👑 La descarga en PDF es Premium — el temario que estás leyendo en pantalla ya es el completo, igual para todos.
El municipi. El terme municipal. Població i empadronament.
Temario de este tema actualizado el 13 de noviembre de 2026. Regístrate para recibir actualizaciones cuando la legislación cambie.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (1985)
El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.
El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.
Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente:
a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10.
b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006.
f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional.
g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La fusión conllevará:
a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados.
b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis.
d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e).
e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión.
Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión.
El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.
Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».
La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.
Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.
La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente.
El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.
a) Nombre y apellidos.
b) Sexo.
c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente.
d) Nacionalidad.
e) Lugar y fecha de nacimiento.
f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:
1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.
2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.
g) Certificado o título escolar o académico que se posea.
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española.
Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico.
Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente.
La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada.
Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley.
El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral.
Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado.
El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes.
El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales.
El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales.
El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones:
A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística.
B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles.
C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales.
D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria.
Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.
a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.
b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.
c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.
d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.
e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.
f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley.
g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.
h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis.
i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (2003)
11.1 El terme municipal és l'àmbit territorial on l'ajuntament exerceix les seves competències.
11.2 La delimitació territorial del terme municipal ha d'atendre a les dimensions que li són més idònies per a l'exercici de les funcions públiques que l'ajuntament té encomanades, amb especial consideració dels criteris següents: la representació d'una col·lectivitat que té consciència com a tal, l'existència de valors històrics i tradicionals i la capacitat per a la gestió dels serveis públics que l'ajuntament té encomanats.
12.1 El terme municipal pot ésser alterat:
a) Per agregació total d'un municipi o diversos municipis a un altre de limítrof, al qual s'incorporen.
b) Per fusió de dos, o més, municipis limítrofs per a constituir-ne un de nou.
c) Per segregació de part d'un municipi o de diversos municipis per a constituir-ne un d'independent.
d) Per segregació de part d'un municipi o de diversos municipis per a agregar-se a un altre.
12.2 Cap alteració no pot donar lloc a un terme municipal discontinu.
12.3 Els límits territorials dels termes municipals han d'ésser continguts en el mapa municipal, d'acord amb el que estableix l'article 28. Aquests límits territorials dels termes municipals es poden rectificar per a adequar-los a les iniciatives de correcció de disfuncionalitats territorials elaborades per la Comissió de Delimitació Territorial. La modificació ha d'ésser acordada pel Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb informe previ dels municipis afectats i dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora i amb el compliment del requisit establert per l'article 17.1.e).
13.1 Es pot procedir a l'agregació total o a la fusió de municipis en algun dels supòsits següents:
a) Quan hi ha insuficiència de mitjans econòmics, materials i personals per a gestionar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de règim local.
b) Quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana.
c) Quan consideracions de tipus geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan necessari o aconsellable.
13.2 L'aplicació del que estableix l'apartat 1 comporta la supressió del municipi o dels municipis afectats.
Es pot procedir a l'agregació parcial en els supòsits establerts per l'article 13.1.b) i 13.1.c).
15.1 Es poden crear nous municipis per segregació només quan concorren tots els requisits següents:
a) Haver-hi nuclis de població territorialment diferenciats, de manera que hi hagi una franja classificada com a sòl no urbanitzable, d'una amplada mínima de 3.000 metres, entre els nuclis més propers dels municipis resultants.
b) Comptar, els municipis, amb el territori i els recursos suficients per al compliment de les competències municipals.
c) No comportar, la segregació, disminució de la qualitat mitjana dels serveis que es prestaven en el municipi.
d) Tenir, els municipis resultants, una població suficient per a assegurar-ne la viabilitat. En tot cas, el municipi nou ha de comptar, com a mínim, amb una població de 2.000 habitants i el municipi o els municipis dels quals se segrega no han de baixar d'aquest límit poblacional.
e) Comptar, el municipi nou, amb característiques rellevants de la seva pròpia identitat per raons històriques, socials, econòmiques, geogràfiques o urbanístiques.
15.2 Sens perjudici del requisit establert per l'apartat 1.b), cal també que es justifiqui que la segregació comporta una millora objectiva en la prestació dels serveis en el nou municipi.
En cap cas no es pot procedir a l'alteració de termes si no es garanteix que, després de l'alteració, el municipi o els municipis afectats disposaran de recursos ordinaris suficients per a prestar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de règim local.
