Texto consolidado del Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la UGR (BOUGR núm. 301, de 3 de diciembre de 2025).
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Texto consolidado del Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Granada (BOUGR núm. 301, de 3 de diciembre de 2025) (2026)
Granada.
El objeto de este Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Granada, en adelante reglamento, es regular el régimen general presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de contabilidad y de control de la Universidad de Granada, en adelante UGR.
Su ámbito de aplicación abarca a toda la estructura organizativa de la UGR.
Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en adelante LOSU, en desarrollo de la Constitución.
Sin perjuicio de lo previsto en los Estatutos de la UGR, en la legislación autonómica, del Estado y de la normativa comunitaria que resulte aplicable, la gestión económico-financiera y presupuestaria de la Universidad se regula por el presente reglamento y las instrucciones dictadas en su desarrollo.
La UGR organizará y desarrollará sus sistemas y procedimientos de gestión económico-financiera con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y servirá con objetividad a sus fines generales.
Asimismo, la programación y ejecución del gasto de la Universidad se ajustará a los principios de eficacia y eficiencia, garantizando la transparencia exigible en la administración de los recursos públicos y el establecimiento de los mecanismos necesarios para asegurar el derecho de acceso a la información relativa a su actividad económica.
La administración de la hacienda de la UGR estará sometida a los siguientes principios:
Principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: En aplicación del artículo 57.2 de la LOSU, la elaboración, aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria, entendiéndose por esta la situación de equilibrio o superávit estructural, y en un límite máximo de gastos de carácter anual, coherente con la normativa europea.
Anualidad: La UGR está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por el Consejo
Social. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural.
Corresponderá al/la gerente en el mes de enero, comunicar las novedades y fecha en la que se procede a la apertura del ejercicio económico, así como en el segundo trimestre del ejercicio, establecer el calendario de fechas y la normativa para la admisión de justificantes y la emisión de documentos contables referentes al cierre del ejercicio económico.
Publicidad: El presupuesto se publicará en el 4. No afectación de los ingresos: Los recursos de la UGR se destinarán a satisfacer el conjunto de sus obligaciones salvo que, por la naturaleza del ingreso o acuerdo concreto del órgano competente, se establezca su afectación a fines determinados. Para garantizar el presente principio, la estructura contable contendrá los mecanismos que permiten la debida diferenciación en la contabilización de gastos e ingresos de carácter afectado.
Principio de especialidad cualitativa: Los créditos del estado de gastos se destinarán en exclusiva a la finalidad específica para la cual han sido autorizados en el presupuesto inicial o en las posteriores modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas conforme a este reglamento.
Principio de especialidad cuantitativa: No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos consignados en cada uno de los centros de gasto, según la vinculación establecida en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, las resoluciones o los actos administrativos en general que infrinjan dicho precepto, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Se entenderá por crédito autorizado en el correspondiente centro de gasto el que, según su vinculación jurídica, figure como disponible en el estado de gastos en el momento de iniciar la tramitación del oportuno expediente de gasto.
Principio de especialidad temporal: En el ejercicio presupuestario se imputarán:
a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven.
b) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los créditos del estado de gastos del presupuesto, derivadas de adquisiciones (suministros, obras o servicios) y demás prestaciones o gastos en general, que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
A los efectos de este punto se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes y que serán objeto de contabilización independiente.
Unidad de caja: La tesorería de la UGR servirá al principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias.
Principio de responsabilidad y gestión contable:
10.1. Las autoridades y demás personal al servicio de la UGR que, con sus actos u omisiones, causen daños y perjuicios a la hacienda pública de la Universidad mediante dolo, culpa o negligencia grave, estarán obligados a la indemnización de daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que, en cada caso, proceda exigir.
10.2. El ejercicio de las competencias en materia de toma de decisiones sobre el gasto y de gestión económica y financiera comporta la asunción responsable de las decisiones adoptadas, con independencia de los actos de asesoramiento que pudieran formular otros órganos.
10.3. Los procesos establecidos para la gestión económica y financiera de la UGR deberán perseguir la consecución de la eficacia y la eficiencia en las operaciones a realizar, la fiabilidad de la información financiera a suministrar y el cumplimiento en todo caso de la normativa que resulte de aplicación.
La UGR estará sujeta al régimen de contabilidad pública que resulte de aplicación, tanto para reflejar toda clase de operaciones y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información, en general, que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
A los efectos de normalización contable, la estructura del presupuesto y del sistema contable de la UGR deberán estar adaptados en todo momento a las normas establecidas en la materia para el sector público.
De conformidad con el artículo 47 de la LOSU, la Ley de Universidades para Andalucía y los
Estatutos de la UGR, en las materias objeto de este reglamento corresponde al Consejo Social:
a) Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios.
b) Conocer las directrices básicas para la elaboración del presupuesto de la Universidad y, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, aprobarlo o rechazarlo, así como las modificaciones presupuestarias sobre el mismo del ámbito de su competencia.
c) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad.
d) Aprobar el régimen general de precios de las enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas a la Universidad.
e) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor, en los términos establecidos en la legislación vigente.
f) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Plan Plurianual de Financiación de la
Universidad y realizar su seguimiento.
g) Promover la captación de recursos económicos destinados a la financiación de la Universidad, procedentes de los diversos ámbitos sociales, empresariales e institucionales locales, nacionales e internacionales.
h) Cualesquiera otras competencias que se le atribuyan en virtud de los Estatutos de la UGR y demás normas que resulten de aplicación.
De conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la Ley de
Universidades para Andalucía y los Estatutos de la UGR, en las materias objeto de este reglamento corresponde al Consejo de Gobierno:
a) Fijar las directrices fundamentales y los procedimientos de aplicación de todas las políticas de la Universidad.
b) Proponer al Consejo Social el presupuesto de la Universidad, así como aprobar las modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en este reglamento.
c) Proponer al Consejo Social para su aprobación los presupuestos de los entes dependientes de la Universidad.
d) Proponer al Consejo Social para su aprobación las cuentas anuales de la Universidad.
e) Proponer al Consejo Social para su aprobación el Plan Plurianual de Financiación.
f) Cualesquiera otras competencias que se le atribuyan en virtud de los Estatutos de la UGR y demás normas que resulten de aplicación.
De acuerdo con los Estatutos de la UGR, en las materias objeto de este reglamento corresponde al rector o rectora:
a) Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecutar sus acuerdos, especialmente en lo referente a la gestión de los recursos económicos.
b) Suscribir los contratos y convenios de colaboración que celebre la Universidad con otras universidades, personas físicas y entidades públicas o privadas.
c) Ordenar el pago, de acuerdo con las normas presupuestarias establecidas.
d) Aprobar las modificaciones presupuestarias que le correspondan.
e) Las competencias como órgano de contratación de la UGR para celebrar, en su nombre y representación, los contratos en que intervenga esta.
f) Cualesquiera otras competencias que se le atribuyan en este reglamento y demás disposiciones de aplicación.
De conformidad con los Estatutos de la UGR, en las materias objeto de este reglamento corresponde al/la gerente:
a) Dirigir la gestión de los servicios económicos y administrativos de la Universidad y coordinar la administración del resto de los servicios, de acuerdo con las instrucciones del Consejo de
Gobierno y del rector o rectora.
b) Elaborar el presupuesto de la Universidad.
c) Supervisar y controlar la ejecución del presupuesto.
d) Elaborar las cuentas anuales de la Universidad.
e) Custodiar el patrimonio y rendir cuentas de su administración.
f) Elaborar, actualizar y dar publicidad al inventario de la Universidad.
g) Dictar las instrucciones de apertura y cierre del ejercicio presupuestario, así como aquellas otras instrucciones y adopción medidas necesarias para el desarrollo, interpretación, ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento.
h) Cualesquiera otras competencias que se le atribuyan en este reglamento y demás disposiciones de aplicación, le sean delegadas por el rector o rectora o encomendadas en la ley.
Corresponde a las personas responsables de los centros de gasto:
a) Elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de gastos e ingresos de su presupuesto, en la forma prevista en la resolución del rector o rectora por la que se inicia el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto de cada ejercicio.
b) Administrar los créditos para gastos de su presupuesto y de sus modificaciones.
c) Autorizar el inicio de los expedientes de gastos, que tendrán como límite el total de los créditos que tengan asignados, garantizando la economía y eficacia del gasto.
d) Asegurar el cumplimiento de la normativa de ejecución del presupuesto, en especial la relativa a contratación del Sector Público.
e) Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en este reglamento y demás disposiciones de aplicación.
El presupuesto será único, público y equilibrado e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Universidad.
El presupuesto se compone del siguiente contenido mínimo:
a) El resumen por capítulos de los estados de ingresos y gastos del ejercicio.
b) El Estado del Presupuesto de Ingresos del ejercicio detallado a nivel de concepto.
c) El Estado del Presupuesto de Gastos del ejercicio detallado a nivel de concepto.
d) El Presupuesto de Gastos distribuidos por Programas funcionales.
e) El Presupuesto de Gastos de los diferentes centros gestores con consignación presupuestaria.
f) La memoria del presupuesto, conteniendo la explicación de las principales líneas de su elaboración y ejecución previstas conforme a criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Igualmente contendrá el límite de gasto para el ejercicio y las principales variaciones con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.
g) Las relaciones de puestos de trabajo del Personal Técnico de Gestión, Administración y
Servicios y del Personal Docente e Investigador, junto a la valoración de la totalidad de los costes de las plantillas de las mismas.
h) Informes de impacto por razón de género y de impacto medioambiental.
i) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso. A estos efectos, la Universidad podrá presentar una propuesta para la generación de remanentes de tesorería, o para la inclusión, en su caso, de estos remanentes no afectados en la previsión inicial de ingresos del presupuesto. La consejería competente en materia de hacienda autorizará los gastos financiados por dichos remanentes de tesorería, velando, en todo caso, para que la necesidad de financiación del conjunto de las universidades públicas andaluzas sea compatible con el cumplimiento de las reglas fiscales de la Comunidad Autónoma.
j) La evolución del indicador de equilibrio presupuestario, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores, conforme a lo previsto por la consejería competente en materia de hacienda, y su análisis argumentado.
k) El presupuesto del Consejo Social, cuyo estado de gastos figurará en la clasificación funcional en un programa individualizado.
l) Los presupuestos de las entidades con participación mayoritaria de la Universidad, sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a la que dichas entidades puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica.
Corresponde al/la gerente la elaboración del proyecto de presupuesto conforme a las líneas generales establecidas en este reglamento y en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio, así como a las necesidades de la Universidad, que deberá realizarse dentro del último trimestre anterior al ejercicio al que corresponda.
La información necesaria para la elaboración del proyecto de presupuesto podrá ser solicitada con la antelación y formato que se determine por resolución del rector o rectora.
Elaborado el proyecto de presupuesto, el/la gerente lo elevará al Consejo de Gobierno en el mes de diciembre para su aprobación provisional y posterior aprobación definitiva por el Consejo
Social.
