Tema 25. La Administración autonómica gallega. Evolución estructural y funcional: las consellerías y la Administración periférica. La Administración institucional y corporativa.
1. Punto de partida: qué dice el Estatuto sobre la Administración gallega
El Estatuto de Autonomía de Galicia dedica su Título III a «la Administración Pública Gallega». Dos preceptos fijan las bases de todo el tema:
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Art. 39: corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y estructuración de su propia Administración pública, dentro de los principios generales y normas básicas del Estado.
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Art. 41: la Comunidad ejerce sus funciones administrativas por órganos y entes dependientes de la Xunta, y puede también delegarlas en las provincias, los municipios y las demás entidades locales reconocidas en el Estatuto.
Además, el art. 9 dispone que los poderes de la Comunidad se ejercen a través del Parlamento, la Xunta y su Presidente.
2. El régimen preautonómico (1978-1981)
La norma de creación. El Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo, aprobó el régimen preautonómico para Galicia (BOE n.º 66, de 18 de marzo de 1978). Quería atender, de forma provisional y antes de que se promulgara la Constitución, la aspiración del pueblo gallego a tener instituciones propias. Sus rasgos:
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Naturaleza: la Junta de Galicia se instituía como órgano de gobierno de Galicia, con personalidad jurídica plena para los fines que se le encomendaban (art. 3).
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Composición transitoria (art. 4): once miembros elegidos por los diputados y senadores proclamados en Galicia en las elecciones generales y por los tres senadores gallegos de designación real (ocho, dos por provincia, elegidos por los parlamentarios de cada provincia, y tres más elegidos por esos ocho) y un representante de cada Diputación provincial. Tras las elecciones locales, esos representantes provinciales serían sustituidos por ocho (dos por Diputación).
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Presidente: lo elegían de entre ellos los miembros procedentes de los parlamentarios (art. 5).
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Competencias (art. 7): aprobar sus normas de régimen interior; integrar y coordinar la actuación de las cuatro Diputaciones en lo que afectara al interés general de Galicia; gestionar las funciones y servicios que le transfirieran el Estado y las Diputaciones; resolver en las materias transferidas, y proponer al Gobierno medidas de interés para Galicia.
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Plazos y carácter: la Junta debía constituirse en el plazo de un mes, y todo el régimen tenía carácter provisional y transitorio hasta que entraran en funcionamiento las instituciones autonómicas creadas al amparo de la Constitución.
El desarrollo. El Real Decreto 474/1978, de 16 de marzo, desarrolló el decreto-ley. Creó dos comisiones mixtas:
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En la Presidencia del Gobierno, una Comisión Mixta Estado–Junta de Galicia de treinta vocales (quince del Gobierno y quince de la Junta), presidida por un ministro, para proponer al Gobierno los acuerdos de transferencia de funciones, actividades y servicios del Estado.
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En la propia Junta, una comisión con dos representantes de cada Diputación y ocho designados por la Junta, para proponer las funciones que se transfirieran o integraran en la Junta.
Los presidentes de la etapa preautonómica fueron Antonio Rosón (1978-1979), primer presidente de la Xunta, y José Quiroga Suárez (1979-1982).
Primeros traspasos del Estado. Durante la preautonomía se aprobaron decretos de transferencia a la Junta de Galicia, por ejemplo el Real Decreto 212/1979, de 26 de enero (turismo; actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; transportes y urbanismo) y el Real Decreto 1014/1979, de 13 de febrero (materia de interior).
3. El Estatuto de 1981 y las primeras instituciones autonómicas
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Referéndum: el Real Decreto 2400/1980, de 7 de noviembre, sometió el proyecto de Estatuto, aprobado por la vía del art. 151.2 de la Constitución, a referéndum de los electores de las cuatro provincias. La votación se celebró el 21 de diciembre de 1980, con la pregunta «¿Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia?».
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Aprobación: Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, publicada en el BOE n.º 101, de 28 de abril de 1981.
