Tema 29: Comunicaciones e intervenciones conjuntas en emergencias

Comunicar es transmitir y recibir información. Para que el proceso funcione deben estar presentes seis elementos:

• Emisor: quien envía el mensaje.

• Mensaje: la información que se quiere hacer llegar.

• Receptor: quien lo recibe.

• Canal: el medio físico por el que viaja el mensaje.

• Código: el conjunto de normas, signos y símbolos que permite al receptor entenderlo.

• Contexto: las circunstancias de tiempo, lugar y entorno sociocultural que ayudan a interpretar correctamente lo que se dice.

La radiocomunicación es el sistema técnico que emplea las ondas electromagnéticas como canal. Estas ondas resultan de la combinación de campos eléctricos y magnéticos y, a diferencia de las mecánicas, no requieren un medio material: se propagan incluso en el vacío, a la velocidad de la luz.

Cada onda se caracteriza por:

• Su frecuencia: número de oscilaciones por segundo, medida en hercios (Hz) (un ciclo por segundo).

• Su longitud de onda: distancia, en metros, entre dos puntos equivalentes de la perturbación.

Ambas magnitudes están ligadas: cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda.

El espectro radioeléctrico lo forman, según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (anexo II), las ondas electromagnéticas «cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial». La UIT lo divide en bandas designadas con siglas inglesas (Recomendación UIT-R V.431-8); en este tema importan VHF, de 30 a 300 MHz, y UHF, de 300 a 3.000 MHz.

Elementos del sistema técnico de radiocomunicación:

• Transmisor: transforma la voz (onda acústica) en señal eléctrica, la procesa, la modula y la radia como onda electromagnética de una frecuencia determinada.

• Canal de transmisión: la atmósfera, por donde se propagan las ondas.

• Perturbaciones: ruidos e interferencias que dificultan la propagación entre transmisor y receptor.

• Receptor: capta la onda de la misma frecuencia emitida, la pasa a señal eléctrica, la demodula, la amplifica y la devuelve a sonido (voz).

Según cuántas frecuencias se empleen para transmitir y recibir, un sistema de radiocomunicación puede trabajar de tres maneras.

Símplex. Es el modo más sencillo. Se usa una sola frecuencia tanto para transmitir (Tx) como para recibir (Rx), de modo que mientras un equipo habla el otro escucha: no se puede transmitir y recibir a la vez.

Dúplex. Los equipos pueden transmitir y recibir simultáneamente, porque utilizan dos frecuencias distintas, una para cada sentido.

Semidúplex. Es un modo intermedio: se emplean dos frecuencias diferentes (una para transmitir y otra para recibir), pero la comunicación no es simultánea.

El semidúplex es el modo propio del trabajo con repetidores. El repetidor escucha en una frecuencia (A) y retransmite en otra (B). Si usara una única frecuencia, la señal que él mismo emite volvería a entrarle y lo saturaría por realimentación.

Resumen comparativo:

• Símplex: 1 frecuencia, comunicación alterna (no simultánea).

• Dúplex: 2 frecuencias, comunicación simultánea en ambos sentidos.

• Semidúplex: 2 frecuencias, comunicación alterna; es el modo de los repetidores.

Llamamos red de radiocomunicaciones al conjunto de sistemas de radio enlazados entre sí que asegura el contacto de todo el personal que interviene sobre el terreno, entre sí y con el Centro de Coordinación, para pedir medios y recursos y para informar de cómo evoluciona el siniestro.

Puede representarse como una serie de nodos —que habitualmente llamamos repetidores— unidos por enlaces de radio o de cable. Los usuarios entran en la red por radio a través de los repetidores que forman la red de acceso; otros repetidores pueden dedicarse únicamente a radioenlace.

La infraestructura debe dimensionarse según el escenario y la extensión del territorio, de forma que soporte todos los equipos que transmiten y ofrezca la mayor cobertura posible. Para ello el territorio se reparte, cuando se puede, en zonas, cada una con su repetidor instalado en el punto más alto de la zona.

Según el destinatario y el tipo de acceso:

• TMA (Telefonía Móvil Automática, sistemas celulares): de acceso público y sin restricciones, para comunicaciones personales con criterio comercial. La red pertenece a una operadora y está conectada con la telefonía fija.

• PAMR (Public Access Mobile Radio): de acceso público pero orientada a clientes profesionales. La red es de una operadora y el acceso es público pero con suscripción, compartido por distintas flotas.

• PMR (Private Mobile Radio): radio móvil privada para grupos cerrados de profesionales. Es el tipo usado en emergencias: la red es del propio usuario (normalmente una administración pública), las flotas son cerradas y su diseño responde a criterios de servicio, no comerciales.

Según la tecnología: redes analógicas y digitales. Uno de los sistemas digitales es TETRA, que se describe a continuación.

TETRA son las siglas de TErrestrial Trunked RAdio (en origen significaba Trans European Trunked Radio). Es el estándar de radio digital aprobado por el ETSI (European Telecommunications Standards Institute), el organismo europeo de normalización de telecomunicaciones. Se diseñó para atender a los usuarios de PMR y de PAMR y a los servicios públicos de seguridad y protección: bomberos, policía, sanidad, etc.

Prestaciones de la red TETRA:

1. Llamada individual: une a un usuario con otro, como en telefonía; es más privada que en las redes convencionales, donde todo el canal oía la conversación.

2. Llamada de grupo: une a un usuario con un grupo, que puede ser fijo o formarse dinámicamente. En emergencias los grupos suelen venir configurados y solo unos pocos terminales pueden llamar a grupos distintos del suyo.

3. Llamada broadcast: la emite el centro de control para informar a todos los usuarios.

4. Llamada de emergencia: tiene la máxima prioridad, también cuando la red está saturada.

5. Modo directo (DMO), opuesto al modo red (TMO): los terminales hablan entre sí sin usar la infraestructura; equivale al antiguo canal directo.

6. Llamada dúplex: como una llamada telefónica, ambos pueden hablar a la vez.

7. Inclusión de llamada: añadir usuarios a una llamada de grupo ya establecida.

8. Mensajes de estado (SDS): avisos codificados del tipo «mensaje recibido» o «llegando al lugar».

9. Datos breves: mensajes de texto entre terminales, parecidos a los SMS.

10. Transmisión de datos con protocolo TCP/IP: permite enviar datos a redes informáticas, por ejemplo correo electrónico o acceso web desde la radio.

