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Todas las personas físicas y jurídicas tienen el derecho a acceder a la información contenida en los documentos custodiados en los archivos del Sistema Archivístico Valenciano, con las limitaciones previstas en la legislación vigente.
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Todas las personas físicas tienen derecho a realizar investigaciones de carácter cultural, histórico o científico en los archivos históricos del Sistema Archivístico Valenciano y a consultar libremente los documentos depositados en los mismos. Todo ello sin perjuicio de las restricciones de reserva que afecten a los documentos por ellos custodiados de acuerdo con la legislación vigente, o de aquellas que por razón de la conservación de los documentos o de la función de la propia institución puedan establecerse.
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Tema 13: El derecho del ciudadano a la información
El derecho del ciudadano a la información. El acceso a la documentación.
Temario de este tema actualizado el 18 de noviembre de 2026. Regístrate para recibir actualizaciones cuando la legislación cambie.
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Ley 3/2005 Archivos Comunitat Valenciana
Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos (2005)
Copias y certificaciones
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El derecho de acceso comporta el de obtener copias y certificaciones de los documentos, previo el pago de las exacciones que se establezcan legalmente. Para que las copias de los documentos conservados en los archivos históricos tengan valor de originales serán autenticadas y firmadas por el director del archivo donde se conserven.
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El derecho a la obtención de copias y certificaciones podrá aplazarse en el caso de que el estado de conservación de la documentación lo impida o su manipulación pudiera causar el deterioro de la misma. También se podrá aplazar en el caso de que el número de peticiones de reproducción de documentos impida el funcionamiento normal de los servicios de archivo. En ambos casos se deberá de comunicar al interesado el plazo para la restauración o reproducción de los documentos en el menor tiempo posible.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las solicitudes de reproducción se refieran a documentos cuyos derechos de explotación de la propiedad intelectual no correspondan al titular del archivo, las reproducciones deberán ajustarse también a las condiciones establecidas en la legislación vigente sobre propiedad intelectual.
Consulta de archivos públicos
Los titulares de archivos públicos deberán establecer los criterios específicos que habrán de seguir los encargados del archivo para facilitar el acceso público a la documentación administrativa, teniendo en cuenta las características de la documentación que genera dicho organismo y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
Normas de acceso a los fondos documentales de los archivos históricos
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Se podrán consultar libremente todos los documentos que no contengan datos de carácter personal.
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Salvo que por ley se establezcan plazos distintos de acceso, se podrán consultar libremente todos los documentos que contengan datos de carácter personal, cuando hayan transcurrido 25 años desde la muerte de la persona, o bien 50 años a partir de la fecha de los documentos si el momento de la defunción no es conocido.
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En el supuesto de que no hayan transcurrido los plazos señalados en el apartado anterior y la información contenida en los documentos afecte a la seguridad, honor, intimidad, propia imagen o a cualesquiera otros datos cuya reserva tutelan las leyes, estos sólo podrán ser consultados por sus titulares o sucesores.
No obstante, estos documentos podrán ser consultados por otras personas si las personas cuya intimidad pueda ser afectada dan su consentimiento expreso por escrito, así como en los casos y condiciones señalados por la legislación.
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Siempre que sea posible, la consulta se realizará a través de copias, con el fin de preservar mejor la documentación original. La consulta de los originales solo se realizará cuando la investigación lo requiera, previa autorización del director del archivo.
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Los documentos integrantes del patrimonio documental valenciano depositados en un archivo histórico que pertenezcan a personas físicas o instituciones privadas podrán ser consultados en los términos señalados en este artículo. Para los documentos depositados no integrantes de este patrimonio se estará a lo pactado en la constitución del depósito o como dato.
Exclusión de documentos de la consulta pública
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El titular del centro directivo competente del que dependa el archivo histórico decidirá qué series documentales han de ser excluidas de la consulta pública, de acuerdo con la legislación vigente y el tipo de información que contenga la documentación. Dicha decisión administrativa habrá de ser motivada.
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Para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública se deberá disponer de la correspondiente autorización administrativa del titular del centro directivo competente, previa solicitud razonada.
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Si los documentos han sido excluidos por contener datos de carácter personal, previa autorización administrativa se podrán consultar los documentos anteriores de forma parcial, siempre y cuando se pueda excluir de la consulta aquellos datos que permitan identificar a las personas afectadas.
