Tema 19: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece y se exigirá el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, previsto en el apartado 2º) del mencionado artículo, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en los artículos 104 a 110 del citado Real

Decreto Legislativo.

Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana del término municipal del Excmo. Ayuntamiento de Elche que se manifiesta como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre

Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Tendrá la consideración de terreno de naturaleza urbana aquél que se define como tal en el artículo 7 del Real Decreto

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Respecto a los inmuebles de características especiales y conforme a lo establecido en el artículo anterior se declara expresamente su sujeción a este impuesto con independencia de la naturaleza de su suelo.

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Así mismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento.

No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de esta ordenanza o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre

Sociedades.

1º) Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto

Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

2º) Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades

Autónomas y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del

Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.

A) Se establece una bonificación de la cuota de este impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión y constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo, por causa de la muerte, a favor de los descendientes y adoptados hasta el tercer grado de consanguinidad, los cónyuges y los ascendientes y los adoptantes hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando se den las circunstancias siguientes:

1. Que la persona fallecida estuviese empadronada en el municipio en el momento de su fallecimiento.

2. La bonificación se aplicará solamente a un inmueble, aquél que haya constituido la vivienda habitual del causante. Se entenderá que constituye la vivienda habitual del causante la última en la que se acredite, mediante certificado de empadronamiento municipal, una permanencia igual o superior a dos años.

Si posteriormente modificó su residencia y empadronamiento a un centro asistencial de personas mayores o al domicilio de la persona de cuyos cuidados depende, o bien por requerirlo así la Ley de Dependencia, a estos efectos se considerará vivienda habitual la última de su propiedad, dentro del municipio, en que estuvo empadronado el causahabiente.

3. El disfrute del beneficio, con carácter general, será rogado y a petición del beneficiario, y, se reconocerá siempre y cuando que cumpliendo con los requisitos regulados en este artículo 8º de esta ordenanza, la solicitud se efectúe dentro de los plazos establecidos en el artículo 21 de la misma, relativo a los plazos de declaración.

4. Al objeto de delimitar el ámbito de aplicación de esta bonificación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) En el caso de viviendas integrantes de una edificación en régimen de propiedad horizontal, la bonificación será aplicable únicamente a un componente del edificio catastralmente individualizado y calificado como vivienda, de tal modo que en el caso de las uniones de hecho de varios componentes constructivos para formar una única residencia, el beneficio fiscal será aplicable aquel con mayor valoración catastral.

b) En el caso de vivienda integrante de una edificación en régimen de propiedad vertical, la bonificación será aplicable únicamente a la superficie de una de las viviendas que lo componen, delimitado por la planta o piso y puerta en la que se encuentra, sin que la bonificación sea extensible a varias plantas y/o viviendas por uniones de hecho internas en la propia construcción y/o no estar declarada la división horizontal a efectos catastrales, primando en caso de su existencia lo expresado en la escritura de

División Horizontal.

La cuota íntegra del impuesto se verá bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a dichos bienes, con independencia del valor atribuido al derecho, mediante la aplicación de los siguientes porcentajes reductores:

a) El 95% si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 10.000 euros.

b) El 70% si el valor catastral del suelo es superior a 10.000 euros y no excede de 20.000 euros.

c) El 50% si el valor catastral del suelo es superior a 20.000 euros.

B) En virtud del artículo 108-4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de fecha 5 de marzo de 2004 se regula y se reconoce una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, en la transmisión de edificios o de alguna de las piezas de los mismos que en el momento del devengo del impuesto estuviesen incluidos en el Catálogo Municipal de Edificios Protegibles vigente en dicho momento con un ámbito de protección integral, o constitución sobre los mismos de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados hasta el tercer grado de consanguinidad, los cónyuges y los ascendientes y los adoptantes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Tal bonificación se otorgará y se aplicará con carácter provisional y si dentro del plazo de tres años contados a partir del momento de devengo del impuesto se incumplieran las directrices marcadas por este Ayuntamiento en orden a su conservación, reconstrucción o rehabilitación, se perderá dicha bonificación exigiéndose el importe de la misma al sujeto pasivo, que deberá satisfacerla ante el Ayuntamiento.

La pérdida de dicha bonificación también se producirá en el supuesto de que el edificio dejara de verse incluido en el

Catálogo Municipal de Edificios Protegibles en el período máximo de 3 años contados de la misma manera que en el apartado anterior, exigiéndose el importe de la misma.