Si al iniciarse el ejercicio económico no se hubiese aprobado el presupuesto correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogado el presupuesto inicial del ejercicio anterior, en las aplicaciones presupuestarias pertinentes, y hasta que se produzca dicha aprobación.
La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas que tengan que acabar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan, por lo que, el rector o rectora, a propuesta del/la gerente, aprobará los ajustes técnicos procedentes.
Mediante resolución del/la gerente, podrá autorizarse la declaración de no disponibilidad de algunos de los créditos prorrogados con la finalidad de no incurrir en obligaciones superiores a los créditos que finalmente se autoricen con la aprobación de los presupuestos de la UGR para cada ejercicio. Dichas medidas serán informadas al Consejo de Gobierno previa consideración y, en su caso, aprobación del Consejo Social en la primera sesión posterior que se celebre.
El presupuesto prorrogado podrá ser objeto de todas las modificaciones presupuestarias previstas en la normativa vigente, las cuales se incorporarán al mismo, si procede.
La estructura del presupuesto de la UGR se adapta a las normas que, con carácter general, se encuentran establecidas para el sector público andaluz.
La estructura del presupuesto se determina teniendo en cuenta la organización y distribución entre los diversos centros de gasto de la UGR (clasificación orgánica), la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos (clasificación económica), y las finalidades u objetivos que con estos últimos se pretende conseguir (clasificación funcional).
En concordancia con la normativa aplicable, el estado de gastos se presenta de acuerdo con su clasificación orgánica, funcional y económica. El estado de ingresos, por su parte, se presenta de acuerdo con su clasificación orgánica y económica.
SECCIÓN PRIMERA: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE GASTOS.
La clasificación funcional agrupa los créditos para gastos en atención de la finalidad y objetivos perseguidos. La asignación de los créditos se efectúa dentro de una estructura de programas generales y subprogramas o programas propios, en función de los objetivos académicos y de gestión, extensión cultural e investigación que se pretenden conseguir.
La clasificación orgánica imputa el gasto en función del órgano o unidad que los realiza. Los créditos se distribuyen por centros de gasto, que son las unidades orgánicas con diferenciación presupuestaria y responsabilidad en la gestión de aquellos, tales como los centros, departamentos, institutos, unidades, servicios, proyectos, grupos y contratos de investigación, así como dirección o coordinación de programas de posgrado, cursos, seminarios y otros de similar carácter, todos ellos autorizados.
El/la gerente, a través del servicio competente en materia de contabilidad, establecerá la configuración orgánica necesaria para la adecuada ejecución del presupuesto.
Andalucía (adaptación a la UGR).
Cuando sea necesario para una mejor contabilización de los gastos, el/la gerente, a través del servicio competente en materia de contabilidad, podrá establecer nuevos códigos económicos.
A esta estructura se asociará, a los efectos contables, la correspondiente clasificación patrimonial de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública.
El citado estado de gastos se clasifica atendiendo a la separación entre gasto por operaciones corrientes (capítulos I al V) y gasto por operaciones de capital (capítulos VI al IX).
Igualmente, a efectos informativos, se clasificarán los gastos en operaciones no financieras (capítulos I al VII) y operaciones financieras (capítulos VIII y IX).
SECCIÓN SEGUNDA: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE INGRESOS.
Los ingresos se ordenarán en función del centro gestor encargado de su recaudación y de la naturaleza económica de los mismos, atendiendo a la codificación por capítulos, artículos, conceptos, subconceptos y, en su caso, partidas, según la clasificación económica de ingresos y gastos del presupuesto de las universidades públicas, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía (adaptación a la UGR). Cuando sea necesario para una mejor contabilización de los ingresos, el/la gerente, a través del servicio competente en materia de presupuesto, podrá establecer nuevos códigos económicos.
IX).
Igualmente, a efectos informativos, se clasificarán los ingresos en operaciones no financieras (capítulos III al VII) y operaciones financieras (capítulos VIII y IX).
El estado de ingresos del presupuesto de la Universidad estará constituido por los recursos incluidos en el artículo 57 de la LOSU y en los Estatutos de la UGR.
Son derechos económicos de la Universidad los establecidos en el artículo 57 de la LOSU.
Los recursos obtenidos por la Universidad se destinarán a satisfacer el conjunto de sus obligaciones, salvo aquellos que por las condiciones específicas establecidas en los acuerdos, convenios o contratos de concesión se establezca su afectación a fines determinados.
Tendrán el carácter de créditos con financiación afectada aquellos que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Se distingan por su naturaleza o condiciones específicas y su financiación provenga de fondos externos y se exija por el ente financiador o mecenas su aplicación a un fin determinado.
b) Se deriven de actividades realizadas al amparo del artículo 60 de la LOSU.
La administración y gestión de los derechos económicos de la UGR corresponden al/la gerente.
No se pueden enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la UGR, salvo en los casos establecidos por las leyes.
Tampoco pueden concederse exenciones, bonificaciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la UGR, salvo en los casos y en la forma que determinen las normas, sin perjuicio de lo establecido al respecto en este reglamento y en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio. En las enseñanzas conducentes a títulos propios, prestación de servicios propios o alquiler o cesión de espacios, dichos extremos se regirán según lo establecido en la regulación específica de las mismas.
La extinción, total o parcial, de las deudas que la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones
Locales y otras entidades de derecho público o privado tengan con la Universidad, podrá realizarse por vía de compensación. En todos los casos, se requerirá la previa conformidad de la entidad acreedora, la cual deberá quedar reflejada mediante documento que recoja los importes compensados y los conceptos o facturas a los que corresponden. La compensación realizada deberá quedar debidamente recogida en los estados contables.
El pago de las cantidades adeudadas a la UGR que no correspondan a operaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de Contratación del Sector Público, podrá aplazarse o fraccionarse por resolución del/la gerente, previo informe del Servicio Jurídico, y siempre que la situación económico-financiera del deudor le impida transitoriamente hacer frente al pago. Las cantidades adeudadas devengarán los correspondientes intereses de demora y se establecerán las garantías necesarias para su cobro.
a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o, si esta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
La prescripción regulada en el apartado anterior quedará interrumpida por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal de la persona o entidad deudora, y conducente al reconocimiento, liquidación o cobro de los derechos, así como por la interposición de cualquier clase de reclamaciones o recursos y por cualquier actuación de la persona o entidad deudora conducente al pago o liquidación de la deuda. La interrupción de la prescripción será aplicada de oficio.
La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la hacienda pública de la UGR se ajustará a lo previsto en la normativa reguladora de la responsabilidad contable.
Los derechos de la UGR declarados prescritos causarán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente. El órgano competente para dictar las resoluciones será el rector o rectora, que podrá delegar en el/la gerente.
Para la exacción de los precios públicos y de las demás cantidades que como ingresos de derecho público deba percibir, la Universidad ostentará las prerrogativas establecidas legalmente y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
a) La fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago.
b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.
c) La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones.
La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso.
Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo voluntario.
Por la cantidad no pagada se iniciará el periodo ejecutivo en los términos previstos en la normativa vigente sobre Recaudación.
Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho las deudas correspondientes a los derechos referidos en el artículo anterior, el/la gerente, a través del servicio competente en materia de gestión económico-financiera, procederá a la expedición de las certificaciones acreditativas del descubierto para el despacho de la vía ejecutiva de apremio, conforme establece el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
La providencia de apremio deberá contener:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.
b) Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora.
d) Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.
e) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
f) Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.
g) Fecha de emisión de la providencia de apremio.
La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados a resarcir las deudas que contraigan con la Universidad.
Contra la providencia de apremio solo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
La gestión recaudatoria ejecutiva de aquellos recursos de derecho público de la UGR es asumida por la Excelentísima Diputación Provincial de Granada con base en el convenio suscrito por ambas instituciones.
La competencia para resolver los recursos administrativos que pudieran interponerse a consecuencia del procedimiento de recaudación por actos dictados por la UGR corresponde a esta y su interposición supondrá la suspensión cautelar del procedimiento y el traslado del
Expediente a la Universidad para su resolución.
Por delegación del rector o rectora, el/la gerente podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas cuya cuantía sea insuficiente para la cobertura del coste de su exacción y recaudación.
La efectividad de los derechos de la Universidad no comprendidos en este reglamento, se llevará a cabo con sujeción a las reglas y procedimientos del Derecho privado.
Las cantidades adeudadas a la Universidad devengarán interés de demora conforme a la normativa vigente.
Las obligaciones económicas de la UGR nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, conforme Derecho, las generen.
Las obligaciones de pago solo son exigibles a la UGR cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones extrapresupuestarias debidamente autorizadas.
Si dichas obligaciones tienen por causa entregas de bienes o prestaciones de servicios, el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor haya cumplido o garantizado su correlativa obligación, excepto en los pagos pendientes de aplicar que de forma justificada y excepcional sean autorizados por el/la gerente.
Corresponderá al rector o rectora el cumplimiento de resoluciones judiciales que determinen obligaciones con cargo al presupuesto de la Universidad, así como su pago en la forma y con los límites de los créditos presupuestarios existentes.
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Universidad de toda obligación que no se hubiere solicitado con la presentación de documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
Con la expresada salvedad a favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones de la normativa vigente.
Las obligaciones a cargo de UGR que hayan prescrito causarán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente. El órgano competente para dictar resolución será el/la gerente.
Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gastos, que figuran en el presupuesto de la Universidad puestas a disposición de los centros de gasto o unidades gestoras, para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados.
El presupuesto de gastos de la UGR se financiará con las previsiones de ingresos procedentes de:
a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas anualmente por la Junta de
Andalucía en el modelo de financiación, de la Administración del Estado o de cualquier otra institución pública o privada, incluidas las posibles modificaciones que, en su caso, puedan legalmente establecerse.
b) Los ingresos procedentes de transferencias y subvenciones de las distintas Administraciones
Públicas y de otras entidades del sector público, así como de organismos internacionales o supranacionales.
c) Los precios públicos por servicios académicos y demás derechos legalmente establecidos. En el caso de los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, dichos precios y derechos serán fijados por la Junta de Andalucía. Asimismo, se consignarán las compensaciones derivadas de exenciones y reducciones que disponga la normativa aplicable en materia de precios públicos y demás derechos.
d) Los precios públicos y demás derechos que se establezcan por el Consejo Social para las enseñanzas propias y los referentes a las demás actividades autorizadas a la Universidad, debiendo ser aprobados, en todo caso, junto con los presupuestos anuales en los que se deban aplicar.
e) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades privadas, así como de herencias, legados o donaciones, que acepte la Universidad.
f) Los rendimientos procedentes del patrimonio de la Universidad y los derivados de las actividades económicas que esta pueda desarrollar, según lo previsto en la ley y en los Estatutos de la UGR, así como los derivados de los contratos y convenios de patrocinio publicitario.
g) Los ingresos derivados de la explotación de la propiedad industrial o intelectual y de los contratos previstos en el artículo 60 de la LOSU.
h) El importe de cualquier acto de disposición o gravamen de los bienes y derechos pertenecientes a la Universidad.
i) El producto de las operaciones de crédito que, para el cumplimiento de sus funciones, pueda concertar la Universidad. Con el fin de cumplir con el necesario equilibrio presupuestario, dichas operaciones deberán ser compensadas y autorizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía o por cualquier otra Administración competente, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
j) Los ingresos derivados de actividades de mecenazgo conforme a la legislación aplicable, incluidos los derivados de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general que se hayan suscrito.
k) Los remanentes de tesorería y cualquier otro tipo de ingresos permitidos por el ordenamiento jurídico.
