Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

Ahora, por tanto,

La Asamblea General,

Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): contexto general, estructura y contenido

Contexto histórico y aprobación

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, mediante la Resolución 217 (III). Su adopción respondió directamente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial: los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad pusieron de relieve la necesidad de codificar, por primera vez con vocación universal, los derechos que pertenecen a todo ser humano por el mero hecho de serlo.

La Declaración constituyó el primer intento jurídico internacional de establecer que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en todo el mundo, con independencia de la nacionalidad, la raza o el régimen político de cada Estado.

Objetivos y naturaleza jurídica

El objetivo de la DUDH es doble: promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. No es un tratado vinculante en sentido formal, sino una declaración de principios que la Asamblea General proclama como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Con el tiempo, sus disposiciones se han convertido en normas consuetudinarias del Derecho Internacional.

El Preámbulo

El preámbulo comienza en gerundio («Considerando que...»), forma verbal que imprime a sus párrafos el carácter de motivaciones o considerandos. Los elementos clave del preámbulo son:

• Dignidad intrínseca (no extrínseca) y derechos iguales e inalienables (no alienables) de todos los miembros de la familia humana como base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
• El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
• Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
• Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe (no su «respeto», ni su «compromiso») en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
• Los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas (no «bajo la autoridad de»), el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.
• Una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.

El preámbulo proclama la Declaración como modelo o patrón que sirva de inspiración a los pueblos y naciones, difundido a través de la enseñanza y la educación para la defensa y promoción de los derechos humanos y libertades.

Estructura: preámbulo y 30 artículos

La DUDH consta de un preámbulo (considerandos) y 30 artículos que pueden agruparse en tres bloques:

Principios generales (artículos 1 y 2)

• Art. 1 — Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
• Art. 2 — Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.

Derechos civiles y políticos (artículos 3 a 21)

• Art. 3 — Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.
• Art. 4 — Prohibición de la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas.
• Art. 5 — Prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Art. 6 — Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en todas partes.
• Art. 7 — Igualdad ante la ley y protección igual de la ley.
• Art. 8 — Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley.
• Art. 9 — Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
• Art. 10 — Derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de derechos u obligaciones o para el examen de cualquier acusación en materia penal.
• Art. 11 — Presunción de inocencia y principio de legalidad penal.
• Art. 12 — Derecho a la intimidad; nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación.
• Art. 13 — Derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado; y derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
• Art. 14 — Derecho de asilo en caso de persecución; no podrá invocarse por delitos comunes ni por actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
• Art. 15 — Derecho a una nacionalidad; nadie puede ser privado arbitrariamente de ella ni del derecho a cambiarla.
• Art. 16 — Derecho al matrimonio y a fundar familia; solo con libre y pleno consentimiento de los futuros esposos; los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen igual protección social. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la más amplia protección de la sociedad y del Estado. Los niños no pueden contraer matrimonio en ningún caso mientras sean niños.
• Art. 17 — Derecho a la propiedad, individual y colectivamente; nadie será privado de su propiedad arbitrariamente.
• Art. 18 — Libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluida la libertad de cambiar de religión o creencia y de manifestarla pública o privadamente.
• Art. 19 — Libertad de opinión y expresión, incluyendo no ser molestado a causa de las propias opiniones y buscar, recibir y difundir información.
• Art. 20 — Libertad de reunión y asociación pacíficas; nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.
• Art. 21 — Derecho a participar en el gobierno del propio país, directamente o por representantes libremente escogidos; derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país; la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.

Derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22 a 27)

• Art. 22 — Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social (recogido expresamente en la DUDH, no solo en los Pactos).
• Art. 23 — Derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo; derecho a igual salario por trabajo igual; remuneración que asegure una existencia conforme a la dignidad humana; derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses.
• Art. 24 — Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la jornada laboral y a vacaciones periódicas pagadas.
• Art. 25 — Derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, y en especial: la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia (no en caso de guerra). La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales; todos los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio, gozan de igual protección social.
• Art. 26 — Derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en la instrucción elemental y fundamental; la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (no «obligaciones»; no «recursos económicos»). Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos.
• Art. 27 — Derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Artículos de cierre (artículos 28 a 30)

• Art. 28 — Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos.
• Art. 29 — Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, pues solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. El ejercicio de derechos solo puede estar sujeto a las limitaciones establecidas por la ley.
• Art. 30 — Nada en la Declaración puede interpretarse para que un Estado, grupo o persona tenga derecho a desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de los derechos y libertades que en ella se proclaman.

Los Pactos Internacionales y el derecho de libre determinación

La DUDH no recoge expresamente el derecho de los pueblos a la libre determinación. Este derecho figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos de 1966), pero no en el texto de la DUDH de 1948.

La Carta de las Naciones Unidas y los órganos de la ONU

La Carta de las Naciones Unidas fue firmada en 1945. Establece como propósitos de la Organización, entre otros, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar sus propósitos comunes.

Los seis órganos principales de las Naciones Unidas (artículo 7 de la Carta) son:

1. Asamblea General
2. Consejo de Seguridad
3. Consejo Económico y Social
4. Consejo de Administración Fiduciaria
5. Corte Internacional de Justicia
6. Secretaría

No son órganos principales: el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Civiles y Políticos, la Asamblea Parlamentaria, el Comité de las Regiones, ni la Comisión Económica y Social (denominación que no existe; el órgano correcto es «Consejo Económico y Social»). La Organización podrá establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios (sin límite), de conformidad con las disposiciones de la propia Carta.

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios.

Asamblea General

• Está integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas; cada Estado puede tener un máximo de cinco representantes.
• Puede discutir cualquier asunto dentro de los límites de la Carta o relativo a los poderes y funciones de cualquiera de sus órganos.
• Puede considerar los principios de cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluidos el desarme y la regulación de los armamentos.
• Puede formular recomendaciones sobre paz y seguridad, pero no mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando sus funciones respecto a una situación o controversia (salvo que un Miembro lo solicite).
• Puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
• Examina y aprueba el presupuesto de la Organización. Un Miembro en mora (deuda igual o superior a las cuotas de los dos años anteriores completos) puede ser privado del voto, salvo que la mora se deba a circunstancias ajenas a su voluntad.
• Un Miembro que haya violado repetidamente los principios de la Carta puede ser expulsado a recomendación del Consejo de Seguridad.
• Nombra al Secretario General (a recomendación del Consejo de Seguridad, según la Carta; en la práctica, la Asamblea General lo nombra).

Consejo de Seguridad

• Formado por 15 miembros: 5 permanentes (China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos; Italia no es miembro permanente) y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General.
• Entre los 10 no permanentes hay 5 de África y Asia.
• Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por el voto afirmativo de nueve miembros.
• Las decisiones sobre otras cuestiones requieren nueve votos afirmativos incluidos los cinco permanentes (derecho de veto).

Secretaría

• Se compone de un Secretario General y del personal que requiera la Organización.
• El Secretario General es el más alto funcionario administrativo de la Organización (no «Director General», no «Subsecretario»).
• Es nombrado por la Asamblea General.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas responsable de los derechos humanos. Cuenta con el apoyo sustantivo, técnico y de secretaría de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Los escaños se distribuyen equitativamente entre los cinco grupos regionales y cada año se renueva un tercio de los miembros. Revisa el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros a través del Examen Periódico Universal (no «Examen Anual General»).

Convenio Europeo de Derechos Humanos y el TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es el órgano que supervisa el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de DDHH). El Comité de Ministros vela por la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal.

