Tema 33. La Administración Local en la Edad Contemporánea.
1. Idea general
Con la Constitución de Cádiz de 1812 nace en España un régimen local nuevo, basado en la representación de los vecinos, la uniformidad y la subordinación al Gobierno central. Sus dos piezas son el ayuntamiento constitucional, en cada pueblo, y la diputación provincial, en cada provincia. Durante el siglo XIX la legislación local oscila según quién gobierna: los moderados limitan el sufragio y hacen que la Corona o sus agentes nombren a los alcaldes; los progresistas amplían el voto y la autonomía local. El siglo XX trae el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo (1924), la Ley Municipal republicana de 1935, el centralismo franquista (alcalde nombrado por el Gobierno) y, por último, la democratización con la Ley de Elecciones Locales de 1978, la Constitución de 1978 y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Una constante: la cuestión más discutida del régimen local español fue quién nombra al alcalde —los vecinos, los concejales o el Gobierno—, junto con la amplitud del derecho de sufragio.
2. El municipio y la provincia en la Constitución de Cádiz (1812)
La Constitución regula la Administración Local en el Título VI, «Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos»: el capítulo I trata de los ayuntamientos y el capítulo II, del gobierno político de las provincias y de las diputaciones provinciales.
El ayuntamiento constitucional
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Art. 309: para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos del alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, presididos por el jefe político donde lo hubiere y, en su defecto, por el alcalde (o el primer nombrado, si hubiere dos).
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Art. 310: se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan y en que convenga que lo haya, y no podrá dejar de haberlo en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas. Los pueblos menores podían solicitarlo.
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Art. 312: los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombran por elección en los pueblos, y cesan los regidores perpetuos (cargo vitalicio, muchas veces comprado) del Antiguo Régimen.
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El alcalde se elegía por un procedimiento indirecto: los vecinos de las parroquias designaban electores y estos elegían, por mayoría absoluta, a alcaldes, regidores y síndicos. Se renovaba cada año. Para ser elegido hacía falta ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años y con 5 de vecindad; quedaban excluidos los empleados de nombramiento real en servicio activo. Los cargos municipales eran gratuitos. La autoridad del Estado no intervenía en el nombramiento ni en el cese del alcalde: es la etapa de la elección popular.
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Art. 321 (competencias): policía de salubridad y comodidad; auxiliar al alcalde en la seguridad de personas y bienes y el orden público; administrar los caudales de propios y arbitrios; repartir y recaudar las contribuciones; cuidar de las escuelas de primeras letras, de hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia; construir y reparar caminos, puentes y cárceles y demás obras públicas; formar las ordenanzas municipales (que se presentaban a las Cortes por medio de la diputación); y promover la agricultura, la industria y el comercio.
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Los ayuntamientos se concebían como agentes del poder ejecutivo para el gobierno económico de los pueblos, bajo la presidencia del jefe político y la inspección de la diputación provincial.
La diputación provincial
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Art. 324: el gobierno político de cada provincia reside en el jefe superior (jefe político), nombrado por el Rey. No es un órgano de la entidad local sino del Estado.
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Art. 325: en cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.
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Art. 326 (composición): el presidente, el intendente y siete individuos elegidos (la ley podía variar ese número). El intendente presidía en ausencia del jefe superior.
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Mandato de cuatro años, renovándose por mitad cada dos; elección indirecta a través de los electores de partido; no cabía la reelección inmediata. Sus sesiones no podían pasar de noventa días al año (art. 334).
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Eran órganos consultivos y deliberantes, subordinados al poder central; su misión principal era fiscalizar a los ayuntamientos (cuentas de propios y arbitrios, establecimiento de ayuntamientos donde no los hubiera, etc.).
Desarrollo y vaivenes
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Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 23 de junio de 1813 (decretada por las Cortes de Cádiz; su capítulo I trata «De las obligaciones de los Ayuntamientos»): desarrolla los preceptos constitucionales y refuerza la intervención del Estado: los ayuntamientos quedan subordinados al jefe político y a la diputación; al alcalde se le resta función judicial y se le aumenta la gubernativa.
