Tema 1 · La Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears

Tema 1. La Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears

1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: PRINCIPIOS GENERALES. LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

1.1. Estructura y contenido. Principios generales

1.1.1. Introducción y contexto histórico de la Transición

La Constitución Española de 1978 es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, a la que están sujetos todos los ciudadanos y poderes públicos. Su elaboración es el reflejo del consenso, la concordia y el pacto de las diversas fuerzas políticas durante el período histórico de la Transición Española. Este proceso democrático se inicia tras el fallecimiento del anterior Jefe de Estado, Francisco Franco, en noviembre de 1975, iniciándose la restauración monárquica en la figura de Don Juan Carlos I. El nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno en julio de 1976 dio un impulso definitivo al proceso de reforma política. El vehículo fundamental para desmantelar el régimen dictatorial fue la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero), la última de las Leyes Fundamentales de aquel régimen, pero redactada con el propósito de convocar elecciones generales libres. Tras su aprobación en referéndum por el pueblo español el 15 de diciembre de 1976, se celebraron las elecciones constituyentes el 15 de junio de 1977. Las nuevas Cortes Generales asumieron el mandato de elaborar una nueva Constitución. Para ello, se nombró una Ponencia Constitucional en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, integrada por los denominados "Padres de la Constitución": Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca, Manuel Fraga Iribarne, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura y Miquel Roca i Junyent. Tras un intenso debate parlamentario, el texto fue aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados y del Senado en sesiones simultáneas el 31 de octubre de 1978. Posteriormente, fue sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978, siendo ratificado de manera abrumadora por el pueblo español. El 27 de diciembre de 1978, el Rey Don Juan Carlos I sancionó y promulgó la Constitución ante las Cortes Generales. Finalmente, entró en vigor el mismo día de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 29 de diciembre de 1978, dando inicio a la etapa democrática contemporánea.

1.1.2. Caracteres del texto constitucional

La Constitución de 1978 presenta una serie de rasgos definitorios que la caracterizan desde un punto de vista doctrinal y jurídico, fundamentales para la comprensión global del ordenamiento administrativo:

• a) Escrita y codificada: A diferencia de ordenamientos consuetudinarios, la Constitución Española está contenida en un único documento articulado de forma sistemática y unificada.

• b) Extensa: Con 169 artículos, es la segunda constitución más larga de nuestra historia constitucional, solo superada por la Constitución de Cádiz de 1812. Esto se debe a la necesidad de detallar y regular de forma precisa aspectos muy diversos para lograr el consenso político.

• c) Rígida: Cuenta con unos exigentes y complejos mecanismos de reforma establecidos en su Título X, que impiden que sea modificada a través de leyes ordinarias o mayorías parlamentarias simples, garantizando su estabilidad temporal.

• d) Consensuada: Fue el resultado del acuerdo y pacto de transacción entre fuerzas políticas de ideologías muy dispares. Ello obligó a emplear fórmulas amplias y, en ocasiones, deliberadamente ambiguas, para permitir la alternancia de diferentes políticas y programas de gobierno.

• e) Derivada: No es una obra totalmente original, sino que recoge influencias directas de constituciones europeas. Destacan las aportaciones de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (en la definición del Estado social y la moción de censura constructiva), la Constitución italiana de 1947 (en el diseño del modelo autonómico e regional y el rol de las instituciones judiciales), y las monarquías parlamentarias del norte de Europa.

• f) Abierta e incompleta: Realiza constantes remisiones al legislador futuro para que desarrolle mediante Ley Orgánica o ley ordinaria los preceptos constitucionales y los derechos en ella esbozados.

1.1.3. Estructura formal y material de la Constitución

La Constitución se compone de 169 artículos estructurados de la siguiente forma formal: un Preámbulo (no numerado), un Título Preliminar, diez Títulos numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Desde el punto de vista material y doctrinal, se distingue nítidamente entre dos grandes bloques:

• 1. Parte Dogmática: Compuesta por el Preámbulo, el Título Preliminar y el Título I. Su finalidad es definir los principios fundamentales del Estado, la forma de organización política, los valores superiores del ordenamiento y los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, actuando como el núcleo axiológico de la norma suprema.
• 1. Parte Orgánica: Integrada por los Títulos II al IX. Su función principal es regular la estructura, organización y funcionamiento de los poderes del Estado: la Corona, las Cortes Generales (poder legislativo), el Gobierno y la Administración (poder ejecutivo), el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la organización territorial del Estado, estableciendo el sistema de equilibrios y relaciones recíprocas entre ellos.

1.1.4. El Preámbulo constitucional

El Preámbulo de la Constitución Española, cuya redacción final es atribuida principalmente al catedrático y diputado constituyente Enrique Tierno Galván, es una solemne declaración de principios que encabeza el texto constitucional. Jurídicamente, carece de fuerza normativa directa e imperativa; no contiene artículos y no puede ser invocado directamente ante los tribunales para fundamentar un derecho o una sanción. Sin embargo, posee un altísimo valor interpretativo y hermenéutico, pues expone las causas, motivaciones y la filosofía política y social sobre la que se fundamenta el Estado español. En su contenido, la Nación española proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos, culturas, tradiciones y lenguas, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación internacional.

1.1.5. El Título Preliminar: Las bases del Estado (Artículos 1 al 9)

El Título Preliminar constitucional representa los cimientos políticos y de legitimidad democrática del Estado español. En él se recogen los principios fundamentales de la soberanía, la forma política del Estado, los valores superiores, el bilingüismo, el modelo de descentralización y las bases del ordenamiento administrativo. El opositor debe dominar con absoluta precisión técnica y literal el contenido y trascendencia de sus preceptos: Artículo 1 de la Constitución Española: 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El desglose del artículo 1 define las tres dimensiones del Estado:

• Estado de Derecho: Sometimiento de todos los poderes públicos y de los ciudadanos a la ley y al ordenamiento jurídico, impidiendo la arbitrariedad.