Convención contra la Tortura (CAT)

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en 1984, establece que:

• El Comité contra la Tortura presenta un informe anual sobre sus actividades a los Estados Partes y a la Asamblea General.
• Para que exista tortura a efectos de la Convención, el autor no tiene que ser necesariamente un funcionario público; puede ser cualquier persona que actúe a título oficial o con la aquiescencia del Estado.
• No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o inherentes a estas.
• El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura fue aprobado en 2002 (en vigor desde 2006).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) recoge, entre otros:

• La prohibición de la esclavitud en todas sus formas sin limitación alguna (no hay excepciones).
• Nadie será sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
• La prisión preventiva no debe ser la regla general (es la opción incorrecta afirmar que «debe ser la regla general»).
• Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación; la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.
• Toda persona tendrá derecho a salir de cualquier país, incluso del propio.

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece, entre otros aspectos, que los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.

Carta Social Europea

La Carta Social Europea garantiza el derecho de los trabajadores a participar en la determinación de las condiciones de trabajo. Las partes se comprometen a adoptar medidas que permitan a los trabajadores o sus representantes contribuir a la determinación y a la mejora de las condiciones de trabajo, de la organización del trabajo y del entorno de trabajo.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la vida, la libertad y la seguridad

Texto del artículo

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama:

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.»

Esta es la formulación exacta y completa del artículo. No incluye referencias al «bienestar social» ni «mental», ni a la «servidumbre» ni a ningún otro contenido: esos derechos figuran en otros artículos de la Declaración.

Los tres derechos que reconoce

El artículo 3 enuncia tres derechos de manera conjunta:

1. Derecho a la vida. Es el presupuesto de todos los demás derechos; sin vida no cabe ejercer ningún otro derecho fundamental. La Declaración lo proclama de manera absoluta, sin excepciones ni condicionantes.

2. Derecho a la libertad. Comprende la libertad física de las personas frente a detenciones o restricciones arbitrarias. Junto con el artículo 9 (prohibición de la detención arbitraria), forma un sólido núcleo de protección de la libertad personal.

3. Derecho a la seguridad de su persona. Protege a las personas frente a amenazas, ataques o violencia que pongan en peligro su integridad. Complementa el derecho a la vida al impedir que el Estado o terceros sometan al individuo a situaciones de peligro.

Ubicación sistemática en la Declaración y artículos relacionados

El artículo 3 inaugura el bloque de derechos civiles y políticos de la Declaración (artículos 3 a 21) y actúa como pórtico de un conjunto de artículos que protegen aspectos concretos de la libertad y la integridad:

• Art. 4 — Prohíbe la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas (derecho relacionado pero distinto).
• Art. 5 — Prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (también relacionado pero distinto).
• Art. 9 — Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Confundir el contenido del artículo 3 con el del artículo 4 (esclavitud) o el del artículo 5 (tortura) es un error frecuente que las preguntas de examen buscan detectar.

Titulares del derecho

El artículo utiliza la expresión «todo individuo», lo que subraya la universalidad absoluta: el derecho a la vida, la libertad y la seguridad corresponde a toda persona humana, sin distinción de nacionalidad, estatus jurídico, condición social, raza, sexo, religión ni ninguna otra circunstancia.

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: prohibición de la tortura

Texto del artículo

El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.»

La palabra exacta que cierra el artículo es «degradantes» (no «denigrantes», no «decepcionantes», no «vejatorios», no «humillantes»). Es uno de los datos que los exámenes comprueban con mayor frecuencia mediante preguntas de completar el enunciado.

Alcance y contenido de la prohibición

El artículo 5 contiene una prohibición absoluta que abarca dos categorías:

1. Torturas. Infligir deliberadamente dolor o sufrimiento grave, físico o mental, generalmente con el fin de obtener información, castigar o intimidar.

2. Penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Categoría más amplia que incluye formas de maltrato que, sin alcanzar la gravedad de la tortura en sentido estricto, suponen una vulneración grave de la dignidad humana. Los tres adjetivos (cruel, inhumano, degradante) son acumulativos en el texto y cubren un espectro completo de conductas.

La prohibición se aplica a «nadie», sin excepción alguna: el artículo no contempla casos en que los tratos crueles o la tortura puedan estar autorizados, ni siquiera en estados de emergencia.

