Principios fundamentales de la bioética

Concepto de bioética

La bioética es la rama de la ética que estudia los problemas morales que surgen de las ciencias de la vida y de la salud (medicina, enfermería, investigación biomédica, biotecnología). El término fue acuñado por el oncólogo y bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter en 1970-1971 (obra Bioethics: Bridge to the Future), quien la concibió como un "puente" entre las ciencias biológicas y los valores humanos para garantizar la supervivencia de la especie.

La bioética se apoya en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo ser humano: la persona vale por sí misma, nunca puede ser tratada únicamente como un medio. De esta dignidad se derivan el respeto a la integridad, a la libertad y a los derechos fundamentales del paciente.

Origen: el Informe Belmont (1978)

Los principios de la bioética moderna tienen su raíz en el Informe Belmont, elaborado en 1978 (publicado en 1979) por la National Commission de Estados Unidos tras los abusos en experimentación con humanos (caso Tuskegee). El Informe Belmont formuló tres principios éticos básicos para la investigación con seres humanos:

1. Respeto a las personas (autonomía): tratar a los individuos como agentes autónomos y proteger a quienes tienen la autonomía disminuida.

2. Beneficencia: no causar daño y maximizar los beneficios reduciendo los posibles perjuicios.

3. Justicia: distribución equitativa de cargas y beneficios.

Los cuatro principios de Beauchamp y Childress

Partiendo del Informe Belmont, Tom L. Beauchamp y James F. Childress desarrollaron en 1979 (obra Principles of Biomedical Ethics) el modelo principialista de los cuatro principios, que es el marco de referencia hoy más extendido en la práctica asistencial:

1. Autonomía: respeto a la capacidad del paciente para tomar decisiones libres e informadas sobre su propia salud, de acuerdo con sus valores. Es el fundamento ético del consentimiento informado y del documento de instrucciones previas/voluntades anticipadas.

2. No maleficencia: obligación de no causar daño (raíz del clásico primum non nocere). Prohíbe actuaciones que perjudiquen al paciente y exige una correcta praxis (lex artis).

3. Beneficencia: deber de hacer el bien, actuar en interés y beneficio del paciente, promoviendo su bienestar y previniendo el daño.

4. Justicia: trato equitativo y no discriminatorio; distribución justa de los recursos sanitarios (que son limitados) y de los cuidados, sin discriminación por edad, sexo, condición social, ideología, etc.

En el modelo original, ninguno de los cuatro principios es absoluto: son obligaciones prima facie (obligan salvo que entren en conflicto con otro principio de mayor peso en una situación concreta), y el conflicto se resuelve ponderando según el contexto.

La jerarquización de Diego Gracia

El bioeticista español Diego Gracia propuso una jerarquización de los cuatro principios ("principialismo jerarquizado"), como corrección al modelo de Beauchamp y Childress, para evitar que la decisión quede sujeta solo al contexto. Distingue dos niveles:

• Nivel 1 — ética de mínimos (ámbito público): la no maleficencia y la justicia. Son deberes de obligado cumplimiento para todos, exigibles incluso contra la voluntad de la persona, porque expresan que todos los seres humanos somos iguales (no discriminación biológica y social). El Estado puede imponerlos coactivamente. Tienen prioridad sobre el nivel 2.

• Nivel 2 — ética de máximos (ámbito privado): la autonomía y la beneficencia. Dependen del propio sistema de valores y del ideal de felicidad de cada persona; pertenecen al proyecto vital de cada individuo y no pueden imponerse desde fuera.

Así, ante un conflicto, los principios del nivel 1 (no maleficencia y justicia) prevalecen sobre los del nivel 2 (autonomía y beneficencia).

El Convenio de Oviedo (1997)

El Convenio de Oviedo (Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina), impulsado por el Consejo de Europa, se firmó en Oviedo el 4 de abril de 1997. España lo ratificó en 1999 y entró en vigor en España el 1 de diciembre de 1999. Es el primer instrumento jurídico internacional vinculante en bioética: protege la dignidad y la identidad del ser humano, consagra la primacía del ser humano sobre el interés de la ciencia o la sociedad, y exige el consentimiento libre e informado para cualquier intervención sanitaria.

