Tema 1: Competencias y organización administrativa a nivel estatal y en la Comunicad de Castilla y León en materia…

1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el departamento competente, en el ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.

Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ámbito de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, cambio climático, protección de la biodiversidad, medio ambiente, montes, meteorología y climatología; la gestión directa del dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias, del dominio público marítimo-terrestre; la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.

Asimismo, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la elaboración de la legislación estatal en materia de energía, el desarrollo de la política energética nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento energético, coordinación con el resto de ministerios y seguimiento de políticas en aquellos ámbitos relacionados con el cumplimiento de los objetivos en materia de política de energía, y la coordinación de la proyección exterior en la materia, garantizando una correcta regulación del sector y el análisis y seguimiento de los mercados energéticos, junto con las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de minería, todo ello en el marco de la transición ecológica justa.

Además, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la elaboración y el desarrollo de la estrategia y la política del Gobierno frente al reto demográfico, así como la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la despoblación.

La atribución de las anteriores competencias al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se produce sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología en relación con las potestades administrativas correspondientes a la citada Agencia.

2. Al titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le corresponde el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

3. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales, así como, en su caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En particular, todas las competencias relacionadas con las instituciones de la Unión Europea o con organismos internacionales se ejercerán en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y, en su caso, con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

4. Son órganos superiores y directivos del Departamento, dependientes directamente del titular del Ministerio:

a) La Secretaría de Estado de Energía.

b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

c) La Secretaría General para el Reto Demográfico.

d) La Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

e) El Comisionado para las Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento, con rango de Subsecretaría.

f) El Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, con rango de Subsecretaría.

g) El Comisionado para la Economía Circular, con rango de Subsecretaría.

5. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata, depende directamente de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un Gabinete, con el rango y composición establecidos en el artículo 23.1 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

6. Las relaciones que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Seguridad Nuclear establezca con el Gobierno, se desarrollarán a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

7. Las relaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se canalizarán a través de la Secretaría de Estado de Energía en las materias que le sean propias.

1. Corresponden a la Dirección General del Agua las competencias que le atribuye el artículo 66.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y específicamente las siguientes:

a) El apoyo a los organismos de cuenca para la elaboración coordinada de los planes hidrológicos, así como el establecimiento de calendarios, metodologías y criterios homogéneos para la revisión de los planes hidrológicos en las demarcaciones hidrográficas. El desarrollo de las bases de datos y sistemas de información necesarios para reunir la información estatal sobre la planificación hidrológica y otros temas conexos y su comunicación a la Comisión Europea. La elaboración y seguimiento de planes estratégicos y otros instrumentos, así como la coordinación con los planes sectoriales o de ámbito regional que afecten a la planificación hidrológica. El seguimiento de las directivas de la Unión Europea en estas materias.

b) La coordinación de la información sobre los datos y las previsiones hidrológicas y de calidad del agua y, en general, de aquella que permita un mejor conocimiento de los recursos y del dominio público hidráulico.

c) La coordinación y seguimiento de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en relación con la gestión de las situaciones de sequía.

d) La elaboración de criterios de aplicación del régimen económico-financiero del dominio público hidráulico; la coordinación de los instrumentos financieros para el desarrollo de las actuaciones competencia de la Administración General del Estado en materia de aguas; los informes de viabilidad de las actuaciones que se desarrollen por parte de la Dirección General del Agua y sus organismos, así como las relaciones con las sociedades estatales de aguas.

e) La elaboración del proyecto de presupuesto y los objetivos anuales de gestión de la Dirección General, así como su control y seguimiento; la programación y elaboración de los proyectos financiables con fondos europeos y su seguimiento y evaluación; la tramitación y gestión de económico-financiera de los expedientes de gasto y control de las certificaciones de obras y la documentación contable inherente; la gestión económica de las subvenciones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a la Dirección General del Agua.

f) La elaboración de información y bases de datos sobre el valor económico de los usos del agua y de los daños medioambientales en el dominio público hidráulico.

g) La realización, supervisión y control de estudios y proyectos y de infraestructuras hidráulicas competencia de la Dirección General, así como su explotación.

h) Las funciones y cometidos derivados de su condición de Administración hidráulica competente en materia de control de la seguridad de las presas y embalses en las cuencas intercomunitarias, y de las presas y embalses de titularidad estatal en cuencas intracomunitarias que comprenden la inspección y el control de la seguridad; el mantenimiento actualizado del Inventario de presas, así como la elaboración de las recomendaciones técnicas, manuales o normas en relación con la seguridad del proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de las obras hidráulicas.

