». Se firmó en el palacio del Quirinal el 11 de enero de 1753 entre Benedicto XIV y Fernando VI. Lo firmaron el cardenal Valenti por el papa y Manuel Ventura Figueroa por el rey.
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Reconoció a la Corona la pacífica posesión de nombrar a los arzobispados, obispados, monasterios y beneficios consistoriales, y a los de Granada y las Indias, que no se discutían. Las bulas de nombramiento se seguirían expidiendo en Roma.
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El papa se reservó la libre provisión de 52 beneficios.
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Salvo esos 52, concedió al rey y a sus sucesores el derecho universal de nombrar y presentar a las dignidades, canonjías, prebendas, abadías, prioratos, parroquias y demás beneficios de los reinos de España. Así terminó la vieja controversia del Patronato universal. Los obispos siguieron proveyendo los beneficios que vacaban en sus meses ordinarios (marzo, junio, septiembre y diciembre).
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En lo económico, acabó con las pensiones sobre beneficios, las cédulas bancarias, los espolios de las mitras y los frutos de las vacantes, que se valoraban en unos quinientos mil escudos anuales.
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Matiz: parte de la historiografía subraya que el «patronato universal» no fue tan universal. La nunciatura siguió actuando como tribunal de apelación y muchas gracias se siguieron tramitando en Roma.
8. El Concilio de Trento en España
El Concilio de Trento lo convocó Paulo III, continuó con Julio III y concluyó bajo Pío IV. Felipe II, por Real Cédula dada en Madrid el 12 de julio de 1564, mandó ejecutar, cumplir, conservar y defender lo ordenado en el Concilio de Trento en sus reinos. La cédula pasó a la Novísima Recopilación (libro I, título I, ley 13). En adelante, el monarca español se presentó como protector de la Iglesia y ejecutor del concilio, y los decretos tridentinos se invocaron a menudo para limitar a los nuncios.
9. Las órdenes religiosas
Junto al clero secular (obispos, cabildos y párrocos) estaba el clero regular (religiosos de las órdenes). Los regulares estaban exentos de los obispos y dependían directamente de la Santa Sede.
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Órdenes monacales o monásticas: benedictinos, cistercienses y jerónimos. Desde el siglo XVI tenían en España congregaciones separadas con un vicario general.
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Órdenes mendicantes, como los franciscanos, cuyos frailes vivían en conventos y pedían limosna. Los franciscanos españoles lograron en 1717 un estatuto especial por el que el generalato de la orden se alternaba entre un español y un italiano.
En el siglo XVIII los obispos denunciaron el número excesivo de frailes en los conventos mendicantes, que no podían mantenerse con sus rentas o limosnas, y se ordenó que los religiosos volvieran a sus conventos.
10. El regalismo del siglo XVIII
El regalismo fue la doctrina y la política que defendían las regalías: derechos propios de la Corona para regular determinadas materias eclesiásticas, que no se tenían por una intromisión del rey en la Iglesia. El gobierno no discutía la potestad del papa en lo espiritual, pero le exigía respetar la competencia exclusiva del rey en lo temporal. Los Borbones lo aplicaron con toda naturalidad. Sus principales manifestaciones fueron:
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El pase regio o exequatur: los documentos de Roma que no fueran puramente dogmáticos no entraban en vigor en España sin la aprobación del rey. La pragmática de 18 de enero de 1762 lo regulaba, pero se suspendió por decreto de 5 de julio de 1763.
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Las inmunidades del clero y el privilegio del fuero, ante los que el gobierno adoptó una actitud defensiva.
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La amortización: en 1765 Campomanes publicó su Tratado de la regalía de amortización, manual de los regalistas, que defendía una ley para frenar las adquisiciones de bienes por las manos muertas.
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La expulsión de los jesuitas: el 31 de marzo de 1767 Carlos III comunicó al papa su decisión de expulsarlos de España y de las Indias. La Compañía de Jesús fue extinguida en 1773 bajo Clemente XIV.
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La reforma de los regulares y la de la Nunciatura, con la creación del Tribunal de la Rota (breve de 1771, establecido en 1773).