👑 La descarga en PDF es Premium — el temario que estás leyendo en pantalla ya es el completo, igual para todos.
El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Règims municipals especials.
Temario de este tema actualizado el 12 de noviembre de 2026. Regístrate para recibir actualizaciones cuando la legislación cambie.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (1985)
El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.
El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.
Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente:
a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10.
b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006.
f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional.
g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La fusión conllevará:
a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados.
b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis.
d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e).
e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión.
Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión.
El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.
Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».
La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.
Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.
La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente.
El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.
a) Nombre y apellidos.
b) Sexo.
c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente.
d) Nacionalidad.
e) Lugar y fecha de nacimiento.
f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:
1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.
2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.
g) Certificado o título escolar o académico que se posea.
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española.
Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico.
Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente.
La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada.
Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley.
El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral.
Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado.
El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes.
El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales.
El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales.
El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones:
A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística.
B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles.
C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales.
D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria.
Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.
a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.
b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.
c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.
d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.
e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.
f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley.
g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.
h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis.
i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.
El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.
Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general.
El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes.
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.
e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.
Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior.
Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) Representar al ayuntamiento.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
e) Dictar bandos.
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley.
i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
ñ) (Derogada)
o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
p) (Derogada)
q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.
El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).
El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.
h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas.
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.
k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
n) (Derogada)
ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
o) (Derogada)
p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.
Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.
El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.
La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.
El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.
Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128.
Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.
La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.
Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.
p) Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.
q) Promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.
La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en su parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente.
Notas de vigencia:
📝 Modificado por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, con efectos desde el 23/10/2026. (BOE-A-2026-20528)
⚠️ Se declara que no es inconstitucional el apartado 3, por conexión a lo declarado para el art. 2.2, interpretado en los términos del fundamento jurídico 3, por Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624 . (BOE-T-1990-624)
Se añade la letra q) al apartado 2 por la disposición final 3.1 de la Ley 4/2026, de 1 de octubre. Ref. BOE-A-2026-20528 (BOE-A-2026-20528)
Se añade la letra p) al apartado 2 por la disposición final 2 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. Ref. BOE-A-2026-6544 (BOE-A-2026-6544)
Se añade el apartado 6 por el art. 128.4 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-25758 (BOE-A-2023-25758)
Se añade la letra o) al apartado 2 por la disposición final 1 del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto. Ref. BOE-A-2018-11135 (BOE-A-2018-11135)
Se modifica por el art. 1.8 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 . (BOE-A-2013-13756)
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
a) Recogida y tratamiento de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público.
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ⚠️ [inciso declarado inconstitucional y nulo — sin vigencia] la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. ⚠️ [inciso declarado inconstitucional y nulo — sin vigencia]
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.
Notas de vigencia (BOE):
⚠️ Se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados del apartado 2, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756#aprimero ., por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839 . (BOE-A-2013-13756)
Se añade el apartado 4 por el art. 1 de la Ley 10/1993, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1993-10455 (BOE-A-1993-10455)
Se modifica el apartado 1.c) por el art. 24 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. Ref. BOE-A-1996-13002 (BOE-A-1996-13002)
Se modifica por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 . (BOE-A-2013-13756)
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas.
La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.
a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
b) Protección del medio natural.
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.
d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.
h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.
i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.
j) Promoción y gestión turística.
k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.
m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.
n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante.
La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.
La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.
El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.
La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local.
Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Podrán establecerse, en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios; y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios.
La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas.
a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.
b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.
La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.
En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.
No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto.
Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.
Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.
En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes reglas:
a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.
Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la letra c) de este precepto, en cuyo caso será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.
b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.
c) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. En los municipios de hasta 100 residentes, que no funcionen en régimen de Concejo Abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca deberá ser inferior a dos. Estos quórums deberán mantenerse durante toda la sesión.
En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
d) La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las Corporaciones abstenerse de votar.
La ausencia de uno o varios Concejales o Diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.
En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
e) En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.
Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales.
b) Creación, modificación y supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley.
c) Aprobación de la delimitación del término municipal.
d) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio.
e) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación.
g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
i) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales.
j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
k) Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente.
l) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
m) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.
n) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
ñ) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
o) Las restantes determinadas por la ley.
En los asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la correspondiente solicitud se cursará por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma.
Cuando el dictamen deba ser solicitado conjuntamente por Entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas a petición de la Entidad de mayor población.
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de éstos o entidades locales de las previstas en el artículo 45.
b) Por el Alcalde o Presidente de la Corporación, en el resto de los supuestos.
Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus términos municipales se resolverán por la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas Comunidades Autónomas y dictamen del Consejo de Estado.
Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (2003)
39.1 Tota persona que visqui a Catalunya resta obligada a inscriure's en el padró del municipi en el qual resideix habitualment. Els ciutadans que resideixen en diversos municipis s'han d'inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més temps durant l'any. El conjunt de persones inscrites en el padró municipal constitueix la població del municipi.
39.2 Les persones inscrites en el padró municipal són els veïns del municipi. La condició de veí o veïna s'adquireix en el mateix moment de la inscripció en el padró corresponent.
39.3 Les persones inscrites en el padró d'espanyols residents a l'estranger es consideren veïns del municipi de Catalunya que figuri en les dades de la seva inscripció, únicament a efectes del dret de sufragi, sense que en cap cas constitueixin població del municipi.
39.4 Totes les persones que, d'acord amb el que estableixen els apartats 1, 2 i 3, tenen veïnatge administratiu en un municipi de Catalunya tenen la condició política de catalans.
