Tema 17. El Gobierno y la Administración de Justicia en la Edad Media y el Antiguo Régimen.
1. El Reino visigodo: el Oficio Palatino y el Aula Regia
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El máximo órgano de la Corte y la Administración en el Reino Visigodo era el Oficio Palatino (officium palatinum). Era el centro del poder político del reino visigodo de Toledo: lo formaban quienes rodeaban al rey y constituían el corazón de la administración del reino, es decir, quienes compartían el gobierno con el monarca.
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Aula Regia. En las fuentes visigodas aula regia funciona como sinónimo de palatium, de modo que ser miembro del Oficio Palatino equivalía a ser componente del Aula Regia.
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Composición. Era un conjunto muy diverso y jerarquizado:
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en la cúspide, los primates, maiores o seniores palatii, que ocupaban las posiciones más altas;
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por debajo, otros cargos y servidores del palacio: al narrar el juicio del rebelde Paulo (673) se enumera a todos los seniores del palacio, a todos los gardingos y a todo el oficio palatino;
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los miembros más destacados recibían normalmente el título de viri inlustres;
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todo el alto personal del Oficio Palatino era, en principio, un comes (conde), alguien del círculo estrecho del rey.
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Cargos palatinos. En las actas del XIII Concilio de Toledo (683) firman, entre otros, el comes cubiculi (cámara), el comes thesaurorum (tesoro), el comes patrimonii (patrimonio regio), el comes notariorum (notarios), el comes stabuli (caballerizas), los comites spatariorum (guardia) y los comites scanciarum (servicio de la mesa). Estos títulos dirigían servicios de la casa regia, aunque algunos pudieron ser solo honoríficos.
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Relación con los Concilios. Desde el VIII Concilio de Toledo (653) los miembros del Oficio Palatino firmaron también las actas conciliares, después de los obispos.
2. La Curia regia en León y Castilla
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La Curia regia fue la heredera directa del antiguo Palatium regis y la principal institución política de gobierno de los reinos de León y Castilla en los siglos XI y XII.
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Curia ordinaria: la reunión habitual de los palatinos que acompañaban al monarca y le aconsejaban con frecuencia.
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Curia plena o extraordinaria: la reunión de todos o casi todos los magnates y eclesiásticos del reino, convocados por el rey en ocasiones excepcionales.
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A finales del siglo XII las curias plenas incorporan al estamento burgués o urbano (los civibus electis de León, 1188). Esta ampliación de la base social distingue a las nuevas curias plenas de las tradicionales, y con ella la institución pasa a llamarse corte o cortes en lugar de curia regis.
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Oficiales de la Curia: el alférez (antiguo armiger regis), el mayordomo, el canciller, los notarios y los escribanos.
3. El Consejo Real de Castilla (1385)
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Origen. Nació en las Cortes de Valladolid de 1385, en el reinado de Juan I, dentro del proceso centralizador de los Trastámara. Esas Cortes dispusieron que lo formaran doce personas, cuatro de cada estamento (prelados, caballeros y tercer estado). En las Cortes de Briviesca de 1387 los cuatro representantes del tercer estado fueron sustituidos por cuatro doctores en leyes.
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Etapa formativa (1385-1522). En ella se fijaron una estructura y unas funciones que apenas cambiaron después. Recibió ordenanzas en el siglo XV (1459 y 1480) y en el XVI (1554 y 1598).
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Organización. En 1598 quedó estructurado definitivamente en cuatro Salas de Gobierno y una de Justicia. Sus miembros eran letrados. Su plantilla la completaban relatores, escribanos de cámara, fiscales, alcaldes de Casa y Corte, alguaciles y porteros.
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Funciones. Se dividían en dos áreas:
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Gobierno: fiscalizaba a los oficiales públicos (residencias y visitas); vigilaba el orden público, la policía, la moralidad, la ortodoxia, la beneficencia y las universidades; defendía la jurisdicción real; impulsaba el fomento; y elaboraba normas (ordenanzas, autos acordados).
