Tema 18. La Hacienda y fiscalidad regia en la Edad Media y el Antiguo Régimen.
1. Ideas previas
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La Real Hacienda se organizó con órganos distintos en cada Corona: Castilla tuvo el Consejo de Hacienda, la Contaduría Mayor de Hacienda, la Contaduría Mayor de Cuentas y, desde finales del siglo XVII, la Superintendencia General de Hacienda; la Corona de Aragón tuvo el Baile General y el Maestre Racional.
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Los reyes de Castilla no tenían un patrimonio de tierras que les diera rentas apreciables: su Hacienda descansó sobre todo en impuestos indirectos (aduanas y, desde 1342, la alcabala), en las contribuciones directas votadas por las Cortes (servicios) y en la parte de las rentas de la Iglesia que el Papa permitía cobrar.
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En la Corona de Aragón, en cambio, el patrimonio real fue desde el principio una parte muy importante de la Hacienda, porque se conservó en buena medida, mientras que en Castilla se enajenó.
2. Las rentas de la Corona de Castilla en la Edad Media
Las etapas de formación del sistema fiscal (1252-1504):
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Alfonso X (1265-1275) puso las bases: creó los servicios extraordinarios otorgados por las Cortes (desde 1269), gravó al ganado trashumante, organizó las aduanas y empezó a tomar, con licencia del Papa, parte de la renta eclesiástica (tercias reales, décimas o subsidios del clero).
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Alfonso XI, desde 1338, completó la obra: reorganizó la renta de la sal y el impuesto sobre el ganado trashumante (servicio y montazgo) y estableció la alcabala.
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Entre 1369 y 1406 ya no aparecen impuestos nuevos; maduran las instituciones de gestión (Contadurías Mayores, arrendamiento de rentas).
Principales rentas:
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Alcabala: impuesto general indirecto sobre la compraventa y el consumo de bienes. Se implantó con carácter general en 1342 y fue el recurso principal de la fiscalidad regia. Al principio era extraordinaria y debían otorgarla las Cortes; algo antes de 1400 pasó a ser renta ordinaria, lo que hizo a la monarquía más independiente de las Cortes. En el siglo XVI su máximo legal era el 10 %, aunque el tipo realmente cobrado era muy inferior.
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Tercias reales: los dos novenos (2/9) del diezmo eclesiástico, cobrados con carácter habitual desde la época de Alfonso X. Se arrendaban casi siempre junto con las alcabalas, y entre las dos daban en torno al 80 % de los ingresos ordinarios (con datos desde 1429), de los que las alcabalas eran nueve décimas partes o algo más.
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Aduanas: almojarifazgos y diezmos (por ejemplo, los diezmos de la mar de Castilla, enajenados tras 1465). Suponían alrededor del 12 % de los ingresos ordinarios.
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Almojarifazgo: en Toledo, el conjunto de derechos y rentas de origen andalusí se gestionaba integrado en el «tesoro regio» o almojarifazgo, vinculado sobre todo a la actividad artesanal y mercantil de la ciudad; ese régimen fiscal sirvió luego de modelo en las grandes ciudades del valle del Guadalquivir y en Murcia.
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Sal: la renta de salinas y la venta de sal en régimen de estanco fue una regalía fiscal que mantuvo siempre alguna importancia (en torno al 3-3,5 % de los ingresos ordinarios).
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Servicio y montazgo: impuesto sobre los ganados trashumantes (en torno al 2,5 %).
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Moneda forera: contribución que nace ligada a los orígenes de las Cortes; el rey se comprometía a no «quebrar» la moneda (no alterar su ley, peso y curso) a cambio de un pago que le compensara. Se otorgó a Alfonso IX en la Curia Plena de Benavente (1202), aunque hay noticia de una concesión anterior en 1197; la concesión era por siete años, y se siguió pagando cada séptimo año. Obligaba a todos los pecheros y su tipo inicial fue de un maravedí por hogar (a fines del siglo XIII, ocho maravedíes los castellanos y seis los leoneses).
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Servicios de Cortes: contribuciones directas siempre de carácter extraordinario, otorgadas por las Cortes desde 1269; se las llamaba «pedidos y monedas». Su antecesor fue el pedido (petitum).
