Tema 22. Las Cortes de los reinos peninsulares españoles durante la Edad Media y el Antiguo Régimen.
1. Concepto y origen: de la Curia regia a las Cortes
Las Cortes fueron la asamblea en la que el rey se reunía con los representantes del reino, organizados por estamentos (en Castilla se hablaba de estados; en la Corona de Aragón y en Navarra, de brazos). A través de ellas se canalizaba la relación, a menudo tensa, entre la monarquía y el reino: el rey pedía ayuda económica y el reino presentaba sus peticiones o sus agravios.
Su antecedente es la Curia regia. En la segunda mitad del siglo XII, las expresiones curia y curia plena o general pasaron a designar la reunión de una asamblea del reino con carácter político, y no solo administrativo, judicial o eclesiástico. El adjetivo «plena» subrayaba el carácter extraordinario y amplio de esas reuniones frente al consejo ordinario del rey.
La Curia de León de 1188. El rey Alfonso IX de León, en el primer año de su reinado (1188), reunió en León una curia «con todos los obispos, magnates y con los ciudadanos electos de su reino» (cum omnibus episcopis, magnatibus et cum electis civibus regni sui). Lo nuevo fue que, junto al rey, la nobleza laica y la eclesiástica, participaron por primera vez los representantes elegidos de las ciudades y villas. De esa reunión proceden los llamados Decreta de León de 1188, que se consideran las primeras Cortes celebradas en la Península Ibérica y el testimonio más antiguo de la tradición parlamentaria europea. Su contenido incluye el respeto a las leyes y costumbres, las garantías procesales y la protección de la propiedad. Parte de la historiografía matiza su carácter de «primer parlamento»: la palabra curia ya se usaba antes de 1188 para asambleas políticas, y la transformación de la curia en Cortes se ve como un proceso gradual.
2. Las Cortes de la Corona de Castilla
2.1. Composición
Las Cortes castellanas reunían a tres estados: nobleza, clero y los procuradores de las ciudades. Cuando la proposición del rey debía votarse, se seguía la práctica de que votara primero el estado nobiliario, después el eclesiástico y en último lugar los procuradores de las ciudades.
A partir de 1538 el clero y la nobleza se retiraron de las Cortes castellanas, que quedaron reducidas en la práctica a los procuradores de las ciudades con voto.
2.2. Las ciudades con voto en Cortes
Hasta finales del siglo XIII las fórmulas de convocatoria eran genéricas: no nombraban concejos concretos, porque se entendía que todos tenían derecho a participar. En el siglo XIV, por lo general, siguió ocurriendo lo mismo, y la presencia concejil fue reduciéndose (en las Cortes de Madrid de 1391 acudieron algo menos de la mitad de las ciudades que en las de Burgos de 1315). El siglo XIV se considera el de mayor brillantez y apogeo de las Cortes desde el punto de vista de la participación ciudadana.
En el siglo XV el número de ciudades con voto se fijó en 17: Burgos, León, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Toledo, Córdoba, Murcia, Jaén, Cuenca, Madrid, Guadalajara y Sevilla. Tras la conquista de Granada (1492), esta ciudad sumó sus representantes a los de las ciudades privilegiadas, y desde las Cortes de 1498-1499 fueron 18 ciudades:
- Ávila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valladolid y Zamora.
Ser convocada a Cortes era un privilegio celosamente defendido por esas ciudades, y la cifra de 18 no varió hasta el siglo XVII. Entonces se abrió la puerta a nuevos votos: en 1623 entró el reino de Galicia, gracias a un donativo a Felipe IV que le concedió asiento y voto detrás de Jaén; y en las Cortes de 1655 entró la provincia de Extremadura, que había comprado su voto (las Cortes aprobaron la venta en diciembre de 1650 y la escritura se otorgó en 1651).
2.3. Convocatoria y procuradores
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La convocatoria correspondía al rey, que podía además trasladar las Cortes a otra ciudad durante su celebración.
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Cada ciudad enviaba dos procuradores, siempre de las familias más relevantes del lugar. En Toledo debían ser un regidor y un jurado.
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Las ciudades otorgaban a sus procuradores unos poderes. Con el voto consultivo, propio de las Cortes medievales, el procurador debía consultar a su ciudad si el rey pedía algo no previsto en sus instrucciones. Con el voto decisivo, los poderes se redactaban según una minuta general y el procurador podía votar lo que el rey propusiera.
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Desde los Reyes Católicos la monarquía quiso controlar a los procuradores: incluyó en la convocatoria una minuta de poder general y encargó a los corregidores que favorecieran la elección de candidatos cercanos a los reyes.
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Al llegar, los procuradores presentaban sus poderes para que se examinara su legitimidad y juraban guardar secreto de lo tratado. Las ciudades pagaban sus salarios y dietas.
2.4. Procedimiento: la Proposición
La «Proposición» era el discurso con el que se llevaba a cabo la apertura solemne de las Cortes, en el que se explicaban con cierto detalle los motivos de la convocatoria. Con su lectura comenzaban las sesiones: en ella el monarca exponía las razones que le habían llevado a reunir las Cortes. En los reinos de la Corona de Aragón solía leerla el protonotario en nombre del rey.
