Principios fundamentales de la bioética
Concepto de bioética
La bioética es la rama de la ética que estudia los problemas morales que surgen de las ciencias de la vida y de la salud (medicina, enfermería, investigación biomédica, biotecnología). El término fue acuñado por el oncólogo y bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter en 1970-1971 (obra Bioethics: Bridge to the Future), quien la concibió como un "puente" entre las ciencias biológicas y los valores humanos para garantizar la supervivencia de la especie.
La bioética se apoya en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo ser humano: la persona vale por sí misma, nunca puede ser tratada únicamente como un medio. De esta dignidad se derivan el respeto a la integridad, a la libertad y a los derechos fundamentales del paciente.
Origen: el Informe Belmont (1978)
Los principios de la bioética moderna tienen su raíz en el Informe Belmont, elaborado en 1978 (publicado en 1979) por la National Commission de Estados Unidos tras los abusos en experimentación con humanos (caso Tuskegee). El Informe Belmont formuló tres principios éticos básicos para la investigación con seres humanos:
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Respeto a las personas (autonomía): tratar a los individuos como agentes autónomos y proteger a quienes tienen la autonomía disminuida.
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Beneficencia: no causar daño y maximizar los beneficios reduciendo los posibles perjuicios.
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Justicia: distribución equitativa de cargas y beneficios.
Los cuatro principios de Beauchamp y Childress
Partiendo del Informe Belmont, Tom L. Beauchamp y James F. Childress desarrollaron en 1979 (obra Principles of Biomedical Ethics) el modelo principialista de los cuatro principios, que es el marco de referencia hoy más extendido en la práctica asistencial:
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Autonomía: respeto a la capacidad del paciente para tomar decisiones libres e informadas sobre su propia salud, de acuerdo con sus valores. Es el fundamento ético del consentimiento informado y del documento de instrucciones previas/voluntades anticipadas.
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No maleficencia: obligación de no causar daño (raíz del clásico primum non nocere). Prohíbe actuaciones que perjudiquen al paciente y exige una correcta praxis (lex artis). Es el principio que vulnera más directamente el encarnizamiento u obstinación terapéutica: aplicar tratamientos desproporcionados o inútiles inflige dolor y sufrimiento sin beneficio para el paciente.
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Beneficencia: deber de hacer el bien, actuar en interés y beneficio del paciente, promoviendo su bienestar y previniendo el daño.
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Justicia: trato equitativo y no discriminatorio; distribución justa de los recursos sanitarios (que son limitados) y de los cuidados, sin discriminación por edad, sexo, condición social, ideología, etc.
En el modelo original, ninguno de los cuatro principios es absoluto: son obligaciones prima facie (obligan salvo que entren en conflicto con otro principio de mayor peso en una situación concreta), y el conflicto se resuelve ponderando según el contexto.
La jerarquización de Diego Gracia
El bioeticista español Diego Gracia propuso una jerarquización de los cuatro principios ("principialismo jerarquizado"), como corrección al modelo de Beauchamp y Childress, para evitar que la decisión quede sujeta solo al contexto. Distingue dos niveles:
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Nivel 1 — ética de mínimos (ámbito público): la no maleficencia y la justicia. Son deberes de obligado cumplimiento para todos, exigibles incluso contra la voluntad de la persona, porque expresan que todos los seres humanos somos iguales (no discriminación biológica y social). El Estado puede imponerlos coactivamente. Tienen prioridad sobre el nivel 2.
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Nivel 2 — ética de máximos (ámbito privado): la autonomía y la beneficencia. Dependen del propio sistema de valores y del ideal de felicidad de cada persona; pertenecen al proyecto vital de cada individuo y no pueden imponerse desde fuera.
Así, ante un conflicto, los principios del nivel 1 (no maleficencia y justicia) prevalecen sobre los del nivel 2 (autonomía y beneficencia).
El Convenio de Oviedo (1997)
El Convenio de Oviedo (Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina), impulsado por el Consejo de Europa, se firmó en Oviedo el 4 de abril de 1997. España lo ratificó en 1999 y entró en vigor en España el 1 de diciembre de 1999. Es el primer instrumento jurídico internacional vinculante en bioética: protege la dignidad y la identidad del ser humano, consagra la primacía del ser humano sobre el interés de la ciencia o la sociedad, y exige el consentimiento libre e informado para cualquier intervención sanitaria.
Comités de Ética Asistencial (CEA)
Los Comités de Ética Asistencial (CEA) son órganos multidisciplinares (médicos, enfermería, auxiliares, trabajo social, juristas, etc.) creados en los centros sanitarios para asesorar en los conflictos éticos de la práctica clínica. Sus características son:
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Funciones consultivas y de asesoramiento (analizan casos, elaboran protocolos y recomendaciones, promueven la formación en bioética).
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NO son órganos sancionadores ni judiciales: no imponen sanciones ni sustituyen la decisión del profesional o del paciente; sus informes no son vinculantes.
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Velan por el respeto a la dignidad y los derechos de los pacientes en la toma de decisiones difíciles.
Fuente: Beauchamp, T. L. y Childress, J. F., Principles of Biomedical Ethics; Diego Gracia, Fundamentos de Bioética (principialismo jerarquizado: nivel 1 de mínimos = no maleficencia y justicia; nivel 2 de máximos = autonomía y beneficencia); Informe Belmont (1978); V. R. Potter (concepto de bioética); Convenio de Oviedo de 4 de abril de 1997 (ratificado por España en 1999, BOE núm. 251 de 20/10/1999).
