Tema 1 · Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: resumen de lo esencial

Tema 1. Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: resumen de lo esencial

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Resumen de lo esencial – Auxiliar Administrativo (C2), Gobierno de Canarias

1. Ficha de la ley y estructura

Estructura

2. Objeto, finalidad y principios (arts. 1 y 132)

La ley regula la contratación del sector público para garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Además, en conexión con la estabilidad presupuestaria y el principio de integridad, busca una eficiente utilización de los fondos públicos mediante:

• la definición previa de las necesidades a satisfacer (art. 28: necesidad e idoneidad del contrato);
• la salvaguarda de la libre competencia;
• la selección de la oferta económicamente más ventajosa;
• la incorporación transversal de criterios sociales y medioambientales.

Art. 132: los órganos de contratación darán a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia y proporcionalidad; no se podrá falsear la competencia. Art. 133: confidencialidad.

3. Ámbito subjetivo y negocios excluidos

Tres categorías (art. 3), de mayor a menor amplitud

Negocios y contratos excluidos (arts. 4 a 11)

• Convenios entre Administraciones y entes públicos, y con personas físicas o jurídicas privadas, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados (art. 6).
• Negocios jurídicos patrimoniales (compraventa, donación, arrendamiento de bienes, etc.), relaciones laborales, servicios financieros de deuda, propiedad intelectual, contratos de investigación en ciertos supuestos.
• Encargos a medios propios personificados (art. 32): no son contratos cuando se cumplen los requisitos legales.
• Los excluidos se rigen por su normativa especial y, para dudas y lagunas, por los principios de la LCSP.

4. Tipos de contratos (arts. 12 a 27)

Contratos administrativos y privados

• Administrativos (art. 25): los típicos (obras, concesiones, suministro, servicios) celebrados por Administraciones Públicas, y los de objeto distinto que tengan naturaleza administrativa especial.
• Privados (art. 26): los celebrados por entes del sector público que no son Administración, y por Administraciones cuando su objeto es, por ejemplo, seguros, servicios financieros o creación e interpretación artística.
• Jurisdicción (art. 27): la contencioso-administrativa conoce de preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y de la preparación y adjudicación de los privados de las AAPP. La civil conoce de efectos y extinción de los contratos privados.

5. Contratos SARA y umbrales

Son contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) los que, por su tipo, entidad contratante y valor estimado, superan los umbrales europeos (arts. 19 a 23). Deben publicarse en el DOUE y tienen plazos y normas más estrictas. Los umbrales se revisan cada dos años.

Hasta el 31-12-2025 los umbrales eran 5.538.000 € (obras), 143.000 € (AGE) y 221.000 € (resto). El texto de la ley puede aún reflejar cifras antiguas; en examen, sigue la cifra que use tu temario o preparador.

Contratos menores (art. 118)

6. Partes del contrato

Órgano de contratación y figuras de apoyo

• Órgano de contratación (art. 61): el que tiene facultad para celebrar contratos en nombre de la entidad; actúa con independencia de los órganos de gestión.
• Perfil de contratante (art. 63): página donde se publica toda la información del órgano de contratación; se aloja en la Plataforma de Contratación del Sector Público (o servicio equivalente de la CCAA).
• Responsable del contrato (art. 62): supervisa la ejecución y adopta las decisiones e instrucciones para asegurar la correcta realización de la prestación.
• Mesa de contratación (art. 326): órgano de asistencia técnica que califica documentación, valora ofertas y propone la adjudicación; con presidente, vocales (entre ellos, asesor jurídico e interventor) y secretario. No es obligatoria en todos los procedimientos (por ejemplo, el abierto simplificado abreviado).

Empresarios: capacidad, solvencia, prohibiciones

• Capacidad de obrar (art. 65): personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y que acrediten su solvencia o, cuando se exija, su clasificación. Las personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas en sus fines, objeto o ámbito de actividad (art. 66). También las UTE (uniones de empresarios, art. 69).
• Solvencia (art. 74): económica, financiera, técnica o profesional; puede acreditarse con medios externos (art. 75).
• Clasificación (art. 77): exigible en los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000 €; en servicios es potestativa.
• Prohibiciones de contratar (art. 71): condena firme por delitos (corrupción, contra la Hacienda Pública, etc.), sanciones graves, insolvencia, incumplimientos de la contratación anterior, entre otros.
• Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP, art. 337): acredita aptitud, personalidad y solvencia.