Universidad, referidas a operaciones no financieras, excluidas las derivadas de modificaciones presupuestarias financiadas con ingresos adicionales no previstos inicialmente, no podrá superar la cuantía total de los créditos inicialmente aprobados para atender dichas operaciones no financieras.
Todos los Convenios de cuyo contenido se deriven obligaciones económicas, que pretendan suscribirse por la UGR, deberán ir acompañados de un certificado de retención de crédito para las anualidades a las que se extienda la obligación a reconocer en el convenio.
Los créditos de gastos de las orgánicas de presupuesto ordinario que estén en relación directa con ingresos por financiación afectada, estarán disponibles a lo largo del ejercicio en la medida en que se materialice el ingreso o se reconozca el derecho correspondiente, salvo que el/la gerente autorice el adelanto total o parcial de los mismos en base a las disponibilidades presupuestarias y la necesidad de ejecutar la actividad financiada para su correcta justificación en el plazo establecido debiendo regularizarse contra los ingresos posteriores, a partir del ejercicio en que se materialicen.
El rector o rectora, a propuesta del/la gerente, y según el grado de ejecución del estado de ingresos o de gastos, podrá acordar la retención de saldos presupuestarios correspondientes a créditos no vinculados a ingresos afectados, incluida la retención para títulos propios y otras actividades formativas.
Excepcionalmente, en el marco de los objetivos a cumplir por la Universidad, el rector o rectora podrá disponer mediante resolución que se efectúen retenciones de no disponibilidad sobre los créditos disponibles de gasto del presupuesto ordinario de cada ejercicio para garantizar la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos en materia de déficit y endeudamiento, o cuando se adopten políticas corporativas de limitación de gastos. En todo caso, se precisará la justificación de esta medida mediante Memoria del/la gerente e información posterior al Consejo de Gobierno y al Consejo Social en la primera sesión ulterior que se celebre.
La vinculación de los créditos consignados en el estado de gastos deberá ser contemplada a nivel de clasificación funcional y económica y será la que se detalle en cada ejercicio en las bases de ejecución del presupuesto.
La vinculación de los créditos no impedirá que la imputación se realice, de forma obligatoria, al máximo nivel de desagregación que corresponda en cada caso, a efectos de la adecuada contabilización del gasto.
Son gastos de carácter plurianual aquellos que se autoricen y comprometan con cargo a dos o más ejercicios.
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen al efecto en el presupuesto de la UGR.
Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, en los siguientes supuestos:
a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministro, servicios y otros contratos que no puedan ser estipulados o que resulten antieconómicos por plazo de un año.
c) Subvenciones o ayudas cuya concesión se realice dentro del ejercicio y su pago resulte diferido al ejercicio o ejercicios siguientes, salvo subvenciones nominativas.
d) Convenios, acuerdos, contratos o encargos que se suscriban con medios propios, con otras
Administraciones Públicas y entidades u organismos públicos o privados, para la gestión y prestación de servicios propios o para la colaboración y coordinación en asuntos de interés común celebrados al amparo de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en la regulación vigente de Contratos del Sector Público y del art.
60 de la LOSU.
e) Arrendamientos de bienes inmuebles.
f) Contratación temporal del PDI en régimen laboral.
g) Las cargas financieras que se deriven de las operaciones de endeudamiento.
Sin contar aquel en el cual el gasto se comprometió, el número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b), y c) no será superior a seis. Los gastos referidos en el apartado e) no podrán superar los diez años.
La cantidad global del gasto que se impute a cada uno de los futuros ejercicios autorizados no excederá de la cantidad que resulte de aplicar, al crédito globalizado del año en que la operación se comprometió, los siguientes porcentajes:
a) 70% en el primer ejercicio inmediato siguiente.
b) 60% en el segundo ejercicio.
c) 50% en el tercer y sucesivos ejercicios.
Para los supuestos a los que se refiere el apartado g) del apartado 2 de este artículo, será aplicable lo que establezca el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas.
En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que esta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.
La competencia para la autorización de estos gastos corresponde al rector o rectora o persona en la que delegue.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del rector o rectora, podrá modificar el número de anualidades y porcentajes anteriores en casos especialmente justificados, a petición del correspondiente centro gestor.
En todo caso, los gastos plurianuales a que se refiere este artículo tendrán que ser objeto de adecuada e independiente contabilización.
Son gastos de tramitación anticipada aquellos cuyos expedientes se inicien en el año anterior a aquel ejercicio presupuestario en el que vaya a tener lugar su ejecución y contraprestación. La tramitación de estos expedientes podrá llegar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior a la adquisición del compromiso, salvo los expedientes de contratación, que podrán ultimarse incluso con su adjudicación y formalización del correspondiente contrato.
Podrán acogerse a este procedimiento todos los expedientes que generen obligaciones económicas, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que cumplan los requisitos señalados en este artículo.
Los expedientes de tramitación anticipada que se refieran a alguno de los gastos plurianuales contemplados en el apartado 3 del artículo anterior estarán sujetos, según su naturaleza, a los límites cuantitativos señalados para los mismos en la primera anualidad futura. El resto de los expedientes quedarán sujetos, como máximo, al límite del crédito correspondiente al presupuesto en el que se inicien, tomando a estos efectos como nivel de vinculación el establecido en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
Asimismo, en estos expedientes deberán observarse los siguientes requisitos:
a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las resoluciones por las que se autoricen los gastos deberán contener la prevención expresa de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto que ha de aprobar el Consejo Social para el ejercicio siguiente, en el momento de dictarse la resolución de adquisición del compromiso.
b) Una vez que entre en vigor el presupuesto a que se alude en la letra anterior, y previamente a la adquisición del compromiso en ese ejercicio, cuando no subsistan las mismas circunstancias de hecho y de Derecho que condicionaron en su día la citada propuesta por los órganos que en su momento hubieran efectuado la propuesta se emitirá informe en el que se hará constar que las actuaciones practicadas no conservan su validez.
Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén aplicados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las establecidas en el presente reglamento referentes a incorporaciones de remanentes de créditos.
Son modificaciones de crédito las variaciones que puedan autorizarse en los créditos aprobados inicialmente, que figuran en el estado de gastos, para adecuarlos a las necesidades que se produzcan durante la ejecución del presupuesto. Toda modificación del presupuesto deberá ser realizada bajo el mantenimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
Las modificaciones de crédito que supongan un incremento del volumen global del estado de gastos del presupuesto deberán financiarse con mayores ingresos a fin de preservar el equilibrio presupuestario.
Todas las modificaciones de crédito deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos formales establecidos en el presente reglamento, sin que las personas responsables de los centros de gasto puedan realizar o comprometer gastos previamente a la aprobación por el órgano competente del expediente de modificación presupuestaria propuesto.
La modificación de los créditos presupuestarios iniciales, se regulará por lo que establezca la
Comunidad Autónoma de Andalucía en desarrollo de la LOSU, por los Estatutos de la
Universidad, por el presente reglamento y por las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio, aplicándose supletoriamente la Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el mismo ejercicio presupuestario y el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
Las modificaciones presupuestarias se tramitarán mediante expediente elaborado por el/la gerente, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
SECCIÓN SEGUNDA: CLASES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
Las clases de modificaciones pueden ser:
a) Motivadas por la insuficiencia o inexistencia de crédito inicial:
Transferencias de crédito.
Créditos extraordinarios.
Suplementos de crédito.
Ampliación de crédito.
b) Derivadas de la obtención de ingresos específicos: Generación de crédito.
c) Incorporación de remanentes de crédito.
d) Bajas por anulación.
SECCIÓN TERCERA: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.
Las transferencias de crédito son aquellas modificaciones del estado de gastos mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica, e incluso con la creación de créditos nuevos.
En todo caso, debe justificarse que la cantidad cuya transferencia se propone no está afecta a obligación alguna. Asimismo, se justificará que existe consignación suficiente para atender todos los gastos previstos hasta el final del ejercicio.
a) No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio ni a los incrementados con suplementos.
b) No minorarán créditos que hayan sido incrementados por transferencias, ni a los créditos ampliados.
c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración.
Con carácter general, las transferencias de crédito contemplarán las variaciones permitidas por la legislación vigente.
Las limitaciones previstas en los apartados anteriores no serán de aplicación:
a) Cuando afecten a créditos del Capítulo I de gastos de personal.
b) Cuando se trate de transferencias motivadas por adaptaciones técnicas derivadas de reorganizaciones administrativas.
c) Cuando afecten a los créditos consignados en las orgánicas establecidas por las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio a las que no les sea aplicable la vinculación de los créditos.
Departamentos y cualesquiera otras que no superen el importe de los créditos consignados según su vinculación o se consideren necesarias por causas sobrevenidas, que en todo caso deberá justificarse en el expediente.
Las competencias para la aprobación de expedientes de transferencias de crédito, corresponden a los siguientes órganos:
a) Las transferencias de crédito entre los distintos programas y/o entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones corrientes, serán aprobadas por el rector o rectora, que dará cuenta al Consejo de Gobierno.
b) Las transferencias de crédito entre los distintos programas y/o entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones de capital, serán aprobadas por el rector o rectora, que dará cuenta al Consejo de Gobierno.
c) Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital serán aprobadas por el Consejo
Social.
d) Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes serán aprobadas por el Consejo Social previa autorización de la Comunidad Autónoma.
SECCIÓN CUARTA: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
Cuando tenga que realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no haya crédito en el presupuesto de la Universidad, o el crédito consignado fuera insuficiente y no ampliable, podrá autorizarse la concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito en el segundo, especificándose los recursos concretos que deben financiarlos.
Los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios podrán financiarse por medio de:
a) Remanente de tesorería no afectado.
b) Mayores ingresos de los previstos de carácter no finalista. En estos casos, debe quedar acreditado fehacientemente el surgimiento del derecho a cobrar o bien la existencia de compromisos firmes de aportación por terceros de los ingresos o bien la efectiva recaudación de esos ingresos.
c) Ingresos no previstos de carácter no finalista. En estos casos, deberá quedar acreditada la viabilidad de la obtención de los nuevos recursos.
d) Minoraciones de crédito que supongan una modificación cualitativa del presupuesto al estar directamente relacionadas con las desviaciones que presente la ejecución presupuestaria respecto de los créditos iniciales.
e) Los destinados a gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados anteriormente, con los procedentes de operaciones de crédito, previa la oportuna autorización.
crédito.