Conexión con la Convención contra la Tortura

El artículo 5 de la DUDH inspiró directamente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en 1984 y en vigor desde 1987. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) también recoge esta prohibición en su artículo 7, añadiendo expresamente que nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículos de la DUDH con los que se confunde con mayor frecuencia

Las preguntas de examen suelen proponer como opciones los artículos 4, 5 y 9 de forma cruzada:

Artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: personalidad jurídica

Texto del artículo

El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

«Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.»

Alcance y contenido

El artículo 6 reconoce la personalidad jurídica de toda persona. Este derecho significa que todo ser humano es reconocido como sujeto de derechos y obligaciones ante el ordenamiento jurídico, con capacidad de ser titular de derechos y de comparecer ante los tribunales.

Los dos elementos del artículo que más se examinan son:

1. El titular: «Todo ser humano» (no «todo ciudadano», no «toda persona residente en un Estado parte»).
2. El ámbito de aplicación: «En todas partes», es decir, con carácter universal e independientemente del territorio en que se encuentre la persona o de la condición política, jurídica o internacional del país o territorio del que dependa.

El reconocimiento de la personalidad jurídica en todas partes implica que ningún Estado puede negar a un ser humano su condición de sujeto de derecho, con independencia de su nacionalidad o del Estado que reivindique jurisdicción sobre él.

Distinción con derechos de artículos próximos

El artículo 6 no reconoce una defensa judicial gratuita (eso forma parte del derecho a un recurso efectivo, artículo 8), ni la seguridad jurídica como tal. Su contenido específico es el reconocimiento de la subjetividad jurídica de la persona, presupuesto de todos los derechos posteriores.

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: prohibición de la detención arbitraria

Texto del artículo

El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

«Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.»

La palabra clave es «arbitrariamente»: el artículo no prohíbe toda detención o prisión, sino aquella que carezca de fundamento jurídico legítimo o que se lleve a cabo de manera contraria a los principios del Estado de Derecho. Una detención acordada conforme a la ley y con las garantías procesales adecuadas es compatible con la Declaración; lo que se prohíbe es la arbitrariedad.

Alcance y contenido

El artículo protege frente a tres formas de privación de libertad:

1. Detención arbitraria. Aprehensión de una persona sin base legal, sin ser informada de los cargos o sin posibilidad de impugnar la medida ante un juez.

2. Prisión arbitraria. Mantenimiento en prisión de una persona sin proceso judicial o sin los mínimos de garantía legal.

3. Destierro arbitrario. Expulsión de una persona de su país o de un territorio sin fundamento legal.

El sujeto protegido es «nadie»: la prohibición es universal y no admite excepciones por razón de raza, origen, opinión política o cualquier otra condición.

Titulares y alcance personal

Ninguna persona puede ser detenida y desterrada arbitrariamente. El artículo no establece distinción entre nacionales y extranjeros, ni entre personas acusadas de delitos graves o leves: la protección frente a la arbitrariedad se aplica a toda persona.

Relación con otros artículos de la DUDH y con el Pacto

El artículo 9 de la DUDH tiene su desarrollo en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que añade el derecho a ser informado sin demora de los cargos, a ser llevado ante un juez y a impugnar la legalidad de la detención (habeas corpus).

No debe confundirse el artículo 9 con:

El artículo 10 (audiencia ante tribunal) complementa al artículo 9: si alguien es detenido, tiene derecho a comparecer ante un tribunal imparcial. Pero el contenido literal del artículo 9 se limita exclusivamente a la prohibición de la detención, prisión y destierro arbitrarios.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,

Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,

Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975,

Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo,

Han convenido en lo siguiente:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término «tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.

Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos: a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado; b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado; c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.

Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.

Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en adelante el Comité), el cual desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Comité estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones a título personal.

El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que: a) Seis miembros constituirán quórum; b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado.

El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a la información de que se trate.

Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención.

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, de conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención.

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas.