Suspensión del derecho de acceso a los fondos del patrimonio documental valenciano
El centro directivo competente en materia de archivos podrá suspender, mediante resolución motivada, la consulta de los documentos integrantes del patrimonio documental valenciano por cuestiones graves de conservación y seguridad de los mismos, hasta tanto desaparezcan las causas que motivaron la suspensión.
Procedimiento de acceso a los archivos históricos
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Las solicitudes de acceso a los fondos documentales de un archivo histórico tendrán que ser realizadas por escrito y dirigidas al director del archivo, quien las resolverá de inmediato.
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Si por cualquier motivo la documentación fuera excluida o suspendida de consulta pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, el director del archivo tendrá que resolver la solicitud en el plazo máximo de un mes. La denegación será motivada.
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Si transcurrido este plazo el director del archivo no hubiera resuelto y notificado la resolución al interesado, éste podrá entender que su petición ha sido denegada.
Consulta de los documentos privados
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Los propietarios y poseedores de documentos privados que hayan sido incluidos en el Inventario General del Patrimonio Documental Valenciano, habrán de permitir el estudio por los investigadores, previa solicitud razonada de estos. El cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado excepcionalmente por la conselleria competente en materia de cultura cuando considere, por resolución motivada, haber causa justificada para ello.
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Para facilitar la consulta por los investigadores, el propietario o poseedor de los documentos podrá depositar temporalmente la documentación en el archivo que la conselleria competente en materia de cultura determine a tal efecto.
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Si los documentos o fondos de archivos privados no se hallan depositados en un archivo público, el propietario o poseedor deberá establecer las medidas necesarias para asegurar la conservación durante su consulta. La Generalitat podrá ayudar técnicamente, desde sus archivos y servicios, a que tal estudio y consulta no afecte al estado de conservación de los documentos.
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Archivística
Archivística (contenido editorial para oposiciones de Archivos, Bibliotecas y Museos)
La atención de usuarios y el acceso a los archivos
Tema 216 — La atención de usuarios y el acceso a los archivos
1. Marco jurídico del acceso
1.1 Constitución Española, art. 105.b)
Artículo 105. La ley regulará: […] b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
- Es la norma matriz del sistema: reconoce el derecho de acceso, que no es absoluto, y fija tres límites constitucionales expresos:
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la seguridad y defensa del Estado;
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la averiguación de los delitos;
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la intimidad de las personas.
- Lo desarrollan, con carácter general, la Ley 19/2013 (art. 12) y, en el ámbito del patrimonio documental y de los archivos, la Ley 16/1985 (art. 57) y el RD 1708/2011 (arts. 23 a 32).
Fuente: Constitución Española, art. 105 (BOE-A-1978-31229).
1.2 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (arts. 12 a 15)
Art. 12. Derecho de acceso a la información pública.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.
Art. 13. Información pública.
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Art. 14. Límites al derecho de acceso.
- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
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a) La seguridad nacional.
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b) La defensa.
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c) Las relaciones exteriores.
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d) La seguridad pública.
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e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
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f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
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g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
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h) Los intereses económicos y comerciales.
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i) La política económica y monetaria.
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j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
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k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
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l) La protección del medio ambiente.
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La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
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Las resoluciones dictadas en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, una vez notificadas a los interesados.
Art. 15. Protección de datos personales.
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Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que este hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a la solicitud. Si incluyese datos que hagan referencia al origen racial, la salud o la vida sexual, datos genéticos o biométricos, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso del afectado o si estuviera amparado por una norma con rango de ley. (Apartado modificado por la disposición final 11.2 de la LO 3/2018.)
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Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
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Cuando la información no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación y los derechos de los afectados. Para esa ponderación tomará particularmente en consideración:
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a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
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c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados si los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo.
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d) La mayor garantía de los derechos de los afectados si los datos pueden afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieren a menores de edad.
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No se aplica lo anterior si el acceso se efectúa previa disociación de los datos personales, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
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La normativa de protección de datos se aplica al tratamiento posterior de los datos obtenidos mediante el derecho de acceso.
Clave del tema: el art. 15.3.a) de la Ley 19/2013 remite expresamente al art. 57 de la Ley 16/1985. Es el engranaje entre la ley general de transparencia y la ley especial del patrimonio documental.