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Justicia: era el Tribunal Superior del Reino. Conocía de la segunda suplicación de las sentencias de las Audiencias, previa fianza de 1.500 doblas (de ahí el nombre de Sala de las Mil y Quinientas de su Sala de Justicia). También veía los delitos de lesa majestad y podía avocar causas.
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Primacía. Su antigüedad, la amplitud de sus funciones y el hecho de que de él salieran los consejos de Inquisición, Órdenes e Indias le dieron primacía sobre los demás. Esa primacía despertó los recelos de secretarios y validos.
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Siglo XVIII y fin. Felipe V lo reformó en 1713. Tras la Nueva Planta extendió sus competencias a la Corona de Aragón. Se extinguió en 1809, tuvo varias aboliciones y restauraciones y fue suprimido definitivamente en 1834: el Real Decreto de 24 de marzo de 1834 suprimió los Consejos de Castilla y de Indias y creó en su lugar el Tribunal Supremo de España e Indias.
4. El sistema polisinodial: los Consejos
Se llama sistema polisinodial (de poli-, muchos, y sýnodos, asamblea) al conjunto de Consejos que se fueron separando del primero, el Consejo Real o de Castilla. Entre el de Castilla (1385) y la Cámara de Indias (1600) llegaron a ser quince Consejos, contando el de Navarra, un consejo territorial atípico porque conservó su sede en Pamplona, fuera de la Corte (ver apartado 8). Los otros catorce se clasifican así:
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de presidencia regia: Estado y Guerra;
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territoriales: Castilla, Cámara de Castilla, Aragón, Italia, Portugal, Flandes, Indias y Cámara de Indias;
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materiales sobre varios reinos: Inquisición y Cruzada;
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especializados de la Corona de Castilla: Hacienda y Órdenes.
Los consejos presididos por el rey eran el Consejo de Estado y el Consejo de Guerra.
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Consejo de Estado. Surgió hacia 1521-1526; su creación oficial es de 1 de julio de 1526, con Carlos V. Era el «Consejo de la Monarquía», el único que abarcaba todos los territorios: tenía competencia exclusiva en política internacional y en cualquier asunto grave de política interior. Lo convocaba y presidía el propio rey, que podía asistir o no a sus sesiones, y no tenía capacidad jurisdiccional. Su secretaría se dividió en dos (España y Norte, e Italia) y en 1706 quedó reducida a una sola Secretaría de Estado. Estuvo casi inactivo desde 1717 y fue restablecido por Carlos IV en 1792. Un Real Decreto de 24 de marzo de 1834 lo declaró suspenso.
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Consejo de Guerra. Se fundó en la segunda década del siglo XVI. Con el rey como presidente, lo formaban varios consejeros (militares de alta graduación y miembros del Consejo de Estado) y un secretario. Tenía dos secretarías, la de mar y la de tierra. Se ocupaba de proponer los mandos militares, construir fortificaciones, fabricar armas y, en general, de los asuntos bélicos. Felipe V lo reorganizó en 1714. En 1717 la presidencia pasó al Secretario del Despacho de Guerra. Se suprimió en 1834 y fue sustituido por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
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Cámara de Castilla. Se separó del Consejo de Castilla para despachar los asuntos de gracia y merced, los nombramientos de cargos judiciales y el Patronato Real. No se conoce la fecha exacta de la separación. Carlos I dio en 1518 y 1523 dos decretos que organizaron junto a él un pequeño gabinete de tres o cuatro ministros del Consejo de Castilla. Felipe II le dio una Instrucción el 6 de enero de 1588. La presidía el Presidente del Consejo de Castilla, y en ella actuaban tres secretarios: el de Cámara, el de Justicia y el de Patronato Real. La reforma de los Consejos de 10 de noviembre de 1713 la suprimió; la nueva planta del Consejo de 9 de junio de 1715 la restauró, y funcionó hasta su desaparición en 1834.
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Consejo de Aragón (Consejo Supremo de la Corona de Aragón). Ver apartado 8.
