Principios sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego (ONU)
Este temario abarca dos instrumentos internacionales adoptados por las Naciones Unidas que regulan el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979) y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990).
1. El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU, 1979)
1.1 Origen y naturaleza
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. No es un tratado vinculante, sino un conjunto de principios que los gobiernos deben considerar para su incorporación a la legislación y práctica nacionales.
El Código reconoce que los órganos de aplicación de la ley deben ser representativos de la comunidad, obedecerla y responder ante ella, y que la conducta de cada funcionario repercute en el sistema de justicia penal en su totalidad.
1.2 Definición de «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» (artículo 1)
Esta expresión es fundamental y se define en el comentario al artículo 1:
-
Incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
-
En los países en que ejercen funciones de policía autoridades militares (uniformadas o no) o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición comprende los funcionarios de esos servicios.
1.3 Los ocho artículos del Código
Artículo 1 — Deber fundamental
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
El servicio a la comunidad incluye especialmente la prestación de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.
Artículo 2 — Respeto a los derechos humanos
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Los derechos humanos a que se refiere están determinados por el derecho nacional e internacional: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y otros instrumentos internacionales pertinentes.
Artículo 3 — Uso de la fuerza (proporcionalidad y necesidad)
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
El comentario a este artículo establece tres ideas clave:
-
Principio de necesidad: el uso de la fuerza debe ser excepcional. Se autoriza únicamente para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o presuntos delincuentes, o para ayudar a efectuarla. No podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.
-
Principio de proporcionalidad: el derecho nacional restringe el uso de la fuerza de conformidad con un principio de proporcionalidad. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.
-
Las armas de fuego como medida extrema: el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir su uso, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.
Artículo 4 — Confidencialidad
Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.
Artículo 5 — Prohibición absoluta de la tortura
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales (estado de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública) como justificación. La prohibición es absoluta y sin excepciones.
Artículo 6 — Protección de la salud de las personas bajo custodia
Los funcionarios asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. Esto incluye también a las víctimas de una violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación.
Artículo 7 — Corrupción
Los funcionarios no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán. La corrupción es incompatible con la profesión, y debe aplicarse la ley con todo rigor contra cualquier funcionario que cometa tal acto.
Artículo 8 — Cumplimiento y denuncia de violaciones
Los funcionarios respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación informarán a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad y organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. No se aplicarán sanciones contra los funcionarios que hayan informado de violaciones al Código.
2. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego (ONU, 1990)
2.1 Origen y adopción
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley fueron adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
Estos Principios Básicos desarrollan y complementan el artículo 3 del Código de Conducta de 1979, proporcionando directrices más detalladas sobre cuándo y cómo pueden emplearse la fuerza y las armas de fuego.
2.2 Preámbulo: fundamentos y contexto
El preámbulo del instrumento establece las bases conceptuales:
-
La labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia, y es preciso mejorar sus condiciones de trabajo y situación.
-
La amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad.
-
Estos funcionarios desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
-
Los principios deben señalarse a la atención no solo de los funcionarios, sino también de jueces, fiscales, abogados, miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general.
2.3 Definición de «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley»
De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de Conducta de 1979 (al que remite el asterisco de los Principios Básicos), la expresión incluye:
-
Todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
-
En los países en que ejercen funciones de policía autoridades militares (uniformadas o no) o fuerzas de seguridad del Estado, también se comprenden los funcionarios de esos servicios.
3. Disposiciones generales (Principios 1 a 8)
Principio 1 — Normas y reglamentaciones
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas. Al establecer esas normas, examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Principio 2 — Uso diferenciado de la fuerza y equipo autoprotector
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego.
Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios cuenten con equipo autoprotector: escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas, a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.
Principio 3 — Evaluación de armas no letales incapacitantes
Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.
Principio 4 — Prioridad de medios no violentos (principio de necesidad)
Los funcionarios, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
Principio 5 — Obligaciones cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable
Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios:
-
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga (principio de proporcionalidad).
-
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana.
-
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.
-
d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
Principio 6 — Comunicación inmediata
Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22.
Principio 7 — Tipificación penal del uso arbitrario o abusivo
Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Principio 8 — Inaplicabilidad de circunstancias excepcionales
No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos.
4. Disposiciones especiales (Principios 9 a 11)
Principio 9 — Casos de uso de armas de fuego (principio de legalidad y subsidiariedad)
Los funcionarios no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en los siguientes supuestos tasados:
-
Defensa propia o en defensa de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves.
-
Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida.
-
Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga.
En todos los casos, únicamente cuando resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
Este principio consagra el principio de legalidad (solo en supuestos legalmente previstos), el de necesidad (medidas menos extremas insuficientes) y el de proporcionalidad (solo para proteger una vida).
Principio 10 — Advertencia previa
En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios:
-
Se identificarán como tales.
-
Darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta.
Salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
Principio 11 — Directrices sobre normas y reglamentaciones de armas de fuego
Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego deben contener directrices que:
-
a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas o municiones autorizados.
-
b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera que disminuya el riesgo de daños innecesarios.
-
c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado.
-
d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios respondan de las armas o municiones que se les hayan entregado.
-
e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego.
-
f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.
5. Actuación en caso de reuniones ilícitas (Principios 12 a 14)
Principio 12 — Derecho de reunión y límites
Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas (de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14.
Principio 13 — Reuniones ilícitas pero no violentas
Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.
Principio 14 — Reuniones violentas
Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.
6. Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas (Principios 15 a 17)
Principio 15 — Prohibición general del uso de la fuerza en custodia
Los funcionarios, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para:
-
Mantener la seguridad y el orden en los establecimientos, o
-
Cuando corra peligro la integridad física de las personas.