Fuente: Ley 19/2013, arts. 12 a 15 (BOE-A-2013-12887).
1.3 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: arts. 57 y 62
La Ley 16/1985 numera sus artículos con ordinales en letra («Artículo cincuenta y siete»).
Art. 57 — Régimen de consulta
1. La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español a que se refiere el artículo 49.2 se atendrá a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o reservados, por la Autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás casos por el Jefe del Departamento encargado de su custodia.
c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización de la consulta de los documentos a que se refiere este artículo, así como para la obtención de reproducciones de los mismos.
| Supuesto (art. 57.1.c) | Plazo |
|---|---|
| Se conoce la fecha de fallecimiento del afectado | 25 años desde su muerte |
| No se conoce | 50 años desde la fecha de los documentos |
| En cualquier caso, antes de esos plazos | Solo con consentimiento expreso de los afectados |
Art. 62 — Acceso a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal
La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse.
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Es la base legal que citan las Normas para el acceso y consulta de documentos en los Archivos Estatales para exigir autorización en la consulta de documentos en mal estado o en restauración, y para limitar la consulta por motivos de conservación (ver 2.1).
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El Título IX de la Ley 16/1985 regula las infracciones administrativas y sus sanciones; las Normas de sala lo citan, junto con los arts. 323 y 324 del Código Penal (LO 10/1995), al hablar de la responsabilidad del usuario por el deterioro de los documentos.
Fuente: Ley 16/1985, arts. 57 y 62 y Título IX (BOE-A-1985-12534).
1.4 RD 1708/2011, de 18 de noviembre: el procedimiento de acceso (Capítulo IV, arts. 23 a 32)
El Capítulo IV del RD 1708/2011 (BOE-A-2011-18541) se titula «Procedimiento de acceso a documentos y archivos».
- Art. 23. Derecho de acceso a documentos y archivos.
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Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados en los archivos incluidos en su ámbito, sin perjuicio de las exclusiones y limitaciones previstas en la Constitución y en las leyes.
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El capítulo regula el procedimiento común para el acceso a los documentos de los archivos de la Administración General del Estado y de sus entidades de Derecho público vinculadas o dependientes que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión. Los archivos de oficina o de gestión quedan, por tanto, fuera de este procedimiento.
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El responsable del archivo ofrecerá la asistencia necesaria para facilitar el ejercicio del derecho, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos.
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Los sistemas de información archivística deben garantizar el uso de las lenguas cooficiales del Estado.
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Art. 24. Solicitud de acceso.
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Se presenta por los medios previstos en la Ley 30/1992 y en la Ley 11/2007 (ambas derogadas por la Ley 39/2015, de modo que las referencias se entienden hechas hoy a esta) y se dirige al responsable del archivo que custodia los documentos.
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En todos los archivos existe un modelo normalizado de solicitud, disponible también en la sede electrónica.
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La solicitud indicará con claridad los documentos pedidos, la identidad del solicitante y una dirección a efectos de comunicaciones.
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No es necesario motivar la solicitud; el solicitante puede exponer sus motivos, que se tendrán en cuenta en la tramitación y resolución.
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El responsable del archivo pone a disposición del público los instrumentos de referencia y descripción, salvo los que no deban constar por las limitaciones legales.
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Si no hay previsión expresa, es competente para resolver el órgano del que dependa orgánicamente el archivo.
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Art. 25. Autorización de entrada a los archivos y de consulta de documentos originales.
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La entrada en la zona de depósito está reservada a personal autorizado. Quienes acrediten un interés histórico, científico, estadístico o cultural relevante pueden solicitar al responsable del archivo autorización de entrada para examinar la documentación; puede denegarse por necesidades de organización de los servicios o para garantizar el carácter restringido de determinados fondos.
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Cuando en el archivo existan reproducciones de los documentos solicitados, se dará acceso a éstas como norma general; en estos casos, sólo cuando la materia o circunstancias de la investigación lo justifiquen y el estado de conservación de los documentos lo permita, se autorizará el acceso a los originales previa presentación de la correspondiente solicitud de autorización.
- Art. 26. Acceso restringido.