Comités de Ética Asistencial (CEA)

Los Comités de Ética Asistencial (CEA) son órganos multidisciplinares (médicos, enfermería, auxiliares, trabajo social, juristas, etc.) creados en los centros sanitarios para asesorar en los conflictos éticos de la práctica clínica. Sus características son:

• Funciones consultivas y de asesoramiento (analizan casos, elaboran protocolos y recomendaciones, promueven la formación en bioética).

• NO son órganos sancionadores ni judiciales: no imponen sanciones ni sustituyen la decisión del profesional o del paciente; sus informes no son vinculantes.

• Velan por el respeto a la dignidad y los derechos de los pacientes en la toma de decisiones difíciles.

Fuente: Beauchamp, T. L. y Childress, J. F., Principles of Biomedical Ethics; Diego Gracia, Fundamentos de Bioética (principialismo jerarquizado: nivel 1 de mínimos = no maleficencia y justicia; nivel 2 de máximos = autonomía y beneficencia); Informe Belmont (1978); V. R. Potter (concepto de bioética); Convenio de Oviedo de 4 de abril de 1997 (ratificado por España en 1999, BOE núm. 251 de 20/10/1999).

Dilemas éticos en la práctica sanitaria

Un dilema ético se plantea cuando, ante una situación concreta, entran en conflicto dos o más principios o valores morales (por ejemplo, la autonomía del paciente frente a la beneficencia del profesional) y no existe una solución que satisfaga todos a la vez. En la práctica sanitaria estos conflictos son frecuentes y exigen deliberación.

Dilemas éticos más frecuentes

• Aborto / interrupción voluntaria del embarazo: conflicto entre la autonomía de la mujer y la protección de la vida prenatal.

• Eutanasia y ayuda para morir (ver apartado específico).

• Limitación del esfuerzo terapéutico (LET) o adecuación del esfuerzo terapéutico.

• Encarnizamiento u obstinación terapéutica: aplicar tratamientos desproporcionados o inútiles que solo prolongan la agonía sin beneficio real para el paciente. Es una mala praxis que la bioética rechaza.

• Objeción de conciencia: derecho del profesional a no participar en determinadas actuaciones (p. ej. IVE o eutanasia) por motivos de conciencia, sin que ello perjudique la atención al paciente.

• Distribución de recursos escasos: cómo repartir camas de UCI, órganos para trasplante, fármacos limitados, etc. (principio de justicia).

• Ensayos clínicos e investigación: consentimiento informado del sujeto, evaluación por comités de ética de la investigación, relación riesgo/beneficio.

• Donación y trasplante de órganos: criterios de muerte encefálica, consentimiento, equidad en las listas de espera.

• Reproducción humana asistida: fecundación in vitro, diagnóstico genético, gestación, etc.

Conceptos clave que NO deben confundirse

• Eutanasia: actuación de un profesional sanitario que causa directamente la muerte de una persona, a petición expresa de esta, en un contexto de sufrimiento grave y enfermedad incurable. En España está regulada y despenalizada en sus supuestos por la Ley Orgánica 3/2021.

• Suicidio asistido (auxilio médico para morir): el profesional proporciona o prescribe al paciente los medios (la sustancia) para que sea el propio paciente quien se la administre y cause su muerte. La LO 3/2021 contempla esta modalidad dentro de la "prestación de ayuda para morir".

• Sedación paliativa: administración de fármacos para disminuir la conciencia del paciente y aliviar un sufrimiento refractario al final de la vida. Su finalidad es aliviar el sufrimiento, NO provocar la muerte (aunque la muerte pueda sobrevenir como consecuencia previsible). No es eutanasia.