40.1 El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les dades que consten en el padró constitueixen una prova pel que fa a la residència al municipi i al domicili habitual. Les certificacions expedides pels ajuntaments sobre aquestes dades tenen caràcter de document públic i, en conseqüència, gaudeixen de la presumpció de veracitat i fan prova de les dades que s'hi consignen, a tots els efectes administratius.
40.2 Les dades que consten en el padró municipal són confidencials. L'accés a aquestes dades es regeix per les normes que regulen l'accés administratiu dels ciutadans als arxius i als registres públics i per la Llei 5/2002, del 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
40.3 Sens perjudici del que disposa l'apartat 2 i sense que calgui el consentiment de la persona interessada, les dades del padró poden ésser comunicades a altres administracions públiques que ho sol·licitin, quan siguin necessàries per a exercir les competències respectives, i exclusivament per als assumptes en què sigui rellevant conèixer la residència o el domicili.
La inscripció en el padró municipal ha de contenir, amb caràcter obligatori, les dades següents:
a) El nom i els cognoms.
b) El sexe.
c) El domicili habitual.
d) La nacionalitat.
e) El lloc i la data de naixement.
f) El número del document nacional d'identitat o, si es tracta de ciutadans estrangers, del document oficial equivalent.
g) El certificat o el títol escolar o acadèmic.
h) Les dades necessàries als efectes de l'elaboració del cens electoral, sempre que es garanteixi el respecte als drets fonamentals reconeguts per la Constitució.
42.1 La formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del padró municipal corresponen a l'ajuntament. La gestió del padró s'ha de fer per mitjans informàtics. Els consells comarcals poden assumir la gestió informatitzada del padró dels ajuntaments que ho sol·licitin per manca de capacitat econòmica.
42.2 Els ajuntaments han d'efectuar les actuacions i les operacions necessàries per tal de mantenir actualitzats els padrons municipals, amb la finalitat que les dades que hi consten s'ajustin a la realitat.
42.3 En l'acte de confecció del cens, els ajuntaments poden sol·licitar altres dades personals d'interès municipal a efectes estadístics. En aquests casos, és aplicable el que disposa l'article 40 d'aquesta Llei.
43.1 Són drets i deures dels veïns:
a) Ésser elector i elegible, d'acord amb el que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal, d'acord amb el que disposen les lleis i els reglaments propis del municipi i, si s'escau, quan els òrgans de govern i administració municipal demanin la col·laboració amb caràcter voluntari.
c) Utilitzar, d'acord amb llur naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments comunals d'acord amb les normes aplicables.
d) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals establertes per llei, a l'exercici de les competències municipals.
e) Ésser informat, amb petició raonada, i dirigir sol·licitud prèvia a l'administració municipal, en relació amb tots els expedients i la documentació municipal, d'acord amb el que estableixen l'article 105 de la Constitució, la legislació de règim local i els reglaments de la corporació.
f) Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts per la llei.
g) Exigir la prestació i, si s'escau, l'establiment del servei públic corresponent, quan constitueixi competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
h) Els altres drets i deures establerts per les lleis i, en el seu marc, pels reglaments de la corporació.
43.2 Els estrangers domiciliats majors d'edat tenen els drets i els deures propis dels veïns, llevat dels de caràcter polític. No obstant això, tenen dret a sufragi actiu en els termes establerts per la legislació reguladora de les eleccions locals.
43.3 Els espanyols menors d'edat emancipats o judicialment habilitats tenen els mateixos drets i deures que els veïns, a excepció dels de caràcter polític.
44.1 Per a fer efectius els drets establerts per l'article 43, els titulars poden iniciar els procediments administratius i jurisdiccionals que corresponen per llei, i també poden demanar l'actuació del Síndic de Greuges.
44.2 Per a exigir la prestació o l'establiment dels serveis obligatoris, es poden formular, en qualsevol cas, reclamacions contra l'aprovació inicial dels pressupostos, quan aquests no consignin els crèdits necessaris a aquests efectes. Contra els actes que resolguin definitivament la reclamació els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu. L'exercici d'aquest dret també es pot obtenir per l'aplicació de l'article 151, mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent davant de l'Administració de la Generalitat, sempre que hi concorrin els requisits establerts legalment.
Sens perjudici dels drets i els deures que corresponen als veïns i als estrangers domiciliats envers del municipi, els correspon també, en relació amb la comarca respectiva:
a) Participar en la gestió comarcal, d'acord amb el que estableixen les lleis i les disposicions pròpies de la comarca.
b) Utilitzar, d'acord amb llur naturalesa, els serveis públics comarcals.
c) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment establertes, a l'exercici de les competències comarcals.
d) Ésser informats per l'administració comarcal, mitjançant petició raonada, i dirigir a aquesta sol·licituds en relació amb tots els expedients i la documentació comarcal, d'acord amb el que estableixen l'article 105 de la Constitució, la legislació de règim local i els reglaments propis de la comarca.
e) Exercir i complir els altres drets i deures establerts per les lleis.
f) Exigir la prestació i, si s'escau, l'establiment del servei públic corresponent, si es tracta d'una competència comarcal pròpia de caràcter obligatori.
46.1 El municipi és l'entitat bàsica de l'organització territorial i l'element primari de participació ciutadana en els assumptes públics.
46.2 Les lleis de Catalunya garanteixen la participació del municipi en tots els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.
46.3 El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i per a gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeixin.
46.4 Són elements del municipi el territori, la població i l'organització.
47.1 El govern i l'administració municipals corresponen a l'ajuntament, integrat per l'alcalde o batlle i els regidors.
47.2 El règim especial de consell obert es regeix per principis organitzatius especials.
47.3 En els ajuntaments en els quals ha tingut predomini al llarg de la història una altra denominació per a l'alcalde o alcaldessa o per als regidors, es pot emprar, indistintament, la denominació tradicional o la que estableix aquesta Llei.