i) El fomento de proyectos que faciliten el ahorro, una mejor la gestión de la demanda, la obtención y aplicación de recursos hídricos no convencionales para aumentar la seguridad hídrica, así como el apoyo a aquellos proyectos que promuevan la eficiencia energética de acuerdo con la política energética. Asimismo, la promoción y colaboración en programas y proyectos de investigación e innovación y desarrollo del conocimiento, incluyendo el desarrollo de acuerdos o convenios con otros organismos públicos y asociación con entidades privadas.

j) La realización, supervisión y control de estudios y proyectos de obras y de conservación de los acuíferos; la realización de actuaciones para la recuperación de los acuíferos en mal estado cuantitativo y químico, en coordinación con otras administraciones competentes.

k) El otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y otros derechos sobre el dominio público hidráulico, así como el régimen sancionador que sean competencia del Ministerio y el apoyo a los organismos de cuenca en el marco de sus competencias.

l) La organización, control y seguimiento del registro electrónico de aguas y la base central del agua, así como la coordinación de los registros de aguas en los Organismos de cuenca y con otros registros oficiales.

m) La promoción del voluntariado ambiental y de otras formas de sensibilización y participación de los ciudadanos en la gestión del dominio público hidráulico.

n) La vigilancia, el seguimiento y el control del estado de las masas de agua continentales superficiales; la coordinación de las tareas de control y conservación del dominio público hidráulico por los organismos de cuenca: la implementación de la estrategia nacional de restauración de ríos y la recuperación ambiental de las masas de agua.

ñ) La coordinación de la evaluación y gestión de los riesgos en el estado de las masas de agua, así como de los riesgos causados por las inundaciones, incluyendo la coordinación de las medidas de protección y adaptación al cambio climático; la elaboración de recomendaciones técnicas y guías; la gestión y mantenimiento del Sistema Nacional de Cartografía de las Zonas Inundables; la comunicación a la Comisión Europea de datos en materia de inundaciones y seguimiento de Directivas de la Unión Europea en estas materias.

o) La coordinación de la información sobre los datos y las previsiones hidrológicas y de calidad del agua y, en general, de aquella información que permita un mejor conocimiento y control de los recursos tanto de aguas superficiales como subterráneas y del dominio público hidráulico en su conjunto.

p) El seguimiento y control de las actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y el fomento de las medidas para combatir la contaminación de las aguas, la coordinación del establecimiento y mantenimiento de los censos de vertidos en los Organismos de cuenca y la gestión y mantenimiento del Censo Nacional de Vertidos en coordinación con otras administraciones competentes; el desarrollo de actuaciones para el fomento de la digitalización en la información hidrológica y en el uso de los recursos hídricos; la vigilancia y control de los contaminantes emergentes y el establecimiento de medidas y el seguimiento de Directivas de la Unión Europea en estas materias.

q) La participación en la representación del Ministerio en los organismos internacionales y el seguimiento de los acuerdos multilaterales y bilaterales y convenios internacionales en las materias de su competencia y en su caso, la ejecución de sus programas de trabajo. Ejercer como punto focal nacional ante la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convención sobre el Agua) y su Protocolo sobre Agua y Salud y llevar la Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA).

r) El seguimiento y desarrollo del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hispano-portuguesas hecho ad referendum en Albufeira, el 30 de noviembre de 1998.

s) La elaboración de propuestas normativas y de desarrollo y aplicación de la normativa en materia de aguas, incluyendo la preparación de convenios, y la coordinación de la gestión patrimonial de los bienes inmuebles adscritos a la Dirección General del Agua.

t) El desarrollo de medidas de participación pública, coordinación de la publicidad y comunicación institucionales, y trasparencia y coordinación de la elaboración de las memorias de la Dirección General del Agua.

2. De la Dirección General del Agua dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Planificación Hidrológica, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos a), b) y r) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria que ejerce las competencias indicadas en los párrafos c) a e) del apartado anterior.

c) La Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras que ejerce las competencias indicadas en los párrafos f) a k) del apartado anterior.

d) La Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos que ejerce las competencias indicadas en los párrafos n) a p) del apartado anterior.

3. Bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente quedan adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua, los siguientes organismos autónomos:

a) Las Confederaciones Hidrográficas:

1.º Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.

2.º Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.

3.º Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.

4.º Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A.

5.º Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A.

6.º Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A.

7.º Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

8.º Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A.