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Fernando VII, por Real Cédula de 30 de julio de 1814, disuelve los ayuntamientos constitucionales y restablece los de 1808; un decreto de 15 de junio de 1814 acaba con las diputaciones.
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Trienio Liberal (1820-1823): vuelve el régimen gaditano. Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 3 de febrero de 1823 (sancionada como ley el 2 de marzo): da a los ayuntamientos competencias propias (salubridad, abastos…) y deja el resto bajo tutela de la diputación; el alcalde recibe el gobierno político del pueblo y el mando de la Milicia Nacional, y se convierte en una especie de delegado del Gobierno. Rigió pocos meses: en 1823 vuelve el absolutismo.
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1836: tras el motín de La Granja se restablecen la Constitución de 1812 y la Instrucción de 1823. En lo municipal, la legislación gaditana rigió entonces hasta finales de 1843; la Instrucción volvió a establecerse en 1854 y quedó definitivamente derogada en 1856.
3. Las leyes municipales del siglo XIX
Transición (1835). Un Real Decreto de julio de 1835 para el arreglo provisional de los ayuntamientos suprime los cargos de regidor perpetuos y acaba con la venta de oficios: todos los cargos pasan a ser de elección (censitaria). El gobernador civil nombraba al alcalde entre los tres vecinos más votados; en los pueblos de más de 2.000 vecinos, lo nombraba el Rey.
Ley de Ayuntamientos de 14 de julio de 1840 (moderada). El Rey, previo informe de los jefes políticos, nombraba al alcalde y a los tenientes de alcalde de las capitales de provincia de entre los regidores; el jefe político, en las cabezas de partido y pueblos de más de 500 vecinos. Los progresistas la tacharon de inconstitucional (el art. 70 de la Constitución de 1837 decía que los ayuntamientos serían nombrados por los vecinos). Sancionada por la Regente María Cristina, provocó la crisis que llevó a su renuncia y a la regencia de Espartero; un decreto de 13 de octubre de 1840 suspendió la ley. Volvió a ponerse en vigor a finales de 1843, pero con alcaldes de elección vecinal.
Ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845 (moderada). Es la ley moderada por excelencia, centralizadora y oligárquica:
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El Rey nombra a los alcaldes y tenientes de alcalde de las capitales de provincia y de las cabezas de partido judicial con 2.000 vecinos o más; en los demás pueblos, el jefe político por delegación del Rey. En ambos casos, de entre los concejales electos.
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El Rey podía nombrar libremente un alcalde corregidor, retribuido y por tiempo ilimitado, en lugar del ordinario.
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Los concejales se elegían por sufragio censitario muy restringido (los mayores contribuyentes) y el ayuntamiento se renovaba por mitad cada dos años; el jefe político podía suspender a sus miembros y el Gobierno, destituirlos y disolver el ayuntamiento.
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La Constitución de 1845 (art. 73) se adapta a esta ley: «Habrá en los pueblos alcaldes y ayuntamientos», nombrados estos por los vecinos a quienes la ley conceda ese derecho; ya no impide el nombramiento gubernativo del alcalde.
Ley de Ayuntamientos de 5 de julio de 1856 (Bienio Progresista). Síntesis de ideas progresistas y moderadas: el alcalde lo eligen los electores por voto directo y secreto, se amplía el sufragio y se da representación a las minorías. Apenas estuvo vigente: en octubre de 1856 O'Donnell restableció la legislación de 1845. Fue restablecida por la Revolución de 1868.
Sexenio Democrático. Los decretos de 1868 introducen por primera vez la elección del alcalde por los concejales. La Constitución de 1869 (art. 99) reconoce a las entidades locales el gobierno de sus intereses.