2.5. Funciones
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Otorgar servicios. La votación de los servicios (ayudas económicas extraordinarias al rey) era la atribución principal de las Cortes y la causa más habitual de su convocatoria. En las Cortes de Soria de 1380, por ejemplo, se aprobaron de nuevo la alcabala y seis monedas.
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Peticiones y cuadernos de Cortes. A cambio del servicio, cada ciudad redactaba un cuaderno particular de peticiones, en su mayor parte de asuntos municipales. Además, los procuradores de todas las ciudades elaboraban juntos un cuaderno general con los puntos de interés económico, político o de gobierno del reino. Al terminar las Cortes el rey respondía a las peticiones, anotando al margen o al pie respuestas breves («No», «Sí, que se ponga»…).
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Ordenamientos. El rey promulgaba en Cortes ordenamientos, a veces como respuesta a las peticiones generales de los procuradores; así lo hizo Juan I en Soria en 1380, donde se otorgaron un ordenamiento y el cuaderno general de peticiones.
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Jurar al heredero y al nuevo rey. En Soria (1380) los procuradores juraron por heredero de Juan I al infante don Enrique. Al empezar un reinado, los procuradores juraban fidelidad al rey en nombre del reino y el rey juraba las leyes, usos, costumbres y privilegios de las ciudades, como ocurrió con Carlos I en las Cortes de Valladolid de 1518.
El orden habitual era aprobar primero el servicio y presentar después las peticiones. En las Cortes de Valladolid de 1523 las ciudades pidieron a Carlos I que se contestara a sus peticiones antes de votar el servicio, como se hacía en la Corona de Aragón; el rey lo rechazó como una novedad contraria a la costumbre.
2.6. La Diputación de las Cortes de Castilla
La Diputación de las Cortes de Castilla se creó en 1525, en las Cortes de Toledo. También se la llama Diputación del Reino.
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Composición inicial: dos diputados, elegidos por sorteo entre los procuradores de las 18 ciudades con voto, uno por las ciudades de los puertos allende (al norte del Sistema Central) y otro por las de los puertos aquende (al sur). El cargo duraba un año.
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Misiones originales: velar para que se cumpliera lo acordado en las Cortes y gestionar en la Corte los asuntos de las ciudades y villas.
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Evolución: en 1536, con el encabezamiento general de tercias y alcabalas, se convirtió en un órgano sobre todo fiscal. Desde 1544 hubo tres diputados con mandato de un trienio, y desde 1563 se eligieron «de Cortes a Cortes». Al disolverse, las Cortes les dejaban una Instrucción con sus tareas.
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Oficiales del Reino: el Receptor del Reino (1536), el Solicitador del Reino (1536), el Contador del Reino (1563), además de letrados, médico, capellán y porteros.
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En 1601 asumió la administración del servicio de millones, hasta que en 1611 se creó la Comisión de Millones.
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Desde 1665 dejaron de convocarse Cortes y los diputados se volvieron vitalicios. En 1694 el rey suprimió la Diputación como órgano separado y unió sus funciones a la Sala de Millones del Consejo de Hacienda: desde entonces los comisarios de millones fueron también Comisarios y Diputados del Reino, y las dos instituciones quedaron refundidas en una sola.
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Con la incorporación de diputados de Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares en el siglo XVIII (ver apartado 5), esta institución refundida pasó a llamarse Diputación de los Reinos. Fue suprimida definitivamente por un Real Decreto de 9 de junio de 1834, tras el Estatuto Real.
3. Las Cortes en la Corona de Aragón
3.1. Reino de Aragón: los cuatro brazos
Las Cortes aragonesas se organizaban en cuatro brazos, a diferencia de la mayoría de las asambleas de la época:
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Brazo eclesiástico (desde 1307 las jerarquías de las órdenes militares acudieron con la Iglesia).
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Brazo de los ricoshombres o nobles.
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Brazo de los caballeros e infanzones (la baja nobleza).
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Brazo de las universidades (ciudades y villas reales).
Ricoshombres y caballeros empezaron a recibir convocatorias como brazos diferentes desde 1327. En las Cortes de Zaragoza de 1398-1400 se juró al nuevo rey, Martín I, y a su heredero, se presentaron los greuges y se promulgaron nuevos fueros.
3.2. Principado de Cataluña y Reino de Valencia: tres brazos
En las Corts catalanas había tres brazos: el eclesiástico, el militar o nobiliario (alta y baja nobleza) y el real, formado por las ciudades y villas de jurisdicción real directa.
Las Corts valencianas tenían igualmente los brazos eclesiástico, militar y real. Por tradición, al brazo eclesiástico le correspondía responder a la proposición real en nombre de los tres. Al principio de cada reinado el rey convocaba Cortes para jurar los furs (las leyes de los valencianos).