48.1 L'organització municipal es regeix per les regles següents:
a) L'alcalde, els tinents d'alcalde i el ple existeixen a tots els ajuntaments.
b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de l'ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d'aquest. En qualsevol cas, la comissió de govern és a tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència del nombre d'habitants.
c) La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.
48.2 Poden complementar l'organització municipal:
a) Les comissions d'estudi, informe o consulta.
b) Els òrgans de participació ciutadana.
c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria absoluta, a proposta d'un grup municipal.
d) El consell assessor urbanístic.
e) La junta local de seguretat.
f) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.
L'ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l'organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.
50.1 Per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de grups municipals. S'han de constituir grups municipals en els municipis de més de vint mil habitants.
50.2 Si cap acord del ple no ho regula altrament, per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal. Cada llista electoral que obtingui representació a l'ajuntament pot formar grup municipal.
50.3 Només el regidor o els regidors d'una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.
50.4 En el termini que estableixi l'acord a què es refereix l'apartat 1, i en els municipis de més de vint mil habitants abans del primer ple ordinari després de la constitució de l'ajuntament, cada regidor ha de presentar a l'alcaldia una declaració signada on ha d'expressar el grup municipal al qual desitja d'ésser adscrit.
50.5 Els regidors que no quedin integrats en un grup quedaran automàticament incorporats al grup mixt. La participació d'aquest grup en les activitats de l'ajuntament és anàloga a la dels altres grups.
50.6 Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals no es poden integrar al grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits. Aquest precepte no és aplicable en el cas de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la.
50.7 Els regidors que, de conformitat amb el que estableix l'apartat 6, queden en la condició de no adscrits, tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de l'estatut dels membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de l'ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors.
50.8 El municipi, d'acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar a terme llurs tasques.
Les funcions i les atribucions dels grups municipals s'entenen, en tot cas, sens perjudici de les que la legislació de règim local atribueix als òrgans municipals i als membres de la corporació.
52.1 El ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde.
52.2 Corresponen al ple les atribucions següents:
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
e) Crear i regular òrgans complementaris.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
52.3 Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
52.4 El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d'aquest article.
53.1 L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:
a) Representar l'ajuntament.
b) Dirigir el govern i l'administració municipals.
c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
53.2 Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.
53.3 L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de l'apartat 1.
54.1 La comissió de govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.
54.2 Correspon a la comissió de govern:
a) L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.
L'alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.
56.1 L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de l'article 53.3, en els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, en els tinents d'alcalde.
56.2 L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
56.3 L'alcalde o alcaldessa pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la comissió de govern.
La delegació d'atribucions del ple a favor de la comissió de govern requereix l'acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
58.1 Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.
58.2 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
58.3 La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
58.4 Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.
59.1 Per a poder ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s'han de complir les condicions següents:
a) Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició política de català, d'acord amb el que estableix l'article 6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
59.2 El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de l'ajuntament per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. Correspon a l'alcalde o alcaldessa de nomenar el síndic o síndica municipal de greuges.
59.3 El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc anys; només pot cessar per renúncia expressa, per mort o per incapacitat sobrevinguda o per condemna ferma per delicte dolós.
59.4 La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l'Administració municipal. El síndic o síndica municipal de greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat.
60.1 En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de constituir comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Als altres municipis poden haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic o ho acordi el ple de l'ajuntament. En qualsevol cas, als municipis que són capital de comarca s'han de constituir les esmentades comissions, amb independència del nombre d'habitants del municipi.
60.2 Corresponen a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió de ple o de la comissió de govern quan actuï per delegació d'aquest. També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen.
60.3 Correspon al ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs modificacions.
60.4 Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics.
60.5 Les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3.
61.1 Per tal de facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, el ple pot acordar la creació d'òrgans territorials de gestió desconcentrada.
61.2 Per a constituir aquests òrgans, s'han d'aplicar les regles següents:
a) Han d'integrar regidors, representants de veïns i de les associacions ciutadanes.
b) En relació amb el nombre de membres que integrin l'òrgan, el nombre de regidors no pot ésser superior a un terç del total.
c) Per a distribuir els llocs que corresponen a les associacions ciutadanes, s'aplica el criteri de proporcionalitat en relació amb llur implantació efectiva, d'acord amb les dades que resulten del registre establert per l'article 158.4.
d) Presideix l'òrgan el regidor en qui l'alcalde o alcaldessa delegui, d'acord amb el que estableix la lletra f).
e) Per a designar els regidors es garanteix el principi de proporcionalitat amb els vots obtinguts en el territori corresponent en les darreres eleccions municipals.
f) Per a designar representants dels veïns s'aplica un procediment anàleg a l'establert per l'article 81.3 i 81.5, i el càrrec de regidor president ha de correspondre a un membre de la llista més votada en l'àmbit territorial de què es tracta.
62.1 Així mateix, per acord del ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.
62.2 Presideixen els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l'alcalde o alcaldessa delegui.
Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector material corresponent, les funcions següents:
a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament, sobre matèries de competència municipal.
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.
d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.
64.1 Els òrgans territorials de participació poden exercir per delegació funcions deliberatives i executives en les matèries relatives a la gestió i la utilització dels serveis i els béns destinats a activitats sanitàries, assistencials, culturals, esportives i d'esplai quan llur naturalesa permeti la gestió desconcentrada i no afecti els interessos generals del municipi. Es pot ampliar la delegació a altres activitats, sempre que hi concorrin les condicions anteriors.