9.º Confederación Hidrográfica del Ebro, O.A.

b) La Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

4. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejerce la tutela de las sociedades estatales reguladas por el artículo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Acuaes, S.M.E., y Acuamed, S.M.E., a través de la Dirección General del Agua.

1. Corresponden a la Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general, las competencias que le atribuye el artículo 66.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y específicamente las siguientes:

a) La formulación de la política nacional de cambio climático, de conformidad con la normativa internacional y de la Unión Europea en la materia, así como la propuesta de la normativa y el desarrollo de los instrumentos de planificación y administrativos que permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha política.

b) El ejercicio de las funciones técnicas y de gestión del secretariado de los órganos colegiados en materia de cambio climático.

c) El asesoramiento a los distintos órganos de la Administración General del Estado en los asuntos relacionados con el cambio climático.

d) La colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales en el análisis de las cuestiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático en las materias de su competencia.

e) La realización y fomento de actividades de información y divulgación en materia de cambio climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del artículo 12 del Acuerdo de París.

f) La relación con las instituciones internacionales, europeas, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás agentes sociales para colaborar en iniciativas relacionadas con la lucha frente al cambio climático.

g) La representación del Ministerio en los organismos internacionales, así como los europeos y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia y, en particular, ejercer como punto focal nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Acuerdo de París y ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

h) El fomento y seguimiento de la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías que hagan posible la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la adaptación al cambio climático y la observación del clima.

i) La propuesta y fomento de las evaluaciones relativas a los impactos, los riesgos y la adaptación al cambio climático.

j) El fomento de la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de las políticas sectoriales.

k) La coordinación de cuantos planes y programas se desarrollen en relación con las medidas y estrategias de adaptación al cambio climático.

l) El fomento de la integración de la mitigación de gases de efecto invernadero en las distintas políticas sectoriales.

m) El análisis y propuesta de medidas para favorecer el desarrollo y la gestión sostenible de los sumideros de carbono y el seguimiento de la normativa europea y nacional en la materia.

n) El análisis y propuesta de medidas para favorecer la mitigación en el ámbito de los gases fluorados de efecto invernadero, y el seguimiento de la normativa europea y nacional en la materia.

ñ) El ejercicio de las funciones atribuidas a la Oficina Española de Cambio Climático por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, así como aquellas tareas de fomento e impulso del cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono.

o) El análisis y seguimiento específico de las políticas y medidas de mitigación para combatir las causas del cambio climático en los sectores difusos no energéticos y en los sumideros de carbono.

p) La evaluación de proyectos, planes y normativa en sus impactos frente al cambio climático tanto en mitigación como en adaptación cuando estén sujetos a dicha evaluación, así como el desarrollo de instrumentos armonizados que la faciliten.

q) El ejercicio de las funciones atribuidas al Ministerio por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en relación con la aplicación de la normativa de comercio de derechos de emisión a las instalaciones fijas, la aviación y el transporte marítimo, incluyendo el inicio, la instrucción y la elaboración de propuestas de resolución de expedientes sancionadores en los supuestos en los que esta ley atribuye la potestad sancionadora al Consejo de Ministros.

r) El ejercicio de cuantas funciones atribuya la normativa al Ministerio en relación con el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, establecido en la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión.

s) El ejercicio de cuantas funciones atribuya la normativa al Ministerio en relación con el nuevo mecanismo de ajuste en frontera por carbono, establecido en el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.

t) El ejercicio de cuantas funciones le atribuya la normativa en relación con el Registro Nacional de Derechos de Emisión, adscrito a esta Dirección General. En particular, le corresponde la dirección de la actividad del registro, la coordinación con los órganos competentes para la aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo; las relaciones con la entidad que tenga encomendada, en su caso, su administración y la aprobación de cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico deban dar soporte a la concreta actividad del Registro.

u) El ejercicio de cuantas funciones atribuya la normativa al Ministerio en relación con los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.

v) El fomento y propuesta para la utilización de los instrumentos de mercado, incluyendo los creados al amparo de normas de Derecho internacional y comunitario, en particular con el fin de cumplir los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España en materia de cambio climático. Promover la coordinación de la financiación climática con otros instrumentos y líneas de apoyo para que sean compatibles con los objetivos del Acuerdo de París.

w) El ejercicio de las funciones que le atribuye el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, en relación con el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.

