Tema 39. El Notariado, las Contadurías de Hipotecas y los Registros de la Propiedad y Mercantiles en la España Contemporánea.
1. Los antecedentes: escribanos, protocolos y registro de censos
Los escribanos y el protocolo. Antes de la reforma liberal, la fe pública la ejercían los escribanos, con una tipología muy variada (escribanos del número, escribanos reales, notarios del reino…). Hasta la Ley del Notariado de 1862 tenían una doble función, judicial y extrajudicial, de modo que casi todo asunto importante de la vida privada pasaba ante ellos.
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Ya en el siglo XIII Alfonso X mandó que los escribanos llevasen registro de las escrituras que autorizaban, pero esos registros medievales rara vez recogían el texto íntegro.
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La Pragmática de Alcalá de 7 de junio de 1503, de los Reyes Católicos (promulgada por la reina Isabel), obligó a cada escribano a tener un libro de protocolo encuadernado en el que escribiera por extenso las escrituras que pasaran ante él. Con ella nace el protocolo notarial en sentido actual: la escritura original o matriz queda en poder del escribano y a los otorgantes se les entrega copia. Los protocolos de cada escribanía debían entregarse al sucesor en el oficio.
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En Madrid, una Real Cédula de Carlos III de 5 de marzo de 1765 creó el Archivo de Escrituras Públicas para recoger los protocolos dispersos de escribanos fallecidos; es el antecedente del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
El registro de censos (siglo XVI). Contra el fraude de gravar un mismo inmueble una y otra vez, los procuradores de las Cortes de Toledo de 1538-1539 (petición 64) pidieron un libro-registro de los contratos de censos, tributos, imposiciones e hipotecas. La respuesta es la pragmática de Carlos I y doña Juana de 1539, dada en Toledo: donde hubiera cabeza de jurisdicción, una persona llevaría un libro en que se registrasen esos contratos, y si no se registraban en seis días no harían fe ni perjudicarían al tercer poseedor. Pasó a la Nueva Recopilación y a la Novísima Recopilación (lib. X, tít. 16, ley 1). En la práctica fracasó. Felipe V, a consulta del Consejo de 11 de diciembre de 1713, ordenó cumplirla de nuevo (Novísima X, 16, 2), también sin éxito duradero.
2. Los Oficios o Contadurías de Hipotecas (1768-1861)
Creación. Tras el intento fallido de Felipe V en 1713, los Oficios de Hipotecas fueron instituidos por Carlos III con la Real Pragmática de 31 de enero de 1768 (Novísima X, 16, 3). Son el antecedente inmediato de los Registros de la Propiedad.
Organización.
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Se establecieron en todas las cabezas de partido del reino.
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Estaban a cargo del escribano del ayuntamiento (del cabildo municipal) de la cabeza de partido. Los registros se conservaban en las casas capitulares, bajo la custodia de los escribanos de ayuntamiento, la justicia y el regimiento de la cabeza de partido.
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Las Audiencias y Chancillerías podían crear otras Contadurías en cabezas de jurisdicción que no fueran de partido, si la extensión o la distancia lo aconsejaban.
Qué registraban. Las escrituras notariales que gravaban un inmueble debían presentarse en la Contaduría del lugar de la finca para que el contador tomara razón. Se anotaban las ventas de bienes raíces, las imposiciones, ventas o redenciones de censos y tributos, los bienes con hipoteca o gravamen y las fianzas en que se hipotecaran, siempre dentro del partido.
Los libros.
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Libros de tomas de razón (de censos, hipotecas y gravámenes), que debían llevarse separados por pueblos y años. Cada asiento recogía la fecha, la firma del contador, la escritura (escribano, fecha, a veces protocolo y folio), los otorgantes y la finca hipotecada; al margen se anotaban las redenciones.
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Índices (alfabéticos de propietarios, de fincas y cronológicos); muchos los hicieron después los registradores de la propiedad.
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Una circular del Consejo de Castilla de 1774 obligó a presentar también los censos e hipotecas anteriores a 1768, por eso estos libros contienen escrituras muy anteriores a su creación.