11. Escucha discreta: activar a distancia el PTT (push to talk) de un equipo para oír lo que ocurre sin que se vea que alguien lo ha pulsado.

12. AVL (localización automática de vehículos o personas): envío de la posición GPS a la central.

Frecuencias en España. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), aprobado por la Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, destina las subbandas de 380-385 MHz y 390-395 MHz a redes de servicios de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a redes de servicios de emergencia en todo el territorio nacional (nota UN-28), y las de 410-415,3 MHz y 420-425,3 MHz a sistemas digitales de acceso aleatorio de canales, como TETRA (nota UN-31). Todas quedan dentro de la banda UHF, que la UIT sitúa entre 300 y 3.000 MHz (Recomendación UIT-R V.431-8).

Tipos de terminales:

• Bases o fijos: instalados en un emplazamiento fijo, alimentados por la red eléctrica, con la antena en altura o en torre; gran alcance y amplia cobertura.

• Móviles: montados en vehículos y alimentados por su batería; alcance alto.

• Portátiles: los walkie-talkies de mano, con baterías de litio y menor alcance que los anteriores.

En TETRA desaparece la idea de canal: lo que cuenta es el grupo de usuarios. Cada terminal se asigna a un grupo de trabajo, en modo directo (DMO) o en modo red (TMO), y permanece en él con independencia de la zona de cobertura en la que se encuentre; ya no hay que cambiar a «canal 1, 2, 3…» según la zona, como en los sistemas convencionales. Igual que un móvil tiene número de teléfono, cada terminal TETRA se identifica en la red con un ISSI (Individual Short Subscriber Identity).

Llamada individual en modo red (TMO). Un terminal llama a otro sin que lo oiga el resto del grupo, utilizando los repetidores desplegados por la zona. Puede ser semidúplex o dúplex.

Llamada de grupo en modo red (TMO). Llega a todos los miembros del grupo, y solo a ellos, a través de la red. Solo admite semidúplex. Usar la red, sea en llamada individual o de grupo, equivale a lo que antes se llamaba hablar «por repetidor».

Llamada de grupo en modo directo (DMO). Conecta con los terminales del mismo grupo que estén dentro del alcance del emisor; los que estén fuera no reciben el mensaje. Es el antiguo canal directo, funciona solo en símplex y exige que todos los terminales estén en posición DMO.

Llamada individual en modo directo (DMO). Comunicación entre dos terminales sin red; ambos deben estar dentro de cobertura uno del otro. Solo símplex.

Llamada de grupo con repeater (repetidor) en DMO. Un equipo programado con el software repeater une, si tiene cobertura suficiente, dos grupos DMO y amplía el alcance del modo directo. Solo semidúplex. Es útil en incendios forestales (un repetidor para un sector o para eliminar una zona de sombra) o en un túnel, colocándolo cerca de la boca para enlazar al personal del interior con el del exterior.

Llamada de grupo con gateway (pasarela). Combina modo directo y modo red. El equipo pasarela, con software gateway, recibe en directo la llamada de un grupo DMO y la encamina de forma transparente al grupo TMO de destino. Por ejemplo, en un incendio forestal la dotación habla en directo y, mediante la pasarela, sus mensajes pueden oírse en un CCE a través de la red.

En síntesis: en DMO las llamadas, individuales o de grupo, se hacen sin red (sin repetidores); en TMO, todas pasan por la red.

La información transmitida por radio debe ser precisa y cumplir la regla de las tres C:

1. Claro: que el receptor lo entienda.

2. Concreto: lo más exacto posible.

3. Corto: para ocupar el canal el menor tiempo posible.

Recomendaciones al hablar:

• Hablar despacio y vocalizando.

• Antes de describir un siniestro, ordenar mentalmente lo que se va a decir.

• Respetar el canal: comprobar que está libre antes de transmitir.

• Respetar los indicativos de vehículos, parques, etc.

• Si se está en una zona de sombra (sin cobertura), buscar, si es posible, otro punto desde el que transmitir.

• Mantener el micrófono a la distancia adecuada.

• Confirmar la recepción esperando el «recibí» del destinatario.

• No transmitir datos personales ni nada que comprometa la intimidad de las personas.

Precauciones:

• Esperar un segundo tras pulsar el PTT (push to talk, «pulsa y habla») antes de empezar a hablar; si no, se pierde el comienzo de la primera palabra y un «afirmativo» o «negativo» puede llegar como «…ivo» y malinterpretarse.

• No lanzar el mensaje sin haber contactado antes con el receptor: primero se establece contacto, luego se transmite y por último se comprueba que se ha recibido.

• En equipos móviles, no arrancar el vehículo con la emisora encendida.

• En equipos portátiles, vigilar los tiempos de carga, no sujetarlos por la antena, evitar que se sobrecalienten y no transmitir nunca sin la antena puesta.

Alfabeto fonético de la OACI (ICAO). La Organización de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization) estableció un código fonético en inglés para deletrear por radio y garantizar que piloto y controlador se entienden. Como la calidad del sonido no siempre es buena y deben evitarse confusiones, el código da seguridad a la comunicación. En los servicios de bomberos ninguna norma obliga a usarlo, pero resulta útil para deletrear, por ejemplo, una matrícula o una dirección.

En siniestros de gran dimensión —terremotos, inundaciones, incendios forestales…— organizar las comunicaciones es esencial, y la clave está en jerarquizarlas. Si todos hablan con todos, el flujo de mensajes se vuelve caótico y produce confusión en lugar de coordinación. La buena táctica consiste en poder hablar con quien hace falta cuando hace falta, no en poder hablar con cualquiera en cualquier momento.

Cuando en la intervención participan servicios operativos sobre el terreno, el Centro de Coordinación de Emergencia (CCE), un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y un Centro de Recepción de Medios (CRM), puede organizarse un esquema básico con tres células:

1. Célula de coordinación. Solo cursa las comunicaciones de ida y vuelta entre el CCE y el PMA. Para ello se emplea un grupo de coordinación que trabaja en TMO (modo red).