2. De la Oficina Española del Cambio Climático dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Mitigación del Cambio Climático, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos l) a p) del apartado anterior, así como las enumeradas en los párrafos a) a h) en materias relacionadas con la mitigación del cambio climático de los sectores difusos y de los sumideros de carbono.

b) La Subdirección General de Mercados de Carbono, que ejerce las funciones indicadas en los párrafos q) a w) así como las enumeradas en los párrafos a) a h) en materia de mercados de carbono.

c) La Subdirección General de Adaptación al Cambio Climático, que ejerce las funciones indicadas en los párrafos i) a k) así como las enumeradas en los párrafos a) a h) en materia de adaptación del cambio climático.

1. Corresponden a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental las competencias que le atribuye el artículo 66.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y específicamente las siguientes:

a) La elaboración de los planes, programas y propuestas normativas en materia de calidad del aire, prevención, reducción y control de la contaminación, incluida la contaminación acústica y química, prevención y gestión de los residuos, economía circular, contaminación de suelos, así como en materia de responsabilidad medioambiental.

b) La tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de competencia estatal y de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia estatal.

c) El ejercicio del papel de autoridad competente del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, sin perjuicio de las funciones técnicas y, en particular, de carácter estadístico que correspondan a otros órganos del departamento.

d) La evaluación del riesgo ambiental de productos, sustancias y mezclas químicas, la clasificación de sus peligros para el medioambiente, así como el ejercicio de la función de autoridad competente en los aspectos medioambientales, que competen a la Dirección General, de la normativa de la Unión Europea en materia de sustancias químicas, y en materia de organismos modificados genéticamente, así como la coordinación y Presidencia de la Comisión Nacional de Bioseguridad.

e) La coordinación de la participación voluntaria de las organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y en la etiqueta ecológica de la Unión Europea.

f) La gestión de registros en el ámbito de sus competencias y, en particular, del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España, del Registro de productores de productos asociado a la gestión de residuos, del Registro de Producción y Gestión de Residuos, del Sistema de Información de Residuos y del Registro Nacional de Lodos.

g) La autorización, inspección y sanción de los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la Unión Europea y las funciones de autoridad nacional cuando España sea Estado de tránsito.

h) El ejercicio de las funciones de representación del Ministerio en los organismos internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia.

i) La instrumentación de los mecanismos necesarios para la integración de los aspectos ambientales y de sostenibilidad, en el conjunto de las planes, programas y normas sectoriales.

2. De la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico de Subdirección General:

a) La Subdirección General de Residuos, que ejerce las competencias indicadas en el párrafo g), en los párrafos a), h) e i) del apartado anterior en lo que respecta a residuos y suelos contaminados, y en el párrafo f) en lo que respecta al Registro de productores de productos asociado a la gestión de residuos, Registro de Producción y Gestión de Residuos, Sistema de Información de Residuos y Registro Nacional de Lodos.

b) La Subdirección General de Prevención de la contaminación, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos c), d), e) y f) del apartado anterior y en los párrafos a), h) e i) en lo que respecta a prevención, reducción y control de la contaminación, incluida la contaminación atmosférica, acústica y química.

c) La Subdirección General de Evaluación Ambiental, que ejerce las competencias señaladas en el párrafo b) y en los párrafos h) e i) del apartado anterior en lo que respecta a evaluación ambiental. Asimismo, le corresponde elevar la propuesta de resolución de los procedimientos de evaluación ambiental, cuya resolución corresponde a la Dirección General.

1. Corresponden a la Dirección General de la Costa y el Mar las competencias que le atribuye el artículo 66.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y específicamente las siguientes:

a) La coordinación con comunidades autónomas, entidades locales y organismos públicos de las actuaciones o proyectos que contribuyan a la protección y conservación de la costa y el mar.

b) La dirección de las demarcaciones y servicios provinciales de costas como servicios territoriales no integrados.

c) La determinación del dominio público marítimo-terrestre mediante el procedimiento de deslinde, así como la adopción de las medidas necesarias para asegurar su integridad y adecuada conservación.

d) La gestión del dominio público marítimo-terrestre, en particular de la ocupación o aprovechamiento, y su tutela y policía.

e) La emisión del informe relativo a la reserva del dominio público marítimo-terrestre y la representación del Ministerio en la suscripción del acta correspondiente.

f) La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes.

g) La gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo-terrestre.

h) La emisión de los informes previos a la aprobación provisional y definitiva de los planes urbanísticos litorales.