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Los documentos son de libre acceso, salvo las limitaciones de la Constitución y las leyes. Son de acceso restringido: los clasificados según la normativa sobre secretos oficiales; los que puedan entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o interferir en la averiguación de los delitos o la tutela judicial efectiva; los declarados reservados por una norma con rango de ley; y los que contengan datos personales del art. 28.
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El responsable del archivo tendrá, siempre que sea posible, a disposición del público la relación de documentos y series de acceso restringido.
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El acceso a documentos excluidos de consulta pública queda condicionado a autorización previa.
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Excepcionalmente, el responsable puede restringir cautelarmente el acceso. Toda alteración del régimen de acceso se pone en conocimiento de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, que informa previamente los casos de modificación del régimen de libre acceso.
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Art. 27. Documentos de acceso restringido por razones de seguridad y defensa del Estado.
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Los documentos clasificados están excluidos de consulta pública hasta que el órgano competente los desclasifique.
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Si llevan marcas de reserva o confidencialidad, el órgano competente remite la solicitud a su superior jerárquico o al órgano que hizo la declaración, para que decidan.
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Art. 28. Documentos de acceso restringido por contener datos personales.
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Datos referidos exclusivamente al propio solicitante: se aplica la normativa de protección de datos.
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Datos que puedan afectar a la intimidad o la seguridad, o especialmente protegidos (incluidos los de procedimientos o expedientes sancionadores): acceso con consentimiento expreso y por escrito de los afectados. No obstante, son accesibles cuando han transcurrido 25 años desde el fallecimiento (si el dato no consta, el interesado aporta certificación del Registro Civil). Si no puede conocerse la fecha o el hecho del fallecimiento y el documento tiene más de 50 años, el acceso se concede si se excluye razonablemente la lesión de la intimidad o el riesgo para la seguridad del afectado.
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Datos nominativos o meramente identificativos que no afecten a la seguridad o la intimidad: acceso si el titular ha fallecido o si el solicitante acredita interés legítimo. Tienen interés legítimo quienes solicitan el acceso para el ejercicio de sus derechos y los investigadores que acrediten una finalidad histórica, científica o estadística.
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No hace falta consentimiento si se procede previamente a la disociación de los datos.
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Los datos obtenidos solo pueden usarse para la finalidad que justificó el acceso.
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Art. 29. Tramitación y resolución.
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Resolución por escrito, con indicación de recursos; las denegatorias, motivadas; las estimatorias especifican forma y plazo del acceso.
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Si el documento no obra en el órgano, se remite de oficio al que lo posea.
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Se desestima la solicitud cuando la mera indicación de la existencia o no del documento supondría incurrir en una limitación.
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Se tramitan con carácter preferente las solicitudes necesarias para el ejercicio de derechos.
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Se inadmiten las solicitudes abusivas (manifiestamente irrazonables o repetitivas).
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Art. 30. Plazo para resolver y sentido del silencio.
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Plazo máximo: un mes desde la recepción por el órgano competente.
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Ampliable por otro mes cuando el volumen, el emplazamiento o las dificultades de reproducción lo justifiquen.
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El plazo se interrumpe por requerimiento de subsanación o aportación de documentos (en especial, el consentimiento de los afectados) o cuando una norma exija autorización específica.
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Silencio positivo: transcurrido el plazo sin resolución expresa notificada, la solicitud se entiende estimada.
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Art. 31. Obtención de copias.
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La estimación conlleva el derecho a obtener copia, salvo: documentos que no sean de libre consulta; imposibilidad por carencia de equipos o coste excesivo; vulneración de derechos de propiedad intelectual.
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La expedición de certificaciones y copias y la transposición a otros formatos puede someterse al pago previo de tasas y precios públicos.
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Art. 32. Régimen de impugnaciones. Contra toda resolución, expresa o presunta, caben los recursos administrativos y contencioso-administrativos procedentes.
Fuente: RD 1708/2011, arts. 23 a 32 (BOE-A-2011-18541); Ley 39/2015, disposición derogatoria única (BOE-A-2015-10565).
1.5 Protección de datos: LO 3/2018 (LOPDGDD) y RGPD
Art. 26 LOPDGDD. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas.
Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, […] así como la legislación autonómica que resulte de aplicación.
- Este artículo es la bisagra que articula el RGPD y la LOPDGDD con la Ley 16/1985 y el RD 1708/2011: las dos normas archivísticas aportan las especialidades del tratamiento con fines de archivo.