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Primeras elecciones: la disposición transitoria primera del Estatuto encargó a la Junta preautonómica convocarlas. Lo hizo por Decreto de 21 de agosto de 1981, que fijó las elecciones para el 20 de octubre de 1981, con la provincia como circunscripción y 71 diputados: 22 por La Coruña, 15 por Lugo, 15 por Orense y 19 por Pontevedra.
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Fin de la preautonomía: elegidos los órganos de la Comunidad, se disolvían las instituciones preautonómicas (disposición transitoria segunda).
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Primer presidente autonómico: el Parlamento eligió a Gerardo Fernández Albor en la sesión del 8 de enero de 1982, y el Real Decreto 44/1982, de 12 de enero, lo nombró Presidente de la Junta de Galicia.
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Los traspasos tras el Estatuto: la disposición transitoria cuarta creó una Comisión Mixta paritaria Estado–Comunidad Autónoma, que debía constituirse en el plazo máximo de un mes desde la constitución de la Junta. Fija los calendarios de traspaso; sus acuerdos los aprueba el Gobierno por decreto y se publican a la vez en el BOE y en el Diario Oficial de Galicia. La comisión mixta preautonómica quedaba disuelta al constituirse la nueva.
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Ampliación posterior: la Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, transfirió a Galicia, entre otras, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.
4. Las consellerías: la ley de la Xunta y su evolución
La Ley 1/1983, de 22 de febrero. Es la ley, todavía vigente, que regula la Xunta y su Presidencia en desarrollo de los arts. 15 y 16 del Estatuto (DOG n.º 23, de 21 de marzo de 1983). Desde la Ley 2/2007, de 28 de marzo, se denomina «de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia» (su título original hablaba «de su Presidente»). La Xunta la integran el Presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y los conselleiros, que son los jefes de sus consellerías y dictan órdenes.
Quién crea las consellerías: el cambio de 1988.
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Redacción de 1983: correspondía al Consello de la Xunta aprobar la creación, modificación o supresión de vicepresidencias y consellerías, dentro de los límites que estableciera una ley del Parlamento, y determinar su estructura orgánica superior (art. 4.15). Al Presidente le correspondía nombrar y cesar a vicepresidentes y conselleiros (art. 26.1).
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Ley 11/1988, de 20 de octubre, de reforma de la Ley 1/1983: desde entonces es el Presidente quien puede crear, modificar o suprimir mediante decreto las vicepresidencias y las consellerías, siempre que no suponga aumento de gasto público (art. 26.1); al Consello le queda determinar la estructura orgánica superior de vicepresidencias y consellerías (art. 4.15).
Por eso, al empezar un nuevo Gobierno, se dictan dos tipos de decretos (así se hizo, por ejemplo, en 2005, 2009 y 2024): uno del Presidente que establece la estructura orgánica de la Xunta (qué departamentos hay y su orden) y otro del Consello que fija la estructura orgánica de las consellerías (sus órganos de dirección y las entidades adscritas).
Algunas etapas, con sus decretos:
| Momento | Norma | Departamentos |
|---|---|---|
| 2005 | Decreto 211/2005, de 3 de agosto | 13: la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar y 12 consellerías |
| 2009 | Decreto 79/2009, de 19 de abril (y Decreto 83/2009, de 21 de abril, para los departamentos) | 10 departamentos, entre ellos una nueva Consellería de Economía e Industria |
| 2024 | Decreto 42/2024, de 14 de abril (y Decreto 49/2024, de 22 de abril, para las consellerías) | 12 consellerías |
| 2026 | Decreto 110/2026, de 27 de octubre | mantiene las 12 y cambia su orden de prelación |
La reorganización de 2009 se presentó como un proceso de reducción y reorganización de departamentos y órganos. Con el proceso de racionalización iniciado ese año se redujo también a la mitad el número de altos cargos.