Funciones de los comités de ética de la investigación
Ningún proyecto de investigación con personas puede ponerse en marcha sin el informe previo y favorable de un comité de ética de la investigación (CEI). Cuando el estudio es con medicamentos o productos sanitarios, el comité tiene que estar además acreditado como CEIm (Comité de Ética de la Investigación con medicamentos).
Qué evalúa el comité antes de aprobar un estudio
El comité no se limita a mirar si el estudio es "correcto" desde el punto de vista moral. Su evaluación tiene tres caras: los aspectos metodológicos, éticos y legales del proyecto. Por eso se dice que garantiza a la vez la validez científica del estudio (que el diseño y el método sirvan de verdad para responder a la pregunta que se investiga) y el respeto a los postulados éticos de la investigación con seres humanos.
Para ello el comité:
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Valora la cualificación del investigador principal y de su equipo y la factibilidad del proyecto.
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Pondera el balance entre los riesgos y los beneficios previstos para los participantes.
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Vela por la confidencialidad de los datos y por la trazabilidad de las muestras de origen humano.
Su labor no termina con la aprobación
El dictamen favorable es solo el comienzo. El comité realiza un seguimiento del estudio desde su inicio hasta la recepción del informe final: tiene derecho a controlar los ensayos en curso, el investigador debe informarle durante el desarrollo (en especial de los acontecimientos adversos graves) y cualquier modificación sustancial del protocolo necesita un nuevo dictamen favorable del comité antes de aplicarse.
Finalidad del documento de voluntades anticipadas
El documento de voluntades anticipadas (o de instrucciones previas) no es una simple lista de órdenes dirigida a los médicos, ni un medio para que decida la familia. Su razón de ser tiene dos objetivos que se refuerzan entre sí.
Objetivo principal: respetar las decisiones del propio paciente
Es una expresión del respeto a la autonomía de la persona. La autonomía no se ejerce aquí en el momento, sino de forma anticipada: el paciente decide hoy qué cuidados y tratamientos quiere o no recibir para que esa decisión personal sea efectiva el día en que no esté en condiciones de expresarla. Lo que se protege es la voluntad del paciente, no la de sus familiares: el representante que pueda designar actúa como su interlocutor con el equipo sanitario para procurar que se cumplan sus instrucciones.
Objetivo secundario: dar seguridad a los profesionales
Junto a ese objetivo básico, el documento dota de instrumentos seguros a los profesionales sanitarios que se enfrentan a situaciones clínicas extremas. No solo permite al paciente influir en las futuras decisiones asistenciales, sino que facilita a los profesionales la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este ya no puede manifestarla. Así, el equipo puede actuar con mayor seguridad sabiendo qué habría querido el paciente, lo que sirve, a su vez, para que se cumpla mejor el objetivo principal.
Para recordar
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La finalidad no es "dar instrucciones" sin más: es mantener el respeto a las decisiones personales del paciente.
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Esas instrucciones aumentan la seguridad de los profesionales a la hora de respetarlas.
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Las decisiones protegidas son las del paciente, no las de los familiares.
Criterios de justicia distributiva en la asignación de recursos sanitarios
El principio de justicia exige repartir de forma justa unos recursos sanitarios que siempre son limitados. Para decidir cómo se hace ese reparto, las teorías de la justicia proponen distintos criterios de distribución, que conviene distinguir porque llevan a resultados diferentes.
Criterio utilitarista: maximización del bienestar total
Para el utilitarismo, la justicia consiste en obtener el mayor beneficio para la mayoría: el reparto justo es el que consigue la maximización del bienestar total, entendido como la suma de los beneficios individuales, sin fijarse en cómo se reparten entre las personas. La economía de la salud lo aplica con criterios de coste-efectividad como los AVAC (QALY, años de vida ajustados por calidad), que buscan sacar el máximo rendimiento sanitario a cada recurso. Su crítica principal es que tiende a dejar fuera a quienes generan menos «rendimiento»: ancianos, personas con discapacidad o con enfermedades raras.
Criterios de tipo igualitario
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Igualitarismo: la justicia se concibe como igualdad de derechos; ante necesidades iguales, tratamientos iguales, y como no es posible igualar los estados de salud se procura igualar las oportunidades, dando más a quien parte de peores condiciones. Se basa en la necesidad sanitaria como fuente de derechos.
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Prioridad a los más desfavorecidos (prioritarismo): lo que importa no es eliminar toda diferencia, sino que los peor situados mejoren progresivamente su posición. En la misma línea, el criterio maximin de Rawls solo admite cierto grado de desigualdad en el reparto si con ello mejora la situación de los más desfavorecidos.
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Suficiencia (mínimo decente): garantizar a todos, por igual, al menos un nivel suficiente de aquello que se considera especialmente valioso, como un mínimo de asistencia sanitaria.
Para no confundirse
Ninguno de estos criterios da preferencia a los más favorecidos, ni toma la desigualdad o la insuficiencia como objetivo: la desigualdad solo se tolera cuando beneficia a los peor situados, y la insuficiencia es justamente lo que el criterio de suficiencia pretende evitar.