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Consejo de Indias. Nació en 1524 como institución separada del Consejo de Castilla, para asesorar al rey en el gobierno y la administración de las tierras descubiertas. Su primer presidente fue fray García de Loaysa, confesor del emperador. Fue suprimido en 1834.
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Consejo de Hacienda. Se creó en 1523, con Carlos V, para buscar nuevos recursos y controlar la contabilidad y la tesorería. Hasta entonces las finanzas de Castilla correspondían a la Contaduría Mayor de Hacienda. Las ordenanzas de El Pardo de 1593 fijaron su planta, y las de 1602 lo fusionaron con la Contaduría Mayor. Lo formaban un presidente y varios consejeros. Dirigía la política fiscal y monetaria, proveía los oficios de hacienda y juzgaba a través del Tribunal de Oidores. Fue suprimido en 1834 y sustituido por el Tribunal Supremo de Hacienda.
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Consejo de la Suprema y General Inquisición. La Inquisición se estableció por bula de Sixto IV de 1478 y se puso en marcha en 1480. El registro más antiguo del Consejo es un documento de 27 de octubre de 1488. Lo presidía el Inquisidor General, máxima autoridad de la Inquisición, y su misión era reprimir los delitos contra la fe. La Inquisición fue disuelta definitivamente por Real Decreto de 15 de julio de 1834.
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Consejo de Órdenes. Administraba las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, En 1515 Carlos I recibió, por bula de León X, la administración vitalicia de sus maestrazgos, que en la década de 1520 pasaron a la Corona a perpetuidad (una bula de Adriano VI de 1523 los asignó a la Corona de forma perpetua). No se conoce con exactitud su fecha de creación. Recibió Instrucciones el 6 de enero de 1588. Montesa se le incorporó en 1707, al suprimirse el Consejo de Aragón. No fue suprimido formalmente en 1834: su heredero fue el Tribunal Especial de las Órdenes.
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Consejo de Cruzada. Se ocupaba de las Tres Gracias concedidas por el Papa a la Monarquía: la Cruzada (pagada por el pueblo al adquirir las bulas), el Subsidio y el Excusado. En 1529 Clemente VII concedió nuevas bulas para predicar la Cruzada y, desde entonces, el Comisario General de Cruzada pasó a ser permanente y nombrado por el rey. La tercera gracia, el Excusado, la concedió Pío V en 1567. El Comisario estaba asistido por asesores de los Consejos de Castilla, Aragón e Indias. Sus primeras ordenanzas son de 1554.
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Otros consejos territoriales:
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Italia: nació a mediados del siglo XVI para los negocios de Nápoles, Sicilia y Milán, que antes llevaba el Consejo de Aragón; las primeras Instrucciones de Felipe II, de 1559, lo formalizaron como organismo separado. Fue disuelto el 1 de mayo de 1717.
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Flandes: con antecedente en 1555, ordenanzas de 1588 y supresión en 1702.
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Portugal: creado en las Cortes de Tomar de 1582; perdió su razón de ser en 1668.
5. Los Secretarios y las Secretarías de Estado y del Despacho
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Secretarios de los Austrias. Eran el enlace entre el rey y los Consejos. Francisco de los Cobos fue nombrado en 1516 secretario del joven Carlos I y, tres años después, secretario de Estado. Con Felipe II los asuntos de Estado se repartieron entre dos secretarios: Gabriel de Zayas llevó los del Norte y Antonio Pérez los de Italia.
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Secretario del Despacho. A comienzos del reinado de Felipe IV, entre 1621 y 1623, se nombró un único secretario para despachar los papeles de la mesa del rey: el Secretario del Despacho. Con Carlos II pasó a llamarse Secretario del Despacho Universal.
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Reforma de 1705. El Real Decreto de 11 de julio de 1705 dividió la Secretaría del Despacho Universal en dos secretarías: una de «Guerra y Hacienda» y otra de «todo lo demás». Fue la primera reforma de Felipe V en este ámbito y dio respaldo legal a una situación que ya existía de hecho.