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Ley Municipal de 20 de agosto de 1870 (progresista): el ayuntamiento elige al alcalde por mayoría absoluta de los concejales; votan los varones mayores de 25 años. Crea la Junta Municipal —los concejales más una asamblea de vocales asociados en número triple al de concejales, sorteados entre los contribuyentes— para aprobar presupuestos, crear arbitrios y revisar cuentas. Permite a los ayuntamientos formar ordenanzas de policía urbana y rural y asociarse entre sí, precedente de las mancomunidades.
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Ley Provincial de 20 de agosto de 1870: la diputación deja de ser un órgano consultivo y se convierte en un verdadero órgano de gobierno de la provincia. Junto a ella actúa la Comisión Provincial.
Restauración: Ley Municipal de 2 de octubre de 1877. Refunde las leyes de 1870 y de 1876 con espíritu moderado (la Constitución de 1876, art. 83, repite el art. 73 de la de 1845).
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En Madrid el Rey nombra libremente al alcalde. En las capitales de provincia, en las cabezas de partido judicial y en los pueblos del mismo partido con igual o mayor vecindario que su cabeza, siempre que no bajen de 6.000 habitantes, el Rey puede nombrarlo de entre los concejales (art. 49); en los demás, lo eligen los concejales. Una ley de 1898 extendió a Barcelona el régimen de Madrid.
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El alcalde tiene el triple carácter de delegado del Gobierno, presidente del ayuntamiento y jefe de la administración municipal.
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La Junta Municipal pasa a formarse por los concejales y un número igual de asociados. Se permiten asociaciones voluntarias de municipios para servicios públicos.
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El sufragio es censitario hasta que la Ley electoral de 1890 aplica el sufragio universal masculino también a las elecciones municipales.
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Estuvo vigente hasta la Dictadura de Primo de Rivera. Hubo una veintena de proyectos de reforma (el más importante, el de Antonio Maura, 1903-1907), que no prosperaron. En el ámbito provincial, a la ley de 1870 le siguió la Ley Provincial de 1882.
4. Los Estatutos de Calvo Sotelo (1924-1925)
Tras el golpe de 1923, un Real Decreto de 30 de septiembre de 1923 cesó a todos los concejales. José Calvo Sotelo, discípulo de Maura, redactó:
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Estatuto Municipal (Real Decreto-ley de 8 de marzo de 1924): de inspiración autonomista y descentralizadora. Considera el municipio una entidad natural; introduce el régimen de carta municipal y prevé la municipalización de servicios, impuestos propios y la creación de un Banco de Crédito Local; fomenta el concejo abierto en los municipios menores de 500 habitantes. El alcalde lo elige el ayuntamiento entre los concejales o los electores, y desaparece el nombramiento real de los alcaldes de capitales. Las Juntas Municipales de asociados se sustituyen por la Comisión Municipal Permanente. En los municipios de más de 1.000 habitantes, un tercio de concejales de elección corporativa y dos tercios de elección popular; votan también las mujeres cabezas de familia. Sus preceptos electorales quedaron en suspenso y nunca se celebraron elecciones con arreglo al Estatuto.
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Estatuto Provincial (Real Decreto de 20 de marzo de 1925, publicado en la Gaceta del 21): reconoce a las diputaciones personalidad jurídica y capacidad plena, les atribuye competencias en caminos, beneficencia, sanidad, etc., y cambia la idea de tutela de los ayuntamientos por la de asistencia y cooperación con ellos.
5. La Segunda República: Ley Municipal de 1935
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Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 llevaron a la proclamación de la Segunda República.
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La Constitución de 1931 (art. 9) reconoce la autonomía de los municipios en las materias de su competencia.
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Ley Municipal de 31 de octubre de 1935: el alcalde podía ser elegido directamente por los vecinos o por el ayuntamiento (art. 73); en el ámbito municipal, recoge con carácter general el sufragio universal: votan todos los vecinos, hombres y mujeres, mayores de 23 años; prevé la Comisión Municipal Permanente en los municipios de más de 20.000 habitantes, el referéndum y la carta municipal. No llegó a aplicarse electoralmente: las elecciones convocadas para abril de 1936 fueron suspendidas.
6. El franquismo
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Desde 1936 los ayuntamientos se sustituyen por Comisiones Gestoras designadas por la autoridad gubernativa.