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Otras rentas de origen eclesiástico: la décima sobre las rentas eclesiásticas (con licencia del Papa), las limosnas de la cruzada y, con los Reyes Católicos, las mesas maestrales de las Órdenes Militares.
Cómo se cobraban: arrendamiento y encabezamiento
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Arrendamiento: el procedimiento más rentable y de menor compromiso político. Las rentas se adjudicaban en subasta pública por periodos cortos, de uno a cinco años. El arrendador pagaba a plazos fijos en cualquier caso, por lo que a menudo actuaba como prestamista de la Corona. La ley prohibía arrendar a ciertas personas poderosas.
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Encabezamiento: desde 1495 los reyes admitieron que los municipios gestionaran el cobro de las alcabalas, fijando de antemano la suma total que debían pagar a la Corona. En el siglo XVI, el encabezamiento era una contribución anual fija de cada una de las 18 ciudades con voto en Cortes, cuya cuantía se aprobaba en Cortes, y se financiaba con las alcabalas.
3. El nacimiento de la deuda: los juros
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Antes de finales del siglo XV los reyes solo recurrían a préstamos a corto plazo en tiempo de guerra.
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Los juros fueron un instrumento financiero que implicó la creación de una deuda pública. No hubo una organización estable de deuda pública hasta 1490, cuando los Reyes Católicos empezaron a vender juros al 10 % y luego al 7,12 %.
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El juro fue el gran instrumento de deuda a largo plazo de la Hacienda castellana en los siglos XVI y XVII: deuda interior, en su mayoría perpetua y redimible («juro al quitar»), negociable en todo el reino y situada sobre rentas estables de una ciudad concreta, con un rendimiento en torno al 5-7 %.
4. La Hacienda de los Austrias
Asientos y suspensiones de pagos
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Los asientos eran contratos de crédito a corto y medio plazo firmados por la Corona con un banquero o un pequeño grupo de banqueros, sobre todo genoveses, principales financieros de Felipe II; muchos incluían transferencias al exterior para gastos militares, y su interés era del 12 % o más.
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Felipe II suspendió los pagos de esa deuda con los banqueros en 1557, 1560, 1575 y 1596 (hay autores que agrupan 1557 y 1560 en una sola crisis, la de 1557-1560).
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La crisis de 1575 empezó con el decreto de 1 de septiembre de 1575, que suspendió todos los asientos, y terminó con el Medio General de 5 de diciembre de 1577, por el que los asientos se convirtieron en juros.
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En el reinado de Felipe IV, para hacer frente a las guerras, se declararon sucesivas bancarrotas y se pidieron donativos (nueve en todo el reinado; el primero, en 1625).
El servicio de millones
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Se votó en Cortes por primera vez en 1590, con Felipe II, por las necesidades de la Corona tras la derrota de la Armada Invencible.
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Empezó como un recurso excepcional, pero pronto se convirtió en una nueva forma de recaudación.
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Su gestión se encomendó primero a una Comisión de Millones dentro de las Cortes. En las Cortes de Madrid de 1655-1658 la Comisión se agregó como sala especial del Consejo de Hacienda, con el nombre de Contaduría de Millones; se recaudaba por arrendamiento por provincias.
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En el siglo XVIII lo gestionó la Contaduría General de los Servicios de Millones. Fue suprimido por las Cortes de Cádiz en 1813 y restablecido transitoriamente por Fernando VII en 1823.
Los estancos
- Además de la sal, la renta del tabaco fue una de las importantes fuentes de ingresos. Desde la implantación del estanco, a fines de 1636, y hasta 1701 se explotó por arrendamiento. En 1701 empezó el paso a la administración directa de la Hacienda, con un superintendente al frente, aunque los arrendamientos siguieron conviviendo con ella hasta la implantación de la Universal Administración en 1731, que culminó la gestión directa.
5. Las rentas eclesiásticas cedidas: las «Tres Gracias»
El Consejo de Cruzada administraba las tres rentas conocidas como las «Tres Gracias»: Cruzada, Subsidio y Excusado. Eran aportaciones de la Iglesia a la Hacienda que los pontífices habían concedido al monarca.
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Cruzada: la venta de la Bula de la Santa Cruzada. Era la más importante por el volumen de ingresos y dio nombre al Consejo.