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Nueva Planta de 1714. El decreto de 30 de noviembre de 1714 («Nueva Planta de las Secretarías del Despacho») creó cuatro Secretarías:
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Estado y negocios extranjeros;
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Negocios eclesiásticos, justicia y jurisdicción;
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Guerra;
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Marina e Indias.
Hacienda se encomendó a un Veedor General, con un Intendente universal de la Veeduría. En 1717 las Secretarías se redujeron a tres.
- Vía reservada. Era la comunicación directa del secretario del despacho con el rey, mucho más ágil que la consulta de los Consejos. Por esta vía las Secretarías fueron quitando competencias a los Consejos.
6. Los validos
El valido (favorito o privado) era el hombre de confianza en quien el rey delegaba el poder político.
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Duque de Lerma, valido de Felipe III: fue el hombre más poderoso después del monarca hasta octubre de 1618.
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Conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV: dirigió la política interior y exterior de la Corona hasta su caída en enero de 1643.
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Fernando de Valenzuela, valido de la Reina viuda de Felipe IV durante su gobierno, tras la caída del padre Nithard; fue conocido como «el Duende de Palacio».
7. La Administración de Justicia en la Corona de Castilla
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La Audiencia y Chancillería de Valladolid. La creó Enrique II en las Cortes de Toro de 1371. Era el tribunal más alto de Castilla al norte del Tajo, salvo la segunda suplicación ante el Consejo.
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Con Juan I (Cortes de Briviesca, 1387, y Segovia, 1390) se separaron sus competencias de las del Consejo Real.
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Se asentó en Valladolid y se unió a la Cancillería, de donde viene el nombre de «Real Audiencia y Chancillería».
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Los Reyes Católicos fijaron su planta con las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489.
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Órganos:
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el Presidente;
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el Acuerdo (el presidente con los oidores), órgano de gobierno;
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cuatro Salas de lo Civil de oidores;
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dos Salas del Crimen de alcaldes del crimen;
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la Sala de Hijosdalgo, para los pleitos de hidalguía;
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la Sala de Vizcaya, con el Juez Mayor de Vizcaya.
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Juzgaba en primera instancia los casos de su rastro (cinco leguas) y los casos de corte, y en apelación las sentencias de corregidores, alcaldes y audiencias de Galicia y Asturias.
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La Chancillería de Granada. En 1494 se creó un segundo tribunal en Ciudad Real, que en 1505 se trasladó a Granada. El río Tajo quedó como divisoria: Granada juzgaba al sur y Valladolid al norte. Las dos Chancillerías se suprimieron por decreto de 26 de enero de 1834, que creó las Reales Audiencias.
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Las Audiencias:
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Galicia: creada por los Reyes Católicos por Real Cédula de Toledo de 3 de agosto de 1480. En sus comienzos no tenía sede fija y recorría las ciudades del reino; desde 1564 residió en La Coruña. En el siglo XVIII la presidía un militar, el capitán general, y el regente solo era presidente a efectos judiciales.
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Sevilla: era la Audiencia de Grados. Los Reyes Católicos organizaron sus tribunales en 1495, y la real provisión de 5 de mayo de 1554 la denominó Real Audiencia de Sevilla. Sus competencias las fijó el Privilegio de Bruselas, de 10 de enero de 1556.
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Canarias: nace con la Real Cédula de Granada de 7 de diciembre de 1526, que nombró tres jueces de apelación con residencia en Gran Canaria y jurisdicción sobre todas las islas. En el siglo XVIII, igual que la de Galicia, la presidía el capitán general.
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Asturias: la Audiencia de Asturias fue fundada en el siglo XVIII, por real cédula de 30 de julio de 1717, y empezó a funcionar en 1718. Nació dentro del reformismo borbónico. Se regía por las ordenanzas de la Audiencia de Galicia. La componían un regente, cuatro oidores y un fiscal. Además de tribunal, tenía funciones de gobierno de la provincia. En 1835 pasó a ser Audiencia territorial, con funciones solo judiciales.
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Extremadura: establecida por pragmática de Carlos IV de 30 de mayo de 1790, con sede en Cáceres.