Las competencias para la aprobación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito corresponden al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que las limitaciones en el aumento del gasto requieran la aprobación de otros órganos, excepto aquellas referidas a la disposición de Remanente de Tesorería no afectado previstas según el artículo 134.2, que serán competencia del Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.
SECCIÓN QUINTA: AMPLIACIONES DE CRÉDITO
En general, se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, con el cumplimiento previo de las normas legales y, en todo caso, financiando oportunamente el incremento del gasto, aquellos créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, determinen las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
Las ampliaciones de crédito podrán financiarse por los mismos medios citados en el art. 52.2 de este reglamento.
En el expediente de ampliación de crédito habrá de certificarse por el/la gerente la necesidad de mayor gasto e indicar la fuente de financiación para su cobertura.
La competencia para la aprobación de expedientes de ampliación de créditos corresponde al
Consejo de Gobierno.
SECCIÓN SEXTA: GENERACIONES DE CRÉDITO.
Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.
Podrán dar lugar a generaciones de crédito los ingresos realizados en el propio ejercicio y acreditados documentalmente:
a) Procedentes de aportación de personas naturales o jurídicas para financiar, conjuntamente con la Universidad, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de la misma.
b) Derivados de ventas de bienes y prestación de servicios.
c) Derivados de enajenaciones de inmovilizado.
d) Como consecuencia de reembolsos de préstamos.
e) Derivados de ingresos, en términos netos, procedentes de proyectos, contratos, trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de cursos y seminarios, entre otros.
f) Procedentes de ingresos por reintegros de pagos indebidos de ejercicios cerrados o realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente.
g) Ingresos por venta de publicaciones, servicios deportivos universitarios y otros ingresos.
h) Ingresos procedentes de ejercicios cerrados cuando no se hubieran generado créditos en el ejercicio en que se produjeron.
i) Remanente de tesorería.
j) Declaración de no disponibilidad de otros créditos del presupuesto.
Los ingresos de carácter finalista o específico solo podrán financiar los créditos destinados a atender la finalidad concreta que tengan asignados.
La generación solo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, la generación como consecuencia del supuesto previsto en el apartado 2.a) del artículo anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por la Universidad.
Las competencias para la aprobación de expedientes de generación de crédito corresponden al rector o rectora, que dará cuenta al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que las limitaciones en el aumento del gasto requieran aprobación de otros órganos.
SECCIÓN SÉPTIMA: INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.
El remanente de crédito presupuestario al cierre de un ejercicio, es la diferencia entre la consignación definitiva de un crédito y las obligaciones reconocidas netas con cargo al mismo.
No obstante lo dispuesto en el artículo 44, se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior que obtenga la autorización expresa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Asimismo, se incorporarán necesariamente al estado de gastos del ejercicio inmediato siguiente:
a) Los remanentes de créditos financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista, hasta el límite de su financiación externa.
b) Los remanentes de créditos extraordinarios o suplementos de créditos cuya aprobación se haya realizado en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
c) Aquellos otros que se puedan recoger en las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio correspondiente.
El/la gerente podrá autorizar la disponibilidad en el ejercicio corriente de los remanentes de crédito existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior que procedan de financiación afectada, de acuerdo con lo recogido en el presente reglamento y en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio en relación a dichos créditos, así como los que se consideren imprescindibles para la atención de compromisos ineludibles. Todo ello sin perjuicio de la tramitación del oportuno expediente de alteración presupuestaria para consideración del órgano competente.
Las incorporaciones de crédito se financiarán con cargo a la financiación afectada, en su caso, y con cargo a remanente de tesorería las restantes.
La competencia para autorizar la incorporación de remanentes de crédito corresponde al Consejo de Gobierno.
SECCIÓN OCTAVA: BAJAS POR ANULACIÓN.
Las bajas por anulación suponen una modificación presupuestaria que consiste en la disminución total o parcial del crédito presupuestario asignado a una determinada partida de gastos.
La baja por anulación de cualquier crédito podrá darse siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo centro de gasto.
Las bajas por anulación serán aprobadas por el rector o rectora, que dará cuenta al Consejo de
Gobierno.
Es una operación presupuestaria que permite distribuir créditos dentro de la misma vinculación jurídica de los mismos. No ha de poder alterar la definición establecida en el estado de gastos del presupuesto inicial y sus modificaciones, por lo que solo podrán destinarse a financiar créditos de la misma clasificación económica de un programa presupuestario. La operación, no sujeta a fiscalización previa, se realizará de acuerdo con la aplicación informática diseñada y puesta en funcionamiento para su gestión.
Asimismo, como excepción, serán tramitadas por redistribución de crédito, las operaciones internas que se establezcan en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
La competencia para autorizar las redistribuciones de crédito corresponde a la persona responsable del centro de gasto, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artículo 77 de este Reglamento.
El rector o rectora aprobará las minoraciones de créditos que no se encuentren comprometidos para el cumplimiento de obligaciones en la misma cuantía de las generaciones y ampliaciones de crédito, créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados con cargo a la declaración de no disponibilidad de otros créditos. De estas operaciones se dará cuenta al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social.
Todos los ingresos de la UGR se destinan de manera global a financiar el conjunto de gastos, excepto que por su carácter o por un acuerdo concreto del órgano competente, queden afectados como ingresos finalistas o específicos.
Son ingresos finalistas los que financian conceptos de gasto de manera directa o específica, que afectan a inversiones, proyectos u otras actividades de investigación, o relacionados con cualquier otra actividad de la Universidad.
Los ingresos finalistas o específicos (convenio, proyecto, curso, congreso, jornada, contrato de investigación, etc.), tendrán efectos económicos desde el momento en que se produzca su efectiva recaudación. No obstante, el/la gerente podrá autorizar la disponibilidad del gasto que financien, a petición de la persona responsable del centro de gasto del convenio, proyecto, curso, etc., si existe documentación acreditativa que considere el ingreso suficientemente garantizado.
El pago de las obligaciones se podrá materializar, aunque el ingreso no se encuentre efectivamente percibido, siempre que el derecho se encuentre suficientemente acreditado. Con carácter general, en el caso de retribuciones del personal de la Universidad, deberá haberse producido el ingreso efectivo considerado. No obstante, el/la gerente podrá resolver el pago material de retribuciones de personal sin el requisito de ingreso efectivo, en atención a circunstancias de carácter excepcional que lo justifiquen.
Los ingresos finalistas o de carácter específico, se destinarán a la finalidad establecida en el acuerdo de concesión y los gastos afectados serán objeto de contabilización independiente para facilitar su justificación.
Salvo que la normativa específica o una resolución del/la gerente establezca otros criterios de reparto, estos ingresos devengarán costes indirectos que se destinarán a soportar los gastos generales de la Universidad, una vez deducido el impuesto aplicado correspondiente, en su caso, según los criterios que establezcan las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
SECCIÓN SEGUNDA: PRECIOS PÚBLICOS.
Los precios públicos a satisfacer por la prestación del servicio público de la educación superior en la UGR, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, serán los indicados por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No existirán más bonificaciones y/o compensaciones que las contempladas en la normativa vigente y aquellas que puedan establecerse en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
El resto de precios públicos, una vez aprobados por el Consejo Social, se ajustarán y gestionarán según lo indicado en el “Catálogo de Precios Públicos”, que será publicado por la Gerencia.
Los derechos de matrícula para estudios que conduzcan a la obtención de un título propio de la UGR los aprobará el Consejo Social, tendrán la consideración de precios por servicios académicos universitarios y, en términos netos, estarán directamente afectados a la financiación de los gastos de los estudios que en ellos se realicen.
En la fijación de los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos propios se tendrá en cuenta prioritariamente el principio de estimación del coste, por lo que su cuantía tenderá a cubrir la totalidad de los gastos que supongan la celebración de dichas enseñanzas. El coste total tendrá en cuenta los costes indirectos en que incurre la actividad y, en su caso, el canon que pueda fijarse en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
Los pagos por devolución de ingresos procederán cuando concurran las causas legalmente justificativas de la devolución.
Las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio establecerán el procedimiento de devolución de ingresos derivado del expediente correspondiente aprobado por el/la gerente, o persona a quien este designe.
SECCIÓN TERCERA: PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS.
La gestión de los ingresos de la Universidad se realiza mediante las siguientes fases sucesivas o simultáneas:
a) Reconocimiento del derecho.
b) Extinción del derecho.
El reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Universidad.
Solamente se reconocerán como derechos a cobrar los que se deriven de los actos, acuerdos, resoluciones o providencias dictadas por persona competente y existan las garantías suficientes de cobro.
La competencia para el reconocimiento de derechos no recaudados corresponde al/la gerente.
La extinción del derecho podrá producirse por su cobro, por compensación, por anulación o por prescripción.
El cobro de los derechos a favor de la UGR se realizará a través de las entidades bancarias que en su caso se determinen.
Los centros de gasto son unidades dotadas de autonomía para la gestión de los créditos que les son asignados a sus responsables dentro del presupuesto de gastos de la Universidad.
El/la gerente autorizará el establecimiento de centros de gasto, asignándoles la gestión de los créditos recogidos en el presupuesto, de conformidad con lo establecido en este reglamento, así como en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio. Asimismo, establecerá centros de gasto para cada uno de los proyectos y contratos de investigación con una asignación equivalente a la disponibilidad del crédito del proyecto o contrato y, en general, de aquellos que tengan financiación externa, con una asignación equivalente a dicha financiación. Para el caso particular de los contratos de investigación, cátedras, aulas, recursos liberados de proyectos internacionales, organización de congresos y/o conferencias u otros que por su naturaleza sean asimilables, permanecerán activos, como máximo, hasta el 31 de diciembre del ejercicio económico posterior a la finalización de la actividad para la que se haya recibido la financiación afectada o finalista o se haya formalizado el último ingreso, en que serán dados de baja por el servicio competente en materia de contabilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio para el uso de remanentes afectados.
El servicio competente en materia de contabilidad mantendrá un registro de centros de gasto con información individualizada de los mismos en cuanto a su apertura y cancelación, histórico de responsables y personas autorizadas, así como DNI de los mismas, fecha de autorización y cese de funciones, en su caso. Para el mantenimiento de este registro se tendrá en cuenta lo establecido por la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
Tienen la condición de personas responsables de centros de gasto, siempre que su vinculación con la Universidad sea de carácter permanente, las siguientes:
a) Los/as vicerrectores/as y cargos asimilados y el/la secretario/a general en el área de sus respectivas competencias.
b) El/la gerente, en los servicios centrales, gestión de gastos estructurales de todos los centros de la Universidad, con las excepciones que se establezcan, u otros centros de gasto que por su idoneidad le correspondan en el ámbito de sus competencias. En todo caso, los documentos justificativos del gasto serán previamente visados por las personas responsables de la administración de los centros o de los servicios o unidades administrativas centrales o, en su defecto, por el personal que se determine por la Gerencia.
c) Los/as decanos/as y directores/as de centros, o persona a quien expresamente estos designen.
d) Los/as directores/as de departamento o persona a quien estos designen de entre los miembros de la Junta de Dirección del Departamento.
e) Los/as directores/as de institutos universitarios o persona a quien estos designen de entre los miembros de la Junta de Dirección.
f) Los/as directores/as o responsables de servicios y unidades orgánicas con dotación presupuestaria o persona a quien estos designen.
g) Los/as directores/as de colegios mayores y residencias universitarias.
h) Los/as directores/as o responsables de los cursos de especialización (no conducentes a títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional).
i) Los/as coordinadores/as de cursos de posgrado, másteres oficiales o propios, programas de doctorado y los coordinadores de congresos, jornadas, reuniones científicas, seminarios y cualquier evento de estas características.
j) Los/as investigadores/as principales de los proyectos o contratos y convenios de investigación, en los estrictos términos previstos en dichos proyectos, así como las personas responsables de grupos de investigación.
k) Los/as administradores/as de los centros en los que no se haya nombrado director/a de los mismos. En caso de ausencia de director/a y administrador/a será el/la gerente quien determinará la forma de actuación correspondiente en cuanto a la autorización y forma de gestión del gasto.