• Limitación / adecuación del esfuerzo terapéutico (LET): retirar o no iniciar medidas de soporte vital desproporcionadas o fútiles, dejando que la enfermedad siga su curso natural. No es eutanasia: no se causa la muerte, se evita prolongarla artificialmente.

Resumen de la distinción: en la eutanasia y el suicidio asistido existe una acción dirigida a causar la muerte (con la diferencia de quién administra la sustancia); en la sedación paliativa la finalidad es aliviar, no matar; en la LET simplemente no se prolonga artificialmente la vida.

Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (LORE)

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, introduce en el ordenamiento español la prestación de ayuda para morir como un nuevo derecho y prestación del Sistema Nacional de Salud. Entró en vigor el 25 de junio de 2021.

Dos modalidades de prestación de ayuda para morir:

1. Administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario (eutanasia propiamente dicha).

2. Prescripción o suministro de una sustancia para que el propio paciente se la autoadministre (suicidio o auxilio médico para morir).

Requisitos principales del solicitante:

• Ser mayor de edad, con plena capacidad de obrar y decidir.

• Tener nacionalidad española o residencia legal en España (o certificado de empadronamiento).

• Actuar de forma autónoma, consciente, informada y libre, sin presiones externas.

• Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

• Formular la solicitud de manera voluntaria y reiterada por escrito (dos solicitudes separadas en el tiempo) y poder revocarla en cualquier momento.

Garantías: intervención de un médico responsable y un médico consultor, y verificación previa y control posterior por las Comisiones de Garantía y Evaluación de cada comunidad autónoma. Los profesionales pueden ejercer la objeción de conciencia.

Este conjunto de garantías delimita el contexto eutanásico, que requiere una valoración cualificada y externa, previa y posterior al acto.

Voluntades anticipadas / instrucciones previas

El documento de instrucciones previas (también llamado de voluntades anticipadas o "testamento vital") está regulado en el artículo 11 de la Ley 41/2002. Permite a una persona mayor de edad, capaz y libre dejar constancia anticipada de su voluntad sobre los cuidados y tratamientos de su salud (y, en su caso, sobre el destino de su cuerpo u órganos) para cuando llegue a una situación en que no pueda expresarla personalmente. Puede designarse un representante. Se inscribe en el Registro de instrucciones previas (autonómico y nacional) y deben respetarse siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico ni a la lex artis.

Fuente: Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (BOE núm. 72 de 25/03/2021; en vigor 25/06/2021); Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, artículo 11 (instrucciones previas); principios de bioética de Beauchamp y Childress; Convenio de Oviedo (1997).

El secreto profesional: concepto y regulación jurídica

Concepto

El secreto profesional sanitario es el deber de sigilo, reserva y confidencialidad que obliga a todo profesional de la salud a no revelar la información que conoce de un paciente por razón de su trabajo. Es manifestación del derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos de salud y a que nadie acceda a ellos sin su autorización.

Fundamento

El secreto profesional protege el derecho fundamental a la intimidad reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española. Su fundamento ético es la confianza necesaria en la relación asistencial: el paciente solo se confía plenamente si sabe que la información que aporta quedará protegida. Es, además, un pilar de la deontología sanitaria desde el juramento hipocrático.

Tipos de secreto

La doctrina distingue tres clases de secreto:

• Secreto natural: el que se conoce por su propia naturaleza reservada, con independencia de cualquier promesa (todo lo que daña al revelarse).

• Secreto prometido: aquel cuya reserva se ha comprometido expresamente después de conocer el hecho.

• Secreto confiado (o pactado): el que se comunica precisamente bajo la condición previa de que se mantenga en secreto; es el característico de la relación sanitario-paciente.

Excepciones legales al secreto

El deber de secreto no es absoluto: cede ante determinados supuestos previstos en la ley, en los que prevalece un bien jurídico superior. Las excepciones más relevantes son:

• Riesgo grave para terceros o para la salud pública: notificación obligatoria de enfermedades de declaración obligatoria (EDO) a las autoridades sanitarias (p. ej. enfermedades infecto-contagiosas).

