Tema 36. La Hacienda Pública y el sistema fiscal en la Edad Contemporánea.
1. La crisis de la Hacienda del Antiguo Régimen
A finales del siglo XVIII las rentas heredadas del absolutismo ya no bastaban para cubrir los gastos, y el déficit se arrastró durante todo el siglo XIX. Desde 1793 España entró en un largo periodo de guerras que no se cerró hasta 1845; su efecto sobre las finanzas de la Corona fue catastrófico y se agravó con la independencia de América. La falta de recursos hizo crecer la deuda pública y obligó a buscar otros medios: emisión de vales reales, consolidación de la deuda bajo Fernando VII para evitar la bancarrota, empréstitos y una política desamortizadora que arrancó con Carlos IV y culminó en 1835 con Mendizábal.
Los vales reales. Fueron una modalidad de deuda pública con rasgos de papel moneda, creada a finales del reinado de Carlos III. Los propuso Francisco Cabarrús, en nombre de un consorcio de comerciantes, porque los empréstitos no daban lo necesario para financiar la guerra. Los autorizó una Real Cédula de 20 de septiembre de 1780. En la primera emisión se pusieron en circulación 16.500 vales de 600 pesos (de a 128 cuartos) de nominal, con un interés del 4 % anual.
El Banco Nacional de San Carlos. Lo fundó Carlos III por real cédula de 2 de junio de 1782, sobre un proyecto de Cabarrús presentado a Floridablanca. Su primer objetivo era servir de apoyo financiero al Estado facilitando la circulación de los vales reales y convirtiéndolos en efectivo.
2. Las reformas de Cádiz y la contribución directa
La Constitución de 1812 dedicó su título VII a las contribuciones. Su artículo 339 dispuso que las contribuciones se repartirían entre todos los españoles en proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno. Su artículo 350 previó una Contaduría Mayor de Cuentas para examinar las cuentas de los caudales públicos.
El intento liberal de sustituir las viejas rentas empezó con un decreto de la Junta Central de 7 de agosto de 1809, que suprimió las rentas provinciales (alcabalas, cientos y millones), y culminó con el decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1813, que estableció una contribución directa repartida según la riqueza de los contribuyentes. Tuvo escaso alcance práctico: el decreto de 23 de junio de 1814 la dejó sin efecto y restableció las rentas estancadas y provinciales.
3. Martín de Garay (1817) y López Ballesteros
La reforma de Martín de Garay. Proyectada bajo Fernando VII para hacer frente a un déficit de cien millones de reales, se aprobó por Real Decreto de 30 de mayo de 1817. Suprimía las rentas provinciales, las contribuciones equivalentes de la Corona de Aragón, las alcabalas enajenadas y otras cargas, y las refundía en una sola contribución directa de carácter general, la contribución general del reino, que pagarían todos los pueblos excepto las capitales de provincia y los pueblos habilitados. La reforma fracasó, y en el Trienio Liberal nadie se atrevió a plantearla de nuevo.
Luis López Ballesteros fue ministro de Hacienda de 1823 a 1832. Su reforma, iniciada en 1823, se basaba en un sistema mixto: el peso fiscal recaía en los impuestos indirectos, y los directos eran excepcionales. Ante la crisis fiscal, el Gobierno obtuvo del rey autorización para formar un presupuesto para 1828 y ejecutarlo con energía; al aprobarlo se practicó el «corte de cuentas», una autocondonación de buena parte de las deudas del Estado.
En 1828 se aprobó la ordenanza del Tribunal Mayor de Cuentas (Real Cédula de 10 de noviembre de 1828), sancionada por Fernando VII y vigente hasta 1851. Creó dos órganos especiales: el Fiscal de Contabilidad y el Fiscal Togado.
4. La reforma Mon-Santillán de 1845
El ministro de Hacienda García Carrasco nombró el 13 de diciembre de 1843 una comisión de la que formaban parte Javier de Burgos, Ramón Santillán y Alejandro Mon. Alejandro Mon (Oviedo, 1801), ministro de Hacienda desde 1844, convirtió en ley sus trabajos en 1845, con la Ley de Presupuestos de 23 de mayo de 1845 y los reales decretos de esa misma fecha, firmados por la reina en Palacio y por Mon como ministro. Ramón de Santillán fue su estrecho colaborador y tuvo un papel capital, por lo que se la conoce como reforma Mon-Santillán. Fue la reforma fiscal más importante del siglo: acabó con el complejo sistema tributario del Antiguo Régimen mediante una fuerte simplificación y, por primera vez, dio importancia a los impuestos directos. Creó un sistema mixto de contribuciones directas e impuestos indirectos, y en lo esencial estuvo vigente hasta 1979.