Además, podrán ser titulares de centros de gasto las personas responsables directas de la gestión de las dotaciones presupuestarias con finalidades de investigación que se asignen, debiendo tener en todo caso vinculación funcionarial o laboral con la UGR durante al menos todo el periodo de ejecución y justificación de la actividad para la que se reciba la financiación.
Los/as miembros del equipo de gobierno y aquellos otros cargos o responsables que coordinen centros de gasto, tendrán las mismas competencias que las asignadas a las personas responsables de centros de gasto, además de poder proponer, entre otras, modificaciones presupuestarias entre las orgánicas que coordinen.
Adicionalmente se podrán establecer por el/la gerente otros centros de gasto y responsables de los mismos para la adecuada gestión del presupuesto de la Universidad.
La designación de personas indicadas en las letras c), d), e) y f) del punto 4 anterior, deberá formalizarse por escrito mediante autorización expresa de las personas responsables de centro de gasto y ser comunicada al servicio competente en materia de contabilidad para su registro.
Al Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios, en adelante PTGAS, que tenga encomendadas las tareas administrativas de departamentos, agrupaciones funcionales de departamentos, institutos de investigación u otras unidades administrativas, le corresponderá la gestión económica de los centros de gasto con financiación afectada o finalista donde esté adscrito, o en su caso, desempeñe la mayor parte de su actividad docente e investigadora la persona responsable del mismo. No obstante, cuando se aprecien razones de eficacia organizativa basadas en la especial naturaleza de la actividad a desarrollar, la Gerencia podrá asignar de forma motivada la gestión administrativa y económica a una unidad distinta de la que pudiere corresponderle.
Mientras no existan suficientes soportes documentales o compromisos para considerar que se va a recibir el ingreso y se refleje el crédito en el centro de gasto correspondiente, no podrán ejecutarse gastos con cargo a financiación afectada o finalista. La no observación de lo indicado en este apartado conllevará la no asunción por parte de la UGR de las deudas contraídas y dará lugar a exigencia de las responsabilidades a que haya lugar. Se considerará responsable a toda persona que intervenga en la gestión y ejecución del gasto realizado.
En casos excepcionales, el/la gerente podrá autorizar su ejecución si considera el ingreso suficientemente garantizado de la forma establecida en el artículo 68 de este reglamento.
Si los gastos no se ejecutan en el ejercicio presupuestario habiéndose recibido los correspondientes ingresos, podrán ejecutarse en el ejercicio siguiente para la misma finalidad, financiados con “remanentes afectados o específicos”, siempre que no haya vencido el periodo de ejecución fijado en las bases de las convocatorias o en sus normas reguladoras.
La gestión administrativa de los contratos de investigación, suscritos al amparo del artículo 60 de la LOSU, se regirá por la normativa interna que sea aprobada por la Universidad. En todo caso, el presente reglamento les será de aplicación a estos contratos junto a las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio, así como la normativa en materia de contratación administrativa y de personal aplicable a la Universidad.
La ejecución de los gastos de los proyectos o contratos de investigación, será responsabilidad del investigador principal que hubiera recibido la ayuda o suscrito el correspondiente convenio o contrato.
En los contratos, se deberá consignar una memoria económica en la que se establezca la previsión de dedicación horaria del Personal Docente e Investigador, en adelante PDI, y PTGAS que vaya a participar, así como la valoración de la misma. En ningún caso, los gastos asociados a convenios o proyectos y contratos superarán los ingresos finales previstos al efecto en dicha memoria o en sus modificaciones posteriores.
Los proyectos y contratos con financiación específica se desarrollarán y gestionarán conforme a su finalidad, su normativa específica, naturaleza del gasto y en los términos en los que se haya concedido la subvención, en su caso. En su defecto se regirán por la normativa desarrollada por la UGR.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la ejecución del gasto se observará lo dispuesto en la legislación que sea de aplicación en materia de Contratación del Sector Público. Por la persona responsable del centro de gasto se deberá solicitar el inicio del expediente de contratación administrativa a que haya lugar.
Los recursos para la financiación de las actividades de I+D+i que se obtengan como contraprestación de los contratos suscritos al amparo del artículo 60 de la LOSU, quedarán afectados directamente a los proyectos o centros de gasto donde se hayan realizado. Estos ingresos compensarán el uso y mantenimiento de los bienes, equipos e instalaciones de la
Universidad con el porcentaje del presupuesto total del contrato que se establezca en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio en concepto de costes indirectos. Tendrán la consideración de costes indirectos todos aquellos costes que, aunque no puedan vincularse directamente con la operación financiada, son necesarios para su ejecución. Estos costes indirectos y sus condiciones de liquidación se ajustarán a la normativa interna de la Universidad establecida al efecto.
SECCIÓN SEGUNDA: PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EJECUCIÓN DEL GASTO.
Corresponde al rector o rectora la autorización y ordenación del gasto que se impute a los créditos presupuestarios, así como la ordenación de todos los pagos con cargo a los fondos y depósitos de la UGR.
Las propuestas de gasto serán suscritas por la persona responsable del centro de gasto correspondiente.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de los/as directores/as de departamento, escuela e instituto, decanos/as de facultad y demás responsables de centros de gasto, en el ámbito de sus respectivas competencias y presupuestos, podrá hacerse cargo de la gestión y conformidad de los gastos el secretario del departamento o instituto, el/la vicedecano/a de facultad o subdirector/a de la escuela o persona relacionada con la unidad que se designe respectivamente, siempre que haga constar su identidad en los documentos conformados y se encuentren registrados en la base de datos habilitada en el servicio competente en materia de contabilidad para la identidad de las personas responsables de centros de gasto. En centros de gasto con financiación afectada las personas responsables de los mismos serán sustituidas por quienes estas designen de entre sus miembros, debiendo estos últimos, en todo caso, tener vinculación funcionarial o laboral con la
UGR.
a) Aprobación (o autorización) del gasto. (Fase A)
b) Compromiso (o disposición) del gasto. (Fase D)
c) Reconocimiento de la obligación. (Fase O)
d) Ordenación del pago.
e) Pago material.
Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución enumeradas en las letras a), b) y c) del apartado anterior. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.
Para los contratos menores será posible unir todas las fases en un documento ADO.
Las fases de gasto se tramitarán, documentarán y contabilizarán conforme a lo establecido en el presente reglamento y en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio y, supletoriamente, en las normas establecidas en la materia por la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Estado.
La aprobación o autorización (fase A) del gasto es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Se inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Universidad.
Únicamente podrán autorizarse gastos dentro del límite de existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para atender las obligaciones que de los mismos se derivan.
Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, las resoluciones o los actos administrativos en general que se adopten sin la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar.
El compromiso o disposición del gasto (fase D) es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Universidad a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.
El reconocimiento de la obligación (fase O) es el acto mediante el que se declara la existencia de una obligación exigible contra la Universidad, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.
El reconocimiento de la obligación se efectuará según el procedimiento recogido en las bases de ejecución de cada ejercicio.
La ordenación del pago es el acto mediante el cual se expide, en relación con una obligación reconocida anteriormente, una orden de pago contra la tesorería de la Universidad.
El pago material es el acto mediante el cual se satisfacen a los perceptores, a cuyo favor estuvieran expedidas las órdenes de pago, los importes que figuran en las mismas, produciéndose la salida de fondos, material o virtual, de la tesorería de la Universidad, y determinando la cancelación de una determinada obligación reconocida anteriormente.
Los pagos podrán realizarse “en firme” o “a justificar”. Por el/la gerente podrá determinarse la calificación de pago urgente previa memoria explicativa de la persona responsable del centro de gasto.
La UGR llevará a cabo el pago de manera total, de forma generalizada, o parcial, en determinados casos, conforme a la legislación vigente, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.
El medio preferente de pago es la transferencia bancaria. En casos excepcionales y/o por razones de oportunidad se podrá utilizar el cheque nominativo, el pago en efectivo o la tarjeta electrónica de pago en los casos previstos.
Para poder hacerse efectivo el pago mediante transferencia bancaria, el acreedor debe mantener vigentes sus datos en el registro de terceros. La unidad administrativa responsable de este registro es el servicio competente en materia de contabilidad.
La facultad para hacer efectivos los pagos se ejercerán con la concurrencia mancomunada de las firmas del rector o rectora o vicerrector/a que le supla, y del/la gerente o persona que designe en los pagos centralizados. Será preceptiva la fiscalización y firma de la persona responsable del órgano de control interno y, en caso de ausencia, por la persona inmediata de inferior rango adscrita a dicho órgano.
Las firmas de las personas autorizadas tendrán que constar conjuntamente en los cheques o documentos que suponen la salida de fondos de la Universidad.
Se podrá autorizar al personal de la Universidad que se determine, el uso de medios de pago electrónico con sus respectivos límites de disposición, elegibilidad de gastos y justificación de estos. El/la gerente podrá dictar las instrucciones necesarias para su regulación, sin perjuicio de lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
SECCIÓN TERCERA: PAGOS A JUSTIFICAR.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las órdenes de pago que, excepcionalmente, no puedan ir acompañadas de los documentos justificativos en el momento de su expedición, tendrán el carácter de “a justificar”, sin perjuicio de la aplicación procedente a los créditos presupuestarios correspondientes.
La expedición de órdenes de pago a justificar procederá en los siguientes casos:
a) Cuando no sea posible la aportación de los documentos justificativos del gasto antes de formularse la propuesta de pago.
b) Cuando las prestaciones o servicios a los que se refieren vayan a tener o hayan tenido lugar en el extranjero.
c) Cuando se considere necesario para la agilización de la gestión de los créditos, atendiendo a razones de oportunidad u otras consideraciones debidamente ponderadas que deberán constar de forma motivada en el expediente.
Se efectuará un especial seguimiento y control de los pagos de esta naturaleza que estén pendientes de justificar, a los efectos de mantener regularizada la situación administrativa y contable, según proceda.