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Los alcaldes de Casa y Corte. Eran los jueces de la jurisdicción ordinaria en la Corte y en su rastro, es decir, la villa donde estaba el rey y cinco leguas a su alrededor. La Sala de Alcaldes fue creada como organismo por los Reyes Católicos en 1480; su precedente son los alcaldes del rastro, documentados desde 1351. Formaban la llamada «quinta Sala» del Consejo Real, y la Sala la presidía un gobernador que era ministro del Consejo de Castilla. En 1561 se instaló en Madrid; en 1803 Carlos IV amplió su jurisdicción a diez leguas.
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Los corregidores como jueces. Hay corregidores desde el siglo XIV (se citan en el Ordenamiento de Alcalá de 1348, y Enrique III los instituyó en 1393). Su implantación general en Castilla llegó con los Reyes Católicos (Cortes de Toledo de 1480). Los Capítulos de Corregidores de 1500 regularon sus funciones. Eran jueces en lo civil y en lo criminal en el municipio y, además, tenían funciones gubernativas, militares y económicas.
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El juicio de residencia: procedimiento de control de los oficios públicos una vez cesados en su cargo. Consistía en tomar cuenta de los actos de un oficial público al terminar su cargo. Lo realizaba un juez de residencia, nombrado para ello, con sus auxiliares. Los Reyes Católicos lo regularon en las Cortes de Toledo de 1480, que obligaron a corregidores, alcaldes, alguaciles y merinos a hacer residencia durante 30 días, asegurada con fianzas. También lo regulan los Capítulos de 1500.
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La jurisdicción eclesiástica: el Tribunal de la Rota. El Tribunal de la Rota formaba parte de la jurisdicción eclesiástica. La Rota de la Nunciatura en España fue creada por Clemente XIV el 26 de marzo de 1771. Por regla general, los pleitos eclesiásticos que surgían en España terminaban en este tribunal.
8. La Corona de Aragón y el Reino de Navarra
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Consejo Supremo de la Corona de Aragón. Lo creó Fernando el Católico por Real Pragmática de 19 de noviembre de 1494. Hacía falta porque el rey viajaba y estaba ausente de sus reinos, y había que coordinar las suplicaciones de las audiencias. Lo presidía el Vicecanciller, junto a regentes letrados (y, en el XVII, plazas de capa y espada). Era tribunal supremo y órgano de gobierno, y coordinaba a los virreyes. Fue suprimido por los Decretos de Nueva Planta de 1707 (15 de julio de 1707): sus ministros pasaron al Consejo de Castilla, que asumió sus funciones.
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El Justicia de Aragón. El título de «Justicia del Rey» aparece en 1115. Las Cortes de Ejea de 1265 lo convirtieron en institución del Reino, como juez medio entre el Rey y la nobleza. Juan de Lanuza fue decapitado en 1591 sin juicio previo. El Justicia fue abolido en 1707, junto con los Fueros, la Diputación y las Cortes, y desde 1711 sus regalías pasaron a la Audiencia.
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La Real Audiencia. Al ausentarse el rey, cada reino tuvo virrey y Real Audiencia.
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Aragón y Cataluña: sus Audiencias se fundaron en 1493; en Cataluña recibió el nombre de Consell Reial, y en Aragón no quedó confirmada hasta 1528.
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Valencia: la creó Fernando el Católico en 1506 y la reguló en 1507. Era el órgano consultivo del virrey y el tribunal superior; contra sus sentencias solo cabía la suplicación al rey por medio del Consejo de Aragón.
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La Nueva Planta. Felipe V derogó los fueros de Aragón y Valencia por decreto de 29 de junio de 1707, luego los de Mallorca (1715) y Cataluña (16 de enero de 1716).
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Navarra. El Consejo Real de Navarra surgió de la especialización de la Curia Regia. Sus ordenanzas más importantes las dio Carlos III de Navarra en 1413, año en que este rey institucionalizó también la Corte Mayor como tribunal. Residía en Pamplona y no en la Corte, y a él acudía el virrey. Tuvo competencias de gobierno, de justicia y legislativas. Se suprimió el 27 de agosto de 1836.