• Estado Democrático: La soberanía reside en el pueblo, fuente de toda legitimidad y de donde emanan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

• Estado Social: Obligación del Estado de intervenir activamente para remover los obstáculos reales que impidan la libertad y la igualdad, garantizando unas condiciones de vida dignas (servicios públicos, sanidad, educación).

• Valores superiores: Son exactamente cuatro: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. El Tribunal Constitucional ha determinado que sirven de pauta interpretativa obligatoria para el legislador y los tribunales. Artículo 2 de la Constitución Española: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El artículo 2 establece el equilibrio entre la unidad indisoluble del Estado y la diversidad territorial a través del principio de autonomía política y administrativa, el cual es el fundamento de la existencia de las Comunidades Autónomas, como la de las Illes Balears. Se complementa con el principio de solidaridad interterritorial, garantizando el equilibrio socioeconómico entre todos los territorios españoles. Artículo 3 de la Constitución Española (Régimen Lingüístico): 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El artículo 3 sienta las bases constitucionales del bilingüismo en las comunidades autónomas con lengua propia. Es vital destacar la asimetría jurídica que contiene: solo respecto al castellano se impone constitucionalmente el 'deber de conocerla', mientras que para las lenguas cooficiales autonómicas (como la lengua catalana en el ámbito de las Illes Balears) el Estatuto de Autonomía de 2007 establece que «todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla», pero sin establecer un deber equivalente de rango constitucional general, lo cual es objeto recurrente de estudio en oposiciones administrativas. Los artículos restantes del Título Preliminar regulan:

• Artículo 4 (Símbolos): La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Admite que los Estatutos de las Comunidades Autónomas reconozcan sus propias banderas y enseñas oficiales.

• Artículo 5 (Capitalidad): Establece que la capital del Estado es la villa de Madrid.

• Artículo 6 (Partidos Políticos): Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

• Artículo 7 (Sindicatos y Organizaciones Empresariales): Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Al igual que los partidos, su creación y ejercicio son libres y deben tener estructura y funcionamiento democráticos.

• Artículo 8 (Fuerzas Armadas): Constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

• Artículo 9 (Sujeción y principios del Ordenamiento Jurídico): El apartado 1 consagra el principio de constitucionalidad: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El apartado 2 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sean reales y efectivas. El artículo 9.3 de la Constitución Española es el precepto clave de la actividad administrativa, consagrando los principios de funcionamiento del ordenamiento jurídico:

• 1. Principio de legalidad: Sometimiento pleno de la Administración Pública a la ley y al Derecho.
• 1. Jerarquía normativa: Una norma de rango inferior no puede contradecir lo dispuesto por una norma de rango superior (la ley prima sobre el reglamento).
• 1. Publicidad de las normas: Requisito indispensable para su obligatoriedad y vigencia, realizándose a través del BOE, BOIB u otros diarios oficiales.
• 1. Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: Prohíbe que las leyes desfavorables o restrictivas tengan efectos hacia el pasado.
• 1. Seguridad jurídica: Certeza y previsibilidad de las normas aplicables por las autoridades.
• 1. Responsabilidad de los poderes públicos: Obligación del Estado y la Administración de responder por los daños patrimoniales causados por el funcionamiento de sus servicios públicos.
• 1. Interdicción de la arbitrariedad: Prohibición de que las autoridades públicas actúen sin motivación legal o por capricho.

¡OJO EXAMEN! — Diferenciación en el Artículo 1.1 y 9.3: El Tribunal de la CAIB suele introducir preguntas trampa confundiendo los 'valores superiores' del artículo 1.1 (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) con los 'principios constitucionales' del artículo 9.3 (legalidad, jerarquía, publicidad, etc.). RECUERDA: Los valores superiores son exactamente cuatro y representan el fin del Estado, mientras que los principios del artículo 9.3 son los instrumentos de seguridad jurídica sobre los que opera la Administración Pública.

1.1.6. El Título Primero: Estructura hermenéutica (Artículo 10)

El Título Primero regula los derechos y deberes fundamentales y abarca desde el artículo 10 hasta el 55. El Artículo 10 actúa como pórtico de entrada de todo el Título I e introduce los principios esenciales sobre los que se construyen los derechos de los ciudadanos: 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

1.1.7 a 1.1.15. Estructura orgánica y funcional (Títulos II al IX)

La parte orgánica de la Constitución de 1978 establece el diseño del sistema político institucional del Estado español, regulando los órganos constitucionales que representan a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para un opositor del Cuerpo Auxiliar de la CAIB, es indispensable conocer las funciones esenciales y la naturaleza de cada una de estas instituciones:

• Título II: La Corona (Artículos 56 al 65): Regula la institución de la Jefatura del Estado, que en España adopta la forma de Monarquía parlamentaria. Se establece que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Sus funciones son puramente representativas, arbitrales y moderadoras del funcionamiento regular de las instituciones públicas. Sus actos estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 (artículo 56.3); refrendan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes, y la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del artículo 99 los refrenda el Presidente del Congreso (artículo 64). Ostenta prerrogativas personales de inviolabilidad y exención de responsabilidad jurídica.

• Título III: Las Cortes Generales (Artículos 66 al 96): Regula el órgano depositario de la potestad legislativa del Estado. Las Cortes Generales representan al pueblo español y adoptan una estructura bicameral, compuesta por el Congreso de los Diputados (cámara de representación popular directa) y el Senado (cámara de representación territorial). Sus principales atribuciones constitucionales son: el ejercicio de la potestad legislativa del Estado (redacción y aprobación de leyes), la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el control de la acción política y administrativa del Gobierno de la Nación.