• Requerimiento u orden judicial: cuando un juez o tribunal lo solicita legalmente.

• Parte de lesiones: obligación de comunicar a la autoridad judicial las lesiones que puedan ser constitutivas de delito (agresiones, violencia de género, malos tratos).

• Riesgo vital para el propio paciente o estado de necesidad que exija actuar para protegerlo.

• Protección de menores o personas vulnerables en riesgo: deber de comunicar situaciones de desamparo, abuso o maltrato.

• Cuando el propio paciente consiente expresamente la comunicación de su información.

Regulación jurídica

• Código Penal, artículo 199: tipifica la revelación de secretos. El apartado 199.1 castiga al que revelare secretos ajenos conocidos por razón de su oficio o relaciones laborales con prisión de uno a tres años y multa. El apartado 199.2 castiga al profesional que, incumpliendo su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, con prisión de uno a cuatro años, multa e inhabilitación especial para la profesión de dos a seis años.

• Ley 41/2002, de autonomía del paciente: reconoce el derecho a la confidencialidad de los datos de salud (art. 7) y regula la historia clínica y el acceso a ella.

• RGPD (Reglamento General de Protección de Datos, UE 2016/679) y LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018): los datos de salud son una categoría especial de datos personales con protección reforzada; su tratamiento exige base legal específica y garantías adicionales.

Ética, moral, deontología y derecho

Conviene distinguir cuatro conceptos:

• Moral: conjunto de normas, costumbres y valores de una persona o grupo sobre lo bueno y lo malo.

• Ética: reflexión filosófica y racional sobre la moral (el porqué de las normas morales).

• Deontología: parte de la ética que estudia los deberes profesionales; es la "ética aplicada" a una profesión, recogida en los códigos deontológicos (de obligado cumplimiento para los colegiados).

• Derecho: normas jurídicas dictadas por el Estado, de cumplimiento obligatorio y respaldadas por coacción.

La deontología profesional se plasma en los códigos deontológicos (existe el Código Deontológico de la Enfermería Española). El secreto profesional es uno de sus deberes centrales.

El secreto compartido y la obligación del TCAE

En la asistencia sanitaria moderna la información se maneja en equipo: se habla de secreto compartido, que permite a los profesionales que intervienen en el cuidado de un paciente acceder a la información necesaria para su atención, manteniendo todos ellos el deber de confidencialidad.

El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) / auxiliar de enfermería también está plenamente obligado al secreto profesional: por su contacto directo con el paciente conoce datos íntimos y de salud, y su revelación indebida puede incurrir en responsabilidad disciplinaria, civil y penal (art. 199 CP), igual que cualquier otro profesional sanitario.

Fuente: Constitución Española, artículo 18 (derecho a la intimidad); Código Penal, artículo 199 (199.1 prisión 1-3 años; 199.2 profesional prisión 1-4 años + inhabilitación 2-6 años); Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente; Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), datos de salud como categoría especial; Código Deontológico de la Enfermería Española.

Contenedor del contenido propio de Castilla y León (norma de CyL sobre comités de ética asistencial). Se separa del contenedor común «Bioetica sanitaria» porque solo es exigible en las oposiciones de esa comunidad.

Tema 8. Bioética: principios, dilemas éticos y normas legales del ejercicio profesional

Epígrafe oficial: Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito profesional.

1. La bioética y sus principios fundamentales

1.1. Concepto y origen

La bioética es la ética aplicada a las ciencias de la vida y a la asistencia sanitaria: estudia qué decisiones son correctas cuando la actuación clínica afecta a valores de las personas. El término lo popularizó el bioquímico e investigador del cáncer Van Rensselaer Potter (artículo de 1970 y libro Bioethics: Bridge to the Future, 1971). Su desarrollo se aceleró tras los abusos en investigación con seres humanos, que dieron lugar al Código de Núremberg (1947), la Declaración de Helsinki (1964) y el Informe Belmont (1978), que fijó tres principios para la investigación: respeto a las personas, beneficencia y justicia.