La reforma de 1845. Con la reforma tributaria de Alejandro Mon (1845) se unificaron los impuestos sobre transmisión de inmuebles en el derecho de hipotecas, y las Contadurías, ahora llamadas Oficinas de Registro, pasaron a recaudarlo: se acentuó su carácter fiscal. Desde entonces se inscribieron también las traslaciones de dominio, los arrendamientos, las herencias y los embargos judiciales, aunque no hubiera gravamen. Entre 1845 y 1848 nacen los libros de traslaciones de dominio, apaisados, que dedican una página a cada finca: son el precedente directo de los libros del Registro de la Propiedad.
Extinción. La Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861 sustituyó las Contadurías por los Registros de la Propiedad; un Real Decreto de 12 de julio de 1861 declaró las Contadurías enajenadas «consumidas y revertidas al Estado» desde el día en que tomaran posesión los nuevos registradores, e indemnizó a sus dueños. El título 15 de la Ley dio reglas para cerrar sus libros, y el cierre definitivo se hizo conforme a la Real Orden de 6 de diciembre de 1862, ante la entrada en vigor de la Ley el 1 de enero de 1863. Los libros se cerraron con diligencia del nuevo Registrador de la Propiedad y auto de aprobación del juez de primera instancia.
3. La Ley Hipotecaria de 1861 y los Registros de la Propiedad
La Ley. Sancionada en Palacio el 8 de febrero de 1861 por Isabel II y refrendada por el ministro de Gracia y Justicia Santiago Fernández Negrete, se publicó en la Gaceta de Madrid del 10 de febrero de 1861. Su artículo 1 mandaba publicar como ley el proyecto presentado a las Cortes; el 2, que empezaría a regir dentro del año siguiente, el día que señalara el Gobierno. Su Reglamento de ejecución es de 21 de junio de 1861.
Objeto del Registro de la Propiedad. Inscribir o anotar los actos y contratos relativos al dominio y a los derechos reales sobre inmuebles, es decir, lo que afecta a la finca con independencia de su titular. La propiedad pasa a descansar en la publicidad registral.
La Dirección General. La Ley previó un órgano de dirección e inspección de los registros: la Dirección General del Registro de la Propiedad, organizada por Real Decreto de 21 de junio de 1861. Desde el 22 de marzo de 1861 se encargó interinamente de su despacho Francisco de Cárdenas. El mismo Real Decreto de 21 de junio de 1861 le trasladó el negociado de Escribanos y Notarios del Ministerio, y pronto pasó a llamarse del Registro de la Propiedad y del Notariado. Su evolución:
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1866: suprimida y refundida en la Subsecretaría de Gracia y Justicia.
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Ley Hipotecaria de 1869 (art. 266): restablecida como Dirección General del Registro de la Propiedad y del Notariado.
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1870: con la Ley del Registro Civil asumió también ese registro: de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado.
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1924: la plaza de director se sustituyó por la de Jefe Superior; restablecida en 1925.
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Decreto-ley de 28 de septiembre de 1935: suprimida y reducida a Subdirección dentro de la Dirección General de Justicia; Decreto de 21 de febrero de 1936: restablecida.
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Ley de 30 de enero de 1938: Servicio Nacional de los Registros y del Notariado; Ley de 8 de agosto de 1939: vuelve a ser Dirección General de los Registros y del Notariado.
Los registradores. Cada Registro estaba a cargo de un Registrador de la Propiedad. Los Registros se clasificaron por clases (en Huelva, por ejemplo, Aracena fue de tercera clase y Ayamonte de cuarta). Los registradores se agruparon en 1908 en la Asociación de Registradores de la Propiedad, que un Decreto de 18 de mayo de 1934 convirtió en Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de España.
Leyes posteriores. Reforma de 1869; Ley Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909 y su Reglamento de 6 de agosto de 1915; Ley de reforma de 30 de diciembre de 1944; y el texto refundido aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946 (BOE de 27 de febrero), que armonizó las leyes de 1909 y 1944, con su Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947. Del texto de 1946:
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Los Registros de la Propiedad dependen del Ministerio de Justicia, y sus asuntos se encomiendan a la Dirección General de los Registros y del Notariado (art. 259).