Disposición adicional vigésima segunda LOPDGDD. Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos.
Las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación con los datos que se soliciten con ocasión de investigaciones policiales o judiciales de personas desaparecidas, debiendo atender las solicitudes con prontitud y diligencia las instituciones o congregaciones religiosas a las que se realicen las peticiones de acceso.
- La disposición final 11.2 de esta misma LO 3/2018 modificó el art. 15.1 de la Ley 19/2013 (ver 1.2).
Fuente: LO 3/2018, art. 26 y disposición adicional 22.ª (BOE-A-2018-16673).
2. Atención a los usuarios
2.1 La sala de consulta: normas de acceso y consulta en los Archivos Estatales
El Ministerio de Cultura publica unas Normas para el acceso y consulta de documentos en los Archivos Estatales, aplicables a la red de Archivos Estatales.
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Alta de usuario. Al acceder por primera vez de forma presencial a cualquier Archivo Estatal, el Departamento de Referencias da de alta al usuario en el módulo de Gestión Interna. Desde ese momento, cada usuario tiene un expediente de investigador único y compartido para todos los Archivos Estatales, en el que quedan registradas sus gestiones, consultas, reservas, peticiones de reprografía y pagos.
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Acceso libre y gratuito, con acreditación de identidad:
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DNI, los españoles;
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NIE, los extranjeros residentes en España;
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pasaporte o documento de identidad de ciudadano comunitario, los extranjeros no residentes y los comunitarios.
El documento se escanea y se devuelve en el momento. Si no consta en él el domicilio, se acredita con otro documento; el representante de una persona jurídica aporta además el CIF y el nombre legal de la entidad.
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Protección de datos. Los datos del usuario se tratan conforme a la LO 3/2018, con la finalidad de controlar el acceso a las salas y el patrimonio documental consultado; los derechos se ejercen conforme a los arts. 15 a 22 del RGPD (Reglamento UE 2016/679).
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Objetos permitidos en sala: lápiz o portaminas, cuartillas (salvo los documentos expedidos por el archivo) y ordenador portátil sin funda protectora.
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Objetos no permitidos: alimentos y bebidas; objetos cortantes o punzantes y materiales que puedan dañar los documentos (cúter, tijeras, rotuladores, tippex, papel calco, cola…); prendas de abrigo, sombreros, paraguas; teléfonos móviles (silenciados y en taquilla); maletines, mochilas, carpetas, carteras y bolsos; cámaras fotográficas, videocámaras, grabadoras y similares; libros, revistas, fotografías y otros materiales propios.
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Trabajo en sala. El personal técnico orienta a los investigadores sobre los fondos y sobre el uso de los instrumentos de descripción. Los instrumentos de descripción son de libre acceso, están excluidos del préstamo y de la reproducción y están protegidos por el RD Legislativo 1/1996 (Ley de Propiedad Intelectual).
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Consulta de documentos.
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No se permite la consulta simultánea por un mismo usuario de más de una unidad de instalación, ni que varios usuarios consulten a la vez una misma unidad documental.
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Debe respetarse el orden de los documentos y no se puede escribir, calcar ni apoyarse sobre ellos.
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El usuario es responsable del deterioro, pérdida o mutilación de los documentos servidos (Código Penal, LO 10/1995, arts. 323 y 324; Ley 16/1985, Título IX).
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Reproducciones antes que originales. Las Normas reproducen literalmente el art. 25.2 del RD 1708/2011: si existen reproducciones, se da acceso a ellas como norma general, y muchos documentos solo se consultan en microfilm o imagen digitalizada.
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Requiere autorización expresa de la Dirección del Archivo la consulta de:
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documentación en mal estado de conservación o en restauración (art. 62 de la Ley 16/1985);
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documentos en proceso de organización, reinstalación, descripción o reproducción;
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fondos especiales (pergaminos, placas de vidrio, carteles, mapas o planos de gran formato…);
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documentos para el trabajo en grupo.
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El Archivo puede limitar la consulta por motivos de conservación, protección de datos personales, trabajos técnicos o existencia de reproducciones (art. 62 de la Ley 16/1985).
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Reserva de documentos: si la consulta no ha concluido, el documento puede reservarse para el día siguiente; también se admiten reservas anticipadas por escrito.