1.2. Los cuatro principios de la bioética

En 1979 Tom L. Beauchamp y James F. Childress (Principles of Biomedical Ethics) formularon el llamado principialismo. Los principios básicos de la bioética son cuatro: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. La compasión, la confidencialidad o la honestidad son valores o deberes importantes, pero no forman parte de esos cuatro principios.

• No maleficencia (primum non nocere): no causar daño intencionado ni someter al paciente a riesgos desproporcionados; obliga a actuar con competencia técnica, a no aplicar técnicas sin evidencia y a evitar la negligencia.

• Beneficencia: actuar en beneficio del paciente, buscando su bien según criterios profesionales. Llevada al extremo sin contar con el paciente degenera en paternalismo.

• Autonomía: respetar la capacidad de la persona para decidir sobre sí misma conforme a sus valores, una vez informada. Exige información comprensible, capacidad y ausencia de coacción. El consentimiento informado es la expresión práctica del principio de autonomía, como también lo son el derecho a rechazar un tratamiento y las instrucciones previas.

• Justicia: distribuir equitativamente los recursos, beneficios y cargas sanitarias; no discriminar y dar a cada uno según su necesidad.

1.3. Jerarquía de los principios

Diego Gracia propuso ordenarlos en dos niveles: el nivel 1 o ética de mínimos (no maleficencia y justicia), exigible a todos y que el Derecho puede imponer; y el nivel 2 o ética de máximos (autonomía y beneficencia), propio del proyecto de vida de cada persona. En caso de conflicto, los de nivel 1 prevalecen en principio sobre los de nivel 2.

Fuente: Potter VR, «Bioethics, the science of survival», Perspectives in Biology and Medicine 1970;14(1):127-153, https://doi.org/10.1353/pbm.1970.0015; Muzur A, Rinčić I, «Science as religion: when science becomes (too) irrational», Psychiatria Danubina 2017;29(Suppl 1):79-81, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28468025/; U.S. Department of Health and Human Services, «The Belmont Report», https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html.

2. Dilemas éticos

Un dilema ético es una situación en la que dos o más principios o valores igualmente valiosos entran en conflicto, de modo que cumplir uno obliga a lesionar el otro, y no existe una solución evidente. En fisioterapia aparecen, por ejemplo, cuando:

• El paciente rechaza un tratamiento indicado (autonomía frente a beneficencia).

• Se pide ocultar información al paciente («conspiración del silencio»).

• Hay que priorizar listas de espera o asignar recursos escasos (justicia).

• Se plantea limitar el esfuerzo terapéutico en un paciente paliativo o se duda de la capacidad de un paciente con deterioro cognitivo.

• Se conoce información confidencial que podría afectar a terceros (secreto profesional frente a protección de otros).

• Se recibe la presión de aplicar técnicas sin evidencia científica.

Método de resolución. No hay recetas; se recomienda la deliberación: identificar los hechos clínicos, los valores en conflicto y los cursos de acción posibles (evitando los extremos), elegir el curso óptimo que lesione menos valores, y comprobar su consistencia (¿lo defendería públicamente?, ¿es legal?, ¿resiste el paso del tiempo?). Cuando el conflicto supera al equipo se consulta al Comité de Ética Asistencial (CEA): órgano consultivo, interdisciplinar, que emite recomendaciones no vinculantes. En Castilla y León los regula el Decreto 108/2002, de 12 de septiembre, que creó también la Comisión de Bioética de Castilla y León. No deben confundirse con los Comités de Ética de la Investigación, que evalúan ensayos y estudios.

Fuente: Consejería de Sanidad, «Decreto 108/2002, por el que se establece el régimen jurídico de los Comités de Ética Asistencial y se crea la Comisión de Bioética de Castilla y León», https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/bioetica/comision-bioetica-castilla-leon; Gracia D, «La deliberación moral: el método de la ética clínica», Medicina Clínica 2001;117(1):18-23, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11440697/.