• Título IV: El Gobierno y la Administración (Artículos 97 al 107): Este título es de trascendental relevancia para la función administrativa. El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El artículo 103 consagra que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

• Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Artículos 108 al 116): Regula los instrumentos de exigencia de responsabilidad política. Destacan la cuestión de confianza (solicitada por el Presidente del Gobierno ante el Congreso con mayoría simple para su aprobación) y la moción de censura (de carácter constructivo, firmada por la décima parte de diputados y que propone un candidato alternativo, requiriendo mayoría absoluta para prosperar). Asimismo, regula la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116).

• Título VI: El Poder Judicial (Artículos 117 al 127): Regula la potestad jurisdiccional, que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, correspondiendo en exclusiva a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Consagra los principios de independencia, inamovibilidad, responsabilidad y sumisión única al imperio de la ley de los jueces y magistrados. Su órgano de gobierno y control interno, no jurisdiccional, es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

• Título VII: Economía y Hacienda (Artículos 128 al 136): Establece la subordinación de toda la riqueza del país al interés general, sea cual fuere su titularidad pública o privada (artículo 128). Regula el monopolio del Estado para establecer tributos mediante ley, la potestad presupuestaria, la emisión de deuda pública y la institución del Tribunal de Cuentas como órgano supremo fiscalizador del Estado.

• Título VIII: De la Organización Territorial del Estado (Artículos 137 al 158): Establece el modelo de organización del territorio en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137). Este título diseñó las vías de acceso a la autonomía política (vía ordinaria del artículo 143 y vía rápida o agravada del artículo 151) y regula el sistema de reparto de competencias entre el Estado (artículo 149) y las autonomías.

• Título IX: Del Tribunal Constitucional (Artículos 159 al 165): Regula al supremo intérprete de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional es independiente de los demás órganos del Estado. Tiene competencias en exclusiva para resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones con fuerza de ley, recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales (artículos 14 y Sección 1ª del Título I) y los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o de estas entre sí.

• Título X: De la Reforma Constitucional (Artículos 166 al 169): Diseña dos procedimientos rígidos de modificación:

1. Procedimiento Ordinario (Art. 167): Aplicable a modificaciones parciales que no afecten a las materias reservadas del artículo 168. Requiere la aprobación por mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras (Congreso y Senado). Es obligatorio someterlo a referéndum facultativo si lo solicita la décima parte de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días posteriores a su aprobación.

2. Procedimiento Agravado (Art. 168): Obligatorio para revisiones totales de la Constitución, o revisiones parciales que afecten al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección 1ª del Título I (derechos fundamentales) o al Título II (la Corona). Requiere una mayoría de 2/3 de cada Cámara para iniciar el proceso, la disolución inmediata de las Cortes Generales, la ratificación por las nuevas Cámaras elegidas, la aprobación del texto definitivo por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras y la obligatoria sumisión de la reforma a referéndum popular para su ratificación definitiva.

¡OJO EXAMEN! — Límites y plazos de la reforma constitucional: Presta especial atención al artículo 169 de la Constitución, ya que introduce una limitación temporal rígida e ineludible: 'no podrá iniciarse' la reforma constitucional en tiempo de guerra o bajo la vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 (alarma, excepción y sitio). Fíjate que dice 'no podrá iniciarse', por lo que si una reforma ya está en trámite, no hay obligación de suspenderla de forma automática, pero bajo ningún supuesto puede registrarse o comenzar una nueva reforma bajo dichas circunstancias.

1.1.16 a 1.1.18. Disposiciones de Cierre Constitucional

El texto constitucional se cierra con una serie de cláusulas adicionales que regulan transiciones territoriales, derogaciones y su vigencia:

• Disposiciones Adicionales (4): La 1ª ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales; la 2ª vincula la declaración de mayoría de edad a los regímenes forales especiales; la 3ª vincula el régimen económico fiscal de Canarias a la autonomía; la 4ª permite que, en las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos mantengan las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas.

• Disposiciones Transitorias (9): Destinadas a regular la provisionalidad de los procesos de constitución de las Comunidades Autónomas, plazos y el autogobierno.

• Disposición Derogatoria (1): Consta de tres apartados. Deroga expresamente la Ley 1/1977, para la Reforma Política, y las Leyes Fundamentales que enumera (apartado 1); considera definitivamente derogadas la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que pudiera afectar a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y la Ley de 21 de julio de 1876 (apartado 2); y deroga cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución (apartado 3).

• Disposición Final (1): Declara la entrada en vigor de la Constitución el mismo día de su publicación oficial en el BOE, y añade que «se publicará también en las demás lenguas de España» (publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978).

1.2. Los derechos y deberes fundamentales. Sus garantías y suspensión

1.2.1. Introducción sistemática al Título I

El Título I de la Constitución Española ('De los derechos y deberes fundamentales') abarca del artículo 10 al 55. Sistemáticamente, la rúbrica es engañosa, puesto que la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han delimitado que no todos los artículos que lo integran consagran verdaderos derechos fundamentales en sentido estricto. La estructura sistemática formal del Título I es la siguiente:

• Artículo 10: Cláusula de apertura, dignidad e interpretación internacional.

• Capítulo I: De los españoles y los extranjeros (Artículos 11 al 13): Regula las condiciones generales de ejercicio de los derechos.

• Capítulo II: Derechos y libertades (Artículos 14 al 38): Es el núcleo sustantivo del Título I. Se abre con el Artículo 14 (Igualdad formal) y se subdivide en: - Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Artículos 15 al 29): Consagra el 'núcleo duro' o de máxima protección. - Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos (Artículos 30 al 38): Consagra derechos con nivel ordinario de tutela.

• Capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica (Artículos 39 al 52): Directrices materiales para la actuación de los poderes públicos.

• Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos (Artículos 53 y 54): Consagra el sistema protector de los derechos.

• Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades (Artículo 55): Regula los supuestos extraordinarios de pérdida temporal de eficacia de los derechos.