2. Célula de mando. Es local, junto al incidente, y sirve para comunicar el PMA con el CRM y con los servicios operativos desplegados. Usa un grupo de mando en modo directo (DMO); si el relieve no lo permite, un grupo en TMO distinto del de coordinación.

3. Células operativas. Se crean tantas como sectores tenga el incidente. Los servicios de cada célula se comunican mediante un grupo de intervención en DMO, o en TMO si el terreno lo impide. Cada célula tiene un grupo propio, diferente del de las demás células y de los grupos de mando y de coordinación.

Buena parte de los servicios y consorcios de bomberos reciben sus avisos a través de Centros de Coordinación de Emergencia (CCE) enlazados con el 112.

En 1991, el Consejo de las Comunidades Europeas (Decisión 91/396/CEE, de 29 de julio) obligó a los Estados miembros a introducir el 112 en sus redes telefónicas públicas y móviles como número único de llamada de urgencia europeo, y a garantizar que las llamadas recibieran «las respuestas y la atención apropiadas», como resume el preámbulo del Real Decreto 903/1997. En España, ese real decreto atribuyó la prestación del servicio a las comunidades autónomas (art. 5.1), por lo que existen distintos modelos de 112. Son ellas las que prestan el servicio y montan los centros de recepción de llamadas.

Esquema de funcionamiento:

• El ciudadano marca el 112 desde cualquier punto de la comunidad y la llamada llega a un centro con varios puestos de atención, operativo de forma permanente.

• El operador, siguiendo planes y procedimientos muy definidos, recoge los datos: lugar, naturaleza del incidente, circunstancias, personas afectadas, gravedad, etc.

• Con esos datos se tipifica el incidente y se alerta a los servicios operativos competentes (bomberos, sanidad, policía, protección civil…).

• Cada servicio, a través de su CCE, decide qué recursos moviliza: el 112 respeta las decisiones operativas propias de cada uno. Si hacen falta bomberos, se avisa a su CCE, que moviliza según sus protocolos.

• Cuando intervienen varios servicios, el incidente se cierra cuando todos han dado por terminada su actuación.

La plataforma trabaja, por tanto, en dos áreas: la atención de llamadas, que corresponde al 112 de la comunidad autónoma, y el mando y control, del que responde cada servicio operativo.

Funciones comunes de los servicios 112:

1. Atender las llamadas de urgencia de cualquier ciudadano desde la comunidad: asistencia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana o protección civil.

2. Obtener del alertante la información que necesitan los servicios para actuar con eficacia y aplicar las directrices de actuación adecuadas a cada tipo de urgencia.

3. Avisar a los servicios que deben actuar (y a los que deben estar informados), colaborando en su coordinación. El 112 no moviliza recursos: traslada el aviso al servicio competente.

4. Ofrecer una plataforma tecnológica común de comunicaciones y gestión a todos los servicios públicos de emergencia, para que la información esencial circule con rapidez en todas direcciones.

La actividad del 112 se apoya en un Sistema Integral de Gestión de Emergencias cuyos bloques funcionales son:

1. Gestión de comunicaciones, que hace de centralita.

2. Aplicaciones de apoyo: gestión de expedientes, mando y control, aplicación de protocolos según el tipo de incidente, automatización de tareas, etc.

3. Integración de los subsistemas de comunicaciones y de datos.

4. Respaldo, que mantienen el servicio aunque fallen los sistemas principales.

5. Sistema de información geográfica (SIG): cartografía digital y su visualización en los puestos de operación.

6. Localización automática de vehículos (AVL): muestra sobre el SIG la posición, por GPS, de los vehículos que llevan receptor.

7. Módulo audiomático: permite lanzar avisos masivos por teléfono o fax a la población o a organismos.

8. Sistema de información corporativa (SIC): intranet con documentación, estadísticas y otros servicios complementarios para los operadores.

Atención de llamadas de emergencia por teléfono. Al teléfono no hay contacto visual, de modo que se pierde todo el lenguaje no verbal y la comunicación depende solo del oído. Por eso el operador o el bombero que atiende una petición de auxilio debe seguir un procedimiento propio y estas pautas:

1. Mostrar empatía con expresiones como «sí», «claro», «entiendo», que transmiten al alertante que se le comprende y se le va a ayudar.

2. Dirigir la conversación.

3. Usar la retroalimentación (feedback): comprobar que los datos recibidos son correctos y que lo explicado se ha entendido («¿me ha comprendido?», «entonces usted dice que…», resumiendo lo escuchado).

4. Hablar con voz clara y firme.

5. Ser amable y respetuoso e incluso sonreír cuando proceda: una actitud positiva mejora la comunicación.

6. Hacerse una composición de lugar para preguntar lo necesario y entender qué ocurre, cómo y qué respuesta cabe.

7. Evitar la jerga propia del servicio de bomberos, que el alertante no conoce y puede confundirle o hacerle sentir incomprendido.

La sociedad actual es vulnerable ante riesgos de origen natural, industrial o tecnológico, y la ciudadanía, cada vez más consciente de ellos, exige servicios públicos eficaces que los contrarresten y devuelvan la normalidad. Las redes sociales y la información digital han reforzado esa demanda: se pide información casi en tiempo real y una actuación inmediata para proteger a las personas y sus bienes.

La norma de referencia es la Ley 17/2015, de 9 de julio (Ley del Sistema Nacional de Protección Civil). Según su artículo 1, la protección civil es el servicio público que protege a las personas y los bienes, garantizando una respuesta adecuada ante emergencias y catástrofes de origen natural o humano, tanto accidental como intencionado. La ley crea el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento para coordinar y dar coherencia y eficacia a las políticas públicas de la materia, y regula las competencias de la Administración General del Estado.

Su artículo 6 reconoce el derecho a la información: todos tienen derecho a que los poderes públicos les informen adecuadamente de los riesgos colectivos importantes que les afecten, de las medidas previstas y adoptadas frente a ellos y de las conductas que deben seguir para prevenirlos. Esta información debe darse tanto en la emergencia como de forma preventiva, antes de que el peligro se materialice. Por ello los poderes públicos desarrollan de manera continua instrumentos normativos y organizativos en esta materia.

Conceptos básicos (art. 2 de la Ley 17/2015):

• Peligro: capacidad de causar daño, en ciertas situaciones, a colectivos de personas o a bienes que la protección civil debe preservar.