3. Normas legales de ámbito profesional

3.1. Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS)

Reconoce la fisioterapia como profesión sanitaria titulada y regulada. Según su artículo 7.2.b), corresponde a los fisioterapeutas «la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas». La LOPS exige además el ejercicio conforme a la evidencia científica, la formación continuada y la colegiación en los términos de la ley de colegios.

3.2. Funciones del fisioterapeuta

El fisioterapeuta no tiene solo una función asistencial. El artículo 9.1 del Código de Deontología del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas define el acto fisioterapéutico como «toda acción lícita, ya sea de tipo asistencial, docente, investigadora, pericial, de gestión, de prevención, de promoción u otras» que, realizada por un fisioterapeuta legítimamente capacitado, tenga como objetivo la salud. De ahí las cuatro funciones que se le reconocen clásicamente: asistencial, docente, investigadora y de gestión.

3.3. Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente

• Consentimiento informado: «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada». Es verbal por regla general y escrito en intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y procedimientos con riesgos de notoria y previsible repercusión negativa. Puede revocarse por escrito en cualquier momento.

• Derecho a la información, a negarse al tratamiento (constando por escrito), a la intimidad y confidencialidad, y regulación de la historia clínica y las instrucciones previas.

• Todo profesional está obligado a la correcta prestación de sus técnicas y a los deberes de información y documentación clínica.

3.4. Otras normas

• Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud de Castilla y León.

• Ley 14/1986, General de Sanidad, y Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS.

• Protección de datos de salud (Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018) y secreto profesional, cuya revelación puede ser delito (art. 199 del Código Penal).

• Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario y Ley 2/2007 del personal estatutario de Castilla y León (derechos, deberes y régimen disciplinario).

• Código de la Deontología de la Fisioterapia Española (Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas): obliga a todos los colegiados; incluye respeto a la dignidad sin discriminación, ejercicio con la mayor evidencia científica disponible, rechazo de las pseudoterapias, continuidad asistencial, prohibición de relaciones íntimas con pacientes, documentación, secreto profesional, seguridad del paciente, actuación ante la violencia, publicidad y honorarios. Su incumplimiento es falta disciplinaria colegial.

Fuente: Jefatura del Estado, «Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias», https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340; «Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente», https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188; Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, «Código de la Deontología de la Fisioterapia Española», https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_156.pdf.

Lo esencial para el examen

• Los cuatro principios de la bioética (Beauchamp y Childress, 1979): no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.

• La compasión, la honestidad o la confidencialidad no son de esos cuatro principios.

• El consentimiento informado se relaciona con el principio de autonomía.

• Informe Belmont: respeto a las personas, beneficencia y justicia.

• Diego Gracia: nivel 1 (mínimos) no maleficencia y justicia; nivel 2 (máximos) autonomía y beneficencia.

• Dilema ético = conflicto entre principios sin solución evidente; se resuelve por deliberación y se puede consultar al Comité de Ética Asistencial (recomendaciones no vinculantes; en CyL, Decreto 108/2002).

• Funciones del fisioterapeuta: asistencial, docente, investigadora y de gestión — no solo asistencial.

• LOPS art. 7.2.b): cuidados con medios y agentes físicos para recuperación, rehabilitación y prevención.

• Ley 41/2002: consentimiento verbal por regla general, escrito en cirugía y procedimientos invasores o de riesgo; revocable por escrito.

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución, se reconoce el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias, con los requisitos previstos en esta ley y en las demás normas legales que resulten aplicables.

2. El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.

3. Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias.

4. Corresponde a todas las profesiones sanitarias participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación sanitaria, de la investigación y del intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias, para mejor garantía de dichas finalidades.

5. Los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de su profesión.

6. Los profesionales sanitarios realizarán a lo largo de su vida profesional una formación continuada, y acreditarán regularmente su competencia profesional.

7. El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con los siguientes principios:

a) Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que deberá ser común para cada centro y única para cada paciente atendido en él.