64.2 Per tal de garantir el principi d'unitat de govern i de gestió del municipi:
a) L'exercici de les facultats de gestió i execució correspon, en tot cas, al regidor president, d'acord amb les decisions adoptades per l'òrgan de participació.
b) S'han d'establir els sistemes de revisió i control dels actes i els acords adoptats pels òrgans de participació.
c) Els òrgans desconcentrats han d'exercir llurs funcions d'acord amb els programes i les directrius establerts pel ple.
d) Els actes dels òrgans de participació territorial es poden impugnar davant l'òrgan corresponent de l'ajuntament mitjançant el recurs d'alçada.
65.1 Els grups de població que dins un municipi constitueixen nuclis separats es poden constituir com a òrgans territorials de participació. La constitució és obligatòria quan la majoria dels veïns interessats ho demani.
65.2 Presideix l'òrgan el regidor que a aquest efecte designi l'alcalde, a proposta del cap de la llista més votada en l'àmbit territorial corresponent.
La resta de membres són determinats i designats pel ple, en funció de la població i d'acord amb un procediment anàleg a l'establert per l'article 81.2, 81.3 i 81.5.
65.3 Corresponen a aquests òrgans de participació les atribucions establertes pels articles 63 i 64.1.
66.1 El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
66.2 2. Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics, de la promoció de la transició energètica justa i distribuïda i de la gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.
66.3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents:
a) La seguretat en llocs públics.
b) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
c) La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis.
d) L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals.
e) El patrimoni historicoartístic.
f) La protecció del medi.
g) Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de consumidors.
h) La protecció de la salubritat pública.
i) La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.
j) Els cementiris i els serveis funeraris.
k) La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
l) El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.
m) El transport públic de viatgers.
n) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.
o) La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
p) La participació en comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.
66.4 En els àmbits materials a què es refereix l'apartat 2, les lleis han de determinar les competències dels municipis, segons:
a) Els principis de descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans.
b) La capacitat de gestió dels municipis, amb una consideració especial a llur demografia i als sotmesos a règim municipal especial.
c) Les característiques pròpies de cada activitat pública.
d) El principi d'igualtat del ciutadans en l'accés als serveis públics.
Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.
b) En els municipis amb una població superior als cinc mil habitants, a més: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
c) Als municipis amb una població superior als vint mil habitants, a més: protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic. En matèria de protecció civil, han d'elaborar els plans bàsics d'emergència municipal i els plans d'actuació i plans específics, en el cas que estiguin afectats per riscos especials o específics. En matèria de serveis socials, el finançament ha d'incloure els serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris.
d) Als municipis amb una població superior als trenta mil habitants, a més: el servei de lectura pública de manera descentralitzada, d'acord amb el mapa de lectura pública.
e) Als municipis amb una població superior als cinquanta mil habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi, servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. També han de prestar aquest servei tots els municipis que siguin capital de comarca.
68.1 Si l'establiment o la prestació de serveis a què es refereix l'article 67 resulta impossible o de molt difícil compliment, els municipis poden sol·licitar al Govern de la Generalitat la dispensa de l'obligació de prestar-los.
68.2 En aquest cas, correspon a la comarca de prestar els serveis municipals obligatoris, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
68.3 La intervenció supletòria a què es refereix l'apartat 2 no és necessària quan la dispensa es justifica en la innecessarietat de la prestació del servei, d'acord amb les característiques particulars del municipi. En aquest cas, a la sol·licitud de dispensa s'ha d'ajuntar el resultat de la informació pública que ha de donar prèviament el municipi.
68.4 La sol·licitud de dispensa ha d'ésser objecte d'informe del consell comarcal i de la diputació provincial corresponents.
68.5 En la instrucció de l'expedient de dispensa s'han de demanar els informes necessaris per a determinar les característiques econòmiques i financeres de servei i les característiques tècniques per a prestar-lo adequadament.
68.6 La resolució del Govern de la Generalitat ha de determinar necessàriament:
a) L'administració que ha d'assumir el servei.
b) Les aportacions econòmiques municipals per cobrir la totalitat del cost del servei, quan la dispensa és deguda a causes tècniques, o per cobrir-ne parcialment el cost, quan és per raons de naturalesa econòmica.
La resolució del Govern s'ha de produir en el termini de tres mesos des de la tramesa de l'expedient. La manca de resolució dins d'aquest termini produeix efectes desestimatoris.
69.1 No és necessària la instrucció d'expedient de dispensa de prestació de serveis mínims si concorren alguns del supòsits següents:
a) Municipis que, per insuficiència de capacitat financera, per l'especial estructura del territori i dels assentaments de la població o per altres causes tècniques, no poden establir o prestar adequadament o eficientment els serveis mínims de llur competència.
b) Municipis en què les partides pressupostàries per a retribuir les funcions públiques necessàries constitueixen més del 50% de llur capacitat financera.
c) Municipis de població disseminada o configurats per diversos nuclis de població sempre que cap d'ells no agrupi més de cinquanta habitants.
69.2 Correspon a la comarca, sens perjudici de les competències que pertoquen a les diputacions, en relació amb els municipis a què es refereix l'apartat 1, establir els serveis mínims deficitaris o assegurar l'adequada prestació dels que ho requereixen, i també, si escau, exercir les funcions públiques necessàries.
69.3 L'aplicació del que estableix l'apartat 2 requereix l'aprovació del Govern de la Generalitat a proposta de la comarca corresponent i que el municipi interessat no s'hi oposi en el tràmit de consulta prèvia que se li atorgui pel termini d'un mes.