7. Elementos del contrato: objeto, precio y duración

8. Preparación del contrato

• Expediente de contratación (arts. 116 y 117): se inicia con la justificación de la necesidad; incluye el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT), el certificado de existencia de crédito y, cuando proceda, informe jurídico y fiscalización. Se aprueba el expediente y se dispone la apertura del procedimiento.
• PCAP (art. 122): recoge derechos y obligaciones, criterios de adjudicación, solvencia, régimen de penalidades y modificación. PPT (art. 124): define las características técnicas de la prestación. Deben aprobarse antes de la licitación.
• Tramitación ordinaria: la regla general.
• Tramitación urgente (art. 119): necesidad inaplazable o interés público; declaración motivada; los plazos se reducen a la mitad.
• Tramitación de emergencia (art. 120): acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro; el órgano ordena la ejecución sin tramitar expediente; el plazo para iniciar la ejecución no puede exceder de un mes; después se cumplen los trámites (fiscalización, crédito). Es la excepción a la regla de que no se ejecuta sin formalizar.

9. Adjudicación: procedimientos y fases

Procedimientos (art. 131 y ss.)

• Regla general: abierto y restringido (art. 131.2).
• Otros: con negociación (con y sin publicidad, solo en supuestos tasados), diálogo competitivo y asociación para la innovación.
• Abierto simplificado (art. 159): agiliza el abierto en contratos de menor cuantía y criterios evaluables sobre todo por fórmulas. Abierto simplificado abreviado: para importes bajos (obras hasta 80.000 €, suministros y servicios hasta 60.000 €; comprueba en tu texto consolidado); sin mesa obligatoria.
• Contrato menor: adjudicación directa (art. 118).
• En los procedimientos abiertos y restringidos, cualquier empresario capacitado puede presentar oferta (abierto); en el restringido solo los invitados tras solicitud de participación.

Fases de un procedimiento abierto

Formalización y perfección

• Los contratos de las Administraciones Públicas se perfeccionan con su formalización (art. 36). Excepción: los contratos menores y los basados en un acuerdo marco o en un sistema dinámico de adquisición se perfeccionan con su adjudicación (art. 36.1 y 36.3).
• Si el contrato es susceptible de recurso especial: la formalización no puede hacerse antes de 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de adjudicación; el órgano requiere al adjudicatario para formalizar en un plazo no superior a 5 días desde el requerimiento.
• Si no es susceptible de recurso especial: formalización en un plazo no superior a 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación.
• No se puede iniciar la ejecución sin formalizar, salvo emergencia y salvo los contratos menores y los basados en un acuerdo marco o en un sistema dinámico de adquisición (art. 153.6).

Criterios de adjudicación (arts. 145 y 146)

• La adjudicación se hace con base en la mejor relación calidad-precio, que se evalúa con criterios económicos y cualitativos (incluidos medioambientales y sociales), vinculados al objeto del contrato.
• Los criterios se dividen en evaluables automáticamente (fórmulas) y sujetos a juicio de valor. Cuando estos últimos tengan mayor ponderación que los de fórmula, la valoración corresponde a un comité de expertos o a un organismo técnico especializado.

10. Garantías

11. Ejecución del contrato

Prerrogativas de la Administración (arts. 190 y 191)

• Interpretar el contrato y resolver dudas de su cumplimiento.
• Modificarlo por razones de interés público.
• Declarar la responsabilidad imputable al contratista.
• Suspender la ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
• El ejercicio exige procedimiento con audiencia del contratista y, en interpretación, nulidad y resolución (cuando hay oposición del contratista), dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autónomo equivalente.