Durante el reinado de Carlos I se celebraron en la villa aragonesa de Monzón seis Cortes simultáneas para los reinos de Aragón y Valencia y el principado de Cataluña (1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552). Las disposiciones forales fijaban un intervalo máximo de tres años entre dos Cortes, plazo que el soberano incumplió sistemáticamente.
3.3. Greuges y pactismo
Los greuges (agravios) eran las quejas que los brazos presentaban al rey por los abusos de los oficiales reales o de los propios monarcas. Los estamentos esperaban conseguir en las Cortes la reparación de los greuges y la promulgación de nuevas leyes, y a cambio el rey obtenía un donativo. A diferencia de Castilla, en la Corona de Aragón se contestaba a los reinos antes de deliberar sobre la ayuda económica.
En esta relación se apoya el pactismo: la teoría política de un pacto entre Cataluña y la monarquía, que las oligarquías del país quisieron imponer a la Corona. Desde 1413, la Diputació del General (ver 3.4) tuvo la misión de velar por que se respetaran las constituciones y las leyes de Cataluña y de hacer cumplir ese pacto al rey.
3.4. La Diputación del General (Generalitat)
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Cataluña: la tradición sitúa el nacimiento de la Diputació del General o Generalitat en la Cort de Cervera de 1359. Fue al principio una comisión económica encargada de administrar el donativo de las Cortes al rey, con doce miembros, cuatro por brazo. Las Cortes de Monzón de 1362-1363 mantuvieron todavía un número alto de diputados, pero dispusieron que en Barcelona residieran siempre tres, uno por brazo, mientras los demás viajaban. El número varió en los años siguientes (las Cortes de 1364-1365 lo rebajaron a quince) y la terna, uno por brazo, quedó fijada desde las Cortes de Barcelona de 1377-1378. La institución se consolidó definitivamente en la Cort de Barcelona de 1413. Su origen remoto está en las comisiones que las Cortes nombraban desde 1289 para recaudar el subsidio.
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Aragón: la Diputación del General recibió su estatuto en las Cortes de 1412, las primeras de Fernando I. Tenía ocho diputados, dos por brazo, porque había cuatro brazos.
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Valencia: la Generalitat valenciana, nacida de hecho en tiempos de Pedro el Ceremonioso, se reguló de derecho al cierre de las primeras Cortes de Alfonso el Magnánimo (1417-1418), con seis diputados, dos por brazo.
Las Diputaciones de la Corona de Aragón fueron suprimidas, como las propias Cortes, por los decretos de Nueva Planta de Felipe V.
4. Las Cortes de Navarra
Las Cortes navarras estaban divididas en tres brazos o estados:
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Eclesiástico: obispos, abades y el prior de Roncesvalles.
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Nobleza o de los caballeros: las casas nobiliarias más destacadas del reino.
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Universidades: los procuradores de las ciudades y pueblos con voto en Cortes.
Tras la conquista de 1512, el virrey presidía en lugar del rey la apertura y clausura, y las Cortes se reunían cada dos o tres años, aunque luego se fueron espaciando.
Las Cortes acordaron en 1501 crear una Diputación de los tres brazos, que se hizo permanente desde 1576. Su misión principal era velar por la observancia de los fueros y leyes, pedir el reparo de agravios y reclamar los contrafueros. A finales del Antiguo Régimen la formaban siete miembros. Navarra conservó Cortes propias en el siglo XVIII; sus actas llegan hasta las reuniones de 1828-1829, y sus instituciones desaparecieron con el régimen liberal.
5. Las Cortes en el siglo XVIII
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El Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707 abolió el régimen foral de Aragón y Valencia, suprimió sus Cortes y los incorporó a las Cortes de Castilla.
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Las Cortes de 1709 fueron las primeras reunidas con ese formato: Zaragoza y Valencia entraron como cabezas de reino. El orden de juramento fue Burgos, León, Zaragoza, Granada, Valencia, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén (con Toledo en lugar aparte), y Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén protestaron por la anteposición de las dos capitales aragonesa y valenciana. Desde entonces se dejó de usar el término procurador y se habló de diputados.
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Hubo Cortes en 1709, 1712-1713, 1724, 1760 y 1789. Su objeto principal fue la jura protocolaria del heredero al trono, con dos excepciones:
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Las de 1712-1713, las más duraderas del reinado de Felipe V, aprobaron la renuncia del rey a la Corona de Francia, condición exigida para la paz de Utrecht.
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Las de 1789, además de jurar al heredero, elevaron a Carlos IV una petición, con fecha de 30 de septiembre de 1789, para que se dejara sin efecto el auto acordado de 10 de mayo de 1713 y se volviera al orden de sucesión de las Partidas (ley 2.ª, título 15, partida 2.ª). El rey mandó guardar el mayor secreto, y la petición no se publicó hasta la Pragmática Sanción de 29 de marzo de 1830.
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En la Diputación se incorporó en 1712 un comisario y diputado por los reinos de Aragón y Valencia, y en 1769 otro por Cataluña y Baleares.
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Las Cortes de 1789, convocadas por Carlos IV, fueron las últimas Cortes de Castilla del siglo XVIII.