i) La protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo-terrestre, en particular, de las playas, sistemas dunares y humedales litorales, así como la redacción, realización, supervisión, control e inspección de estudios, proyectos y obras de defensa y restauración. La protección, conservación y restauración de humedales costeros se realizará en coordinación con las competencias de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

j) La elaboración del proyecto de presupuesto de la Dirección General, así como su control y seguimiento. La tramitación y gestión de contratos, la revisión y control de las certificaciones de obras y la documentación contable inherente. La programación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiables con fondos europeos.

k) La promoción y coordinación de planes, programas y medidas para la adaptación al cambio climático en el litoral, incluyendo la redacción, realización, supervisión, control e inspección de estudios, proyectos y obras para dicha finalidad.

l) La participación, en representación del Ministerio, en los organismos internacionales y seguimiento de los convenios internacionales en materia de protección de la costa, adaptación de la costa al cambio climático y gestión integrada de zonas costeras.

m) El desarrollo de las competencias del Departamento derivadas de la Directiva Marco del Agua en aguas costeras y de transición en lo que afecta al litoral, así como de la Directiva sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundación en lo referente a la inundación costera.

n) La elaboración de informes técnicos en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental referentes al medio costero.

ñ) La coordinación de la aplicación en España de la gestión integrada de zonas costeras.

o) Las funciones derivadas de las competencias que la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, atribuye al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en lo referente a las estrategias marinas y los informes preceptivos referentes a vertidos, actividades y proyectos en el medio marino.

p) El seguimiento de las especies y hábitats marinos en el marco de las estrategias marinas, en colaboración y coordinación con la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, de forma que este seguimiento cumpla con los requisitos exigidos por la normativa europea, y en particular la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, la Directiva Hábitats y la Directiva Aves.

q) El desarrollo de las competencias del Departamento derivadas de la Directiva Marco del Agua en aguas costeras en lo que afecta al medio marino, y en particular la coordinación con las comunidades autónomas costeras.

r) El desarrollo de directrices comunes para las actuaciones humanas en el medio marino, con el fin de garantizar la coherencia con los objetivos de las estrategias marinas.

s) La participación en representación del Ministerio en los organismos y convenios internacionales en materia de protección del medio marino, en coordinación con la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Departamento y con otros departamentos, así como el ejercicio de la función de punto focal nacional en el Convenio sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste (convenio OSPAR) y en el Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona).

t) La elaboración de informes previos en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental referentes al medio marino.

u) La elaboración o dirección de estudios, propuestas y planes, en materia de protección del litoral frente a la contaminación marítima accidental y, en particular, la aplicación del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación.

v) La colaboración con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y otros departamentos ministeriales para potenciar las actuaciones en materia de protección de la ribera del mar.

w) La ordenación del espacio marítimo.

2. De la Dirección General de la Costa y el Mar, dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos c) a g) del apartado anterior.

b) La Subdirección General para la Protección de la Costa que ejerce las competencias indicadas en los párrafos i) a ñ) del apartado anterior.

c) La Subdirección General para la Protección del Mar, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos o) a w).

3. Las demarcaciones y servicios provinciales de costas, como servicios territoriales no integrados, dependen de la Dirección General de la Costa y del Mar, con el nivel orgánico que se determine en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.

1. Corresponden a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación las competencias que le atribuye el artículo 66.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y específicamente las siguientes:

a) La formulación de la política nacional en materia de protección, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad terrestre y marina, así como en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, su promoción y el fomento de su integración en el conjunto de las políticas sectoriales sociales y económicas, y su coordinación y cooperación con las comunidades autónomas, sin perjuicio de sus competencias.

b) La participación en la planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad y la promoción, en el ámbito de las competencias del Ministerio, de la investigación forestal y de la educación y formación forestal.

c) El ejercicio de las funciones de representación del Ministerio en los organismos internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia como punto focal nacional en:

1.º La Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación.

2.º El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya.

3.º El Convenio de Ramsar.

4.º El Convenio de Bonn.

Asimismo, le corresponde la representación del Ministerio en la Comisión Ballenera Internacional, el Foro Forestal de Naciones Unidas, y la Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa, entre otros.

d) La planificación, la formulación de estrategias, planes, programas, directrices básicas comunes y medidas para la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, y en coordinación, en el caso de la conservación de la diversidad biológica y de los recursos del medio marino, con la Dirección General de la Costa y el Mar, como parte fundamental de las medidas de las estrategias marinas de España. El seguimiento y la evaluación del estado de la biodiversidad, el impulso de la ejecución, el seguimiento y la evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030, la coordinación y el impulso en la planificación de restauración de ecosistemas terrestres y marinos.