Se perderá el derecho a gozar de dicha bonificación si la declaración del impuesto, no se realiza dentro de los plazos establecidos en el artículo 21 de esta ordenanza.

Dicha bonificación es incompatible, no acumulable, con la regulada en el artículo 8º, Letra A), de esta ordenanza.

1º) Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2º) En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

1º) La base imponible de este impuesto se determinará según lo dispuesto en el artículo 107 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales.

2º) Método de estimación objetiva de la base imponible.

2.1 La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en siguiente apartado 2.3 de este artículo.

2.2. Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que grava el impuesto, se atenderá a las siguientes reglas:

A) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

B) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 2.3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo A) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2% por cada período de 1 año, sin exceder del 70%.

En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1% por cada año más con el límite mínimo del 10% del valor total.

El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciere por plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.

Cuando se transmita el derecho de usufructo se tomará el mismo porcentaje atribuido a éste en la fecha de su constitución.

b) En las sustituciones fideicomisarias, al fallecer el fideicomitente, la determinación del valor atribuible al heredero fiduciario se hará por las normas del usufructo vitalicio; de la misma manera se procederá al entrar en posesión de los bienes, en su caso, cada uno de los sucesivos fiduciarios y solamente se liquidará la transmisión de la plena propiedad cuando la sucesión tenga lugar a favor del heredero fideicomisario.

c) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% de los bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

d) Siempre que el adquirente tenga facultad de disponer de los bienes, se liquidará el impuesto en pleno dominio, sin perjuicio de la devolución que, en su caso, proceda.

e) La atribución del derecho a disfrutar de todo o parte de los bienes de la herencia, temporal o vitaliciamente, tendrá a efectos fiscales la consideración de usufructo y se valorará conforme a las reglas anteriores.

f) En la sustitución vulgar se entenderá que el sustituto hereda al causante y en las sustituciones pupilar y ejemplar que hereda al sustituido.

g) En los censos enfitéuticos y reservativos se tendrá en cuenta las mismas normas aplicables a la transmisión del pleno dominio, pero deduciendo del valor final del terreno el resultado de la capitalización de la pensión anual al 4%.

h) En la constitución o transmisión del derecho de superficie, se aplicarán las reglas del usufructo.

C) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 2.3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo A)

que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

D) En los supuestos de expropiación forzosa los porcentajes anuales, referidos en el apartado 2.3 de este artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado A) de este artículo fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

E) Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerará una sola base imponible compuesta por el resultado de todos los cálculos parciales efectuados, en función de las distintas fechas de adquisición de cada cuota o porción correspondiente, estableciéndose dicha base de la siguiente forma:

a) Primero: El valor del terreno se distribuirá proporcionalmente según la porción o cuota adquirida en cada fecha.

b) Segundo: A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor, obteniendo de este modo cada uno de los componentes de la base imponible.

c) Tercero: Para determinar la base imponible se sumarán todos componentes de esta, obtenidos según los apartados anteriores, que comprenderán cada una de las porciones o cuotas adquiridas.

2.3 El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a este Capítulo V será, para cada periodo de generación, el máximo actualizado que se encuentre vigente a la fecha del devengo del impuesto en el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y ello sin perjuicio de que por Ordenanza fiscal se puedan establecer coeficientes inferiores a los máximos previstos por dichas normas.

3º) Método de estimación directa de la base imponible, según artículo 107.5 LRHL (incremento real de valor).

Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo al método objetivo, deberá solicitar a esta administración la aplicación del cálculo de la base imponible sobre datos reales.

Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en el artículo 104.5 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo debiendo aportar ante en este Ayuntamiento los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.

El valor del terreno, en ambas fechas, será el mayor de:

a) El que conste en el título que documente la operación:

• En transmisiones onerosas, será el que conste en las escrituras públicas.

• En transmisiones lucrativas, será el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

En el valor del terreno no deberá tenerse en cuenta los gastos o tributos que graven dichas operaciones.

1º) La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible, calculada con arreglo a las reglas contenidas en el capítulo V, el tipo impositivo del 30%.

Dicho tipo podrá ser objeto de revisión anual con arreglo al procedimiento prescrito para la aprobación de las ordenanzas.

Se devenga el Impuesto y nace la obligación de contribuir en la fecha en que se transmita la propiedad del terreno o se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, ya sea a título oneroso o gratuito, intervivos o por causa de muerte.