Si el Govern de la Generalitat no resol en el termini dels tres mesos següents a la tramesa de la sol·licitud per la comarca, la proposta s'entendrà aprovada.
Els municipis han de prestar les activitats i els serveis que estableixen les lleis sectorials que els són aplicables, en exercici de les competències que aquestes els atribueixen. 2. Els municipis poden suspendre, excepcionalment i de manera temporal, la prestació d’activitats i serveis públics que els atribueix una llei sectorial de Catalunya si es troben en una situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fiscal. La suspensió en cap cas no pot afectar els serveis mínims establerts per l’article 67.
El procediment per a suspendre la prestació dels serveis públics a què fa referència aquest article té caràcter voluntari i només es pot adoptar a iniciativa de l’entitat local. La suspensió s’ha de justificar per raons d’interès general, i s’ha de basar en l’acreditació de la situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fiscal, d’acord amb el que s’estableix per reglament.
La tramitació de l’expedient, en els termes establerts per reglament, requereix un tràmit d’informació pública en el municipi i l’informe preceptiu dels departaments de l’Administració de la Generalitat competents per raó de la matèria, i s’ha de resoldre per resolució del conseller o consellera competent en matèria d’Administració local, amb l’informe previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya. En el cas que hi hagi informes desfavorables, ha de resoldre el Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria d’Administració local.
La suspensió temporal del servei no pot ésser superior a dos anys. No obstant això, es pot prorrogar per períodes successius, en els termes establerts per reglament, si persisteixen les causes que la van motivar. L’aixecament de la suspensió i la recuperació per part de l’ajuntament, a iniciativa pròpia, de la prestació del servei es produeixen en els termes establerts per reglament.
La Comissió de Govern Local de Catalunya, d’ofici o a iniciativa d’un municipi, pot identificar mesures de suspensió temporal de la prestació d’activitats i serveis públics atribuïts per una llei sectorial de Catalunya i proposar les accions necessàries per a iniciar el procediment de suspensió.
70.1 El municipi pot exercir competències delegades per l'Administració de la Generalitat en els termes establerts per les lleis.
70.2 D'acord amb el que estableix l'apartat 1, els municipis de més de cinquanta mil habitants, els municipis turístics que assoleixen aquesta població en sumar la mitjana ponderada anual de població turística i els altres municipis amb una població inferior que ho sol·licitin i que justifiquin una capacitat suficient de gestió tècnica, poden exercir per delegació del Govern les competències sancionadores i les establertes pels apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
70.3 El Govern pot delegar les competències sancionadores establertes per la Llei 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, als ajuntaments que ho sol·licitin.
71.1 Per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a:
a) L'educació.
b) La cultura, la joventut i l'esport.
c) La promoció de la dona.
d) L'habitatge.
e) La sanitat.
f) La protecció del medi.
g) L'ocupació i la lluita contra l'atur.
h) Els arxius, les biblioteques, els museus, els conservatoris de música i els centres de belles arts.
i) El foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d'interès públic agrari.
71.2 Per a la realització d'aquestes activitats, els municipis poden exercir les potestats d'execució que no estiguin atribuïdes per la legislació a altres administracions públiques, inclosa, si s'escau, la de dictar reglaments interns d'organització dels serveis corresponents.
72.1 Són municipis de règim especial:
a) Els que funcionen en règim de consell obert.
b) Els de muntanya.
c) Els turístics.
d) Els historicoartístics.
e) Els industrials.
f) Els rurals.
72.2 Sens perjudici del que estableix aquesta Llei, les lleis reguladores dels diferents sectors de l'actuació pública poden establir també tractaments diferenciats per a determinats municipis quan:
a) Predominen en el seu terme activitats mineres.
b) Tenen característiques pròpies en relació amb l'àmbit material de la regulació sectorial.
c) Concorren altres circumstàncies objectives que ho justifiquen.
72.3 L'aplicació de més d'un règim o més d'un tractament especial es pot comptabilitzar sempre que el municipi compleixi les condicions i els requisits legals exigits en cada cas.
72.4 En la fixació dels criteris de distribució del Fons de cooperació local, s'ha de tenir en compte l'exigència de majors responsabilitats i la pèrdua de capacitat financera que es pot derivar de l'aplicació de les normes que afecten singularment els municipis a què es refereix aquest article.
72.5. Correspon al departament competent en matèria d'Administració local anotar en el registre en què s'inscriuen els ens locals de Catalunya la condició dels municipis de règim especial, d'acord amb el procediment que es determini per reglament.
73.1 Funcionen en règim de consell obert els municipis de menys de cent habitants i els municipis que tradicionalment compten amb aquest règim de govern i administració.
73.2 Poden també funcionar amb aquest règim especial els municipis de menys de dos-cents cinquanta habitants que gaudeixen d'aprofitaments comunals de rendiment igual o superior a la quarta part dels ingressos ordinaris del seu pressupost, o que tenen característiques especials que ho fan aconsellable. La constitució del consell obert requereix, en aquests casos, la petició de la majoria dels veïns, la decisió favorable per majoria de dos terços dels membres de l'ajuntament i l'aprovació del Govern de la Generalitat.
L'acord de l'ajuntament ha d'adoptar-se en el termini de dos mesos des de la petició dels veïns. El Govern ha de resoldre el procediment en el termini de tres mesos des de la tramesa de l'acord municipal, i la manca de resolució expressa en aquest termini produeix efectes estimatoris de la petició.
73.3 En aquests municipis, el govern i l'administració corresponen a un alcalde o alcaldessa elegit d'acord amb el que disposa la legislació electoral i un consell general format per tots els electors. L'alcalde o alcaldessa ha de designar una comissió integrada per un mínim de dos i un màxim de quatre vocals, que l'han d'assistir en l'exercici de les seves funcions i l'han de substituir, per ordre de designació, en cas d'absència o malaltia.