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Normativa de aplicación que citan las propias Normas: Ley 39/2015; Ley 40/2015; Ley 19/2013; Ley 16/1985 (arts. 48 a 66); Ley 9/1968 de Secretos Oficiales; texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RD Legislativo 1/1996); RGPD; LO 3/2018; RD 1266/2006; RD 1708/2011; Orden CUL/1077/2011 (precios públicos).
Un caso concreto: el Archivo Histórico Nacional.
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Para tramitar una consulta o una petición de reprografía hay que darse de alta como usuario de Archivos Estatales. El alta se hace en la Secretaría de Referencias, de forma presencial, o de forma telemática enviando el formulario de alta con copia del DNI o pasaporte en vigor.
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Los Expedientes policiales y Boletines informativos de la Brigada Político-Social (procedentes del archivo de la Dirección General de Seguridad) son una serie con restricciones de acceso por contener datos personales: exigen el formulario de solicitud de autorización para la consulta de fondos de acceso restringido, revisión previa por el personal técnico y un máximo de 10 expedientes por usuario y día.
Fuente: Ministerio de Cultura, Normas para el acceso y consulta de documentos en los Archivos Estatales; Archivo Histórico Nacional, «Consulta en Sala» (cultura.gob.es).
2.2 La antigua tarjeta nacional de investigador (régimen derogado)
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El RD 1969/1999, de 23 de diciembre, reguló la expedición de la tarjeta nacional de investigador (TNI). Su art. 1 declaraba libre y gratuito el acceso a los archivos de titularidad estatal, y su art. 2 exigía a quienes pretendieran investigar en los archivos estatales estar en posesión de la TNI o de una autorización temporal. A cada solicitante se le abría un expediente de investigador en el que constaban, entre otros datos, las razones que justificaban la investigación.
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El RD 1266/2006, de 8 de noviembre (en vigor desde el 29 de noviembre de 2006), derogó el RD 1969/1999 «en lo relativo a los archivos de titularidad estatal dependientes del Ministerio de Cultura». Es, por tanto, una derogación parcial, por ámbito.
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Motivos que expone su preámbulo:
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la experiencia aconsejaba suprimir la necesidad ineludible de la TNI o de la autorización temporal, por ser más acorde con la Constitución y con las leyes;
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los datos de la TNI ya figuran en el DNI, pasaporte o tarjeta de identificación del país de procedencia, de modo que la tarjeta no añadía nada;
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la exigencia de acreditar «las razones que justifiquen la investigación o consulta» debe ser, salvo previsión legal, un dato opcional, para proteger mejor la intimidad.
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Hoy, en los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, el acceso se realiza acreditando la identidad con DNI, NIE o pasaporte y mediante el alta en el expediente de investigador único compartido por todos ellos (ver 2.1).
Fuente: RD 1969/1999 (BOE-A-2000-647); RD 1266/2006 (BOE-A-2006-20663).
2.3 Usuarios del archivo y su acreditación
La normativa no contiene una clasificación cerrada de usuarios, pero sí distingue situaciones con consecuencias jurídicas:
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Público general. Toda persona tiene derecho de acceso (RD 1708/2011, art. 23.1) y no necesita motivar su solicitud (art. 24.3).
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Quien acredite un interés histórico, científico, estadístico o cultural relevante puede solicitar autorización para entrar en la zona de depósito y examinar la documentación (RD 1708/2011, art. 25.1).
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Interés legítimo para acceder a datos meramente identificativos (RD 1708/2011, art. 28.3): lo tienen quienes soliciten el acceso para el ejercicio de sus derechos y los investigadores que acrediten que el acceso se produce con una finalidad histórica, científica o estadística.
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La Ley 19/2013, art. 15.3.b), pondera igualmente «la justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos».
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Archivos de oficina o de gestión. El procedimiento común de acceso del Capítulo IV del RD 1708/2011 no se aplica a ellos: el art. 23.2 lo limita a los archivos de la AGE y de sus entidades de Derecho público «que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión».
2.4 Servicios: consulta, referencia, reproducción y certificaciones
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Consulta: presencial, en sala, con los instrumentos de descripción a disposición del usuario (RD 1708/2011, art. 24.4; Normas de sala).
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Referencia: el Departamento de Referencias gestiona el alta de usuarios y orienta sobre los fondos y los instrumentos de descripción.