1.2.2. Los Derechos de la Constitución (Artículos 11 al 38)

Para superar con éxito la prueba de acceso al Cuerpo Auxiliar, el opositor debe conocer exhaustivamente el contenido material y técnico de cada uno de los derechos consagrados en la Constitución: Capítulo I: De los españoles y los extranjeros (Artículos 11 al 13)

• Artículo 11 (Nacionalidad): Determina que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley (Código Civil). Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

• Artículo 12 (Mayoría de edad): Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años de forma unificada e imperativa en todo el territorio nacional.

• Artículo 13 (Extranjería y extradición): Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados internacionales y la ley. Solo los españoles tienen derecho al ejercicio del sufragio activo y pasivo del artículo 23, exceptuando la participación activa y pasiva en las elecciones municipales que se pueda acordar por tratado o ley de reciprocidad internacional. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, sobre la base de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos (no considerándose como tales los actos de terrorismo). Artículo 14: El Principio de Igualdad Formal El Artículo 14 de la Constitución consagra que: 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.' Este artículo no es meramente un derecho subjetivo, sino una directriz objetiva que vincula plenamente a los poderes públicos. Proscribe tanto la discriminación en la ley (por el legislador) como en la aplicación de la ley (por los tribunales y la Administración Pública). Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Artículos 15 al 29)

• Artículo 15 (Derecho a la vida): 'Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.' (Nota: Actualmente, la Ley Orgánica 11/1995 abolió la pena de muerte también en el Código Penal Militar de forma completa).

• Artículo 16 (Libertad ideológica y religiosa): Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades con la única limitación, en su manifestación, del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal (aconfesionalidad positiva), asumiendo los poderes públicos la obligación de mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

• Artículo 17 (Libertad y seguridad): Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El detenido tiene derecho a ser informado de forma inmediata de sus derechos y razones de su detención, garantizándose la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales. Se consagra el procedimiento del 'Habeas Corpus' para la inmediata puesta a disposición judicial de detenidos ilegales, así como un plazo máximo de duración de la prisión provisional.

• Artículo 18 (Honor, intimidad y domicilio): 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática (protección de datos) para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

• Artículo 19 (Libertad de residencia y circulación): Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, sin que este derecho pueda ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

• Artículo 20 (Libertad de expresión e información): Se protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a recibir y comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Se prohíbe de forma terminante cualquier tipo de censura previa. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

• Artículo 21 (Derecho de reunión): Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, el cual no necesita de autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad competente, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

• Artículo 22 (Derecho de asociación): Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones constitucionalmente válidas deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones que empleen medios delictivos o tengan fines tipificados como delito son ilegales. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Su disolución o suspensión solo puede realizarse mediante resolución judicial motivada.

• Artículo 23 (Participación política): Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

• Artículo 24 (Tutela judicial efectiva): Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Se consagra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

• Artículo 25 (Principio de legalidad penal y administrativa): Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Se consagra la prohibición terminante de que la Administración civil pueda imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad (como el arresto o prisión).

• Artículo 26 (Prohibición de tribunales de honor): Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

• Artículo 27 (Derecho a la educación): Todos tienen el derecho a la educación, reconociéndose la libertad de enseñanza. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

• Artículo 28 (Sindicación y huelga): 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente, pudiendo limitarse o exceptuarse por ley este derecho en las Fuerzas Armadas o en los institutos de carácter militar. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, debiendo asegurar la ley el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

• Artículo 29 (Derecho de petición): Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley, adoptando un carácter especial para las Fuerzas Armadas (solo individual y de acuerdo a su legislación particular). Sección 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos (Artículos 30 al 38)

• Artículo 30 (Deber de defensa y objeción de conciencia): 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria (actualmente suspendido el servicio militar obligatorio desde el 31 de diciembre de 2001, por el R.D. 247/2001, de 9 de marzo, que adelantó la suspensión prevista en la Ley 17/1999). 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (Protección Civil).

• Artículo 31 (Deber de contribución fiscal): 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

• Artículo 32 (Derecho al matrimonio): El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, regulando la ley las formas de matrimonio, la edad, capacidad, derechos y deberes de los cónyuges, así como las causas de separación y disolución (divorcio).

• Artículo 33 (Propiedad privada y herencia): 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes (Expropiación Forzosa).

• Artículo 34 (Derecho de fundación): Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, de acuerdo con la ley, siendo aplicables las causales de ilegalidad y disolución judicial del artículo 22.

• Artículo 35 (Trabajo y libre elección): Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

• Artículo 36 (Colegios profesionales): La ley regulará el régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, debiendo ser su estructura interna y funcionamiento democráticos.

• Artículo 37 (Negociación colectiva y medidas de conflicto): 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los Convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, debiendo asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

• Artículo 38 (Libertad de empresa): Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

1.2.3. Los Deberes constitucionales de los españoles

El Título I no es solo una declaración de derechos subjetivos, sino una verdadera carta de deberes para con la comunidad nacional y el sostenimiento del Estado democrático social. El elenco de los deberes de rango constitucional es taxativo:

• Deber de conocimiento de la lengua oficial (Art. 3.1): Obligación constitucional de todos los ciudadanos españoles de conocer el castellano.

• Deber de defender a España (Art. 30.1): Consagrado como el derecho y deber primordial ante la defensa del territorio y soberanía.

• Deber de contribución tributaria (Art. 31.1): Deber de pagar impuestos e infracciones según la capacidad económica de cada individuo y de forma equitativa.

• Deber de recibir la enseñanza básica (Art. 27.4): Lo que fundamenta la escolarización obligatoria de los menores de edad.

• Deber de trabajar (Art. 35.1): Establecido de forma simétrica al derecho al trabajo de todos los españoles.

• Deber de conservación del medio ambiente (Art. 45.1): Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; el art. 45.2 encomienda a los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales.