La reforma Mon-Santillán de 1845 estableció la contribución territorial, un impuesto directo. Su nombre oficial fue contribución sobre el producto líquido de los bienes inmuebles y del cultivo y ganadería (contribución de inmuebles, cultivo y ganadería).
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Qué gravaba: el producto líquido de las tierras cultivadas y de las que sin cultivo daban renta a sus dueños, de los edificios y de la ganadería; también pagaban los labradores arrendatarios por su parte del producto y los dueños de ganados que no fueran de labor.
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Cómo se exigía: por repartimiento de un cupo. La ley fijaba el cupo de cada provincia, la diputación provincial lo repartía entre los pueblos en quince días y, en cada pueblo, unos repartidores elegidos entre los contribuyentes lo repartían entre los vecinos. Todos los propietarios de una provincia respondían colectivamente del pago íntegro.
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Base: se apoyó en los amillaramientos, libros de los bienes de cada municipio cuya elaboración empezó en 1846.
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Evolución: se modificó en 1885; la Ley de Presupuestos de 1893-1894 separó la contribución rústica y pecuaria de la urbana; y en 1906 la Ley del Catastro Parcelario buscó consolidar las contribuciones directas.
Además de la territorial, la reforma creó o reorganizó estas figuras:
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Subsidio industrial y de comercio (contribución industrial), impuesto directo: una cuota fija según la actividad y la población, y otra variable, del 10 % sobre los locales utilizados. No gravaba el beneficio, sino el mero ejercicio de la actividad.
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Contribución de inquilinatos, directa: un tanto por ciento sobre los alquileres de más de 3.000 reales en Madrid, 2.000 en las capitales de provincia y puertos habilitados y 1.500 en los demás pueblos, cobrado a los inquilinos. Fue un intento frustrado.
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Impuesto de consumos, indirecto: gravaba el vino, los aguardientes y licores, el aceite de oliva, las carnes, la sidra y el chacolí, la cerveza y el jabón. Sustituía a algunas rentas provinciales como la alcabala; en las capitales se conservaron los derechos de puertas. Se suprimía en las etapas progresistas y se restablecía en las moderadas; se abolió en 1911, pero volvió a ponerse en vigor.
5. El Ministerio de Hacienda y su organización
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1714: la Hacienda se separó como una de las cinco secretarías; su titular era el Intendente Universal de la Veeduría General. En 1754 se creó de forma definitiva la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Hacienda.
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1824: se creó la Dirección General del Tesoro.
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1845: la reforma Mon trajo una nueva estructura y el traslado del Ministerio a su sede actual, la Real Casa de la Aduana de Madrid. En junio de 1845 se nombraron los directores generales de contribuciones directas e indirectas.
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Bravo Murillo (ministro en 1849 y 1850) aprobó la Ley de Administración y Contabilidad de 20 de febrero de 1850, consagró el término Ministerio en lugar de Secretaría de Estado y del Despacho, y fijó las direcciones generales clásicas (Impuestos Directos e Indirectos, Contabilidad, Deuda y lo Contencioso).
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1873-1878: se institucionalizó la Intervención General del Estado. En 1881 se crearon el Cuerpo de Abogados del Estado y la Inspección General de la Hacienda, de la que nacieron las Delegaciones de Hacienda.
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1911: Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda. Entre 1923 y 1925, con el Directorio Militar de Primo de Rivera, el Ministerio estuvo suprimido.
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1982: Hacienda y Economía y Comercio se fundieron en el Ministerio de Economía y Hacienda. En 1992 nació la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
6. El Tribunal de Cuentas
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Constitución de 1812: Contaduría Mayor de Cuentas (art. 350).
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1828: Tribunal Mayor de Cuentas, vigente hasta 1851.
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1851: Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, auténtico germen de la institución actual, que le atribuyó la fiscalización financiera de la Administración.
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1870: Ley de organización del Tribunal de Cuentas del Reino, en vigor hasta 1924, cuando se creó el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
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1931-1934: Tribunal de Cuentas de la República, con Ley Orgánica de 1934. 1953: Ley de organización del Tribunal de Cuentas del Reino.
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Constitución de 1978 (art. 136): el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público; depende directamente de las Cortes Generales. Lo regula la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo.
7. El Banco de España
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1829: el Banco de San Carlos renunció a los casi 310 millones de reales que le debía el Gobierno a cambio de acciones del Banco Español de San Fernando, creado por real cédula de Fernando VII de 9 de julio. Nació como banco de emisión, con la facultad de emitir billetes en Madrid, que mantuvo en exclusiva hasta 1844.