• Vulnerabilidad: característica de un colectivo de personas o bienes que hace que un peligro pueda afectarle en mayor o menor grado.

• Amenaza: situación de exposición, más o menos intensa, de personas y bienes a un peligro que puede ser inminente o latente.

• Riesgo: posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a personas o bienes.

• Emergencia de protección civil: situación de riesgo colectivo originada por un suceso que amenaza de forma inminente a personas o bienes y que obliga a los poderes públicos a gestionarla con rapidez para atenderla, reducir los daños e impedir que se convierta en catástrofe.

• Catástrofe: situación que altera o interrumpe de forma sustancial el funcionamiento de una comunidad por el gran número de víctimas, daños e impactos materiales, y cuya atención supera los medios de esa comunidad.

• Servicios esenciales: los necesarios para mantener las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad y el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el funcionamiento eficaz de las instituciones del Estado y de las administraciones públicas.

En sentido amplio, el riesgo es la probabilidad de que un fenómeno o suceso produzca efectos dañinos sobre personas o bienes; combina la probabilidad de que el fenómeno se desencadene (por su naturaleza o intensidad) con la vulnerabilidad de lo expuesto. En protección civil, el riesgo siempre se refiere a un colectivo de personas o bienes.

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR) lo define como la combinación entre la probabilidad de un evento y sus consecuencias negativas, y llama riesgo de desastres a las pérdidas que un desastre podría causar en una comunidad durante un periodo futuro determinado: vidas, salud, medios de vida, bienes y servicios.

Atendiendo a su origen, los riesgos se clasifican en:

1. Tecnológicos. Ligados a procesos industriales o a fallos de infraestructuras por el uso de tecnologías humanas: fugas, incendios, explosiones, contaminación de ríos, suelos o atmósfera. Incluyen los incidentes industriales capaces de originar accidentes mayores y el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o mar.

2. Naturales. Asociados a fenómenos de la naturaleza potencialmente peligrosos:

• Meteorológicos adversos: fenómenos que superan los umbrales (de intensidad, territorio afectado, etc.) del sistema de avisos meteorológicos: lluvias o nevadas intensas o prolongadas, granizo, olas de frío o calor, vientos fuertes, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas. Las nevadas son problema cuando, en zonas altas habituadas a ellas, tienen intensidad extraordinaria, o cuando caen en zonas bajas donde no son frecuentes, sea cual sea su intensidad.

• Hidrológicos: sequía, inundaciones por grandes crecidas o acumulación de lluvia.

• Geológicos por inestabilidad del terreno: desprendimientos, deslizamientos, hundimientos, aludes, volcanes, maremotos y sismos.

• Meteorología espacial.

3. Antrópicos. Derivados de la actividad humana, de origen y efectos muy variados: incendios urbanos, industriales o forestales; transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, aire o mar; fallos en el suministro de agua, gas, electricidad o comunicaciones; desabastecimiento de alimentos, medicamentos u otros productos básicos; derrumbes o fallos de edificios e infraestructuras; riesgos sanitarios (intoxicaciones alimentarias, contaminación bacteriológica, epidemias, plagas); riesgos del medio natural (cavidades, montaña); terrorismo, vandalismo y grandes concentraciones de personas.

Una emergencia es un suceso, accidente o situación de peligro o desastre que exige una acción inmediata. Su centro es siempre el ciudadano —su integridad, sus bienes y su entorno—, por lo que la respuesta corresponde a los poderes públicos: cada administración, en su territorio y según sus competencias, dispone medios, recursos y procedimientos para una intervención coordinada.

Para clasificarlas se combinan dos factores: el alcance de la emergencia y la capacidad de respuesta del sistema público. Resultan dos grandes grupos:

1. Situaciones o emergencias ordinarias. El Sistema Público de Atención de Urgencias y Emergencias puede hacerles frente con los medios disponibles en la zona, según sus competencias.

• Se suele llamar urgencias a aquellas situaciones ordinarias que, aunque piden una respuesta rápida o inmediata, dejan margen para priorizar el recurso o la intervención frente a otras.

• Muchas veces la propia emergencia obliga a una actuación conjunta y multidisciplinar, con procedimientos complementarios: llegada, evaluación de riesgos, delimitación de zonas, protección, rescate, asistencia a heridos, evacuación… Según la respuesta, se distinguen:

• Monosectoriales: solo afectan al campo de un sector (por ejemplo, una atención domiciliaria que resuelven únicamente los medios sanitarios).

• Multisectoriales: requieren servicios de varios ámbitos competenciales (por ejemplo, un accidente de tráfico con heridos).

Los medios de urgencia, sus procedimientos y sus sistemas de comunicación y coordinación integran el Sistema Público de Atención de Urgencias y Emergencias.

2. Situaciones o emergencias extraordinarias. Desde el principio o por su evolución, superan al sistema ordinario de atención de urgencias. Además de más medios, exigen procedimientos de coordinación extraordinarios, y los servicios actúan conforme a la planificación del Sistema de Protección Civil.

Dentro de ellas la gravedad crece hasta situaciones en que se colapsa o supera incluso el sistema organizado a escala estatal. Aparece entonces la catástrofe: un acontecimiento que altera gravemente el funcionamiento de la comunidad por sus víctimas y daños y cuya atención excede los medios propios.

La protección civil como política pública tiene su punto de partida en la Constitución de 1978. Aunque la expresión no figura en ella, se apoya en:

• el deber de los poderes públicos de asegurar los derechos a la vida y a la integridad física (art. 15);

• la unidad nacional y la solidaridad entre territorios (art. 2);

• las exigencias de eficacia y coordinación administrativa (art. 103).

Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil (derogada). Fue el primer marco normativo e institucional del sistema. Pretendía afrontar los casos de grave riesgo colectivo, de calamidad pública o de catástrofe extraordinaria y, al mismo tiempo, coordinar los servicios y recursos dentro de un modelo nacional mínimo. No se limitaba a crear servicios especiales: partía de toda la capacidad de respuesta de la sociedad —el sistema público de atención de urgencias, los medios extraordinarios de la Administración y los medios privados, incluida la prestación personal—. Concebía la protección civil como servicio público esencial que sitúa al ciudadano en el centro, procurando que la población también esté preparada para protegerse y participe en las tareas de protección civil, de las que es a la vez sujeto activo y beneficiario. Esta ley fue derogada por la Ley 17/2015.

Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto. Estableció con carácter provisional las medidas de actuación en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y siguió aplicándose de forma supletoria mientras no se aprobaban los planes. Hoy está derogado por la disposición derogatoria única, apdo. 1, del RD 524/2023.

La Norma Básica de Protección Civil. El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, desarrolló la Ley de 1985 y fijó las directrices para elaborar los planes territoriales y los planes especiales (por sectores, tipos de emergencia o actividades). Fue el marco para integrar los planes en un conjunto operativo, determinó qué debía planificarse y con qué criterios, permitió la función directiva del Estado cuando hay interés nacional y concibió el plan de protección civil como el instrumento que anticipa la organización, los mecanismos para movilizar recursos y la coordinación entre administraciones. Recogía como principios la responsabilidad, la autonomía de organización y gestión, la coordinación, la complementariedad, la subsidiariedad, la solidaridad, la capacidad de integración y la garantía de información, y asignaba al sistema cinco funciones: previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.

Esta norma fue derogada en 2023 (disposición derogatoria única, apdo. 1, del RD 524/2023, con efectos desde el 11 de julio de 2023) y sustituida por una nueva Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio.

La evolución de los riesgos, de los medios, de la legislación y de la organización de los servicios exigía actualizar el marco jurídico de 1985, que respondía a un escenario ya superado. Entre los cambios que lo dejaron atrás:

• la aparición de medios del Estado que antes no existían, como la Unidad Militar de Emergencias (UME);

• la aprobación de los Estatutos de Autonomía, que fijan expresamente las competencias autonómicas, respetando las del Estado y en colaboración con él;

• las competencias asumidas por las entidades locales, que han configurado sus propios servicios de protección civil.

La Ley 17/2015, de 9 de julio (Ley del Sistema Nacional de Protección Civil), sustituyó a la Ley 2/1985, que quedó derogada por su disposición derogatoria única. Como novedades destacan la prevención como pilar para evitar o mitigar los impactos de las emergencias y una actuación administrativa más integrada, coordinada y eficiente. Es una norma integradora que reúne a todos los implicados en la protección civil.

En el Sistema Nacional se suma lo que hacen en protección civil todas las administraciones públicas, cada una en su ámbito, para dar una respuesta coordinada y eficiente mediante:

• Anticipación: identificar los riesgos de un territorio a partir de su vulnerabilidad y de las posibles amenazas, mediante análisis y estudios que aporten información y predicciones.

• Prevención: medidas y acciones para evitar o reducir los posibles efectos adversos de riesgos y amenazas.

• Planificación: los planes de protección civil, que prevén el marco orgánico-funcional y los mecanismos para movilizar recursos humanos y materiales en caso de emergencia.

• Respuesta inmediata: actuación y asistencia de los servicios públicos o privados de intervención cuando se produce la emergencia o una situación que puede derivar en ella.

• Recuperación: acciones y ayudas de entidades públicas y privadas para restablecer la normalidad en la zona siniestrada una vez terminada la respuesta inmediata.

• Evaluación e inspección, a cargo de las administraciones competentes.

La Constitución no recoge expresamente la «protección civil», pero se entiende incluida en la seguridad pública, que el artículo 149.1.29.ª atribuye como competencia exclusiva al Estado. La enorme variedad de emergencias, de necesidades y de recursos que hay que movilizar plantea ante todo un problema organizativo que recae principalmente en el Estado, al tratarse de proteger personas y bienes dentro de la seguridad pública.

La protección civil es, pues, un servicio público que corresponde a la Administración General del Estado y, en los términos de la Ley 17/2015, a las demás administraciones, articuladas en un sistema único. La exposición de motivos de la Ley 17/2015 presenta al titular del Ministerio del Interior como «la superior autoridad en la materia», y su artículo 34.1 le encarga «impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en materia de protección civil». Cuenta como órgano directivo de apoyo con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

En la sentencia 133/1990, de 19 de julio, del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad 355/1985 contra la ley de 1985), el Tribunal declaró que las comunidades autónomas tienen competencias en protección civil, pero limitadas por la posible existencia de un interés nacional o supraautonómico.

Las entidades locales también tienen competencia: la Ley 7/1985 (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril), en sus arts. 21.1.m) (medidas del alcalde en caso de catástrofe o infortunio público), 25.2.f) y 26.1.c) (servicio obligatorio en los municipios de más de 20.000 habitantes), les atribuye no solo la prevención y extinción de incendios, sino expresamente la protección civil.

Cada servicio que interviene depende normalmente de una administración y tiene atribuidas competencias ligadas a un ámbito territorial y a unas actuaciones concretas. Por ejemplo, según la Ley Orgánica 2/1986 (de 13 de marzo, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), la vigilancia del tráfico en vías interurbanas corresponde a la Guardia Civil (o a la policía autonómica donde se haya asumido esa competencia).

Competencias del Gobierno (art. 33 de la Ley 17/2015):

• Regular las dos redes de protección civil: la Red de Alerta Nacional y la Red Nacional de Información.

• Aprobar la Norma Básica de Protección Civil.

• Aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil.

• Aprobar los planes especiales de ámbito y competencia estatal.

• Declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

• Adoptar los acuerdos de cooperación internacional que correspondan.

• Aprobar el Protocolo de Intervención de la UME y, si procede, el de otros medios estatales utilizables en protección civil.

• Las demás que le atribuyan esta ley y el resto del ordenamiento.

Competencias del Ministro del Interior (art. 34 de la Ley 17/2015). Le corresponde impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en protección civil (art. 34.1), y en particular (art. 34.2):

• Desarrollar las normas de actuación en protección civil que apruebe el Gobierno.

• Elaborar la Norma Básica, el Plan Estatal General y los planes especiales estatales y elevarlos al Gobierno; y llevar al Consejo de Seguridad Nacional la propuesta de Estrategia Nacional de Protección Civil para que la apruebe.

• Declarar la emergencia de interés nacional y su fin, y asumir la dirección y coordinación que le correspondan en ella.

• Proponer al Gobierno que declare una zona afectada gravemente por una emergencia, junto con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (la letra d conserva la denominación de 2015) y, si procede, con los de los demás ministerios afectados.