e) Las funciones derivadas de las competencias que el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, atribuye a la Administración General del Estado y las que la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, atribuye al Ministerio, en lo referente a los espacios marinos protegidos, incluida su propuesta de declaración y gestión, la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y las especies y hábitats marinas, y los informes preceptivos de afección a hábitats y especies marinas y a espacios marinos protegidos.

f) El inicio y tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones graves y leves en materia de biodiversidad marina regulados por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos o departamentos.

g) El inicio y tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones muy graves en materia de biodiversidad marina regulados por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, así como la imposición de sanciones por infracciones graves o leves, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos o departamentos.

h) El seguimiento de la biodiversidad marina en el ámbito de la aplicación de las Directiva Hábitats y Aves y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, así como, en colaboración y coordinación con Dirección General de la Costa y del Mar, en el marco de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre.

i) Las funciones derivadas de las competencias que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, atribuye a la Administración General del Estado no especificadas en anteriores apartados, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos o departamentos.

j) La elaboración de criterios comunes para el desarrollo, conservación, gestión y financiación de la Red Natura 2000 y de los espacios naturales protegidos, incluyendo los humedales, y su integración en las políticas sectoriales, en especial las de desarrollo rural y pesquera, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las de planificación hidrológica, en coordinación con la Dirección General del Agua, y las de gestión del dominio público marítimo-terrestre, en coordinación con la Dirección General de la Costa y el Mar.

k) La representación de los intereses españoles en la Unión Europea y foros internacionales en el ámbito del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Las actuaciones en calidad de autoridad administrativa del Convenio CITES, y órgano de gestión principal del Convenio CITES, en los términos que prevé el Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, sobre medidas de aplicación del citado convenio y del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

l) La elaboración de informes previos a los pronunciamientos ambientales de los procedimientos de evaluación ambiental, cuando resulten exigibles por la aplicación de la normativa de biodiversidad.

m) Las funciones derivadas de las competencias que la legislación de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias atribuye a la Administración General del Estado en particular la propuesta y definición, en colaboración con las comunidades autónomas, de los objetivos generales de la política forestal española mediante la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español, la elaboración de las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible, y la coordinación, en el ámbito de sus competencias, de su aplicación y seguimiento.

n) El despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas para la cobertura de los montes contra incendios y en particular, la planificación, coordinación, ejecución, modernización y seguimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales, en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.

ñ) La actualización, impulso e implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD) y de su Plan de Acción asociado.

o) El desarrollo del Plan de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación. La realización, supervisión y control de estudios y proyectos de restauración forestal y medioambiental y su ejecución mediante obras declaradas de interés general o de emergencia en terrenos afectados por inundaciones, temporales extraordinarios o grandes incendios que supongan riesgo inmediato de erosión del suelo o grave peligro para poblaciones o bienes, en el ámbito de actuación de la Administración General del Estado.

p) El ejercicio de las funciones en materias de competencia estatal para el cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT para las importaciones de madera en la Comunidad Europea, y del Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (EUDR), así como del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (EUTR).

q) La aplicación y el seguimiento de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, y coordinación y cooperación respecto a la normativa de materiales forestales de reproducción, sin perjuicio de sus respectivas competencias.

r) La recopilación, digitalización, elaboración y sistematización de la información forestal para mantener y actualizar la información forestal española en las materias competencia de la Dirección General y su integración en el Inventario Español de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

s) El desarrollo, la implantación y la gestión del Sistema Integrado de Información de la Biodiversidad en España, para la generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.

t) El análisis, la modelización y proyecciones en diferentes escenarios y la provisión de información y servicios de analítica avanzada sobre el patrimonio natural y la biodiversidad a los órganos del departamento y a otras administraciones públicas para el apoyo a la planificación y toma de decisiones en las diferentes políticas públicas.

u) La implantación del gobierno del dato en materia de biodiversidad y patrimonio natural; así como la remisión de los datos establecidos en los compromisos internacionales y la transmisión a la sociedad mediante un sistema único de estadísticas e indicadores, sin perjuicio de las funciones técnicas y, en particular, de carácter estadístico que correspondan a otros órganos del departamento.

v) La elaboración del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; la contabilidad del patrimonio natural en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística; el desarrollo de la Red EIONET y la función de centro nacional de referencia de la Agencia Europea de Medio Ambiente en estas materias.

w) La elaboración y coordinación de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional, en coordinación con la Subsecretaría, así como los conjuntos de datos espaciales incluidos en el Plan Cartográfico Nacional, relativos a las competencias de la Dirección General.

x) La generación y difusión de información y documentación especializada en materia de biodiversidad, bosques y desertificación.