1.2.4. El sistema de garantías constitucionales (Artículos 53 y 54)

El artículo 53 de la Constitución diseña un sofisticado y articulado sistema de protección de los derechos y libertades, dividiéndolos en tres niveles de tutela jurídica en función del capítulo o sección del Título I donde se ubiquen. Este esquema es una de las preguntas fundamentales del tribunal de oposiciones de la CAIB: Nivel de Garantía Derechos Amparados Garantías Jurídicas Específicas NIVEL I Protección Máxima • Art. 14 (Igualdad). • Sección 1ª del Cap. II (Arts. 15 al 29). • Art. 30.2 (Objeción de Conciencia).

1. Eficacia directa: Aplicables directamente sin necesidad de desarrollo legislativo previo.

2. Reserva de Ley Orgánica: el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª exige Ley Orgánica (art. 81: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto). El art. 14 y el art. 30.2 comparten la protección reforzada del amparo, pero no esta reserva.

3. Respeto a su contenido esencial: Vinculan al legislador, que no puede desnaturalizar el derecho.

4. Tutela preferente y sumaria: Procedimiento judicial rápido y de tramitación prioritaria ante los tribunales ordinarios.

5. Recurso de amparo: Protección excepcional ante el Tribunal Constitucional tras agotar la vía judicial común. NIVEL II Protección Ordinaria • Sección 2ª del Cap. II (Arts. 30 al 38, exceptuando la objeción de conciencia del 30.2).

6. Eficacia directa: Vinculan directamente a todos los poderes públicos frente a los ciudadanos.

7. Reserva de Ley Ordinaria: Solo pueden desarrollarse por ley común (no orgánica).

8. Respeto a su contenido esencial: Obligación del legislador de mantener el núcleo funcional del derecho.

9. Control de constitucionalidad: Solo se pueden impugnar mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. * NO gozan de procedimiento preferente y sumario ni de recurso de amparo. Nivel de Garantía Derechos Amparados Garantías Jurídicas Específicas NIVEL III Garantía Mínima • Capítulo III del Título I: Principios Rectores de la política social y económica (Arts. 39 al 52).

10. No son derechos subjetivos directos: No pueden alegarse directamente ante los tribunales ordinarios por sí mismos.

11. Carácter informador: Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

12. Solo exigibles según desarrollo: Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes específicas que los desarrollen. El Defensor del Pueblo (Artículo 54): Se constituye como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas por un período de cinco años (la mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado no la fija la Constitución, sino la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo), para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I. Para cumplir este fin constitucional, ostenta la facultad de supervisar e investigar la actividad de todas las Administraciones Públicas españolas (incluyendo la Administración civil del Estado, la de las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales). Su régimen de funcionamiento está regulado por la Ley Orgánica 3/1981, debiendo dar cuenta anualmente de su gestión a las Cortes Generales.

¡OJO EXAMEN! — El derecho de propiedad y la expropiación (Art. 33.3): Es una de las preguntas preferidas de los tribunales de oposiciones. El artículo 33.3 consagra que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con las leyes. El truco del examen consiste en sugerir que la Constitución exige el 'previo pago' del justiprecio. RECUERDA: La Constitución de 1978 modificó las fórmulas anteriores e introdujo el término genérico 'mediante la correspondiente indemnización', lo que ampara legalmente los procedimientos de urgencia donde el pago puede ser posterior a la ocupación física.

1.2.5. Suspensión de los derechos y libertades (Artículo 55)

La Constitución prevé de forma excepcional y restrictiva la posibilidad de suspender la eficacia de determinados derechos fundamentales, distinguiendo nítidamente entre dos modalidades de suspensión: 1. Suspensión Colectiva (Artículo 55.1): Se aplica de forma general a la población en el marco de la declaración de los estados de excepción o de sitio previstos en el artículo 116, y requiere la previa aprobación del Congreso de los Diputados. Los derechos susceptibles de ser suspendidos colectivamente son exclusivamente los siguientes:

• Artículo 17 (Libertad y seguridad personal): En el estado de excepción NO se puede suspender el artículo 17.3 relativo al derecho a la información de los derechos de detención y asistencia de abogado, mientras que en el estado de sitio sí es suspendible.

• Artículo 18.2 (Inviolabilidad del domicilio): Permitiendo entradas y registros policiales sin orden judicial.

• Artículo 18.3 (Secreto de las comunicaciones): Intervención de teléfonos, correo y telemáticas.

• Artículo 19 (Libertad de residencia y circulación).

• Artículo 20.1.a y d, y Artículo 20.5: Libertad de expresión, derecho de información y secuestro judicial de publicaciones.

• Artículo 21 (Derecho de reunión y manifestación).

• Artículo 28.2 (Derecho a la huelga).

• Artículo 37.2 (Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo). 2. Suspensión Individual (Artículo 55.2): Se aplica únicamente a personas concretas bajo investigación policial en relación con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Requiere necesariamente desarrollo mediante Ley Orgánica (Ley Orgánica 4/1988), la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. Los únicos derechos que pueden ser suspendidos individualmente son:

• Artículo 17.2: Prolongación de la detención preventiva policial hasta un plazo de 48 horas adicionales sobre las 72 horas generales (requiriendo que la prórroga se solicite mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención y la autorice el juez en las 24 horas siguientes).

• Artículo 18.2: Inviolabilidad del domicilio (permitiendo entrada y registro policial con comunicación inmediata posterior al juez competente).

• Artículo 18.3: Secreto de las comunicaciones (permitiendo la intervención de llamadas o telemática policial, requiriendo comunicación inmediata y ratificación judicial posterior en 72 horas).

¡OJO EXAMEN! — Derechos Absolutamente Intocables y Estado de Alarma: El tribunal suele intentar inducir a error afirmando que en los estados excepcionales se pueden suspender derechos como el derecho a la vida (artículo 15), el derecho de asociación (artículo 22) o la tutela judicial efectiva (artículo 24). RECUERDA: Estos derechos son absolutos y NUNCA pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia constitucional, ni colectiva ni individualmente. Asimismo, ten presente de cara al examen que en el estado de alarma (el más común, empleado en catástrofes o crisis sanitarias) no se puede suspender colectivamente ningún derecho fundamental, admitiendo únicamente limitaciones o restricciones parciales de uso (por ejemplo, limitaciones a la libre circulación de vehículos o personas).

2. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS (L.O. 1/2007)

2.1. El Estatuto: disposiciones generales y principios fundamentales

2.1.1. Estructura formal y evolución histórica autonómica

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 147 de la Constitución Española. Su aprobación se realiza mediante Ley Orgánica de las Cortes Generales, y el Estado lo reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Históricamente, el proceso de autogobierno en las islas se inicia formalmente con la aprobación del primer Estatuto de Autonomía en 1983 (Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero). Este texto fue modificado de forma parcial en 1994 y 1999 para ampliar el techo competencial autonómico (asumiendo materias como educación y sanidad). La profundización en el autogobierno y las transformaciones socioeconómicas de las islas motivaron la redacción de una reforma integral del Estatuto, la cual dio lugar al texto vigente en la actualidad: la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Esta reforma representó una renovación completa de la norma institucional básica de las islas, reforzando la insularidad, consagrando a Formentera como Consejo Insular autónomo con personalidad jurídica, ampliando el catálogo de derechos de los ciudadanos de Baleares e incrementando significativamente la tipología de competencias autonómicas. Estructura Formal de la Ley Orgánica 1/2007: El Estatuto consta de un Preámbulo y de 139 artículos estructurados en nueve Títulos (no tiene Título Preliminar):

• Título I (Artículos 1 al 12): Disposiciones generales (autogobierno, territorio, insularidad, lengua, símbolos, capital, organización territorial, condición política y principios rectores).

• Título II (Artículos 13 al 29): De los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos de las Illes Balears.

• Título III (Artículos 30 al 38): De las competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

• Título IV (Artículos 39 al 87): De las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Parlamento, Presidente, Gobierno, Consejos Insulares —capítulo IV, arts. 61 a 74—, municipios, órganos de consulta y asesoramiento, Administración pública, control y Derecho propio).

• Título V (Artículos 88 al 92): Medios de comunicación social.

• Título VI (Artículos 93 al 100): El Poder Judicial en las Illes Balears.

• Título VII (Artículos 101 al 119): Relaciones institucionales (acción exterior, Unión Europea, relaciones con el Estado y con otras Comunidades Autónomas).

• Título VIII (Artículos 120 al 138): Financiación y Hacienda.

• Título IX (Artículo 139): De la reforma del Estatuto (iniciativa del Parlamento a propuesta de una quinta parte de los Diputados, del Gobierno o de las Cortes Generales; aprobación por mayoría de dos tercios del Parlamento y por las Cortes mediante ley orgánica).

• Disposiciones de Cierre: Consta de 6 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias y 1 disposición final (no tiene disposición derogatoria).

2.1.2. Disposiciones y principios generales (Artículos 1 al 12)

El Título I (Disposiciones generales) consagra las bases de la identidad política y autonómica de las Illes Balears, definiendo de forma precisa los elementos institucionales e históricos de la Comunidad Autónoma:

• Artículo 1 (Illes Balears): 1. La nacionalidad histórica que forman las islas de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, como expresión de su voluntad colectiva y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y a las regiones, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la propia Constitución y del presente Estatuto. 2. La denominación de la Comunidad Autónoma es Illes Balears.

• Artículo 2 (Territorio): El territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears está integrado por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, así como por las demás islas menores adyacentes. El art. 2 solo delimita el territorio. La organización en islas y municipios está en el art. 8, y los Consejos Insulares, como instituciones de gobierno de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, en el art. 61 (el Consejo Insular propio de Formentera es una de las grandes novedades de la reforma de 2007).

• Artículo 3 (Insularidad): El Estatuto ampara la insularidad del territorio como hecho diferencial y merecedor de protección especial. Artículo 6 (Símbolos): La bandera de las Illes Balears estará constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte superior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en medio. Cada isla podrá tener su bandera, su día de celebración y sus símbolos distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular respectivo. El día de las Illes Balears es el 1 de marzo. Artículo 4 (La Lengua Oficial de las Islas): 1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial. 2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma. 3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears. El artículo 4 del Estatuto sienta las bases de la cooficialidad lingüística y del bilingüismo en Baleares. Consagra la lengua catalana como la 'lengua propia' de las Illes Balears. A diferencia del artículo 3 de la Constitución, que impone al castellano un 'deber de conocimiento', el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece que «todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla» respecto a la lengua propia. Asimismo, el art. 14.3 reconoce a los ciudadanos de las Illes Balears el derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada, un aspecto de trascendental relevancia en la práctica del Cuerpo Auxiliar.

• Artículo 5 (Territorios con vínculos lingüísticos y culturales): El Gobierno ha de promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tienen vínculos lingüísticos y culturales con las Illes Balears. Artículo 7 (Capital): La capital de las Illes Balears es la ciudad de Palma, que es la sede permanente del Parlamento, de la Presidencia del Gobierno y del Gobierno, sin perjuicio de que el Parlamento y el Gobierno puedan reunirse en otros lugares de las Illes Balears.

• Artículo 8 (Organización territorial): La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas y en municipios; las instituciones de gobierno de las islas son los Consejos Insulares, y las de los municipios, los Ayuntamientos.

• Artículo 9 (Condición política): Tienen la condición política de ciudadanos de la Comunidad Autónoma los españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de las Illes Balears. Gozan de los derechos políticos los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en las Illes Balears y lo acrediten en el consulado, y sus descendientes inscritos como españoles si lo solicitan.

• Artículo 10 (Eficacia de las normas): Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia. (Las relaciones con el Estado y con otras Comunidades Autónomas se regulan en los arts. 114 a 119.)