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Los registradores son funcionarios públicos; se ingresa en el Cuerpo de Registradores por oposición y los nombra el Ministerio de Justicia (arts. 274, 277 y 278).
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Sustituyó las clases de los Registros por categorías personales de los registradores, según su número en el escalafón.
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El Registro se lleva en libros foliados y visados judicialmente; se abre un registro particular a cada finca (folio real) y un libro por término municipal; los libros no pueden sacarse de la oficina del registrador (arts. 238, 241, 243 y 244).
4. La Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862
Publicada en la Gaceta de Madrid del 29 de mayo de 1862 (Isabel II; ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete), sigue vigente con reformas. Sus claves:
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Definición (art. 1): el notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. Habrá en todo el Reino una sola clase de notarios: la ley redujo la variadísima tipología de escribanos a una única figura. La fe pública judicial quedó separada de la notarial: siguió en manos de los escribanos de actuaciones (actuarios), a la espera de la futura ley de organización judicial.
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Demarcación: cada partido judicial es un distrito notarial (art. 3).
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Notario mayor del Reino: el Ministro de Gracia y Justicia (art. 9).
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Acceso: ser español, seglar, mayor de 25 años, de buenas costumbres y con los estudios exigidos, o abogado (art. 10); nombramiento real (art. 11); oposición ante las Audiencias, que proponían al Gobierno una terna (art. 12). Se abolieron el Fiat y la media annata (art. 13). Se retribuían por arancel, no por el Estado.
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Oficios enajenados: se reincorporaban al Estado, previa indemnización (disposición transitoria tercera).
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Gobierno: Colegios de Notarios donde el Gobierno designara, dirigidos por Juntas (arts. 41-42); su ámbito se hizo coincidir con el de las Audiencias territoriales.
Protocolo y libros notariales.
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Protocolo: la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año, en uno o más tomos encuadernados y foliados (art. 17). Cada notario forma su propio protocolo (art. 5).
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Índices mensuales de las escrituras, remitidos al Regente de la Audiencia (art. 33).
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Libro reservado de testamentos y codicilos cerrados (art. 34) y protocolo reservado de reconocimientos de hijos naturales (art. 35).
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Art. 36: «Los protocolos pertenecen al Estado»; los notarios los conservan como archiveros. Hasta entonces eran patrimonio del escribano que los había producido o heredado.
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Art. 37: un archivo general de escrituras públicas en cada Audiencia, con los protocolos de más de veinticinco años.
Reglamento Notarial de 1944. El Decreto de 2 de junio de 1944 aprobó con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado (BOE de 7 de julio; rigió desde el 15 de julio de 1944). Obligó a los notarios a hacer índices alfabéticos anuales de otorgantes. En su redacción vigente, prevé un Archivo general de protocolos en la cabeza de cada distrito notarial con los protocolos de más de veinticinco años, a cargo de un notario archivero nombrado por el Ministro de Justicia, y abre a los investigadores los documentos de más de cien años (arts. 289, 291, 294 y 303).
5. Los archivos de protocolos: de los archivos de distrito a los históricos
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Decreto de 8 de enero de 1869 (Gaceta del 9; ministro Antonio Romero Ortiz): como las reglas de 1862 no podían aplicarse, abandonó la concentración en las Audiencias y creó un Archivo general de protocolos en cada distrito notarial, en la población donde residiera el Juzgado de primera instancia, con los protocolos de más de 30 años, a cargo de un notario-archivero elegido por el Ministerio de Gracia y Justicia.
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Real orden de 1914: abrió a los historiadores los protocolos de más de cien años.
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Decreto de 12 de noviembre de 1931 (Gaceta del 13; Ministerios de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes): los protocolos de más de cien años pasan al servicio del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos para organizarlos como archivos históricos. Los de las capitales de los Colegios Notariales se llamarán Archivos Históricos de Protocolos; los protocolos seculares de los demás distritos forman el fondo inicial de los Archivos Históricos Provinciales, que se crean en todas las capitales de provincia. La consulta de los protocolos seculares es gratuita, y solo el notario archivero expide copias. También incorporó al Cuerpo los archivos de las Audiencias territoriales y del Tribunal Supremo. Lo ratificó un decreto de 12 de enero de 1939.