La persona responsable del centro de gasto correspondiente, a través de su unidad de gestión, promoverá las medidas oportunas para obtener esta justificación a la finalización de la citada actividad y en forma adecuada.
Las personas perceptoras de estas órdenes de pago quedarán obligadas a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en los plazos establecidos en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
SECCIÓN CUARTA: TARJETA DE PAGO ELECTRÓNICO.
El pago mediante tarjeta electrónica de la UGR es un procedimiento de gestión de pagos que tiene el carácter de asimilado a los realizados por anticipo de caja fija que, utilizando los avances y herramientas electrónicas, facilita la gestión diaria del personal con relación funcionarial o laboral con la UGR, permite ahorro en gastos menores y automatiza la corriente de datos relativos a pagos, a los efectos de la contabilidad y tesorería de la Universidad. Las condiciones de uso de la tarjeta electrónica se regirán por lo previsto en el “Programa tarjeta de pago electrónico UGR” y en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
El procedimiento establecido para la tramitación de gastos y justificación de los mismos mediante este medio de pago será el recogido en las bases de ejecución de cada ejercicio.
La persona tomadora responsable de una tarjeta de pago electrónico UGR, será responsable de las cantidades resultantes de aquellos pagos que, en su caso, haya podido ordenar para gastos que:
a) Sean no elegibles en el correspondiente Centro de gasto.
b) No figuren en la lista autorizada de gastos.
c) No sean justificados en el plazo.
SECCIÓN QUINTA: ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
Se entiende por "anticipos de caja fija" las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a las cajas pagadoras para la atención inmediata, y posterior aplicación presupuestaria del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a material fungible, material inventariable de escasa cuantía, dietas, gastos de locomoción, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características que se originen en los distintos programas del presupuesto de gastos de esta Universidad y en aquellos otros que, en su caso, sean autorizados por resolución del/la gerente con las limitaciones que esta establezca. Estos anticipos de caja fija no tendrán la consideración de pagos a justificar.
Los fondos que tengan la condición de anticipos de caja fija solo podrán destinarse a satisfacer el pago de obligaciones siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente, de acuerdo con la naturaleza económica de la obligación cuyo pago deba realizarse.
Mediante resolución del/la gerente será fijada la distribución territorial y la creación, modificación o supresión de las cajas pagadoras. En dicha resolución se reflejará la relación de cajas pagadoras que dispondrán de anticipo de caja fija, los conceptos presupuestarios de aplicación, el importe de los créditos asignados a cada una de las cajas, el límite de los pagos individualizados y aquellos otros extremos que sea necesario regular.
La cantidad disponible para anticipos de caja fija en las cajas pagadoras autorizadas, no podrá superar el importe establecido en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
Al comienzo del ejercicio el servicio competente en materia de contabilidad practicará las reservas de crédito correspondientes a las cuantías que se distribuirán a cada caja pagadora. Los anticipos se librarán con cargo a operaciones extrapresupuestarias. Con cargo a los fondos recibidos, los cajeros pagadores atenderán al pago de los gastos para cuya finalidad se libraron.
Cuando se produzca la supresión de una caja pagadora, el respectivo cajero pagador deberá reintegrar a Tesorería de la Universidad el importe del anticipo recibido.
“Anticipos de caja fija”.
Las disposiciones de fondos se efectuarán por alguno de los siguientes medios:
a) La transferencia bancaria será el medio habitual de pago. Para efectuar pagos por este medio será necesario contar con los datos bancarios del acreedor. Habrán de autorizarse con las firmas mancomunadas de la persona responsable de la caja fija y del cajero pagador o de las personas sustitutas de los mismas. En ningún caso podrá ser una misma persona la que realice ambas sustituciones. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde la fecha en que se hubiere efectuado la transferencia. La copia o relación de transferencias se unirá al justificante de gasto para acreditar así la satisfacción de la obligación.
b) En casos excepcionales, cheques nominativos, girados a nombre del acreedor. Habrán de autorizarse con las firmas mancomunadas referidas para las transferencias bancarias. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento en que el perceptor suscriba el "recibí" en la orden de pago.
c) Se autoriza la existencia en las cajas pagadoras de la cantidad de efectivo que se indique para cada ejercicio en las bases de ejecución del presupuesto correspondiente, para atender necesidades imprevistas y gastos de menor cuantía.
La responsabilidad de la custodia de los fondos recaerá en la persona responsable de la caja fija o en quien le sustituya. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento en que el perceptor suscriba el "recibí" en la orden de pago.
d) Mediante tarjeta electrónica de pago, recargable, monedero o similar.
El procedimiento de rendición y aprobación de cuentas justificativas de los gastos atendidos con anticipos de caja fija, será el establecido en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
El servicio competente en materia de gestión económico-financiera comprobará y aprobará, en su caso, las cuentas justificativas, sin perjuicio de los controles que sobre los mismos pueda realizar el órgano de control interno, procediendo a su archivo.
En el caso de que se detecten errores o anomalías, dicho servicio lo pondrá en conocimiento de los interesados para su subsanación.
Por el órgano de control interno, mediante técnicas de auditoría, se podrá realizar el examen de las cuentas rendidas con objeto de verificar, por un lado, el cumplimiento de la legalidad en cuanto a la tramitación y documentos justificativos de los gastos y, por otro, que la gestión de los fondos se adapta a principios de buena gestión financiera.
Con independencia de la información que con carácter periódico se remita al servicio competente en materia de gestión económico-financiera, los cajeros pagadores presentarán al cierre de cada ejercicio los modelos oficiales que sean establecidos, que comprenderán la totalidad de los pagos e ingresos realizados en la caja pagadora durante el ejercicio presupuestario.
Dichos modelos, una vez cumplimentados, se enviarán por las distintas cajas pagadoras, junto con la siguiente documentación:
a) Arqueo de caja de efectivo a 31 de diciembre, conforme al modelo oficial.
b) Conciliación bancaria a 31 de diciembre, conforme al modelo oficial establecido al efecto, acompañada de fotocopia del extracto bancario de la misma fecha.
SECCIÓN SEXTA: NORMAS SOBRE GASTOS DE PERSONAL.
Las retribuciones del PDI y del PTGAS, serán las que contiene la plantilla presupuestaria. La asignación individual de los complementos de productividad y por servicios de carácter extraordinario al PTGAS, se efectuarán por resolución del/la gerente en los términos establecidos en la legislación y acuerdos vigentes en cada momento.
Cuando cualquier persona de la Universidad colabore internamente en cursos, conferencias, ponencias, proyectos, cátedras, etc., se le indemnizará en las condiciones previstas en la normativa interna vigente en la Universidad sobre retribuciones de esta naturaleza, siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en el centro de gasto correspondiente, y se justificará aquella colaboración mediante la liquidación razonada que formulará la persona responsable de la actividad.
La totalidad de las retribuciones del personal, tanto las de carácter periódico y fijo como las que no tengan esta naturaleza (cursos, participación en contratos de investigación, etc.), se incorporarán a la nómina mensual.
En todo caso, en cuanto a límites retributivos, se observará lo establecido en la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
humanístico o artístico, así como para actividades específicas de formación.
La solicitud de retribuciones deberá realizarse a lo largo del ejercicio fiscal en el que se haya producido el hecho imponible.
El importe máximo que anualmente puede percibir un profesor universitario, por estos contratos, no podrá exceder del resultado de incrementar en el 50% la retribución anual que pudiera corresponder a la máxima categoría docente-académica, en régimen de dedicación a tiempo completo, por todos los conceptos retributivos previstos en el R.D. 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.
El PTGAS que participe en dichos convenios, contratos o proyectos, podrá percibir igualmente las retribuciones que se fijen en la memoria económica, las cuales deberán observar las limitaciones de la normativa reseñada en el punto 4 del artículo anterior. Las cuantías a percibir se harán efectivas mediante abono en concepto de retribución extraordinaria. Corresponde formular la propuesta razonada y la liquidación de dichas retribuciones al investigador principal, con la conformidad del/la gerente y previa fiscalización por el órgano de control interno, según los casos.
Para el pago de las retribuciones mencionadas en el presente artículo que se perciban tanto por el PDI como por el PTGAS, se deberá atender a lo dispuesto en las instrucciones dictadas por el/la gerente.
Se faculta al rector o rectora para establecer las asimilaciones de cargos académicos que correspondan según normativa.
Previo acuerdo de la Comisión de Acción Social, el Gabinete de Acción Social ofertará la concesión de anticipos en resoluciones parciales para atender solicitudes del personal universitario, con arreglo a las bases que en su momento se publiquen.
SECCIÓN SÉPTIMA: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO Y OTRAS
INDEMNIZACIONES A PERSONAL EXTERNO A LA UNIVERSIDAD.
En materia de indemnizaciones por razón del servicio, indemnizaciones a personal externo y gratificaciones por asistencias serán de aplicación las “Normas para la liquidación y tramitación de indemnizaciones por razón de servicio e indemnizaciones de gastos por desplazamiento y estancia de personal externo”, que figurarán como anexo de las bases del presupuesto de cada ejercicio.
El/la gerente establecerá principios y criterios para el desarrollo e interpretación de dicha normativa, en los casos en que se precise o se estime que deban ser puntualizados.
Los gastos derivados de desplazamientos, asistencias y estancias que se financien con cargo al presupuesto ordinario de la Universidad se indemnizarán observando la normativa indicada en el artículo precedente, salvo que los desplazamientos y estancias realizados se financien con fondos de carácter de afectados o finalistas para los que el ente financiador exija que dichas indemnizaciones se rijan por normas específicas, indicadas en las convocatorias correspondientes o en la resolución de concesión de la financiación, en cuyo caso la normativa de la UGR tendrá carácter supletorio.
SECCIÓN OCTAVA: SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD.
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa por parte de los entes o personas beneficiarias.
b) Que la entrega esté afectada a un fin, propósito, actividad, proyecto específico o la concurrencia de una situación, existiendo obligación por parte del destinatario de cumplir las obligaciones o requisitos que se hubieran establecido.
c) Que la finalidad responda a una utilidad pública o interés social.
Quedan excluidos igualmente del concepto de subvención, considerándose como transferencias, las aportaciones dinerarias o en especie que realice la UGR a otras entidades públicas, para financiar globalmente la actividad de la entidad a la que vayan destinadas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.
Del mismo modo, no serán aplicables los procedimientos dispuestos por la Universidad para el otorgamiento de subvenciones a los premios que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Los que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
b) Los otorgados a las personas ganadoras de competiciones deportivas, olimpiadas académicas o similares, yincanas o de naturaleza similar, en la que los participantes se someten a una prueba para demostrar sus habilidades, destrezas o ingenio, siempre que su cuantía no sea superior a la establecida en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio para gastos menores.
c) Los que no tengan contenido económico y sean meramente honoríficos, así como aquellos en el que el premio consista en un pequeño recuerdo, una medalla, un bien de valor reducido que represente un testimonio de reconocimiento no superior a la cuantía establecida en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio para gastos menores.
d) Los que se convoquen por la UGR y los premios sean aportados directamente por instituciones o empresas a los beneficiarios.
e) Los que se convoquen por instituciones/empresas externas y sean financiados con fondos finalistas aportados por estas a la UGR a través de una cátedra.
f) Los premios de contenido económico que se abonen directamente en cualquier centro de gasto de la UGR, mediante redistribución de crédito o transferencia de crédito.