La historia clínica tenderá a ser soportada en medios electrónicos y a ser compartida entre profesionales, centros y niveles asistenciales.

b) Se tenderá a la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo, y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.

c) La eficacia organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades asistenciales equivalentes sea cual sea su denominación, requerirá la existencia escrita de normas de funcionamiento interno y la definición de objetivos y funciones tanto generales como específicas para cada miembro del mismo, así como la cumplimentación por parte de los profesionales de la documentación asistencial, informativa o estadística que determine el centro.

d) La continuidad asistencial de los pacientes, tanto la de aquellos que sean atendidos por distintos profesionales y especialistas dentro del mismo centro como la de quienes lo sean en diferentes niveles, requerirá en cada ámbito asistencial la existencia de procedimientos, protocolos de elaboración conjunta e indicadores para asegurar esta finalidad.

e) La progresiva consideración de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos profesionales en la atención sanitaria.

8. Para el ejercicio de una profesión sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, para ejercer una profesión sanitaria, serán requisitos imprescindibles:

a) Estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta.

b) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta.

c) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional por resolución sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario, cuando una ley estatal establezca para este ejercicio la obligación de estar colegiado, durante el periodo de tiempo que fije ésta.

d) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.

e) Tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria privada.

9. Con la finalidad de facilitar la observancia de los requisitos previstos en el apartado anterior, se establecen las siguientes obligaciones de cesión de datos, para las que no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal:

a) Los juzgados y tribunales deberán remitir aquellos datos necesarios referentes a las sentencias firmes de inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la forma que reglamentariamente se establezca.

b) Las administraciones públicas con competencias sancionadoras sobre los profesionales sanitarios empleados por ellas deberán remitir las resoluciones sancionadoras que afecten a la situación de suspensión o habilitación de éstos.

c) Las corporaciones colegiales deberán remitir al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad copia de las resoluciones sancionadoras que suspendan o inhabiliten para el ejercicio profesional impuestas por ellos, cuando una ley estatal establezca para este ejercicio la obligación de estar colegiado.

d) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicará a las entidades mencionadas en los apartados b) y c) anteriores las resoluciones sancionadoras que reciba. Para ello, establecerá mecanismos de cooperación y sistemas de comunicación e intercambio de la información a través del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, creado por la disposición adicional décima de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

10. El órgano encargado del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios podrá consultar los datos de carácter personal de los profesionales sanitarios contenidos en los archivos y ficheros del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Número de Identidad del Extranjero (NIE) competencia del Ministerio del Interior, para contrastar la veracidad de la información que consta en el registro. Para esta consulta no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal.

El órgano encargado de los registros integrados en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, informará al órgano del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad encargado del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, a solicitud de éste, de los datos necesarios referentes a las sentencias de inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional contenidas en las inscripciones de estos registros integrados, siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales, en la forma que reglamentariamente se establezca. Para la cesión de estos datos no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal.

1. La relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas por ellos, se rige por los siguientes principios generales:

a) Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y deontológicas aplicables.

b) Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos.

c) Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y adecuada para que aquéllos puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones.

d) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. Tanto si el ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena, este derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que debe ser públicamente conocida y accesible. En esta situación el profesional puede ejercer el derecho de renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no conlleva desatención. En el ejercicio en el sistema público o privado, dicha renuncia se ejercerá de acuerdo con procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella deberá quedar constancia formal.

e) Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su centro o institución.

f) Los pacientes tienen derecho a recibir información de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

2. Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta ley se determinan como públicos.

Asimismo, podrán existir en los centros sanitarios y en las entidades de seguros que operan en el ramo de la enfermedad, otros registros de profesionales de carácter complementario a los anteriores, que sirvan a los fines indicados en el apartado anterior, conforme a lo previsto en los artículos 8.4 y 43 de esta ley.

Los criterios generales y requisitos mínimos de estos registros serán establecidos por las Administraciones sanitarias dentro de los principios generales que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los mismos al del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.