• Ejercer la superior dirección, coordinación e inspección de los planes estatales y de sus medios de ejecución.

• Ordenar, con carácter general, que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y pedir al Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas.

• Ofrecer equipos de intervención al Mecanismo de Protección Civil europeo (de la Unión).

• Acordar la movilización de recursos del Sistema Nacional para cooperar en catástrofes en terceros países y coordinar los equipos de ayuda (art. 42).

• Presidir el Consejo Nacional de Protección Civil.

• Imponer las sanciones por infracciones muy graves (título VI).

• Las demás que le atribuya el ordenamiento.

Otros departamentos y entidades del sector público estatal (art. 35). Participan en la protección civil dentro de sus competencias, según la normativa y los planes. La intervención de estos medios la decide el Ministro del Interior y la ordena la autoridad del departamento u organismo correspondiente.

Delegados del Gobierno (art. 36). Siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, coordinan en su territorio a los órganos y servicios estatales, en cooperación con los órganos competentes de comunidades autónomas y entidades locales.

Fuerzas Armadas y UME (art. 37).

• Las Fuerzas Armadas colaboran en protección civil principalmente a través de la UME, sin perjuicio de otras unidades que se necesiten.

• La UME está llamada a actuar en todo el territorio nacional, contribuyendo al bienestar y la seguridad de la ciudadanía, cuando la gravedad lo aconseje, junto con las demás instituciones y administraciones, con arreglo a la Ley Orgánica 5/2005 (Defensa Nacional, de 17 de noviembre).

• Su intervención la solicita el Ministro del Interior y la ordena el titular del Ministerio de Defensa.

• En una emergencia de interés nacional, la UME asume la dirección operativa, bajo la dirección del Ministro del Interior.

La protección civil se basa en actuar conforme a una planificación previa y ordenada: ordenar, planificar, coordinar y dirigir los servicios públicos implicados y racionalizar de antemano las medidas que, improvisadas, no podrían adoptarse con la urgencia que exige el peligro.

Según el artículo 14 de la Ley 17/2015, los planes de protección civil son los instrumentos que prevén el marco orgánico-funcional, los mecanismos para movilizar los recursos humanos y materiales necesarios para proteger personas y bienes en una emergencia y el esquema de coordinación de las administraciones que deben intervenir. La ley distingue cuatro tipos: Plan Estatal General, planes territoriales, planes especiales y planes de autoprotección.

1. Plan Estatal General. Organiza los procedimientos de la Administración General del Estado para apoyar y asistir a las demás administraciones y para dirigir y coordinar al conjunto en las emergencias declaradas de interés nacional. Lo aprueba el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior.

2. Planes territoriales. Planes de carácter general para las emergencias que puedan surgir en el ámbito de una comunidad autónoma o de una entidad local (municipio, comarca, provincia o isla). Se definen por su territorio, no por un riesgo concreto: son multirriesgo. Los aprueba la administración competente, autonómica o local.

• De comunidad autónoma: los elabora el gobierno autonómico para su territorio y sirven de marco para integrar los demás planes autonómicos y locales. El análisis general de los riesgos de la comunidad permite detectar aquellos que requieren planes específicos.

• De ámbito local: los elabora la entidad local tomando como referencia el plan de su comunidad autónoma. Deben prever que la emergencia supere su capacidad y contemplar su integración escalonada en planes superiores: el de un ente supramunicipal (comarca), el de la provincia o isla y el de la comunidad autónoma.

3. Planes especiales. Se elaboran para riesgos concretos cuando su probabilidad y sus posibles daños son significativos en un territorio. El artículo 15.3 de la ley enumera estos riesgos:

• inundaciones, terremotos y maremotos;

• riesgo volcánico;

• incendios forestales;

• fenómenos meteorológicos adversos;

• accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y accidentes de aviación civil;

• accidentes en instalaciones o procesos donde se utilicen o se almacenen sustancias nucleares, radiactivas, químicas o biológicas;

• la protección de la población ante un conflicto bélico;

• y los demás que determine la Norma Básica.

Los planes especiales pueden ser estatales o autonómicos según su ámbito y se elaboran conforme a las directrices básicas que aprueba el Estado para cada riesgo, documentos técnicos con los mínimos que deben cumplir.

El RD 524/2023 derogó varias directrices básicas (disposición derogatoria única, apdo. 2), pero las mantiene aplicables hasta que se aprueben los nuevos instrumentos de planificación que las sustituyan (apdo. 3).

Los planes especiales de riesgo nuclear y de protección de la población en caso de conflicto bélico son siempre de competencia estatal, sin perjuicio de que participen comunidades autónomas y entidades locales. Por su especificidad, la emergencia que generan es por definición de interés nacional, y la responsabilidad del Estado abarca todas las fases: prevención (vigilancia y control), implantación, mantenimiento, información a administraciones y población y dirección de las actuaciones.

4. Planes de autoprotección. Fijan el marco orgánico y funcional de los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias que señala la normativa, para prevenir y controlar los riesgos sobre personas y bienes y responder adecuadamente a las emergencias.

Respuesta inmediata. Consiste en que los servicios de intervención y asistencia, públicos o privados, actúen tras una emergencia, o ante una situación que pueda derivar en ella, para evitar daños, rescatar y proteger a personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y cubrir las necesidades básicas de la población. Incluye la atención urgente sanitaria, psicológica y social, el alojamiento provisional (refugio) y las primeras reparaciones para restablecer servicios e infraestructuras esenciales. Como el plan se activa en condiciones anómalas o críticas, es imprescindible fijar antes el organigrama, el mando y las funciones de cada servicio, para evitar duplicidades, desorden y descontrol.

Contenido habitual:

• Análisis de riesgos: relacionado con los daños previsibles, define las zonas de planificación: la de intervención y la de alerta.

• Vulnerabilidad: estudio de los elementos que pueden verse afectados, ligado a esas zonas.

• Organización en emergencia: estructura jerárquica, adaptable a la evolución y capaz de integrarse en planes superiores, que encuadra a todos los servicios públicos de intervención y asistencia que enumera el artículo 17 de la Ley 17/2015: servicios técnicos de protección civil y emergencias, servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, servicios de incendios forestales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atención sanitaria de emergencia, Fuerzas Armadas y en especial la UME, órganos autonómicos de coordinación de emergencias, técnicos forestales y agentes medioambientales, servicios de rescate, equipos de identificación de víctimas, personas de contacto con víctimas y familiares, y cualquier otro dependiente de las administraciones con ese fin.