2. De la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos d) a f) y h) a l), y en materia de biodiversidad las señaladas en los párrafos a) a c) y o) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos m) a ñ) y p) a r); y en materia de política forestal y lucha contra la desertificación las señaladas en los párrafos a) a c) y o) del apartado anterior.

c) La Subdirección General del Sistema Integrado de Información de la Biodiversidad, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos s) a x), y en materia de gestión de información las señaladas en los párrafos a) a c) del apartado anterior.

3. Bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se adscribe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, el Organismo Autónomo Parques Nacionales.

4. Se adscribe a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación la Fundación Biodiversidad, fundación del sector público.

1. Compete a la Consejería de Medio Ambiente y Energía, en el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad, bajo la superior dirección del titular de la Consejería, promover y dirigir la política en materia de:

a) Gestión del patrimonio natural de la Comunidad, montes, aprovechamientos y usos forestales y vías pecuarias.

b) Ayudas al sector forestal, incluidas las explotaciones forestales, el asesoramiento forestal y la industria forestal no alimentaria de primera transformación.

c) Infraestructuras de desarrollo rural forestal.

d) Restauración, genética y sanidad forestal.

e) Prevención y extinción de incendios forestales.

f) Red de áreas naturales protegidas y su uso público.

g) Conservación de hábitats naturales.

h) Restauración ambiental.

i) Transición energética.

j) Economía circular.

k) Infraestructuras de abastecimiento y depuración de agua.

l) Encauzamientos y defensas de márgenes fluviales en áreas urbanas.

m) Gestión de residuos e infraestructuras para su tratamiento.

n) La política energética y minera.

ñ) El ejercicio de las funciones de coordinación, ejecución e inspección en todas las materias anteriores y cualquier otra que se le atribuya, delegue o encomiende.

2. A tal efecto, se le atribuyen las competencias, funciones y servicios asumidos por la Comunidad, o que en su día se asuman, relativos a dichas materias y cuantas otras pudieran corresponderle en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

3. A esta Consejería está adscrito el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León.

1. La Consejería de Medio Ambiente y Energía se estructura en los siguientes órganos directivos centrales:

a) Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía.

b) Secretaría General.

c) Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

d) Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

e) Dirección General de Infraestructuras y Economía Circular.

f) Dirección General de Energía y Minas.

2. Corresponde a los titulares de estos órganos las atribuciones previstas en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Como órgano de deliberación y coordinación de las actividades de la Consejería, existe un Consejo de Dirección, presidido por el titular de la Consejería y del que forman parte los titulares de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, de la Secretaría General y de las Direcciones Generales. A sus reuniones podrán asistir otras personas convocadas expresamente por el titular de la Consejería.

1. El titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía ejercerá, sobre las materias previstas en el artículo 5 del Decreto 3/2026, de 24 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y regulan las Viceconsejerías, las funciones establecidas en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Dependerán de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, respecto de las atribuciones que este Decreto detalla para cada centro directivo, y dentro de su sector de actividad, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, la Dirección General de Infraestructuras y Economía Circular y la Dirección General de Energía y Minas.

3. Asimismo, se adscribe a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León.

Además de las competencias previstas en el artículo 39 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Energía:

a) Resolver las reclamaciones en materia de personal que estén sujetas al derecho laboral.

b) La administración de los créditos y la tramitación de las propuestas de pago que correspondan a la Consejería.

c) La tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la Consejería.

d) La tramitación y propuesta de la revisión de oficio de disposiciones administrativas.

e) La dirección del archivo y custodia de los expedientes administrativos de la Consejería.

f) La gestión de los recursos informáticos de la Consejería, en el marco de las directrices y coordinación de la Consejería competente en materia de administración digital.

g) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponden a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, bajo la dependencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, las siguientes atribuciones:

a) La planificación y programación de la política sobre medio natural y patrimonio natural.

b) La administración y gestión directa de los bienes de naturaleza forestal titularidad de la Comunidad de Castilla y León y de las vías pecuarias y la gestión técnico-facultativa de los montes catalogados de utilidad pública.

c) La prevención, seguimiento y control de plagas y enfermedades forestales.

d) El uso público del medio natural.

e) La gestión de la red de áreas naturales protegidas, la dirección y conservación de la red de espacios naturales protegidos y la coordinación de las reservas de la biosfera.