73.4 Correspon a l'alcalde o alcaldessa representar i administrar el municipi i executar els acords adoptats pel consell general.
73.5 En defecte d'ús, costum o tradició local, el consell general s'ha de reunir com a mínim cada tres mesos i quan ho decideix l'alcalde o alcaldessa o ho sol·licita la quarta part, com a mínim, dels veïns, per tractar de tots els assumptes d'interès del municipi. És aplicable supletòriament, en tot cas, el règim general de funcionament establert per al ple per la legislació de règim local.
74.1 Els municipis que formen part d'una comarca de muntanya queden integrats en el règim comarcal especial establert per la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, sens perjudici de l'aplicació dels beneficis que determina l'apartat 3.
74.2 Tenen la consideració de municipis de muntanya els municipis que, sense pertànyer a comarques de muntanya, compleixen alguna de les condicions següents:
a) Tenir situat el 65%, com a mínim, de la superfície de llur terme en cotes superiors als vuit-cents metres.
b) Tenir un pendent mitjà superior al 29% i tenir situat el 60%, com a mínim, de la superfície de llur terme en cotes superiors als set-cents metres.
74.3 Les bases de selecció del Pla director d'inversions locals de Catalunya poden establir criteris prioritaris en relació amb les obres i els serveis que sol·licitin aquests municipis. Els municipis de muntanya poden tenir tractament preferencial en les ajudes i les subvencions de caràcter sectorial que són competència de la Generalitat i gaudir dels ajuts tècnics i dels altres beneficis que estableix la legislació específica sobre aquesta matèria.
74.4 Quan diversos municipis limítrofs compleixen les condicions de l'apartat 2, el règim específic que resulta d'aquest article es pot aplicar unitàriament per al conjunt dels municipis afectats.
74.5 Als municipis de muntanya, els són aplicables les disposicions específiques que estableix la legislació sectorial sobre aquesta matèria.
75.1 Tenen la consideració de municipis turístics els que, d'acord amb la normativa sectorial que els regula, compleixin almenys una de les condicions següents:
a) Que la mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de places d'allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns.
b) Que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic essencial.
75.2 Als municipis turístics els són aplicables les disposicions específiques que estableix la legislació sobre aquesta matèria.
76.1 Tenen la consideració de municipis historicoartístics els que, d'acord amb la legislació específica que regula aquesta matèria:
a) Siguin declarats conjunt històric.
b) Tinguin declarat conjunt històric, com a mínim, el 50% dels immobles del municipi.
76.2 Aquests municipis han de comptar necessàriament amb un òrgan específic d'estudi i de proposta en matèria de conservació, de protecció i de vigilància del patrimoni historicoartístic.
76.3 Els municipis historicoartístics i l'Administració de la Generalitat poden establir convenis per a determinar:
a) Les formes d'assistència i de cooperació tècnica i econòmica per a realitzar i finançar els plans especials de protecció i els projectes d'obres de conservació, de manteniment, de restauració i de rehabilitació dels immobles que integren el conjunt o el seu entorn.
b) Els sistemes de participació en els òrgans de l'Administració de la Generalitat encarregats de la conservació i la protecció del patrimoni historicoartístic de Catalunya.
c) Els sistemes de coordinació entre les dues administracions.
77.1 Tenen la consideració de municipis industrials aquells en què l'activitat econòmica predominant correspon al sector secundari i la seva implantació comporta la necessitat d'establir les mesures especials determinades per aquest article. El Govern de la Generalitat ha d'establir els criteris generals i els requisits per a procedir a la qualificació de municipi industrial.
77.2 El règim especial del municipi industrial es pot concretar en els aspectes següents:
a) L'establiment d'un servei de protecció del medi adequat a la naturalesa contaminant de les activitats industrials que radiquen en el terme municipal.
b) L'establiment de condicions tècniques específiques per als serveis municipals derivades de llur utilització industrial.
c) La participació del municipi en l'elaboració dels plans econòmics i territorials.
Aquesta participació ha de comprendre, en tot cas, l'estimació inicial de les necessitats i els dèficits existents.
d) L'audiència del municipi en els expedients de concessió de subvenció, d'estímuls fiscals o d'altres ajuts a les indústries que radiquin en el seu terme.
77.3 L'Administració de la Generalitat i els municipis industrials poden establir convenis o acords de cooperació i delegació quan ho requereix el desplegament de les mesures determinades per l'apartat 2.
77.4 La planificació hidràulica que elabori i aprovi la Generalitat ha d'establir les determinacions necessàries per a l'abastament, l'evacuació i el tractament d'aigües en els municipis o nuclis industrials.
77.5 Els plans territorials i sectorials han d'establir les actuacions prioritàries que s'han d'aplicar en aquests municipis, i també les dotacions d'infrastructura i d'equipaments necessàries per a equilibrar els dèficits existents.
77.6 El major cost dels serveis derivats de la condició industrial del municipi, en relació amb l'estàndard ordinari, no ha de repercutir en els residents quan les característiques d'aquests serveis ho permeten. La repercussió s'ha de realitzar en la forma que determini la legislació de finances locals i pot consistir, si s'escau, en l'establiment d'una taxa específica per a l'aprofitament i la utilització especial del domini públic.
El municipi de Barcelona gaudeix del règim jurídic especial establert en la llei de la Carta Municipal de Barcelona.
Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si escau, urgents.
El ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents:
a) El ple té sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos en els ajuntaments de municipis d'una població entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. Així mateix, el ple té sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d'aquest ple no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol·licitada, i no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple ordinari o d'un altre extraordinari amb més assumptes si els sol·licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament.
Si el president no convoqués el ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors indicat dins el termini de quinze dies assenyalat, aquest restarà convocat automàticament per al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, la qual cosa s'ha de notificar pel secretari de la corporació a tots els membres d'aquesta el dia següent de finalitzar aquell termini de quinze dies. En absència del president o de qui hagi de substituir-lo legalment, el ple quedarà vàlidament constituït sempre que es produeixi el quòrum que requereix la lletra c) d'aquest article, en el qual cas serà presidit pel membre de la corporació de més edat entre els presents.
b) Les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals ha d'ésser ratificada pel ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de base per al debat i, si s'escau, la votació, ha d'ésser a disposició dels regidors en la secretaria de la corporació abans de l'expedició de la convocatòria.
c) El ple es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal de membres, que mai no pot ésser inferior a tres. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. Cal l'assistència del president o presidenta i del secretari o secretària o de qui legalment els substitueixi.
d) L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària, llevat que el mateix ple acordi, en relació amb un cas concret, de fer-ho mitjançant votació nominal. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres de la corporació es poden abstenir de votar. L'absència d'un regidor o més, un cop iniciada la deliberació d'un assumpte, equival, a l'efecte de la votació corresponent, a l'abstenció. En cas de votacions amb resultat d'empat, s'ha d'efectuar una altra votació, i, si persisteix l'empat, decideix el vot de qualitat del president.
e) En els plens ordinaris la part dedicada al control de la resta d'òrgans de la corporació ha de tenir una substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, tot garantint de manera efectiva en el seu funcionament i, en el seu cas, en la seva regulació, la participació de tots els grups municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
99.1 La comissió de govern, per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president ho decideix.
99.2 Per a exercir les seves funcions d'assistència, es reuneix quan el president de la corporació ho determina.
La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta i dels òrgans de participació ha d'ésser determinada pel ple. Poden, no obstant això, tenir sessions extraordinàries quan llur president ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.
101.1 La comissió especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n informe. Pot, no obstant això, tenir reunions preparatòries si el seu president o presidenta ho acorda o si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la comissió.
101.2 Per acord del ple de la corporació, la comissió d'estudi, d'informe o de consulta especialitzada en matèria de finances pot actuar com a comissió especial de comptes.
101.3 Els comptes generals i la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions.
102.1 Les sessions dels òrgans de la corporació s'han de tenir a la seu d'aquesta, llevat dels casos en què, per força major, el president o presidenta cregui convenient de fer-les en un altre lloc de l'àmbit territorial de la corporació.
102.2 A les sessions del ple i de la comissió de govern, quan exerceix competències resolutòries, ha d'assistir el secretari o secretària de la corporació o qui legalment el substitueix.
102.3. Els membres de les entitats locals que es trobin en situació de baixa, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu que els impedeixi l'assistència física a la sessió, durant el període del seu gaudi o vigència, poden assistir-hi i exercir el seu dret de vot per mitjans telemàtics, de conformitat amb el que estableixi el reglament orgànic de l'entitat o, si hi manca, d'acord amb el que estableix aquest apartat. El procediment s'inicia a sol·licitud de la persona interessada per mitjà d'un escrit adreçat a la presidència i presentat a la secretaria de l'entitat, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores de l'inici de la sessió. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de l'acreditació documental de la circumstància justificativa i de la seva durada prevista. La presidència ha d'autoritzar la participació telemàtica sempre que s'acrediti degudament alguna de les circumstàncies esmentades. El sistema d'assistència i votació a distància s'ha de dur a terme per videoconferència o un sistema tecnològic similar que garanteixi, amb la supervisió de la secretaria, la identitat dels membres, la interactivitat i intercomunicació en temps real, i també la seguretat i l'accessibilitat de la transmissió. La secretaria de la corporació ha de fer constar expressament en l'acta de la sessió quins membres han assistit a la sessió i votat per via telemàtica, de manera que es garanteixi la fe pública de l'acte.
103.1 La convocatòria dels òrgans col·legiats ha d'incloure l'ordre del dia dels assumptes a tractar.
103.2 En les sessions extraordinàries, convocades a sol·licitud dels membres de la corporació, la convocatòria ha d'incloure l'ordre del dia proposat pels qui han adoptat la iniciativa. No obstant això, el president pot incloure en la convocatòria altres assumptes si ho considera convenient.
103.3 L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat si el ple o la comissió ho acorden per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta, d'una quarta part dels membres o d'algun dels portaveus. Quan la proposta es presenta en el ple l'apreciació de la urgència eximeix del tràmit de dictamen o informe de la comissió informativa respectiva.
103.4 En el cas de les sessions extraordinàries, no es poden tractar assumptes que no s'han inclòs en l'ordre del dia.
104.1 Als dictàmens o informes de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta s'han d'adjuntar els vots particulars formulats pels membres que en formen part. Els altres membres de la corporació hi poden formular també esmenes abans que l'assumpte se sotmeti a debat i votació del ple.
104.2 L'informe de la comissió especial de comptes, amb els vots particulars i les esmenes presentats, juntament amb els comptes generals de la corporació, han d'ésser objecte d'informació pública abans d'ésser sotmesos a l'aprovació del ple. En el període d'informació pública es poden presentar reclamacions i observacions sobre els comptes generals.
105.1 Els membres de la corporació poden formular precs i preguntes en el ple relatius a l'actuació o als propòsits d'actuació dels òrgans de govern de la corporació.