17.1 L'alteració dels termes municipals a què es refereix l'article 12.1 s'ha d'ajustar al procediment següent:
a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o ajuntaments interessats o del consell o consells comarcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament competent en matèria d’Administració local. Es pot iniciar també a petició dels veïns, en una majoria del 50%, com a mínim, del darrer cens electoral del municipi o de la part o parts d’aquest en el supòsit de segregació. En aquest últim cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la petició en el registre municipal.
b) Els acords municipals o comarcals sobre alteració de termes requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i s’han de sotmetre a informació pública per un període d’un mes. Les corporacions han de trametre els acords al departament competent en matèria d’Administració local juntament amb la resolució de les reclamacions i les al·legacions presentades, la qual s’ha d’adoptar amb el mateix quòrum requerit per a l’acord inicial. També s’ha de fer aquesta tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància dels veïns per a la segregació de part del municipi, encara que l’acord o els acords municipals no hi siguin favorables.
c) S'ha de demanar informe als ajuntaments i als consells comarcals interessats en tots els casos en què no hagin promogut ells l'expedient.
d) L'informe previ de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora són preceptius.
e) El Departament de Governació I Relacions Institucionals ha de posar en coneixement de l'Administració de l'Estat la tramitació de l'expedient.
f) La resolució definitiva de l'expedient s'ha de fer per decret del Govern de la Generalitat i s'ha de publicar al DOGC.
17.2 Abans d'iniciar l'expedient s'ha d'elaborar una memòria que justifiqui els motius i els objectius de l'alteració i que acrediti el compliment dels requisits establerts pels articles 12 a 17.
17.3 En els supòsits d'agregació total i en els de fusió de municipis, l'alteració de termes municipals projectada s'ha de sotmetre a consulta dels veïns dels municipis afectats per l'expedient instruït, per un termini de trenta dies.
18.1. Correspon al Govern la resolució dels expedients d'alteració dels termes municipals, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local. 18.2. El Govern ha d'aprovar la proposta de l'alteració dels termes municipals promoguda a iniciativa del municipi o dels veïns si es produeix l'acord favorable dels municipis interessats i no hi formulen objeccions la Comissió de Delimitació Territorial ni la Comissió Jurídica Assessora.
19.1. El decret ha de determinar la delimitació dels termes municipals, el repartiment del patrimoni, l'assignació del personal, la forma en què s'han de liquidar els deutes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació de la capitalitat, si escau. Aquestes determinacions s'han d'ajustar als pactes intermunicipals que es poden establir entre els municipis interessats.
19.2. L'aprovació de l'alteració dels termes municipals no comporta els efectes econòmics establerts en l'apartat 1 quan el departament competent en matèria d'Administració local hagi iniciat l'expedient d'alteració per a adaptar la línia de terme establerta en un expedient de delimitació a la realitat geogràfica o administrativa existent.
20.1 El Govern de la Generalitat ha d'impulsar mesures de foment per a la fusió o l'agregació voluntària de municipis quan consideracions de tipus geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho aconsellin. Les mesures de foment poden consistir, entre d'altres, en:
a) Ajuts econòmics i tècnics per a les iniciatives de fusió o d'agregació que s'emprenguin.
b) Previsions especials en els criteris de distribució del Fons de cooperació local de Catalunya.
c) Criteris prioritaris o especials en l'assignació de subvencions finalistes.
d) Previsions especials per a la realització d'inversions a càrrec de l'Administració de la Generalitat.
20.2 La fusió o l'agregació voluntàries s'han de concretar en un acord intermunicipal, el qual ha de contenir les determinacions a què es refereix l'article 20.1, en allò que sigui procedent, i pot incloure també:
a) Les mesures de territorialització de les inversions derivades de l'aplicació del que determina l'apartat 1.b) i 1.c) i de les que en el futur podrà acordar el nou municipi.
b) La constitució de nuclis de població separats com a òrgans de participació.
c) Els altres pactes o les altres condicions que lliurement estableixin els municipis en el marc de la legislació de règim local.
20.3 L'acord intermunicipal de fusió o d'agregació ha d'ésser aprovat per cada ajuntament amb el quòrum establert per l'article 114.2 i s'ha d'elevar al Govern de la Generalitat perquè l'aprovi per decret.
21.1 El Govern també ha d'impulsar mesures per a fomentar la constitució de mancomunitats de municipis, regulades pels articles 115 i següents d'aquesta Llei, quan la millor garantia en la prestació de serveis públics de competència municipal i l'eficàcia necessària en la seva prestació ho facin convenient.