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Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 (Base 8.ª): representación orgánica por tercios: un tercio de concejales elegido por los vecinos cabezas de familia, otro por los organismos sindicales y el último por los propios concejales de los dos grupos anteriores entre miembros de entidades económicas, culturales y profesionales de una lista propuesta por el gobernador civil. Las primeras elecciones municipales por tercios se celebraron en 1948; cada tres años se renovaba la mitad de los concejales.
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Texto articulado y refundido de la Ley de Régimen Local, aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955, que refunde las Leyes de Bases de 1945 y de 3 de diciembre de 1953.
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El alcalde es nombrado: en las capitales de provincia y en los municipios de más de 10.000 habitantes, por el ministro de la Gobernación; en los demás, por el gobernador civil. Cesaba cuando lo disponía el ministro por razones de interés público. Es el modelo más centralista del periodo: el alcalde, último eslabón de la cadena de mando del Estado.
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Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local: el alcalde pasa a ser elegido por los concejales; en enero y marzo de 1976 se celebraron elecciones de alcaldes por los concejales del régimen de 1955, sin intervención de los vecinos.
7. La democracia: de 1978 a la Ley 7/1985
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Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales (BOE de 21 de julio de 1978), aprobada antes que la Constitución. Concejales elegidos por los vecinos en listas. Elección del alcalde (art. 28), en la sesión de constitución del ayuntamiento: pueden ser candidatos los concejales que encabezan sus listas; si uno obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es elegido; si no, es proclamado alcalde el cabeza de la lista más votada en el municipio. Los diputados provinciales se eligen indirectamente: se reparten por partidos judiciales y los eligen los concejales de cada partido judicial.
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Constitución de 1978: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses (art. 137). Garantiza la autonomía de los municipios, cuyo gobierno corresponde a los ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales; los concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y los alcaldes, por los concejales o por los vecinos (art. 140). La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial del Estado; su gobierno corresponde a las diputaciones u otras corporaciones representativas (art. 141).
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 3 de abril; en vigor el 23 de abril de 1985):
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Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana (art. 1). Entidades locales territoriales: el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3).
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Elementos del municipio: territorio, población y organización (art. 11).
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El gobierno municipal corresponde al ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales, salvo en los municipios de concejo abierto (art. 19).
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La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios; sus fines son garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipales y asegurar la prestación de los servicios municipales en todo su territorio; su gobierno corresponde a la diputación (art. 31).
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Derogó, en cuanto se opusiera a ella, la Ley de Régimen Local de 1955.
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Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local: añade a la Ley 7/1985 el Título X, régimen de organización de los municipios de gran población (de más de 250.000 habitantes, capitales de provincia de más de 175.000, y otros por decisión de los parlamentos autonómicos).
8. Cuadro resumen: ¿quién nombra al alcalde?
| Norma | Alcalde |
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| Constitución de 1812 | Elegido por los vecinos (elección indirecta), renovación anual |
| Ley de 1840 / Ley de 8 de enero de 1845 | Nombrado por el Rey (capitales y poblaciones importantes) o por el jefe político, entre los concejales |
| Ley de 1856 | Elegido por los electores |
| Ley Municipal de 1870 | Elegido por los concejales |
| Ley Municipal de 1877 | Madrid: el Rey libremente; capitales, cabezas de partido y pueblos del partido de igual o mayor vecindario, con al menos 6.000 hab.: el Rey puede nombrarlo entre los concejales; resto: los concejales |
| Estatuto Municipal de 1924 | Elegido por el ayuntamiento (sin aplicación electoral) |
| Ley Municipal de 1935 | Elegido por los vecinos o por el ayuntamiento |
| Ley de Régimen Local de 1955 | Nombrado por el ministro de la Gobernación (capitales de provincia y >10.000 hab.) o por el gobernador civil |
| Ley 39/1978 | Elegido por los concejales; si nadie logra mayoría absoluta, el cabeza de la lista más votada |