• Dirección: puede cambiar de titular según la evolución, pero es siempre única en cada fase o situación. La apoyan el Comité Asesor («en el que se integrarán representantes de las Administraciones Públicas involucradas en la emergencia», art. 7.1.c).2.º del RD 524/2023) y los órganos de comunicación pública, como el Gabinete de Información (centraliza y difunde la información oficial a la población y a los medios).

• Centros de coordinación: el CECOP (Centro de Coordinación Operativa), espacio que centraliza comunicaciones y coordinación, llamado CECOPAL en los planes municipales; y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), junto a la emergencia, prolongación de la dirección unida al CECOP y centro de coordinación de los grupos de acción.

• Grupos de acción: reúnen bajo una jefatura única los medios según su función (intervención, sanidad, seguridad, logística…). En esquema: ámbito de seguridad (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), ámbito sanitario (incluidos los centros sanitarios de urgencia) y ámbito de extinción, salvamento y rescate (los cuerpos de bomberos municipales, consorciados, provinciales o autonómicos, urbanos, rurales, forestales o mixtos). Se suman el voluntariado organizado y cualificado, siempre en apoyo y bajo dirección de los profesionales, y los recursos de atención psicológica y de urgencias sociales.

• Operatividad: canales de notificación y alerta, comunicación operativa, procedimientos, seguimiento e información a la población, y criterios de activación por fases y situaciones operativas, que la Norma Básica de Protección Civil (RD 524/2023, arts. 4.f y 7) fija así: fase de alerta y seguimiento o preemergencia, sin daños o con daños muy localizados o leves, a la que corresponde la situación operativa 0 (funcionamiento ordinario de los servicios de protección civil, sin movilizar recursos de intervención o con una movilización mínima); fase de emergencia, con la situación operativa 1 (se interviene con medios propios de la administración que dirige la emergencia o asignados al plan), la situación operativa 2 (máximo nivel de las emergencias de dirección autonómica, en la que se pueden pedir medios de otras administraciones no asignados al plan, en particular del Estado) y la situación operativa 3 (emergencias de interés nacional, declaradas por el Ministro del Interior), y fase de recuperación, que sigue a la de emergencia (puede coincidir con ella) hasta que se restablecen los servicios básicos de la zona. Muchos planes anteriores hablan de «niveles» 1, 2 y 3 en lugar de situaciones operativas. Los procedimientos de los intervinientes siguen la secuencia: recepción de la alerta, decisión de respuesta, salida, llegada al lugar, valoración e información al centro de coordinación, intervención y fin de la emergencia con regreso a base.

• Implantación y mantenimiento: difusión, formación y realización de ejercicios y simulacros.

• Plan de recuperación: evaluación de daños y estrategias para volver a la normalidad.

• Anexos: cartografía, catálogo de medios y recursos, guías para planes inferiores.

Aprobar un plan es el comienzo, no el final: lo que importa es que sea operativo y que todos los implicados lo conozcan y lo asuman.

La autoprotección es la capacidad de la sociedad de protegerse con sus propios medios, y constituye el primer escalón de la prevención y, si llega la emergencia, de la respuesta inmediata. Ya la ley de 1985 la mencionaba, y requiere no solo concienciación sino regulación: un catálogo de actividades que puedan originar emergencias y de los centros donde se desarrollan, cuyos titulares deben adoptar medidas de seguridad y prevención, los planes de autoprotección.

Conceptos (anexo III del RD 393/2007):

• Autoprotección: acciones y medidas que adoptan los titulares de actividades públicas o privadas, con sus medios y dentro de su ámbito, para prevenir y controlar los riesgos sobre personas y bienes, responder a las emergencias y asegurar su integración en el sistema público de protección civil.

• Plan de autoprotección: documento que establece el marco orgánico y funcional de un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia para prevenir y controlar los riesgos, responder a las emergencias en la zona de responsabilidad del titular e integrar esa actuación con el sistema público. Comprende la identificación y evaluación de riesgos, las medidas de prevención y control y las de protección en caso de emergencia.

• Plan de actuación en emergencias: parte del plan de autoprotección que prevé la organización de la respuesta ante las emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención y la secuencia de actuación.

La regulación básica es la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, cuyas obligaciones se exigen como norma mínima o supletoria (art. 3), ampliable por las administraciones competentes.

Vigencia. El RD 524/2023 la deroga formalmente (disposición derogatoria única, apdo. 2.d), pero su disposición final primera ordena adaptar a la nueva Norma Básica de Protección Civil, en un plazo máximo de cuatro años, «la Norma Básica de Autoprotección, vigente a la entrada en vigor» de esta. No se ha aprobado ninguna norma que la sustituya, y la directriz de inundaciones de 2026 la sigue citando entre la normativa aplicable: en la práctica es la referencia de los planes de autoprotección.

Contenido mínimo del plan (anexo II del RD 393/2007), para las actividades del anexo I:

1. Identificación de los titulares y del emplazamiento.

2. Descripción detallada de la actividad.

3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

4. Inventario y descripción de medidas y medios propios de autoprotección.

5. Programa de mantenimiento de instalaciones.

6. Plan de actuación ante emergencias.

7. Integración en planes de ámbito superior.

8. Implantación del plan.

9. Mantenimiento y actualización del plan.

• Anexos: I directorio de comunicación; II formularios para la gestión de emergencias; III planos.

El capítulo 7 (integración) incluye los protocolos de notificación de la emergencia, la coordinación de quien dirige el plan de autoprotección con la dirección del plan de protección civil en que se integra, y las formas de colaboración con el sistema público. Se relaciona con la interfase: el conjunto de procedimientos y medios que garantizan el traspaso y la continuidad de la actuación entre fases o planes que se aplican sucesivamente.

Planes de emergencia. En el ámbito de la atención de urgencias existen además planes de detección, valoración y actuación en edificios o actividades concretas, por ejemplo:

• La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 13 de noviembre de 1984, sobre evacuación de centros docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional: para los centros públicos que dependían de ese ministerio, centrada en los ejercicios prácticos de evacuación, que se hacen cada año durante los tres primeros meses del curso.