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Subsidio (también llamado «décima y cuarta» o «subsidio de galeras»): una cantidad a tanto alzado cuya cifra no fijaba Roma; en Castilla se acordaba cada cinco años mediante concordias con el rey en la Congregación General del Clero de Castilla y León, y en la Corona de Aragón, en las asambleas eclesiásticas de cada reino.
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Excusado: el mayor dezmero de cada parroquia, que en lugar de pagar el diezmo a la Iglesia lo pagaba a la Corona; por la dificultad de su cobro acabó valorándose en una cantidad fijada de antemano.
El Consejo de Cruzada
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Procedía de la época de los Reyes Católicos; tuvo sus primeras Ordenanzas en 1554 (redactadas por Martín de Velasco), reformadas por real cédula de Felipe II de 16 de diciembre de 1573.
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Lo presidía el Comisario General de Cruzada, un eclesiástico nombrado por el Papa a propuesta del rey, con jurisdicción espiritual delegada por el pontífice y temporal dada por el monarca.
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Felipe V lo reformó en 1745 (con intervención del marqués de la Ensenada). Con Fernando VI fue suprimido y sustituido por la Dirección y Contaduría General de las Tres Gracias de Cruzada, Subsidio y Excusado, que empezó el 1 de julio de 1750 y solo duró cuatro años.
6. Los órganos de la Hacienda castellana
Contaduría Mayor de Hacienda (1411-1845)
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Nace del traspaso de las competencias hacendísticas del Mayordomo Mayor a unos oficiales que acabaron llamándose Contadores Mayores (Cortes de Palencia, 1388).
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En la Corte, el Tesorero o Almojarife Mayor, judío en muchas ocasiones, fue suprimido hacia 1379 y sustituido primero por tesoreros territoriales y después por diversos recaudadores y tesoreros.
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Función: administración, cobranza y distribución de las rentas de la Real Hacienda.
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Las Ordenanzas de Madrigal de 1476 fijaron su estructura: dos Contadores Mayores, 16 contadores menores en 8 oficios (Sueldo, Tierras, Acostamientos o Tenencias, Mercedes, Quitaciones, Rentas, Relaciones y Extraordinario) y un Escribano Mayor de Rentas.
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Con Carlos V perdió las competencias directivas en favor del Consejo de Hacienda. Las Ordenanzas de La Coruña de 1554 redujeron los oficios a cuatro y le adscribieron tres letrados, que formaron el Tribunal de Oidores.
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Las Ordenanzas de Lerma de 1602 la fusionaron con el Consejo de Hacienda en el Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor.
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Con los Borbones, el Real Decreto de 1 de enero de 1717 creó las Contadurías Generales de Valores, Distribución y Millones, dentro de una reforma que buscaba sustituir las numerosas contadurías por una única para el ingreso y otra para el gasto, y entre 1717 y 1726 se fortaleció la Tesorería General. En 1845 la Dirección General del Tesoro asumió las funciones de las contadurías.
Contaduría Mayor de Cuentas (1437-1828)
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Máximo órgano de control de las cuentas de todos los que manejaban dinero de la Hacienda real (toma de cuentas a quienes cobraban y pagaban).
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La expresión «Contadores Mayores de Cuentas» aparece en 1401. Su primera regulación completa conocida es la ordenanza de Juan II de 1437; la de los Reyes Católicos de 1478 solo revalidó las anteriores.
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En el siglo XVI quedó sujeta al Consejo de Hacienda; en el XVIII perdió atribuciones ante la Secretaría del Despacho y la Superintendencia. En 1828 se creó el Tribunal Mayor de Cuentas, refundido en 1851 en el Tribunal de Cuentas del Reino.
Consejo de Hacienda (1523-1834)
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Se creó en 1523, con Carlos V, por las deficiencias de la Hacienda, para buscar nuevos recursos y sistemas de recaudación y controlar la contabilidad y la tesorería.
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Su vida fue inestable hasta las ordenanzas de El Pardo de 1593, que fijaron su planta. Lo formaban un Presidente y varios Consejeros.
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Competencias: dirigir la política hacendística (ingreso, gasto y negociación de la deuda), política monetaria, provisión de oficios de Hacienda, función judicial a través del Tribunal de Oidores y, desde 1658, la administración de los Servicios de Millones.
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En el siglo XVIII perdió sus competencias de gobierno ante la Superintendencia General y la Secretaría del Despacho de Hacienda, y quedó reducido a la función judicial en apelación.