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Reproducción: es un derecho derivado de la estimación de la solicitud de acceso (RD 1708/2011, art. 31), con las excepciones de ese artículo, y puede sujetarse a tasas o precios públicos (las Normas citan la Orden CUL/1077/2011). Como las Normas generales no admiten en sala cámaras ni dispositivos de grabación, el cauce ordinario es el Servicio de Reprografía del archivo, que ofrece reproducciones con precios públicos. La excepción es el servicio de autocopia, disponible en todos los Archivos Estatales: con autorización del personal de sala, sin coste y con fines de investigación o docencia (condiciones en el apartado 4).
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Certificaciones: el art. 31.3 del RD 1708/2011 permite someter la expedición de certificaciones y copias al previo pago de las exacciones legalmente establecidas en la normativa sobre tasas y precios públicos.
3. Síntesis: solicitud, límites y procedimiento
| Elemento | Regulación | Contenido esencial |
|---|---|---|
| Solicitud | RD 1708/2011, art. 24 | Al responsable del archivo; modelo normalizado; sin obligación de motivar |
| Límites | CE art. 105.b); Ley 16/1985 art. 57; RD 1708/2011 arts. 26-28; Ley 19/2013 art. 14 | Secretos oficiales, seguridad y defensa, averiguación de delitos, datos personales (25 años desde la muerte / 50 desde la fecha del documento) |
| Resolución | RD 1708/2011, arts. 29-30 | Un mes, ampliable otro mes; denegación motivada; silencio positivo |
| Copias | RD 1708/2011, art. 31 | Derecho a copia con excepciones; tasas y precios públicos |
| Recursos | RD 1708/2011, art. 32 | Administrativos y contencioso-administrativos |
4. Normas prácticas de la sala de consulta de los Archivos Estatales
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Ordenadores de sala: solo sirven para consultar y pedir documentos del archivo; no se permiten otros usos ni utilizar sus puertos USB, de modo que el uso de pendrives no está permitido en los ordenadores de la sala de consulta.
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Volumen diario: el número de unidades (cajas, legajos) que cada usuario puede consultar por día lo establecen las normas internas de cada archivo.
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Orden y atados: no se altera el orden de las unidades de instalación, aunque no estén foliadas. Los atados (por ejemplo, un legajo atado con balduque) los vuelve a colocar el propio usuario al terminar la consulta, poniendo especial cuidado en no dañar los documentos.
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Cita previa: desde la Resolución de 16 de marzo de 2023 se puede reservar puesto en cualquiera de los Archivos Estatales, pero la cita es opcional. Quien llega sin cita puede acceder a la sala como hasta ahora si hay puestos libres, en las mismas condiciones que los usuarios que han reservado; la aplicación solo sirve para reservar el puesto por anticipado (cada archivo dedica a ella un porcentaje de su sala).
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Quejas y sugerencias: se presentan por Internet, en la Sede Electrónica del Ministerio de Cultura (con certificado electrónico), o rellenando el formulario que hay en cada archivo.
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Autocopias: el servicio está disponible en todos los Archivos Estatales, sin coste, con fines de investigación o docencia, previa declaración responsable y autorización del personal de sala. De los instrumentos de descripción disponibles en la sala se pueden hacer autocopias si son de autores en dominio público; si tienen una antigüedad inferior a 70 años, se permite la reproducción hasta un máximo del 20 % de los mismos, siempre que solo estén disponibles en la sala y no hayan sido difundidos públicamente por otra vía.
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Uso de las imágenes: las autocopias solo valen para uso personal, investigación o docencia. Para usarlas con fines facsimilares, editoriales o comerciales (por ejemplo, publicarlas en una revista) hay que solicitar una licencia de uso específica de las imágenes al Ministerio de Cultura.
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Imágenes de la sala: no se permite la toma de imágenes generales de la sala de consulta ni del resto de instalaciones del archivo. Grabar audiovisuales en el archivo exige solicitar el uso del espacio por el procedimiento de autorización para el uso de espacios (cesión de espacios), que resuelve la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.
Fuentes: Ministerio de Cultura, Normas para el acceso y consulta de documentos en los Archivos Estatales (PARES); Archivos Estatales, «Cita previa»; Archivo Histórico Nacional, «Autocopia», «Licencias de uso de imágenes» y «Cesión de espacios» (cultura.gob.es).