Reglas de ejecución

• Riesgo y ventura del contratista (art. 197), salvo fuerza mayor en los casos previstos (para obras, art. 239).
• Penalidades por demora (art. 193): salvo que el pliego diga otra cosa, 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato. Las penalidades no pueden superar el 10 % del precio por cada una ni el 50 % en total (art. 192).
• Pago del precio (art. 198): en un plazo de 30 días desde la aprobación de las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad. Aprobación de estos documentos en 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o la prestación del servicio (art. 198.4).
• Si la Administración se retrasa más de 4 meses, el contratista puede suspender el cumplimiento (con un mes de aviso); si el retraso supera los 6 meses, puede solicitar la resolución.
• Cesión (art. 214): solo si las cualidades técnicas o personales del cedente no fueron la causa determinante de la adjudicación; requiere autorización previa y expresa, y que el cedente haya ejecutado al menos el 20 % del importe (en concesión de obras, explotada al menos una quinta parte del plazo).
• Subcontratación (art. 215): comunicación al órgano; el contratista principal sigue siendo el único responsable frente a la Administración; pago a subcontratistas regulado en art. 216.
• Suspensión (art. 208): se levanta acta; el contratista tiene derecho a indemnización por los perjuicios efectivamente sufridos.

Modificación del contrato (arts. 203 a 207)

Cumplimiento y resolución

• Cumplimiento (art. 210): el contrato se entiende cumplido cuando el contratista realiza la totalidad de la prestación a satisfacción de la Administración. Se abre el plazo de garantía; en obras, recepción formal (art. 243).
• Causas de resolución (art. 211): muerte o incapacidad del contratista; extinción de la personalidad jurídica; declaración de concurso o insolvencia; mutuo acuerdo; demora en el cumplimiento de plazos; incumplimiento de obligaciones esenciales; imposibilidad de ejecutar la prestación; impago del precio por la Administración (más de 6 meses); entre otras.
• Efectos (art. 213): si la resolución es culpa del contratista, pierde la garantía y debe indemnizar los daños y perjuicios que excedan de su importe.

12. Invalidez y recursos

Invalidez (arts. 38 a 43)

• Los contratos son inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o de adjudicación, por causas de nulidad de derecho administrativo (art. 39) o de anulabilidad (art. 40).
• Se declara mediante revisión de oficio (art. 41) o por el tribunal competente. La declaración puede llevar a la liquidación del contrato y restitución de prestaciones.

Recurso especial en materia de contratación (arts. 44 a 60)

13. Técnicas de racionalización y organización administrativa

14. Cifras y plazos que más suelen preguntarse

15. Autotest (10 preguntas) y soluciones

1. ¿Cuál es el límite máximo del valor estimado de un contrato menor de obras?
2. ¿Qué porcentaje representa la garantía definitiva ordinaria y sobre qué base se calcula?
3. ¿Cuánto puede durar como máximo un contrato menor y admite prórroga?
4. ¿Con cuánta antelación mínima debe producirse el preaviso del órgano de contratación para que la prórroga sea obligatoria para el empresario?
5. ¿En qué momento se perfecciona un contrato de una Administración Pública?
6. ¿Cómo se llama el valor de un contrato calculado sin IVA e incluyendo prórrogas y modificaciones previstas?
7. ¿Qué tipo de tramitación permite ejecutar sin expediente previo ante un acontecimiento catastrófico?
8. ¿Qué plazo tiene el contratista para interponer el recurso especial?
9. ¿En qué plazo debe pagar la Administración el precio tras la aprobación de la certificación?
10. ¿Desde qué valor estimado se exige clasificación del contratista en contratos de obras?

Soluciones

1. 40.000 € (art. 118).
2. 5 % del precio final ofertado, IVA excluido (art. 107).
3. Un año como máximo y no admite prórroga (art. 29.8).
4. Al menos 2 meses (art. 29.2).
5. Con su formalización (art. 36).
6. Valor estimado (art. 101).
7. La tramitación de emergencia (art. 120).
8. 15 días hábiles (art. 50).
9. En 30 días (art. 198.4).
10. 500.000 € (art. 77).

Siguiente paso recomendado. Cotejar cada artículo citado con el texto consolidado del BOE y con el temario oficial de la convocatoria del Gobierno de Canarias; el examen suele preguntar artículos concretos, por lo que conviene subrayar en la ley las cifras y plazos de la sección 14.