• Artículo 11 (Comunidades isleñas fuera del territorio): Las comunidades baleares establecidas fuera del territorio podrán solicitar el reconocimiento de su personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de las islas, lo que en ningún caso implicará la concesión de derechos políticos.

• Artículo 12 (Principios rectores de la actividad pública): La Comunidad Autónoma fundamenta el derecho al autogobierno en los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz y los derechos humanos; y sus instituciones deben promover, como principios rectores de la política económica y social, el desarrollo sostenible encaminado a la plena ocupación, la cohesión social y el progreso científico y técnico.

• (La acción exterior y la Unión Europea no están en el Título I, sino en el Título VII: arts. 101 a 113.)

¡OJO EXAMEN! — El origen histórico de la Diada de les Illes Balears: El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears SÍ fija de forma expresa la fecha: «El día de las Illes Balears es el 1 de marzo» (artículo 6.3). RECUERDA: La Diada de les Illes Balears se celebra oficialmente el 1 de marzo de cada año en conmemoración de la fecha histórica en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Estatuto de Autonomía originario de la Comunidad Autónoma de 1983 (1 de marzo de 1983).

2.1.3. Los Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos (Artículos 13 al 29)

El Título II del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears de 2007 consagra una pionera y detallada carta de derechos sociales, deberes y libertades específicas de los ciudadanos baleares. Su inclusión representa la adaptación de los derechos constitucionales estatales a la realidad territorial e insular propia de la Comunidad Autónoma. El opositor debe conocer las principales líneas de derechos consagradas en el Estatuto:

• 1. Titulares y alcance (Artículo 13): Los ciudadanos de las Illes Balears, como ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución, en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están vinculados por estos derechos, y los derechos y principios del Título no alteran el régimen de distribución de competencias.
• 1. No discriminación por razón de sexo (Artículo 17): Todas las mujeres y hombres tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal; las Administraciones públicas velarán para que puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminaciones y en igualdad de condiciones, garantizándose la conciliación de la vida familiar y laboral; y todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual.
• 1. Derechos en relación con las Administraciones públicas (Artículo 14): Una ley del Parlamento regulará el derecho a una buena administración y al acceso a los archivos y registros administrativos; todos tienen derecho a que las Administraciones públicas traten sus asuntos de forma objetiva e imparcial y en un plazo razonable; y los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada (art. 14.3). El art. 15 regula los derechos de participación.
• 1. Derechos sociales (Artículo 16) y de las personas dependientes (Artículo 19): Una ley del Parlamento elaborará la Carta de Derechos Sociales; la actuación pública se centrará, entre otros ámbitos, en la defensa integral de la familia, la protección del menor, los derechos de las personas dependientes y la accesibilidad universal (art. 16). Las Administraciones garantizarán a toda persona dependiente las prestaciones públicas necesarias para su autonomía personal, la accesibilidad espacial de instalaciones, edificios y servicios públicos, y el uso de la lengua de signos (art. 19).
• 1. Familia y menores (Artículo 16.3) y derechos culturales (Artículo 18): La familia y la protección del menor son ámbitos prioritarios de la actuación pública según el art. 16.3 (la conciliación, en el art. 17.2). El art. 18 reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la cultura y a la protección de la creatividad.
• 1. Catástrofes, pobreza, salud y medio ambiente: Los poderes públicos velarán por las personas que hayan padecido daños por catástrofes (art. 20); se garantiza a quienes estén en estado de necesidad el derecho a la solidaridad y a una renta mínima de inserción (art. 21); se garantiza el derecho a la prevención y protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal (art. 25); y toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro y sano (art. 23).
• 1. Vivienda (Artículo 22) y Educación (Artículo 26): Las Administraciones públicas garantizarán el derecho de acceso a una vivienda digna; por ley se regularán las ayudas, especialmente a favor de los jóvenes, de las personas sin medios, de las mujeres maltratadas y de las personas dependientes. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad, y se garantizará la gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios y en los demás que se establezcan por ley. (Los arts. 23 y 24 son medio ambiente y actividad turística y sector primario.)
• 1. Buena administración, datos y nuevas tecnologías: El derecho a una buena administración y al acceso a archivos y registros está en el art. 14 (asuntos tratados de forma objetiva e imparcial y en un plazo razonable). El art. 27 regula los derechos relativos a la ocupación y al trabajo; el art. 28, el derecho de acceso, protección, corrección y cancelación de los datos personales en ficheros de las Administraciones públicas de la Comunidad; y el art. 29, el impulso del acceso a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información.

¡OJO EXAMEN! — Garantía Lingüística y Administración Auxiliar: De cara al examen del Cuerpo Auxiliar de la CAIB, recuerda que los derechos lingüísticos consagrados en el artículo 14.3 del Estatuto vinculan directamente a todo el personal al servicio de la Administración pública de las islas. El ciudadano tiene derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada, sin que el funcionario auxiliar pueda exigir la traducción de documentos o imponer un idioma específico bajo ninguna circunstancia, siendo catalogada la vulneración de este derecho como falta disciplinaria.