f) Las relativas a restauración hidrológico-forestal y de terrenos afectados por incendios forestales, lucha contra la erosión y conservación de suelos forestales, así como la conservación y mejora de los recursos genéticos forestales, el control y comercialización de materiales forestales de reproducción y la autorización de materiales de base.

g) La planificación, programación, ejecución y gestión en materia de infraestructuras ligadas a la conservación, protección, y ordenado aprovechamiento del medio natural, y entre ellas las infraestructuras de desarrollo rural forestal.

h) La coordinación operativa de las acciones de la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos en las materias de su competencia.

i) La planificación e inventario forestal, así como la regulación de los aprovechamientos y usos forestales.

j) La ordenación de la producción forestal, el asesoramiento a las explotaciones forestales, la extensión forestal y la innovación, investigación y desarrollo en el sector.

k) La modernización, mejora y promoción de las explotaciones forestales y de las industrias forestales no alimentarias de primera transformación, a través de los mecanismos previstos en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional u otros equivalentes.

l) La promoción industrial y comercial de los productos derivados de los montes, así como el fomento de su empleo y el control de su trazabilidad, sin perjuicio de las competencias que sobre esta materia tengan asumidas otras Consejerías.

m) La evaluación de las repercusiones de planes y proyectos sobre la Red Natura 2000.

n) La planificación y ordenación de usos del patrimonio natural.

ñ) La restauración y conservación del paisaje, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan asumidas otras Consejerías.

o) La preparación de los asuntos competencia de la Dirección General que se eleven a los órganos colegiados de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

p) La coordinación y seguimiento con otras Administraciones Públicas de las actuaciones que realicen y que sean de interés para la Comunidad de Castilla y León.

q) La planificación, programación, gestión y ejecución de las acciones de divulgación, formación y participación en las materias competencia de la Dirección General.

r) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponden a la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, bajo la dependencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, las siguientes atribuciones:

a) La programación en materia de prevención de incendios forestales en montes y vías pecuarias gestionados por la Consejería, así como en materia de infraestructuras preventivas y el apoyo a las entidades locales en la planificación y ejercicio de sus competencias en prevención.

b) La gestión, control y equipamiento para la realización de trabajos de naturaleza preventiva por parte de los medios del operativo de lucha contra incendios forestales que tengan encomendada.

c) La programación, gestión, control y equipamiento de las actuaciones en materia de extinción de incendios forestales.

d) La dirección técnica del operativo de lucha contra los incendios forestales.

e) La programación, gestión y control de las actuaciones en materia de detección de incendios forestales y la investigación de sus causas.

f) La dirección del Centro para la Defensa contra el Fuego.

g) La coordinación operativa de las acciones de la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos en las materias de su competencia.

h) La planificación, programación, gestión y ejecución de las acciones de divulgación, formación y participación en las materias competencia de la Dirección General.

i) Cualquier otra función que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponden a la Dirección General de Infraestructuras y Economía Circular, bajo la dependencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía en las materias de su sector de actividad, las siguientes atribuciones:

a) La planificación, programación, gestión y ejecución en las materias de residuos y suelos contaminados.

b) El impulso, coordinación, fomento y ejecución de actuaciones que contribuyan a la implantación y desarrollo de la economía circular.

c) El impulso y ejecución de proyectos para el uso energético de la biomasa forestal.

d) La planificación e impulso de las actuaciones de interés de la Comunidad en materia de abastecimiento de agua, depuración de aguas residuales y encauzamientos y defensas de márgenes en áreas urbanas.

e) La gestión de actuaciones para la mejora ambiental y paisajística del entorno en áreas urbanas y rurales, en particular las que corresponden a restauración de áreas afectadas por actividades mineras.

f) La planificación e impulso del uso racional del agua y de las infraestructuras necesarias para su gestión, en colaboración con las confederaciones hidrográficas y las entidades locales.

g) La planificación, programación y apoyo a las infraestructuras para el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

h) La coordinación de los asuntos relacionados con el desarrollo de nuevas normas y programas de gestión europeos en materia de competencias de esta Consejería.

i) La preparación de los asuntos competencia de la Dirección General que se eleven a los órganos colegiados de la Consejería.

j) La coordinación y seguimiento con otras Administraciones Públicas de las actuaciones que realicen y que sean de interés para la Comunidad de Castilla y León.

k) La coordinación operativa de las acciones de la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos en las materias de su competencia.

l) La planificación, programación, gestión y ejecución de las acciones de divulgación, formación y participación en las materias competencia de la Dirección General.

m) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.