La concesión de subvenciones se regirá por el presente reglamento, las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio y especialmente por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su reglamento, sin perjuicio de la normativa comunitaria, estatal y autonómica que, con carácter específico, le fuese de aplicación.
A las ayudas en especie les será de aplicación la normativa anterior cuando consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero. En todo caso, la adquisición se someterá a la normativa vigente en materia de contratación del Sector Público.
Previamente a que los órganos de la Universidad propongan el establecimiento de subvenciones, deberán concretarse en un Plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las bases reguladoras de cada subvención y las convocatorias harán referencia al Plan estratégico de subvenciones en el que se integran, señalando de qué modo contribuyen al logro de sus objetivos; en otro caso, deberá motivarse por qué es necesario establecer la nueva subvención, incluso aun no habiendo sido prevista en el Plan, y la forma en que afecta a su cumplimiento.
El contenido del Plan tiene carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones. Su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio.
El Plan podrá tener carácter plurianual y será aprobado por resolución del rector o rectora, sin perjuicio de que anualmente se realicen las actuaciones correspondientes de acuerdo con la información relevante disponible.
Los planes estratégicos de subvenciones y sus actualizaciones deberán publicarse en el Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
Las subvenciones en régimen de concurrencia se regularán de manera específica por sus bases reguladoras y convocatorias.
Las subvenciones de concesión directa se regularán en su resolución de concesión y, en su caso, en los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones, donde se establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación.
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención, a tal efecto, en el presupuesto de la
Universidad podrán dotarse cantidades alzadas, globales e indeterminadas, que se integrarán en los capítulos 4 o 7 del presupuesto de gastos, según se destinen a financiar operaciones corrientes o de capital respectivamente por sus futuros beneficiarios, que a su vez habrán de incluirse en los programas internos a que se asignen. Será obligatoria la formalización del documento o documentos contables de retención de crédito, en función de si la subvención tiene carácter anual o plurianual.
c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación. En todo caso, cuando se trate de subvenciones en régimen de concurrencia, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones.
d) Informe de los servicios jurídicos de la Universidad.
e) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en el presente reglamento, en las bases de ejecución del presupuesto y en el Plan anual de Control Interno.
f) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
g) Obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones sobre la normativa reguladora, las convocatorias, las concesiones, los pagos realizados, las resoluciones del procedimiento de reintegro y las resoluciones firmes del procedimiento sancionador. En el caso de subvenciones de concesión directa, el contenido citado se adecuará a sus especiales circunstancias.
Tendrá la consideración de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
Tendrán la consideración de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, aquellas en la que la concesión se realiza en atención a la existencia de una determinada situación, sin que sea necesario establecer en tales casos la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que cumplen con los requisitos para su concesión.
Los órganos competentes para la concesión de subvenciones elaborarán y aprobarán, previo informe de los Servicios Jurídicos y del órgano de control interno, las bases reguladoras de las subvenciones que pretendan otorgar en régimen de concurrencia y las correspondientes convocatorias de subvenciones y premios. Tales bases serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la UGR.
Cuando no existan bases reguladoras previamente establecidas, los órganos convocantes, antes de adoptar las resoluciones de concesión, tienen que fijar aquellas que vayan a aplicarse a la misma, debiendo igualmente ser sometidas a los informes a los que se hace referencia en el apartado anterior.
La convocatoria de concurrencia se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el convocatoria justifique que el extracto se publique en un boletín oficial diferente.
En el supuesto de que en la convocatoria de subvenciones se prevea que la ejecución se realizará en dos o más ejercicios presupuestarios, deberá indicarse su distribución por anualidades, con la previsión, en su caso, de la posibilidad de adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual según lo regulado en el presente reglamento. Del mismo modo, se indicará que las cuantías de las anualidades futuras quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias de la correspondiente anualidad.
Las subvenciones de concesión directa podrán ser nominativas, de imposición legal o excepcionales.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto de la Universidad.
Las subvenciones de imposición legal son aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango de Ley.
Las subvenciones excepcionales serán concedidas cuando se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
La concesión y pago de estas subvenciones estarán condicionados al cumplimiento de las obligaciones generales que en este reglamento se contienen y las que se fijen con carácter particular para cada supuesto concreto.
Se considerará como beneficiario de las subvenciones que otorgue la UGR a la persona o entidad que haya de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS.
Atendiendo a la naturaleza de la subvención, las bases reguladoras podrán establecer que las personas beneficiarias puedan quedar exceptuadas, a efectos de la concesión de la subvención, de todas o algunas de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la LGS.
Los beneficiarios de las subvenciones están obligados a:
a) Realizar y finalizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Acreditar ante el órgano concedente de la Universidad la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos, objetivos y condiciones que determinen la concesión o el disfrute de la ayuda y que el importe de la subvención se ha invertido en la actividad para la que se había concedido.
c) Justificación documental de los gastos realizados ante el órgano concedente de la subvención o ayuda. A estos efectos el citado órgano podrá pedir todos los documentos justificativos que considere necesarios para comprobar la aplicación de la subvención, así como que la justificación cuente con el correspondiente informe de auditoría.
d) Permitir las actuaciones de comprobación que la Universidad eventualmente pudiera realizar y facilitar la información precisa. Asimismo, se someterán a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información se les requiera en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
f) Los beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por la UGR deberán acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de las mismas y, en todo caso, antes de la realización del pago, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determina en la normativa vigente.
Igualmente deberán acreditar que no mantienen deudas con la UGR y que se hallan al corriente del abono de los precios públicos.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control.
h) En su caso, adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
LGS.
i) En los supuestos contemplados en el Art. 37 de la LGS, proceder al reintegro de los fondos percibidos.
Con carácter general, el órgano competente para otorgar subvenciones dentro de las consignaciones previstas en el presupuesto de la Universidad es el rector o rectora, sin perjuicio de las delegaciones de competencias emitidas en esta materia.
En el supuesto de que se estimara necesario el otorgamiento de una subvención para la que no existiere dotación presupuestaria, solo podrá iniciarse el expediente, previa la correspondiente modificación presupuestaria, tramitada y aprobada por los procedimientos y por los órganos competentes establecidos en el presente reglamento.
El otorgamiento de subvenciones de concurrencia competitiva y no competitiva estará sujeto a los distintos procedimientos establecidos por la Universidad, así como en las bases reguladoras y convocatorias.
En las subvenciones de concesión directa, la resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones, establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la LGS.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones nominativas o impuestas por normas con rango de ley, se iniciará de oficio por el órgano competente. El procedimiento también podrá iniciarse a solicitud de la persona interesada, cuando así lo establezcan las normas en las que estén previstas estas subvenciones.
Los beneficiarios de este tipo de subvenciones elaborarán y dirigirán al órgano competente una memoria en la que se detallen las acciones, actividades o destino concreto que proyectan dar a las mismas. El órgano competente dictará, en su caso, la correspondiente resolución de otorgamiento, en la que podrán establecerse las condiciones, prescripciones posibles, remuneraciones, plazos y forma de justificación y cuantas orientaciones sean necesarias para garantizar el destino y control de los fondos concedidos.
En el procedimiento de concesión de las subvenciones excepcionales, que se iniciará mediante solicitud de la persona interesada, se motivarán las razones de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, así como la inexistencia de bases reguladoras a las que puedan acogerse.
La aplicación de los fondos concedidos deberá ser justificada en el plazo que se fije en cada caso en las bases reguladoras de la subvención, en la resolución de otorgamiento, en el convenio o, en su defecto, en el plazo de tres meses desde la finalización del periodo para la realización de la actividad.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se ajustará a lo previsto en las bases reguladoras de la subvención, en el convenio o en la resolución de otorgamiento.
El régimen de control de las subvenciones, tanto en las distintas fases de fiscalización previa como de control financiero, se ajustará a lo previsto en las bases de ejecución del presupuesto y en el Plan Anual del órgano de control interno. La Universidad, a través del órgano de control interno, ejercerá las funciones de control financiero sobre las entidades que hayan sido subvencionadas con el fin de verificar la correcta aplicación de los fondos.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, en los casos contemplados en los artículos 36 y 37 de la LGS y en los demás supuestos previstos en las bases reguladoras de cada subvención, en el convenio o resolución de otorgamiento.
Las cantidades concedidas no aplicadas se reintegrarán al presupuesto de la UGR.
SECCIÓN NOVENA: DE LA CONTRATACIÓN.
Los contratos que celebre la Universidad tienen carácter administrativo o carácter privado, y se regirán por la legislación vigente en materia de contratación del Sector Público.
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación con las competencias y funciones previstas en la normativa de contratación del Sector Público vigente, además de las que le atribuya el rector o rectora.
En las resoluciones y actos administrativos que se dicten en esta materia, se deberá hacer constar expresamente que se adoptan por delegación del rector o rectora.
El procedimiento de gestión de los expedientes de contratación, a través del servicio competente en materia de contratación, será el que se determine por el/la gerente en concordancia con lo establecido en normativa vigente de contratos del Sector Público.
Anualmente, la UGR realizará una programación de la actividad de contratación pública, que desarrollará en el ejercicio presupuestario o períodos plurianuales, que incluirá, al menos, aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.
El procedimiento de adjudicación a seguir dependerá de la cuantía del contrato. No obstante, en determinados casos, se podrá escoger el procedimiento si se dan determinadas circunstancias por razón de su objeto, independientemente de la cuantía del contrato.
En todos los contratos superiores a la cuantía establecida para contratos menores será necesaria la formalización de contratos administrativos, a excepción de aquellos en los que la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación de acuerdo con la legislación específica vigente.
Se consideran contratos menores los contratos cuyo importe no rebasen los umbrales establecidos por la normativa vigente de Contratos del Sector Público para los mismos.
Estos contratos no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
Para los contratos menores no será necesaria la formalización de ningún contrato administrativo, salvo que exista interés manifiesto por parte de la UGR y en especial por las personas responsables de los centros de gasto que realicen la adquisición.
No obstante, en este tipo de contratos, habrá que tener en cuenta lo que las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio recojan al respecto.
Independientemente de su consideración como contrato menor, las empresas deberán estar facultadas para contratar con la Administración, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. El/la gerente, a través del servicio competente en materia de contratación, podrá solicitar la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, así como de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración.
Se prohíbe el fraccionamiento de las facturas con la finalidad de disminuir la cuantía de las mismas y eludir así el procedimiento de adjudicación de contratos que correspondan, de conformidad con la legislación vigente en materia de contratación.
El órgano de control interno, de acuerdo con lo que establezca el Plan Anual de Control Interno, realizará muestreos aleatorios al respecto y emitirá el informe procedente.