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Decreto de 2 de marzo de 1945 (BOE de 19 de marzo): crea en cada Archivo de Protocolos una Sección Histórica con los de más de cien años, «propiedad del Estado» según el art. 36 de la Ley. Distingue tres casos: secciones instaladas por los Colegios (a su cargo), las de capitales de provincia (pasan a los Archivos Históricos Provinciales) y las de los demás distritos (a cargo del notario archivero). Crea el Patronato Nacional de Archivos Históricos de Protocolos, presidido por el Ministro de Justicia.
Ciclo actual: el protocolo queda en la notaría 25 años, pasa al archivo general de distrito y, a los 100 años, al Archivo Histórico (de Protocolos o Provincial), donde es de libre consulta. Ejemplo: el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid se inauguró en enero de 1933 con esa denominación.
6. El Registro Mercantil
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Antecedente: el Registro Público de Comercio creado por el Código de Comercio de 1829 (obra de Pedro Sainz de Andino, bajo Fernando VII), a cargo del Secretario de la Intendencia de cada provincia y, desde una Real Orden de 30 de mayo de 1836, de los Secretarios de los Gobiernos Civiles.
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Creación: el Registro Mercantil se establece por la Ley y el Decreto de 22 de agosto de 1885 que promulgan el Código de Comercio, vigente desde el 1 de enero de 1886. Se abría en todas las capitales de provincia, con dos libros: comerciantes particulares y sociedades; en las provincias con servicio de navegación, un tercer libro de buques (art. 16). La inscripción era potestativa para los comerciantes particulares y obligatoria para sociedades y buques (art. 17).
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Reglamento de 21 de diciembre de 1885, interino: se encargan de estas oficinas los Registradores de la Propiedad (en su defecto, el fiscal del juzgado municipal), dependientes de la Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado. Los libros del antiguo Registro de Comercio se les entregaron el 31 de diciembre de 1885. Publicidad por manifestación del registro o por certificación.
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Reglamento de 20 de septiembre de 1919, tras 33 años de interinidad: añade el libro de presentación de documentos.
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Reglamento de 14 de diciembre de 1956: cuatro libros (empresarios individuales, sociedades, buques y aeronaves) y regulación de las sociedades anónimas y limitadas.
7. El Registro Civil (1870)
La Ley provisional del Registro Civil de 17 de junio de 1870 y su Reglamento de 13 de diciembre de 1870 (que también ejecutaba la ley de matrimonio civil) se aplicaron desde el 1 de enero de 1871. Había Registro del estado civil en la Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, en todos los Juzgados municipales (a cargo de los jueces municipales, asistidos de sus secretarios) y en las agencias diplomáticas y consulares en el extranjero.
8. Valor como fuentes de archivo
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Las Contadurías de Hipotecas quedaron tras 1862 en los Registros de la Propiedad, bajo custodia de los registradores. Una Orden del Ministerio de Justicia de 14 de diciembre de 1957 autorizó a los registradores a entregar los libros de la Contaduría de Hipotecas a los Archivos Históricos (en Madrid ingresaron en el Archivo Histórico de Protocolos). Sirven para estudiar la propiedad de la tierra y su movilidad, sobre todo en las desamortizaciones.
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Los libros de inscripciones del Registro de la Propiedad no se transfieren a los Archivos Históricos Provinciales: no pueden salir de la oficina del registrador (art. 241 de la Ley Hipotecaria), y el sistema de un folio por finca (art. 243) los mantiene vigentes. Sí pueden ingresar índices, libros de hipotecas antiguos o diarios.
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Los protocolos notariales son de las series más voluminosas y consultadas de los Archivos Históricos Provinciales: fuente para la historia económica (precios, comercio), social (estructuras sociales, régimen de la propiedad, composición de la familia) y de las mentalidades (ideas religiosas, morales, políticas y culturales).
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La documentación del Registro Mercantil (desde 1886) está aún poco disponible en los archivos históricos; el Archivo Histórico Provincial de Murcia la ha recibido en depósito del Registro Mercantil de Murcia.