• La Ley 31/1995 (Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre), cuyo artículo 20 obliga al empresario a analizar las posibles emergencias y adoptar medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designando al personal encargado y comprobando periódicamente su funcionamiento.

• El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, para las obras de construcción.

Estos planes deben prever siempre cómo avisar a los servicios públicos de urgencia, y bien elaborados aportan información muy útil durante la emergencia.

El 112 acerca los servicios de emergencia al ciudadano y les da a estos procedimientos compartidos y estandarizados para una respuesta coordinada y proporcionada. Funciona en todo el territorio europeo 24 horas al día, todos los días del año, y con tres cifras permite activar en segundos a todos los organismos competentes.

Tres claves explican su nacimiento: está ligado a la construcción europea, es un servicio público y lo hicieron posible el desarrollo de las redes de telecomunicación y la telefonía móvil.

Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991. Pidió a los Estados miembros implantar el 112 como número único europeo de urgencia y garantizar que las llamadas recibieran respuesta adecuada según la estructura nacional de cada sistema. El motivo: cada vez más ciudadanos se desplazan entre Estados y pueden verse en una urgencia sin conocer los números locales. En España había que saber, por ejemplo, el 062 (Guardia Civil), el 091 (Policía Nacional), el 092 (muchas policías locales) o el 080, 085 o 1006 (bomberos). Esta Decisión la derogó la Directiva 2002/21/CE con efectos desde el 25 de julio de 2003 (arts. 26 y 28); hoy el número único europeo de emergencia lo regula el art. 109 de la Directiva (UE) 2018/1972, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, que regula el acceso al servicio de atención de llamadas de urgencia mediante el 112. Aunque llegó con retraso respecto a la Decisión, España se situó a la vanguardia en centros de recepción y atención de urgencias. Sus rasgos principales:

• Prestación por las comunidades autónomas (art. 5.1), que crean los centros de recepción y las redes necesarias, en coherencia con la descentralización del Estado. El desarrollo de los centros 112 corrió en paralelo al impulso del sistema de protección civil.

• Acceso de todos los ciudadanos (art. 2.1) para pedir, en caso de urgente necesidad, la asistencia de los servicios de urgencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y, por la necesidad de coordinarlos, protección civil, dependan de la administración que sea. El 112 es compatible con los otros números de urgencia de las administraciones.

Características del servicio:

• Número fácil de recordar y marcar, válido en redes fijas y móviles; la llamada se dirige al centro competente según el territorio.

• Gratuidad: los ciudadanos acceden «de forma gratuita» a los centros de recepción (art. 3.1). Hoy la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, reconoce el derecho a acceder a los servicios de emergencia a través del 112 «de manera gratuita, sin contraprestación económica de ningún tipo y sin tener que utilizar ningún medio de pago» (art. 74.1).

• Universalidad: acceso de personas con discapacidad auditiva, y eliminación de barreras idiomáticas.

• Coexistencia con los números de urgencia anteriores, que no se anulan (art. 1.2).

• Identificación de la línea y localización de la llamada por las operadoras, dentro de la legislación de protección de datos, lo que agiliza la localización, guía el interrogatorio a una persona estresada y ayuda a filtrar bromas y falsas alarmas.

Como el RD 903/1997 encomienda el servicio a las comunidades autónomas sin imponer modelo (ni siquiera uno o varios centros), cada comunidad ha optado por el que mejor se adapta a sus circunstancias. En origen se tomaron como referencia las centrales de urgencia existentes y los centros privados de atención telefónica. Los dos modelos extremos son:

• Centro de despacho: recibe la llamada, localiza, clasifica y deriva al servicio competente, sin seguimiento posterior.

• Centro de atención y coordinación: integra a todos los sectores y busca una atención integral del incidente, con seguimiento hasta su resolución.

Ninguno se ha mantenido puro, pero la tendencia es a la integración, cuya expresión más visible es la presencia física de profesionales de los distintos servicios en una misma sala. El modelo multiservicio integra operativamente a todos los organismos mediante acuerdos que fijan cuándo activar cada uno, estén o no dentro del centro, y trabaja en dos niveles:

1. Atender y gestionar la llamada, para activar a los servicios necesarios con la información del alertante.

2. Movilización y gestión de recursos, que decide cada organismo interviniente.

Gestión de la información. En una emergencia, gestionar la información en tiempo real es tan importante como disponer de buenos medios. El centro 112: recoge las múltiples alertas de un mismo suceso; extrae datos rápidamente mediante interrogatorios pautados y pactados con los servicios; evita duplicidades; pone los datos a disposición inmediata de todos los servicios con apoyo informático; mantiene actualizada la evolución en una plataforma compartida; ofrece a los técnicos elementos para reevaluar la situación; y, en suma, favorece la coordinación. Cada servicio conserva su organización, pero todos comparten protocolos comunes de información y despacho.

Este trabajo ha creado perfiles específicos:

• Jefe de sala: controla y sigue las operaciones y resuelve las incidencias del servicio.

• Supervisor de emergencias: supervisa la actividad en lo organizativo, funcional y operativo.

• Operador de emergencias: atiende, cataloga y distribuye las llamadas.

Se necesitan especialistas en atención de alertas con perfil técnico y psicológico adecuado, profesionales de cada sector (seguridad, sanidad, extinción, salvamento y rescate) y especialistas en gestión integral de emergencias.

Nexo entre el sistema de urgencias y la protección civil. El centro 112 forma parte del Sistema Público de Atención de Urgencias y lo interconecta: gestiona comunicaciones e información, permite un análisis centralizado y da continuidad entre la emergencia ordinaria y la activación de un plan de protección civil, así como dentro de la estructura del plan. Cuando una emergencia evoluciona y la valoración técnica concluye que los medios ordinarios no bastan, se activa un plan de protección civil y la situación pasa a ser extraordinaria. En ese tránsito, los centros 112 aportan el lugar donde se centraliza la información que necesita la dirección del plan para decidir su activación y para gestionar después la emergencia. La normativa exige que cada plan disponga de un CECOP desde el que dirigir y coordinar, pero sin concretar mucho más; los centros 112 han venido a cubrir ese hueco como herramienta permanente de gestión común a ambos ámbitos.