Las doce consellerías vigentes, en el orden fijado en 2026: Presidencia, Justicia y Deportes; Política Social e Igualdad; Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional; Economía e Industria; Medio Ambiente y Cambio Climático; Hacienda y Administración Pública; Vivienda y Planificación de Infraestructuras; Sanidad; Cultura, Lengua y Juventud; Empleo, Comercio y Emigración; Medio Rural, y Mar.
El marco vigente: la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia (DOG n.º 251, de 31 de diciembre de 2010; en vigor desde el 1 de enero de 2011). Como hito, interesa saber que:
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reúne en un solo texto lo que debía ser una ley de régimen jurídico de la Administración gallega, que la exposición de motivos de la Ley 1/1983 ya reclamaba y que nunca llegó a aprobarse;
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eleva a rango de ley el procedimiento de elaboración de reglamentos, que hasta entonces estaba en un reglamento;
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recoge en una norma general la tipología de todo el sector público instrumental, poniendo fin a la dispersión normativa;
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deroga, entre otras normas, la Ley 10/1996, de 5 de noviembre (personal y contratación en las sociedades públicas de la Xunta) y los arts. 58 a 63 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre (fundaciones del sector público).
5. La Administración periférica
Hasta 2009: delegaciones de cada consellería. Cada consellería tenía sus propias delegaciones provinciales o territoriales en el territorio.
Decreto 245/2009, de 30 de abril, por el que se regulan las delegaciones territoriales de la Xunta de Galicia:
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desaparecen las delegaciones provinciales y territoriales de las consellerías y las sustituye una figura única, la delegación territorial de la Xunta de Galicia;
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crea cinco delegaciones: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, en las que se integran todos los órganos, unidades y servicios de la Administración periférica autonómica de su ámbito;
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dentro de cada delegación, cada consellería actúa a través de departamentos territoriales, integrados en la delegación a efectos de coordinación pero dependientes orgánica y funcionalmente de su consellería por razón de la materia; al frente estaban los jefes territoriales.
Ley 16/2010. Incorporó este modelo a una ley: incluye entre los órganos de dirección las delegaciones territoriales, las secretarías territoriales y, en su redacción actual, los departamentos territoriales (arts. 23-36, que se estudian aparte).
Decreto 1/2022, de 13 de enero: creó la sexta delegación, la de Ferrol, con veinte municipios del norte de la provincia de A Coruña. Desde entonces hay delegaciones en A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo; las de Lugo y Ourense abarcan su provincia entera.
La reforma de 2024:
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El Decreto 49/2024, de 22 de abril, suprimió las jefaturas territoriales de las consellerías; sus competencias pasaron a las direcciones territoriales, al frente de los departamentos territoriales, con directores o directoras territoriales.
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La Ley 5/2024, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, trasladó el cambio a la Ley 16/2010: donde antes había «jefaturas territoriales» ahora hay «departamentos territoriales», cuyos titulares dirigen la política de la consellería en la provincia.
6. La Administración institucional (sector público instrumental)
Concepto. Junto a la Administración general hay entidades con personalidad jurídica propia, controladas por la Xunta o dependientes de ella, que contribuyen a satisfacer los intereses generales; con ella forman el sector público autonómico. La Ley 16/2010 distingue dos categorías:
| Entidades públicas instrumentales | Otras entidades instrumentales |
|---|---|
| Organismos autónomos | Sociedades mercantiles públicas autonómicas |
| Agencias públicas autonómicas | Fundaciones del sector público autonómico |
| Entidades públicas empresariales | |
| Consorcios autonómicos |
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Las entidades públicas instrumentales se rigen por el derecho administrativo cuando ejercen potestades administrativas y actúan bajo el control y la tutela de la Administración general.
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Las otras entidades instrumentales actúan, como regla general, en régimen de derecho privado, salvo que la ley imponga el derecho administrativo.
Evolución normativa.
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Antes de 2010 el régimen estaba disperso en varias normas, entre ellas el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario (Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre), la ley de 1996 sobre las sociedades públicas y el capítulo X de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego. Ese capítulo definía las fundaciones del sector público de Galicia como las constituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la Administración autonómica o de sus entidades, y les prohibía ejercer potestades públicas.