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En 1803 pasó a llamarse Consejo Supremo de Hacienda. Se suprimió el 24 de marzo de 1834: lo administrativo pasó a la Secretaría del Despacho de Hacienda y lo judicial al nuevo Tribunal Supremo de Hacienda.
Superintendencia General de Hacienda (1687-1795)
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Se creó en 1687: el 31 de enero de 1687 se nombró al marqués de los Vélez superintendente general, con la idea de que todos los asuntos de Hacienda corrieran por una sola mano.
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Tras el decreto de 1754 era el segundo órgano en importancia de la Hacienda, después de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, y de él dependía la Dirección de Rentas Generales. Desde 1720 el cargo de superintendente lo ocupó casi siempre el propio Secretario de Hacienda, y así se evitaban los conflictos de competencia entre los dos órganos. Se suprimió en 1795 y sus funciones las asumió la Secretaría del Despacho de Hacienda.
7. La Hacienda de la Corona de Aragón
El Maestre Racional
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Lo instauró Pedro el Grande en 1283, por influencia siciliana, como institución fiscalizadora que intervenía la contabilidad de todas las instituciones de la monarquía. Era en principio único para toda la Corona.
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Alfonso el Liberal lo suprimió poco después, y Jaime II lo restauró definitivamente pocos años más tarde. Se consolidó en el siglo XIV con las ordinacions, sobre todo las de Pedro el Ceremonioso (1344).
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Las Cortes de Valencia de 1419 (Alfonso el Magnánimo) crearon el Maestre Racional del Reino de Valencia y el Archivo del Real. El Archivo Real de València, también conocido como Archivo del Real, tras la abolición de los fueros en 1707 pasó a denominarse Archivo General de València y, en la segunda mitad del siglo XX, Archivo del Reino de Valencia: es la única institución de la época foral que nunca se ha suprimido. El de Valencia se suprimió en 1707 y es el antecedente de la actual Sindicatura de Comptes.
La Bailía General
- La administración del patrimonio real correspondía a los bailes generales, y su fiscalización, al Maestre Racional. Por la importancia de ese patrimonio, los reyes cuidaron mucho los archivos de la Bailía y del Maestre Racional.
La Diputación del General o Generalidad
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En Cataluña nació como una comisión creada por la Cort de Cervera de 1359 para administrar el donativo hecho a Pedro el Ceremonioso para pagar el ejército contra Castilla en la guerra de los Dos Pedros. Se llamó así porque representaba a la «generalidad» del país. Cervera eligió doce diputados, cuatro por cada brazo.
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En las Cortes de Monzón de 1362-1363 se crearon los impuestos llamados generalidades: el «dret d'entrades i eixides» sobre la exportación e importación y el dret de la bolla sobre los tejidos, base económica de la institución. En las Cortes de 1364-1365 la Diputación emitió deuda pública garantizada con las generalidades, lo que aseguró su continuidad.
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En el Reino de Valencia, como en Cataluña y Aragón, la Diputación del General nació en la segunda mitad del siglo XIV, en el contexto de la guerra con Castilla, pero no se desarrolló plenamente ni empezó a funcionar con normalidad hasta 1418, con Alfonso el Magnánimo; se encargaba de recaudar el donativo al rey.
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Tras la Guerra de Sucesión, las instituciones hacendísticas de la Corona de Aragón se suprimieron entre 1707 y 1716 y sus competencias pasaron a instituciones de corte castellano.
8. Las reformas borbónicas: catastro y única contribución
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El Real Decreto de 10 de octubre de 1749 y su Instrucción regularon la gran averiguación fiscal de la Corona de Castilla conocida como Catastro de Ensenada, impulsado por el marqués de la Ensenada.
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Lo dirigió la Real Junta de Única Contribución, con sede en el palacio del Buen Retiro.
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Su objetivo era sustituir las rentas provinciales por una «única contribución»: reducir los numerosos tributos a un solo impuesto, que ya se había implantado antes en los territorios de la antigua Corona de Aragón durante el reinado de Felipe V.
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La averiguación recogió los bienes, rentas y cargas de los castellanos (salvo vascos, navarros y canarios): más de 80.000 libros y legajos sobre unas 15.000 localidades. El proyecto fracasó, pero dejó trazado el programa de los ministros posteriores.