El/la gerente, en base a criterios de economicidad y eficiencia determinará los acuerdos de adhesión a los expedientes de contratación incluidos en las plataformas de contratación centralizada de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España o promover o incorporarse a acuerdos marco compartidos entre distintas administraciones públicas de aquellos bienes y servicios que estime convenientes.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la totalidad de la prestación.
En todo caso, su constatación exigirá por parte de la UGR un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.
Al órgano de control interno le será comunicado por el servicio competente en materia de contratación, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.
En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la UGR, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en la normativa de contratación del Sector Público vigente o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.
Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto para los mismos en la normativa de contratos del Sector Público en vigor, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la factura es recibida en la UGR con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro oficial correspondiente.
Deberá suscribirse acta de recepción preceptivamente en los contratos señalados en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
En los contratos que tengan un importe inferior a los establecidos en el apartado anterior, el acta de recepción será sustituida mediante certificación suscrita por la persona responsable del centro de gasto y el administrador del centro correspondiente o asimilado, salvo que se estime conveniente su exigencia.
La UGR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la LOSU, someterá el uso de sus recursos económico-financieros a los principios de transparencia y de rendición de cuentas.
El control interno de la gestión económico-financiera de la UGR y de sus entes instrumentales se llevará a cabo por el órgano de control interno de la UGR, con objeto de comprobar que su funcionamiento se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera.
Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, la UGR está obligada a rendir cuentas de su actividad ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La UGR, a través de su órgano de control interno y con arreglo a lo dispuesto en este reglamento, asegurará el control interno de sus inversiones, gastos e ingresos, organizando sus cuentas según los principios de una contabilidad presupuestaria y patrimonial.
Este órgano ejercerá todas las competencias y contará con las prerrogativas atribuidas a la
Intervención en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en el ejercicio de sus funciones.
El control interno de la gestión económica y financiera de la UGR se realizará mediante dos modalidades, el control previo y el control financiero. En todo caso, contará con un sistema de auditoría interna.
El control previo tiene por objeto controlar los actos de la UGR que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven; y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la UGR se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
Los informes desfavorables o notas de reparos tendrán carácter suspensivo en la tramitación del expediente, en los términos que se determinen en su reglamento de control interno o en el plan anual de control interno.
El control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico- financiero de la UGR y demás entes de ella dependientes, se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los principios generales de buena gestión financiera. Este control comprenderá la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar estos. Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente.
Las bases de ejecución del presupuesto, así como el Plan Anual de Control Interno de cada ejercicio establecerán los ingresos, gastos, pagos y procedimientos (subvenciones, contratación administrativa, arqueos de fondos, fraccionamiento de contratos, …) que estarán sometidos a cada tipo de control.
El/la gerente elaborará las cuentas anuales de la UGR, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El/la gerente remitirá las Cuentas Anuales al Consejo de Gobierno para su consideración e informe, y este las elevará al Consejo Social para su consideración y, en su caso, aprobación.
Cuentas de Andalucía, deberá presentar al Consejo Social las cuentas anuales de cada ejercicio para considerar su aprobación en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio económico y enviarlas, dentro del mes siguiente a la consejería competente en materia de universidades de la Junta de Andalucía.
La liquidación del presupuesto se remitirá al Consejo Social dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente, debiendo realizarse revisión y auditoría de las cuentas del ejercicio conforme a lo estipulado por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La unidad administrativa de información contable será el servicio competente en materia de contabilidad, que se responsabilizará de la contabilidad, en sus tres vertientes: presupuestaria, económico-patrimonial y analítica, así como de la elaboración de los estados financieros preceptivos.
La estructura del presupuesto de la Universidad, su sistema contable, y los documentos que comprenden sus cuentas anuales se adaptarán a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público. La UGR publicará unos criterios de contabilidad financiera, de adaptación del Plan General de Contabilidad Pública vigente, que regirán los criterios de registro y valoración de los bienes, derechos y obligaciones de la Universidad durante el ejercicio económico.
La información financiera para rendición de cuentas estará integrada por las cuentas anuales de la propia Universidad y las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes dependientes de aquella.
El servicio competente en materia de contabilidad velará por que la toma de razón en contabilidad de los expedientes de derechos y obligaciones se ajusten a la normativa contable y al presente reglamento, sin perjuicio de las funciones que pueda competer al órgano de control interno.
Para los gastos sometidos a fiscalización limitada o excluidos de fiscalización previa, el servicio competente en materia de contabilidad comprobará los siguientes extremos:
a) Adecuación del cuerpo de las facturas a requisitos legales.
b) Correcto registro del IVA, IRPF y otros impuestos.
c) Pertinencia de la partida presupuestaria.
d) Idónea correspondencia de la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública.
e) Documentación justificativa del gasto, en su caso.
Todas las operaciones tanto de ingresos y gastos como de activos y pasivos quedarán registradas contablemente, constando en el documento contable la toma de razón del servicio competente en materia de contabilidad.
Los actos de ejecución presupuestaria habrán de producirse mediante el correspondiente documento contable, en el que constará expresión de conformidad y firma del/la gerente, del rector o rectora y de la persona responsable del órgano de control interno.
Los documentos contables podrán materializarse tanto en documentos individualizados como en relaciones múltiples, siempre y cuando las personas a las que corresponda suscribirlos sean las mismas. No obstante, los gastos imputados a créditos con financiación afectada serán objeto de formalización en documentos contables individualizados, salvo que su pago se realice por el sistema de anticipo de caja fija.
Corresponde a la jefatura del servicio competente en materia de contabilidad, bajo la dependencia del/la gerente, el establecimiento de criterios y normas sobre la fiscalidad de la UGR, así como la gestión y tramitación del pago de los impuestos a que está sujeta la entidad, que será realizada a través del servicio competente en materia de contabilidad y del servicio competente en materia de gestión económico-financiera respectivamente.
Estos recursos permanecerán en cuentas abiertas en entidades de crédito o de ahorro, sin perjuicio de los depósitos en efectivo que se dispongan para dispersión de caja. El titular de dichas cuentas será la UGR.
Las competencias de Tesorería serán ejercidas bajo la dependencia del/la gerente.
Los fondos líquidos depositados en las cuentas bancarias únicamente podrán destinarse a los fines concretos para cuya atención se hubiere autorizado la apertura.
La apertura, modificación y cancelación de cuentas bancarias se llevará a efecto por el servicio competente en materia de gestión económico-financiera, previa autorización del/la gerente.
En las cajas de efectivo únicamente podrá haber existencias destinadas al pago de atenciones de menor cuantía. El importe máximo de efectivo en las cajas no superará la cuantía establecida para cada ejercicio en las bases de ejecución del presupuesto correspondiente.
Los ingresos por precios públicos de servicios se realizarán por los interesados en cuentas restringidas de recaudación.
La solicitud de devolución de ingresos indebidos se informará por la unidad gestora del mismo y, con la conformidad del/la gerente, se tramitará el pago de acuerdo con este reglamento y las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.
Trimestralmente se elaborarán las conciliaciones de las existencias en las cajas habilitadas y en las cajas de efectivo que contendrán la información de los registros contables correspondientes, que serán suscritas por los administradores/as o por los/as jefes/as de servicio o unidades competentes, así como por el/la jefe/a de servicio competente en materia de gestión económico- financiera.
A petición del/la gerente se podrá acordar la expedición de arqueos extraordinarios en la fecha que se decida, sin perjuicio de que con carácter mensual el servicio competente en materia de gestión económico-financiera redactará un arqueo de los fondos de la Universidad, con expresión de los saldos existentes en las cuentas bancarias.
Tesorería o para financiar gastos de inversión siempre que sea autorizado.
Cada una de las operaciones de endeudamiento de la UGR y las entidades dependientes de ellas requerirán la autorización de la consejería competente en materia de hacienda, de acuerdo con el artículo 57 de la LOSU y normativa de desarrollo.
Corresponde al Consejo Social la aprobación de las operaciones de crédito que concierte la
Universidad a propuesta del Consejo de Gobierno de la misma y previa autorización de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El/la gerente podrá concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto rentabilizar los fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación de los pagos de la
Tesorería de la UGR, pudiesen estar temporalmente inmovilizados. Dichas operaciones deberán mantener la situación de liquidez de la tesorería, garantizando el efectivo cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.
El remanente de tesorería, a 31 de diciembre de cada ejercicio, será la magnitud que se obtenga al sumar los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo más los fondos líquidos o disponibles, restando de la cantidad resultante las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo.
El remanente de tesorería afectado es la parte del remanente total, producido como consecuencia de la liquidación de ingresos finalistas, en relación a los créditos no ejecutados, que necesariamente, tiene que destinarse a cubrir gastos con financiación afectada. La diferencia entre el remanente total y el remanente afectado conformará el remanente no afectado.
El patrimonio de la UGR está constituido por el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido conferidos, y por cuantos otros pueda adquirir o le sean atribuidos por el ordenamiento jurídico, y por los rendimientos de tales bienes y derechos.
El patrimonio de la Universidad incluirá igualmente el perteneciente a sus entidades instrumentales, ya existentes o que puedan ser creadas para la promoción y el desarrollo de los fines y objetivos que le son propios. En el caso de los consorcios de los que forme parte la
Universidad se estará a lo que determine el convenio de creación de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen jurídico del sector público.
Dentro de estos derechos, se consideran que forman parte del patrimonio de la UGR los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias.
También se integrarán en dicho patrimonio los derechos derivados de la ejecución de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, así como de otro tipo de acuerdos y convenios, conforme a la legislación vigente.
Las donaciones que reciba y el material inventariable y bibliográfico que se adquiera con cargo a fondos de investigación y otros fondos propios, se incorporarán al patrimonio de la UGR, salvo que en virtud de convenio deban adscribirse a otras entidades.
No se entienden incluidos en el concepto de patrimonio, a los efectos de este reglamento, el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de la Universidad ni, en cuanto a sus entes instrumentales, en su caso, los recursos que constituyen su tesorería.
Los bienes afectos al cumplimiento de los fines de la UGR y los actos que se realicen para el desarrollo inmediato de tales fines, así como sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que los tributos y exenciones recaigan directamente sobre la Universidad, a no ser que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria.
En relación a la titularidad de los bienes, administración y disposición de bienes, inventario y protección del patrimonio, se estará a lo dispuesto en este Reglamento y normativa que al respecto desarrolle la UGR, en los Estatutos de la Universidad, en la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación.
Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Universidad podrán ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales, por razón del régimen jurídico al que estén sujetos.
La Universidad tiene plena capacidad para adquirir, administrar, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes.
La administración, desafectación y disposición de los bienes de dominio público, así como de los bienes patrimoniales, requerirá la tramitación del correspondiente expediente patrimonial y se ajustarán a las normas generales que rijan en esta materia.
La titularidad de los bienes de la UGR únicamente podrá ser limitada por razón de interés público en los casos en que la ley así lo establezca.
Respecto de los actos de disposición del patrimonio universitario, se estará a lo recogido en las
Normas de Gestión Patrimonial de la UGR.
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