A tal efecto, se tomará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos intervivos, la del otorgamiento del documento público, y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de éste en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de los que le firmaron o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento público.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.

e) En el caso de adjudicación de solares, que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta de reparcelación.

Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

En ningún caso podrá exceder de los veinte años.

1º) Cuando se transmita la propiedad de terrenos o se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, el Impuesto gravará el incremento de valor que se haya producido en el período de tiempo transcurrido entre la adquisición del terreno o del derecho por el transmitente y la nueva transmisión o, en su caso, la constitución del derecho real de goce.

Entendiéndose por fecha de adquisición en las transmisiones mortis causa, la del fallecimiento del causante.

2º) En la transmisión de terrenos adjudicados en reparcelación, conforme a los preceptos de la Ley del suelo, como supone la subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, la fecha inicial del período impositivo será la de adquisición de los terrenos aportados a la reparcelación.

3º) En las transmisiones de inmuebles en ejercicio del derecho retracto se considerará como fecha inicial del período impositivo la que se tomó como tal en la transmisión verificada a favor del retraído.

4º) En la primera transmisión del terreno posterior a la consolidación o liberación del dominio por extinción del usufructo, se tomará como fecha inicial la de adquisición del dominio por el nudo propietario.

El impuesto se exige bajo el sistema de Declaración por parte de los sujetos pasivos y Liquidación por parte de la

Administración tributaria.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el organismo gestor la declaración en el impuesto, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

1º) La declaración a que se refiere el artículo anterior deberá ser presentada por el sujeto pasivo o sus representantes en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de la muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo, siempre que dicha solicitud se presente antes del último mes de vencimiento del meritado plazo.

Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, están igualmente obligados a comunicar al organismo gestor la realización del hecho imponible, en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el apartado 1º), letra a) del artículo 9 de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el apartado 1º), letra b) del mismo artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

La Gestión del Impuesto corresponde al organismo gestor por el régimen de Declaración-Liquidación.

A la vista de la declaración presentada, el organismo gestor podrá dictar la liquidación provisional que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Las liquidaciones se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

El ingreso efectivo de la liquidación puesta al cobro surtirá los efectos de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Los plazos para interponer los recursos que contra la misma procedan, empezarán a contar a partir del día siguiente de haberse producido el ingreso efectivo de la liquidación.

En lo referente a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las mismas corresponda a cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003 General Tributaria y disposiciones concordantes.

En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el art. 198 de la Ley General

Tributaria, la no presentación en plazo de la declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de incremento de valor.

La Administración municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para que aporten en el plazo de treinta días hábiles, prorrogables por otros quince, a petición del interesado, otros documentos necesarios para establecer la liquidación definitiva del Impuesto, incurriendo quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos en las infracciones tributarias previstas en la legislación tributaria, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la declaración y establecer la liquidación. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento, se tendrá como decaimiento en su derecho al referido trámite, practicándose la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias no justificadas.

La obligación de los notarios de remitir al ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad, así como la relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas, se cumplimentará a través de soporte informático por medio de ANCERT, Agencia Notarial de Certificación.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados a presentar declaración por el Impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades por la falta de presentación de declaraciones.

La Recaudación de este Impuesto se realizará en la forma, plazos indicados así como en las condiciones que se establecen en las disposiciones vigentes sobre la materia (Reglamento General de Recaudación y el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y demás normas que desarrollen dicha materia).

Los hechos devengados con anterioridad a la entrada en vigor del régimen de liquidación y aún no declarados y autoliquidados dentro de los plazos previstos en el punto 2 del artículo 110 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, se regirán por el sistema de declaración-liquidación.

Una vez transcurridos dichos plazos sin haberse presentado la correspondiente declaración, serán objeto por parte de la administración tributaria de la emisión de la consiguiente liquidación con los recargos e intereses que legalmente correspondan, así como la apertura del expediente sancionador, en su caso, por omisión del deber de declarar e ingresar en tiempo y forma.

La actual Ordenanza Fiscal del Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha sido modificada parcialmente por el Pleno municipal en sesión de 27 de septiembre de 2004, 26 de septiembre de 2005, 24 de septiembre de 2007, 24 de octubre de 2011, 2012, 2013, 2015, octubre de 2016, octubre de 2017, octubre de 2019, septiembre de 2021, febrero de 2022 y enero de 2023.

La presente ordenanza ha sido modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el próximo 30 de septiembre de 2024. Dicha modificación entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia, y, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2025 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.