Principio 16 — Prohibición de armas de fuego en custodia
Los funcionarios, en sus relaciones con personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo:
-
En defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o
-
Cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9.
Principio 17 — Relación con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54.
7. Calificaciones, capacitación y asesoramiento (Principios 18 a 21)
Principio 18 — Selección y aptitudes
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios sean seleccionados mediante procedimientos adecuados y posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones, y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes serán objeto de examen periódico.
Principio 19 — Capacitación en el empleo de la fuerza y autorización para portar armas de fuego
Los gobiernos y organismos procurarán que todos los funcionarios reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.
Principio 20 — Contenido de la capacitación
En la capacitación, los gobiernos y organismos prestarán especial atención a:
-
Las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación.
-
Los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego: la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos.
Principio 21 — Orientación psicológica posterior
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego, para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.
8. Procedimientos de presentación de informes y recursos (Principios 22 a 26)
Principio 22 — Revisión eficaz e informe
Los gobiernos y organismos establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.
Principio 23 — Acceso a proceso independiente
Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos.
Principio 24 — Responsabilidad de los funcionarios superiores
Los gobiernos y organismos adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso.
Principio 25 — Protección ante represalias por negarse a obedecer órdenes ilegales
Los gobiernos y organismos adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios.
Principio 26 — Inaplicabilidad de la obediencia debida y responsabilidad de superiores
Los funcionarios no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si:
-
Tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego (a raíz de la cual se ocasionó la muerte o heridas graves) era manifiestamente ilícita, y
-
Tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla.
De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas.
9. Principios rectores transversales: proporcionalidad, necesidad y legalidad
9.1 Principio de legalidad
El uso de la fuerza y de las armas de fuego solo es legítimo cuando está previsto por la ley y se produce en las circunstancias específicamente tasadas en los Principios (especialmente el principio 9). El principio 7 obliga a los gobiernos a tipificar como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza.
El principio 8 cierra cualquier huida hacia supuestos de excepción: ni la inestabilidad política interna ni ninguna otra situación de emergencia pueden justificar el quebrantamiento de los Principios Básicos.
9.2 Principio de necesidad
El artículo 3 del Código de Conducta de 1979 establece que la fuerza solo puede usarse cuando sea estrictamente necesario. Los Principios Básicos de 1990 desarrollan esta idea en el principio 4: los medios no violentos tienen prioridad, y solo cuando resulten ineficaces o no garanticen el resultado puede recurrirse a la fuerza.
El principio 9 exige, además, que para el uso de armas de fuego resulten insuficientes medidas menos extremas, configurando una escala gradual de respuesta.
9.3 Principio de proporcionalidad
El principio 5 a) exige expresamente que, cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, los funcionarios ejerzan moderación y actúen en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. El comentario al artículo 3 del Código de Conducta precisa que en ningún caso puede autorizarse el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.
El límite máximo de la proporcionalidad queda fijado en el principio 9: el uso intencional de armas letales solo es posible cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
9.4 Gradación: fuerza, armas no letales y armas letales
Los Principios articulan una escala de intensidad creciente:
-
Medios no violentos (negociación, persuasión, mediación): siempre preferibles.
-
Fuerza sin armas: cuando los medios no violentos sean insuficientes.
-
Armas no letales incapacitantes: para reducir el riesgo de lesiones y muertes cuando se precise restringir a una persona.
-
Armas de fuego: medida extrema, únicamente en los supuestos del principio 9.
-
Uso letal intencional: solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
10. Disposiciones de aplicación
10.1 Destinatarios de los Principios Básicos
Los Principios Básicos deben señalarse a la atención de:
-
Los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
-
Jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo.
-
El público en general.
10.2 Marco normativo: adopción de normas y reglamentaciones
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley (principio 1) son los sujetos responsables de adoptar y aplicar las normas. No corresponde a las autoridades judiciales ni a otros poderes del Estado de forma exclusiva, sino a los gobiernos y a los propios organismos de aplicación de la ley.
10.3 Tipificación penal del uso arbitrario o abusivo
El principio 7 atribuye a los gobiernos (no a los organismos) la obligación de adoptar las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego.
10.4 Prohibición de invocar circunstancias excepcionales
El principio 8 prohíbe invocar la inestabilidad política interna o cualquier situación pública de emergencia para quebrantar los Principios. Esta prohibición es absoluta: no admite grados ni matizaciones.
11. Cuadro-resumen de los 26 Principios Básicos
| Principios | Sección | Contenido esencial |
|---|---|---|
| 1–8 | Disposiciones generales | Normas y reglamentaciones, uso diferenciado, armas no letales, medios no violentos, obligaciones cuando se usa arma de fuego, tipificación penal, prohibición de invocar estados de excepción |
| 9–11 | Disposiciones especiales | Supuestos tasados de uso de armas de fuego, advertencia previa, directrices normativas |
| 12–14 | Reuniones ilícitas | Reuniones no violentas (solo minimizar fuerza), reuniones violentas (armas de fuego en mínima medida y solo si no hay alternativa) |
| 15–17 | Custodia y detención | Prohibición de fuerza salvo para seguridad y orden; armas de fuego solo en defensa o fuga con peligro del principio 9; compatibilidad con Reglas Mínimas Reclusos |
| 18–21 | Capacitación | Selección (aptitudes éticas, psicológicas, físicas), capacitación en uso de la fuerza, autorización solo tras capacitación especializada, alternativas a la fuerza, orientación psicológica posterior |
| 22–26 | Informes y recursos | Procedimientos de revisión, acceso a proceso independiente (herederos incluidos), responsabilidad de superiores, protección ante represalias, prohibición de obediencia debida ante orden manifiestamente ilícita |