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La Ley 16/2010 creó las dos categorías y su tipología completa.
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La Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, continuó la reducción iniciada en 2009: entre otras medidas, autorizó la creación del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, que refunde en un único ente el Instituto Gallego del Consumo y el Consejo Gallego de la Competencia, y la de la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos.
Ejemplos reales (entidades adscritas a las consellerías por el Decreto 49/2024):
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Organismos autónomos: Servicio Gallego de Salud; Escuela Gallega de Administración Pública; Instituto Gallego de Estadística.
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Agencias: Agencia Tributaria de Galicia; Agencia Gallega de Emergencias; Agencia Gallega de Innovación.
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Entidad pública empresarial: Augas de Galicia.
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Ente de naturaleza consorcial: Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
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Sociedad pública: Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.
7. La Administración corporativa
Concepto y naturaleza mixta. Las corporaciones de derecho público representan los intereses de un sector (profesionales colegiados, empresas, pescadores), pero la ley les atribuye además funciones públicas y las somete a la tutela de la Administración autonómica. De ahí su naturaleza mixta: los colegios, por ejemplo, están sujetos al derecho administrativo en la constitución de sus órganos y cuando ejercen funciones administrativas, mientras que las cámaras someten su contratación y su patrimonio al derecho privado. El Estatuto da a Galicia competencia exclusiva sobre las «Cofradías de Pescadores, Cámaras de la Propiedad Agrarias, de Comercio, Industria y Navegación y otras de naturaleza equivalente» (art. 27.29).
a) Colegios profesionales — Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Los colegios y los consejos gallegos de colegios son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia; su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.
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Creación por ley del Parlamento de Galicia, solo para profesiones que exijan un título oficial. El ámbito mínimo de un colegio nuevo es la provincia, y no puede haber dos colegios de la misma profesión en el mismo ámbito.
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El colegio adquiere personalidad jurídica al entrar en vigor su ley de creación y capacidad de obrar al constituir sus órganos de gobierno.
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La fusión de colegios de profesiones distintas exige ley; la de colegios de la misma profesión se aprueba por decreto del Consello. Un ejemplo es la Ley 11/2016, de 19 de julio, que creó los colegios provinciales de economistas por fusión de los de titulares mercantiles y los de economistas.
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Los consejos gallegos de colegios se crean por decreto y existe un registro de colegios y consejos, a efectos de publicidad, creado por el Decreto 161/1997, de 5 de junio.
b) Cámaras oficiales de comercio — Ley 5/2004, de 8 de julio, de cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Galicia.
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Son corporaciones de derecho público y actúan como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones, especialmente con la gallega.
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Tras su reforma por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, el texto vigente se refiere a las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación y remite a la ley básica estatal, la Ley 4/2014, de 1 de abril.
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Debe haber al menos una cámara en cada provincia, y pueden existir cámaras de ámbito autonómico, provincial y local.
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La ley creó el Consejo Gallego de Cámaras, también corporación de derecho público.
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Están sometidas a la tutela de la Administración autonómica, que aprueba sus reglamentos de régimen interior.
c) Cofradías de pescadores — Ley 9/1993, de 8 de julio, de cofradías de pescadores de Galicia.
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Son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que actúan como órganos de consulta y colaboración con la Administración en la promoción del sector pesquero y representan intereses económicos y corporativos de sus profesionales.
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Pueden organizar y comercializar la producción pesquera, marisquera y de acuicultura.
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Órganos rectores: la Junta General o Asamblea, el Cabildo o Comisión Permanente y el patrón mayor. La Junta General se elige por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y de entre sus miembros salen el Cabildo y el patrón mayor.
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Pueden federarse sin perder su personalidad; las federaciones se crean por decreto del Consello de la Xunta. La ley creó el Registro de Cofradías y de sus Federaciones.
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Están sujetas a la tutela de la consellería competente en pesca.