21.2 Les mesures de foment poden consistir en:
a) Ajuts econòmics i tècnics per a les iniciatives de constitució de mancomunitats que es duguin a terme.
b) Previsions especials en els criteris de distribució del Fons de cooperació local de Catalunya i en l'assignació de subvencions finalistes.
c) Qualsevol altra que condueixi a la finalitat especificada per l'apartat 1.
21.3 Per a poder gaudir de les mesures de foment a què es refereix l'apartat 2, és una condició necessària que l'objectiu de la mancomunitat municipal que es pugui constituir sigui compatible amb les determinacions del Programa d'actuació de la comarca o les comarques corresponents.
22.1 Si les mesures de foment a què es refereixen els articles 20 i 21 d'aquesta Llei, o la intervenció dels ens supramunicipals no són suficients per a garantir un nivell homogeni en la prestació dels serveis de competència municipal, el Govern pot iniciar un procés de reforma de l'organització municipal en els àmbits territorials de Catalunya que ho requereixin.
22.2 En el procediment establert per l'apartat 1 han de participar necessàriament tots els municipis afectats i s'ha de donar audiència a les comarques respectives.
22.3 La proposta que adopti el Govern de la Generalitat s'ha de trametre com a projecte de llei al Parlament de Catalunya.
22.4 La llei de reforma, segons les característiques dels municipis afectats, ha de determinar:
a) Les tècniques d'alteració de termes aplicables en cada cas.
b) El manteniment dels antics nuclis municipals com a òrgans de participació territorial o com a entitats municipals descentralitzades.
Per a l'aplicació del que estableixen els articles 20 i 22 són preceptius l'informe de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Simultàniament a la sol·licitud d'aquest dictamen, se n'ha de donar compte a l'Administració de l'Estat.
Quan l'alteració de termes municipals afecta més d'una comarca, cal procedir a la modificació de les demarcacions comarcals respectives, d'acord amb el procediment establert per la Llei d'organització comarcal de Catalunya.
25.1. Els ajuntaments tenen la facultat de promoure la delimitació de llurs termes municipals, d'acord amb el procediment establert per reglament.
25.2. Els conflictes que es poden plantejar entre municipis en relació amb la delimitació de llurs termes han d'ésser resolts pel departament competent en matèria d'Administració local, amb l'informe previ de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora.
25.3. En el cas que la línia de terme aprovada no s'adapti a la realitat geogràfica o administrativa existent, el departament competent en matèria d'Administració local, a proposta d'algun dels ajuntaments afectats, pot iniciar un expedient d'alteració de termes municipals per a modificar la línia de terme i suspendre l'efectivitat de la delimitació aprovada fins a la resolució de l'expedient per part del Govern.
39.1 Tota persona que visqui a Catalunya resta obligada a inscriure's en el padró del municipi en el qual resideix habitualment. Els ciutadans que resideixen en diversos municipis s'han d'inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més temps durant l'any. El conjunt de persones inscrites en el padró municipal constitueix la població del municipi.
39.2 Les persones inscrites en el padró municipal són els veïns del municipi. La condició de veí o veïna s'adquireix en el mateix moment de la inscripció en el padró corresponent.
39.3 Les persones inscrites en el padró d'espanyols residents a l'estranger es consideren veïns del municipi de Catalunya que figuri en les dades de la seva inscripció, únicament a efectes del dret de sufragi, sense que en cap cas constitueixin població del municipi.
39.4 Totes les persones que, d'acord amb el que estableixen els apartats 1, 2 i 3, tenen veïnatge administratiu en un municipi de Catalunya tenen la condició política de catalans.
40.1 El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les dades que consten en el padró constitueixen una prova pel que fa a la residència al municipi i al domicili habitual. Les certificacions expedides pels ajuntaments sobre aquestes dades tenen caràcter de document públic i, en conseqüència, gaudeixen de la presumpció de veracitat i fan prova de les dades que s'hi consignen, a tots els efectes administratius.
40.2 Les dades que consten en el padró municipal són confidencials. L'accés a aquestes dades es regeix per les normes que regulen l'accés administratiu dels ciutadans als arxius i als registres públics i per la Llei 5/2002, del 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
40.3 Sens perjudici del que disposa l'apartat 2 i sense que calgui el consentiment de la persona interessada, les dades del padró poden ésser comunicades a altres administracions públiques que ho sol·licitin, quan siguin necessàries per a exercir les competències respectives, i exclusivament per als assumptes en què sigui rellevant conèixer la residència o el domicili.