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1847: el Banco de Isabel II, al borde de la suspensión de pagos, se fusionó con el de San Fernando (Nuevo Banco Español de San Fernando). Santillán, ministro de Hacienda en 1840 y 1847, impulsó la fusión y en 1849 fue su primer gobernador, cargo que ocupó hasta 1863.
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1856: la Ley de 28 de enero le dio el nombre de Banco de España, atribuyó al Estado el nombramiento del gobernador y de dos subgobernadores, y estableció la pluralidad de bancos de emisión (uno por plaza).
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1874: el Decreto-Ley de 19 de marzo, impulsado por el ministro de Hacienda José de Echegaray, concedió al Banco de España el monopolio de emisión de billetes a cambio de un crédito al Gobierno.
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1962: nacionalización. 1994: Ley de Autonomía.
8. De Villaverde a la Guerra Civil
La reforma de Raimundo Fernández Villaverde (1899-1900). Tras el desastre de 1898, Villaverde preparó un plan de estabilización basado en una reforma tributaria que equilibró el presupuesto durante casi una década y redujo de forma sustancial el volumen de la deuda pública. Su pieza principal fue la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, creada por la Ley de 27 de marzo de 1900. Era un impuesto directo que gravaba, según tres tarifas, las utilidades del trabajo personal, las del capital (intereses, dividendos) y las del trabajo unido al capital.
Antonio Flores de Lemus, catedrático de Economía Política de la Universidad de Madrid, hizo aportaciones a la reforma de la Hacienda del Estado entre 1906 y 1936 y fue el alma de la reforma de las haciendas municipales, que culminó en el Estatuto Municipal de 1924.
José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda desde el 3 de diciembre de 1925, dictó en 1926 medidas contra la ocultación de riqueza y redactó un proyecto de impuesto sobre rentas y ganancias (1926) que refundía en uno solo los impuestos de producto. Una comisión presidida por Flores de Lemus lo dictaminó negativamente y el proyecto no prosperó.
La Ley de 20 de diciembre de 1932, con Jaime Carner como ministro de Hacienda, creó la contribución general sobre la renta, primer impuesto sobre la renta en España: un tributo complementario de los impuestos de producto, solo para rentas de más de 100.000 pesetas. Se exigió también en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, cuyo concierto económico o régimen especial no la incluía; la Ley de 8 de noviembre de 1941 (Navarra) y el Decreto de 9 de mayo de 1942 (Álava) rompieron esa uniformidad.
9. Las reformas del franquismo
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Ley de 16 de diciembre de 1940 («Ley Larraz»): endureció la contribución general sobre la renta (mínimo exento de 70.000 pesetas, recargo de soltería del 30 %) y sus controles; a finales de la década estaba en crisis por el incumplimiento generalizado.
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Ley de reforma tributaria de 26 de diciembre de 1957: introdujo la evaluación global de las bases y abandonó la estimación directa para las rentas empresariales y profesionales.
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Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 de junio de 1964, con el ministro Mariano Navarro Rubio: el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas pasó a ser el impuesto principal, y los de producto, a cuenta de él; se sistematizó el Impuesto sobre el Tráfico de Empresas.
10. La reforma de la Transición y la Constitución de 1978
Enrique Fuentes Quintana, director del Instituto de Estudios Fiscales (1970-1976), dirigió el «libro verde» (1972-1973) y coordinó el «libro blanco» (1976) de la reforma. Fue vicepresidente segundo para Asuntos Económicos de julio de 1977 a febrero de 1978. Francisco Fernández Ordóñez fue ministro de Hacienda del 4 de julio de 1977 al 6 de abril de 1979. La reforma Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez, impulsada por los Pactos de la Moncloa, se apoyó en cuatro leyes:
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Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal: impuesto extraordinario sobre el patrimonio, regularización voluntaria, delito fiscal y levantamiento del secreto bancario.
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Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): tributo directo y personal que grava la renta según su cuantía y las circunstancias personales y familiares. Suprimió la imposición de producto, con lo que el IRPF pasó a ser el impuesto único sobre la renta de las personas físicas.
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Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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Ley 6/1979, de 25 de septiembre, sobre régimen transitorio de la imposición indirecta. El IVA llegó con la Ley 30/1985, de 2 de agosto.
La Constitución de 1978:
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Art. 31.1: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Art. 31.3: las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público solo pueden establecerse con arreglo a la ley.
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Art. 133: la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley; las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden establecerlos de acuerdo con la Constitución y las leyes.
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Art. 134: el Gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado y las Cortes los examinan, enmiendan y aprueban; son anuales.
La Ley General Tributaria. La primera fue la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, reformada a fondo en 1985. La vigente es la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en vigor desde el 1 de julio de 2004. Su artículo 3 basa el sistema tributario en la capacidad económica y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga y no confiscatoriedad.