105.2 En l'ordre del dia de les sessions ordinàries s'ha de reservar un temps per a formular preguntes. Les preguntes formulades oralment en el decurs d'una sessió han d'ésser contestades en la sessió següent, llevat que l'interpel·lat hi doni resposta immediatament.
105.3 Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent.
105.4 Es poden formular també preguntes a respondre per escrit. En aquest cas, han d'ésser contestades en el termini màxim d'un mes.
106.1 Els grups o un mínim de tres membres de la corporació poden presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació. En el cas que no s'hagin constituït grups, aquest dret correspon a tots els regidors, individualment.
106.2 S'han d'incloure en l'ordre del dia les propostes presentades abans de la convocatòria del ple. Si la proposta es presenta després, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta.
107.1 Abans de sotmetre'ls a votació, els assumptes han d'ésser objecte de debat, llevat que ningú no demani la paraula.
107.2 Si s'hi han formulat vots particulars o esmenes, aquestes s'han de debatre en primer lloc i després passar a la discussió del dictamen o l'informe.
107.3 Tots els membres de la corporació tenen dret a intervenir en els debats d'acord amb les regles d'ordenació i d'intervenció establertes pel ple, les quals han de garantir la màxima participació.
107.4 Corresponen al president o presidenta les facultats d'ordenació i de direcció dels debats. Així mateix, li correspon decidir sobre la procedència de les intervencions sol·licitades per rectificació o per al·lusions.
Es consideren com a aprovades per assentiment les propostes del president si, un cop anunciades, no originen cap objecció o cap oposició. Altrament, s'ha de fer votació ordinària o, si s'escau, nominal, d'acord amb el que estableix l'article 98.d).
Un cop feta una votació o el conjunt de votacions sobre una mateixa qüestió, els grups que no han intervingut en el debat poden explicar el vot. Si un membre de la corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup pot fer explicació individual de vot.
110.1 De totes les sessions s'ha d'aixecar acta, la qual ha de contenir, com a mínim:
a) La data i l'hora en què comença i en què s'aixeca la sessió.
b) La relació de matèries debatudes.
c) La relació dels assistents.
d) La indicació de les persones que hi han intervingut.
e) Les incidències esdevingudes.
f) Els vots emesos i els acords adoptats.
g) La relació succinta de les opinions emeses.
110.2 Correspon al secretari o secretària de la corporació o, si s'escau, al de l'òrgan corresponent, d'elaborar l'acta.
110.3 L'acta s'ha de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent de l'òrgan i ha d'ésser llegida prèviament si abans no ha estat distribuïda entre els seus membres. S'ha de fer constar en l'acta la lectura i l'aprovació de l'acta anterior, i també les rectificacions que siguin pertinents; en cap cas no pot modificar el fons dels acords, i les rectificacions s'han de limitar als errors materials.
111.1 Les actes de les sessions, un cop aprovades, s'han de transcriure en el llibre o en els plecs de fulls habilitats legalment.
111.2 Els fulls del llibre o dels plecs han d'ésser numerats i protocol·litzats amb la rúbrica del president i el segell de la corporació.
111.3 Els requisits i les formalitats que s'han de complir per a l'habilitació dels plecs de fulls i l'enquadernació posterior s'han de fixar per reglament.
111.4 Els acords adoptats s'han de transcriure en els llibres o plecs.
112.1 Les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria i al sistema de votació del ple són aplicables als altres òrgans col·legiats.
112.2 El quòrum d'assistència per a la constitució vàlida d'aquests òrgans és el d'un terç del nombre legal de membres. El quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. Els acords s'adopten per majoria simple i, en cas d'empat, decideix el vot del president o presidenta.
El règim de funcionament dels òrgans de participació és determinat pel ple de la corporació.
114.1 Els acords del ple de les corporacions locals s'adopten, per regla general, per majoria simple dels membres presents. Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius.
114.2 Es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords sobre les matèries següents:
a) La creació i la supressió de municipis i l'alteració dels termes municipals.
b) La creació, la modificació i la supressió de les entitats d'administració descentralitzada.
c) L'aprovació de la delimitació del terme municipal.
d) L'alteració del nom del municipi o de la comarca i de la capitalitat del municipi.
114.3 És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords sobre les matèries següents:
a) L'aprovació i la modificació del reglament orgànic propi de la corporació.
b) La creació i la regulació dels òrgans complementaris.
c) L'adopció d'acords inicials de creació i modificació de comarques.
d) La creació, la modificació i la dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com també l'adhesió a aquestes i l'aprovació i la modificació dels seus estatuts.
e) La dispensa de serveis mínims i la transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, i també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament per llei.
f) La cessió, per qualsevol títol, de l'aprofitament de béns comunals.
g) La concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que llur quantia excedeixi el 20% dels recursos ordinaris del seu pressupost.
h) L'exercici d'activitats econòmiques en règim de monopoli i l'aprovació de la forma concreta de gestió del servei corresponent.
i) L'aprovació d'operacions financeres o de crèdit i la concessió de quitaments o esperes, si llur import excedeix el 10% dels recursos ordinaris del seu pressupost, així com també les operacions de crèdit previstes en l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
j) La imposició i l'ordenació dels recursos propis de caràcter tributari.
k) Els acords que hagi d'adoptar la corporació en la tramitació dels plans i els instruments d'ordenació urbanística.
l) L'alienació de béns, si llur quantia excedeix el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
m) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o comunals.
n) La cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.
o) Les altres matèries determinades per llei.
Pregunta sobre leyes y normativa
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
Pregunta sobre cualquier ley o artículo
Pregúntame sobre:
✨ Estoy entrenada con +100 leyes, ¡espero serte útil!