5. Más normas y servicios de las salas de los Archivos Estatales
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Peticiones de documentos: las realiza el propio usuario o el personal del Archivo a través de la aplicación informática de Gestión Interna.
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Instrumentos de descripción: no se pueden sacar de la sala de consulta documentos ni libros, incluidos los instrumentos de consulta.
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Quejas, sugerencias y felicitaciones: se pueden presentar en la sede electrónica, presencialmente en las oficinas de registro, por correo postal y por correo electrónico (qsf@cultura.gob.es).
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Biblioteca auxiliar: sus fondos están a disposición del usuario en la sala de consulta, y el préstamo domiciliario solo se da en los archivos que contemplen esa posibilidad.
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Cita previa: en el Archivo General de la Administración, por ejemplo, se reserva en línea con una antelación mínima de 48 horas y máxima de tres semanas.
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Certificado de asistencia: el Archivo General de la Administración, por ejemplo, expide certificados de asistencia a la sala de consulta a petición del usuario, al terminar su visita, en el Departamento de Referencias.
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Cita de la procedencia de las imágenes: el esquema que da el AGA indica la denominación del ministerio, el nombre del archivo, el grupo de fondos, el fondo y la signatura del documento (por ejemplo, «MINISTERIO DE CULTURA, Archivo…, signatura»).
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Reproducción de una serie completa: requiere la autorización expresa de la Dirección General competente en materia de Archivos Estatales, hoy la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.
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Documentos en mal estado: el usuario que encuentre un documento en mal estado o con problemas para su manipulación y lectura debe comunicarlo al personal de la sala.
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Mapas y planos: no se deben doblar los documentos ni apoyarse sobre ellos, y los mapas y planos se manipulan siempre con guantes, pidiendo ayuda al personal para abrirlos o plegarlos.
Fuentes: Ministerio de Cultura, Normas para el acceso y consulta de documentos en los Archivos Estatales (PARES) y «Quejas, sugerencias y felicitaciones» (cultura.gob.es); Archivo General de la Administración, «Acceso a la sala de consulta», «Justificantes», «Cómo citar documentos», «Reproducción de documentos» y Normas de manipulación de documentos (cultura.gob.es).
6. Consulta de originales que ya tienen reproducción
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Las Normas de Sala de los Archivos Estatales establecen que, cuando existen reproducciones disponibles de los documentos solicitados, se da acceso a ellas como norma general, de conformidad con el artículo 25.2 del Real Decreto 1708/2011.
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El original solo se consulta por excepción y con tres condiciones a la vez: «Sólo se podrá permitir el acceso a documentos originales que tengan disponibles una reproducción cuando exista una causa justificada y razonada, y conste en una solicitud dirigida por escrito a la dirección de cada Archivo Estatal, y siempre que el estado de conservación lo permita.»
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Es decir: solicitud por escrito con causa justificada y razonada, dirigida a la dirección del archivo, y estado de conservación que lo permita.
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Ley 19/2013
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2013)
Derecho de acceso a la información pública
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.
Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.
Información pública
Artículo 13. Información pública
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Límites al derecho de acceso
- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
-
La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
-
Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.
Protección de datos personales
- Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.
-
Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
-
Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
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No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
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La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.
Acceso parcial
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
Solicitud de acceso a la información
-
El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.
-
La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
-
El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
-
Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.
Causas de inadmisión
- Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
- En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.
Tramitación
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Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
-
Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
-
Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
-
Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.
Resolución
- La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
-
Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.
-
Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
-
Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
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Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.
-
El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Unidades de información
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Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.
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En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:
a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.
b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.
- El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.
Formalización del acceso
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El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
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Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
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Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
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El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Recursos
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La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
-
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
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La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
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La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
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Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
- La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.
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Ley 39/2015
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (2015)
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.
Registros
- Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.
En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
-
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
-
El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
-
Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
- Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
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Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.
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Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.
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No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.
Archivo de documentos
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Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
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Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
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Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
Emisión de documentos por las Administraciones Públicas
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Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
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Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.
- No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.
Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas
- Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.
Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.
A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.
Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
- Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
- Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:
a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.
c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.
d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.
A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.
- Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.
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Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.
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La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.
Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
- Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
- Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Expediente Administrativo
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Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
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Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
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Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
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No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.