La inscripció en el padró municipal ha de contenir, amb caràcter obligatori, les dades següents:
a) El nom i els cognoms.
b) El sexe.
c) El domicili habitual.
d) La nacionalitat.
e) El lloc i la data de naixement.
f) El número del document nacional d'identitat o, si es tracta de ciutadans estrangers, del document oficial equivalent.
g) El certificat o el títol escolar o acadèmic.
h) Les dades necessàries als efectes de l'elaboració del cens electoral, sempre que es garanteixi el respecte als drets fonamentals reconeguts per la Constitució.
42.1 La formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del padró municipal corresponen a l'ajuntament. La gestió del padró s'ha de fer per mitjans informàtics. Els consells comarcals poden assumir la gestió informatitzada del padró dels ajuntaments que ho sol·licitin per manca de capacitat econòmica.
42.2 Els ajuntaments han d'efectuar les actuacions i les operacions necessàries per tal de mantenir actualitzats els padrons municipals, amb la finalitat que les dades que hi consten s'ajustin a la realitat.
42.3 En l'acte de confecció del cens, els ajuntaments poden sol·licitar altres dades personals d'interès municipal a efectes estadístics. En aquests casos, és aplicable el que disposa l'article 40 d'aquesta Llei.
43.1 Són drets i deures dels veïns:
a) Ésser elector i elegible, d'acord amb el que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal, d'acord amb el que disposen les lleis i els reglaments propis del municipi i, si s'escau, quan els òrgans de govern i administració municipal demanin la col·laboració amb caràcter voluntari.
c) Utilitzar, d'acord amb llur naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments comunals d'acord amb les normes aplicables.
d) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals establertes per llei, a l'exercici de les competències municipals.
e) Ésser informat, amb petició raonada, i dirigir sol·licitud prèvia a l'administració municipal, en relació amb tots els expedients i la documentació municipal, d'acord amb el que estableixen l'article 105 de la Constitució, la legislació de règim local i els reglaments de la corporació.
f) Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts per la llei.
g) Exigir la prestació i, si s'escau, l'establiment del servei públic corresponent, quan constitueixi competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
h) Els altres drets i deures establerts per les lleis i, en el seu marc, pels reglaments de la corporació.
43.2 Els estrangers domiciliats majors d'edat tenen els drets i els deures propis dels veïns, llevat dels de caràcter polític. No obstant això, tenen dret a sufragi actiu en els termes establerts per la legislació reguladora de les eleccions locals.
43.3 Els espanyols menors d'edat emancipats o judicialment habilitats tenen els mateixos drets i deures que els veïns, a excepció dels de caràcter polític.
44.1 Per a fer efectius els drets establerts per l'article 43, els titulars poden iniciar els procediments administratius i jurisdiccionals que corresponen per llei, i també poden demanar l'actuació del Síndic de Greuges.
44.2 Per a exigir la prestació o l'establiment dels serveis obligatoris, es poden formular, en qualsevol cas, reclamacions contra l'aprovació inicial dels pressupostos, quan aquests no consignin els crèdits necessaris a aquests efectes. Contra els actes que resolguin definitivament la reclamació els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu. L'exercici d'aquest dret també es pot obtenir per l'aplicació de l'article 151, mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent davant de l'Administració de la Generalitat, sempre que hi concorrin els requisits establerts legalment.
Sens perjudici dels drets i els deures que corresponen als veïns i als estrangers domiciliats envers del municipi, els correspon també, en relació amb la comarca respectiva:
a) Participar en la gestió comarcal, d'acord amb el que estableixen les lleis i les disposicions pròpies de la comarca.
b) Utilitzar, d'acord amb llur naturalesa, els serveis públics comarcals.
c) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment establertes, a l'exercici de les competències comarcals.
d) Ésser informats per l'administració comarcal, mitjançant petició raonada, i dirigir a aquesta sol·licituds en relació amb tots els expedients i la documentació comarcal, d'acord amb el que estableixen l'article 105 de la Constitució, la legislació de règim local i els reglaments propis de la comarca.
e) Exercir i complir els altres drets i deures establerts per les lleis.
f) Exigir la prestació i, si s'escau, l'establiment del servei públic corresponent, si es tracta d'una competència comarcal pròpia de caràcter obligatori.
46.1 El municipi és l'entitat bàsica de l'organització territorial i l'element primari de participació ciutadana en els assumptes públics.
46.2 Les lleis de Catalunya garanteixen la participació del municipi en tots els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.
46.3 El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i per a gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeixin.
46.4 Són elements del municipi el territori, la població i l'organització.
Pregunta sobre leyes y normativa
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
Pregunta sobre cualquier ley o artículo
Pregúntame sobre:
✨ Estoy entrenada con +100 leyes, ¡espero serte útil!