2.2. Tipología de las competencias autonómicas (Artículos 30 al 32)

El Título III del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears regula la distribución y el ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma. De acuerdo con el modelo descentralizado del Estado de las Autonomías (definido en los artículos 147.2.d, 148 y 149 de la Constitución Española), la Comunidad Autónoma ejerce sus funciones públicas mediante tres tipos de competencias bien delimitados doctrinal e institucionalmente. El opositor del Cuerpo Auxiliar debe conocer conceptualmente y con precisión material la tipología competencial de la CAIB: 1. Competencias Exclusivas (Artículo 30 del Estatuto): Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en régimen de exclusividad, la integridad de las potestades legislativas, reglamentarias y de la función ejecutiva (incluyendo la inspección y la sanción) sobre las materias que el Estatuto reserva expresamente como tales. Ello implica que la CAIB tiene plena libertad y autonomía para regular, normar y gestionar de forma directa la materia «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución» (art. 30), y en varias materias el propio art. 30 remite a las bases estatales (p. ej., 30.21, 30.34, 30.46 y 30.48). Las materias del artículo 30 son muy extensas y abarcan: • La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno y de la Administración civil autonómica. • Ordenación del territorio, urbanismo y fomento del suelo de las islas. • Vivienda y promoción de vivienda de protección pública. • Turismo: ordenación y planificación del sector turístico, promoción e información turística y oficinas de promoción turística en el exterior (art. 30.11). • Agricultura, ganadería e industrias alimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía estatal. • Comercio interior, ferias y mercados interiores, respetando la legislación mercantil general del Estado. • Patrimonio histórico, artístico, monumental y arqueológico de las islas, archivos, bibliotecas y museos públicos que no sean de titularidad estatal. 2. Competencias de Desarrollo Legislativo y Ejecución (Artículo 31 del Estatuto): Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva de la materia en el marco de las bases y de la ordenación general dictadas por el Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales (artículo 149 de la Constitución). Es un modelo competencial compartido o concurrente: el Estado dicta las 'normas básicas' que garanticen un nivel común e idéntico mínimo en todo el territorio nacional, y la CAIB dicta las leyes y reglamentos de desarrollo para adaptar las bases nacionales a las peculiaridades de las islas, asumiendo su gestión práctica e interna. Las materias del artículo 31 abarcan:

• Educación (no está en el art. 31 sino en el art. 36): corresponde a la Comunidad el desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades (art. 36.2), además de competencias exclusivas en la creación, organización y régimen de los centros públicos no universitarios (art. 36.1).

• Sanidad y Salud Pública: «Salud y sanidad. Formación sanitaria especializada. Sanidad vegetal y animal» (art. 31.4); la organización, funcionamiento y control de los centros sanitarios públicos y de los servicios de salud es, en cambio, competencia exclusiva (art. 30.48).

• Medio Ambiente: no está en el art. 31; la «protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado» es competencia exclusiva (art. 30.46), y los vertidos industriales en aguas territoriales son competencia ejecutiva (art. 32.16).

• Régimen Local: Desarrollo de las bases estatales de la Administración Local y ordenación de las corporaciones locales (Ayuntamientos) de Baleares. • Ordenación de la prensa, radio y televisión públicas de las islas (IB3). 3. Competencias de Ejecución (Artículo 32 del Estatuto): Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears únicamente la función ejecutiva de la materia (inspección, sanción y potestad reglamentaria de carácter organizativo interno), correspondiendo la potestad legislativa sustantiva y la potestad reglamentaria reguladora de forma exclusiva al Estado nacional. La CAIB actúa como una mera administradora y ejecutora de las normas e instrucciones estatales en el ámbito insular. Las materias del artículo 32 abarcan:

• Trabajo y Relaciones Laborales: Gestión de la intermediación laboral (oficinas de empleo), fomento de la inserción y la inspección de trabajo laboral. • Propiedad intelectual e industrial (gestión de patentes y marcas, registro de derechos de autor). • Expropiación forzosa, ferias internacionales, productos farmacéuticos, crédito, banca y seguros, salvamento marítimo e inmigración, entre otras (art. 32). Tipo de Competencia Ámbito de Potestad de la CAIB Materias Clave de Estudio (Ejemplos) Exclusivas (Artículo 30) Integridad de potestades: Legislativa, reglamentaria y ejecutiva (inspección y sanción). No sometida a leyes estatales básicas. • Autoorganización de la CAIB. • Ordenación del territorio y urbanismo. • Turismo y promoción turística. • Comercio interior. • Patrimonio histórico y archivos. Desarrollo Legislativo y Ejecución (Artículo 31) Competencia compartida: El Estado dicta las leyes básicas nacionales. La CAIB aprueba leyes de desarrollo, reglamentos y ejecuta la gestión pública. • Educación (art. 36.2). • Salud y sanidad (art. 31.4). • Régimen local de las islas. • Medios de comunicación autonómicos (IB3). Ejecución (Artículo 32) Función ejecutiva pura: El Estado dicta en exclusiva las leyes y reglamentos reguladores. La CAIB asume únicamente la gestión práctica, inspección y sanción. • Legislación laboral (inspección de trabajo). • Propiedad intelectual e industrial (patentes). • Expropiación forzosa, ferias internacionales, crédito, banca y seguros. Otras competencias y cláusulas de cierre (Artículos 33 al 38): policía propia (33), cultura (34), enseñanza de la lengua propia (35), enseñanza (36), ejercicio de las competencias conforme a la Constitución (37) y competencias inherentes a su pleno ejercicio (38). El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears prevé instrumentos de flexibilización y delegación competencial. El artículo 70 del Estatuto regula las competencias propias de los Consejos Insulares, y el artículo 71 les permite asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión de otras materias (montes, aguas, obras públicas, sanidad, enseñanza…), convirtiendo a los Consejos Insulares en verdaderas instituciones de autogobierno específicas.

¡OJO EXAMEN! — Materias trampa de Competencias: Es el clásico recurso empleado por el tribunal en las preguntas de tipo test para confundir y hacer fallar al opositor. El tribunal suele proponer preguntas afirmando que la 'Sanidad', la 'Educación' o la 'Legislación Laboral' son competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. RECUERDA: La sanidad y la educación son competencias de desarrollo legislativo y ejecución (artículos 31.4 y 36.2, respectivamente), puesto que están sujetas a la legislación estatal básica (Ley General de Sanidad, leyes educativas estatales). De igual manera, la legislación laboral es estrictamente una competencia de ejecución (Artículo 32), ya que la ley sustantiva (Estatuto de los Trabajadores) es competencia exclusiva del Estado.