El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

La presente Convención está abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia del Comité según se establece en el artículo 20.

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos.

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención o se hayan adherido a ella: a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones; b) La fecha de entrada en vigor; c) Las denuncias.

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se establecerá un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura (en adelante denominado el Subcomité para la Prevención) que desempeñará las funciones previstas en el presente Protocolo. El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad. Asimismo, el Subcomité para la Prevención se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. El Subcomité para la Prevención y los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo.

Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el mecanismo nacional de prevención).

Cada Estado Parte permitirá las visitas, de conformidad con el presente Protocolo, de los mecanismos mencionados en los artículos 2 y 3 a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito (en adelante denominado lugar de detención). Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Subcomité para la Prevención estará compuesto de veinticinco miembros. Los miembros serán elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad.

Cada Estado Parte podrá designar hasta dos candidatos que posean las cualificaciones y cumplan los requisitos indicados en el artículo 5, proporcionando información detallada sobre las cualificaciones de los candidatos. Al designar a sus candidatos, los Estados Partes tendrán en cuenta que debe asegurarse una representación equilibrada de ambos sexos sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos del modo siguiente: a) Se tendrán debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes; b) No podrá haber dos miembros que sean nacionales del mismo Estado; c) Todos los miembros del Subcomité actuarán a título personal, serán independientes e imparciales en el ejercicio de sus funciones y estarán disponibles para ejercer de forma eficaz el mandato del Subcomité.

Si un miembro del Subcomité para la Prevención muere o renuncia o no puede desempeñar sus funciones por cualquier otra causa, el Estado Parte que haya presentado su candidatura podrá proponer a otra persona que posea las cualificaciones y cumpla los requisitos descritos en el artículo 5.

Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos por un mandato de cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo su candidatura.

El Subcomité para la Prevención elegirá su Mesa por un mandato de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos. El Subcomité para la Prevención establecerá su propio reglamento. Éste dispondrá, entre otras cosas, que la mitad más uno de sus miembros constituirán quórum. Las decisiones del Subcomité para la Prevención se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

En el desempeño de las funciones previstas en el Protocolo, el Subcomité para la Prevención: a) Visitará los lugares mencionados en el artículo 4 y hará recomendaciones a los Estados Partes en cuanto a la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; b) Con respecto a los mecanismos nacionales de prevención: asesorará y ayudará a los Estados Partes, cuando sea necesario, en su establecimiento; mantendrá contacto directo, en caso necesario confidencial, con los mecanismos nacionales de prevención y les ofrecerá formación y asistencia técnica con miras a fortalecer su capacidad; les asesorará y ayudará en la evaluación de las necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su libertad; hará recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a reforzar la capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura; c) Cooperará, para la prevención de la tortura en general, con los órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas así como con instituciones u organizaciones internacionales, regionales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la protección de las personas contra la tortura.

A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda cumplir el mandato establecido en el artículo 11, los Estados Partes se comprometen a: a) Recibir al Subcomité para la Prevención en su territorio y darle acceso a todos los lugares de detención definidos en el artículo 4 del presente Protocolo; b) Compartir toda la información pertinente que el Subcomité para la Prevención pueda solicitar para evaluar las necesidades y medidas que deben adoptarse con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) Alentar y facilitar los contactos entre el Subcomité para la Prevención y los mecanismos nacionales de prevención; d) Examinar las recomendaciones del Subcomité para la Prevención y entablar un diálogo con éste sobre las posibles medidas de aplicación.

El Subcomité para la Prevención establecerá, primeramente por sorteo, un programa de visitas periódicas a los Estados Partes, a fin de cumplir su mandato de conformidad con el artículo 11.

A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda cumplir su mandato, los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darle acceso: a) A toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención conforme a la definición del artículo 4, así como sobre el número de lugares de detención y su emplazamiento; b) A toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención; c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), a todos los lugares de detención y sus instalaciones y servicios; d) A la posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona que el Subcomité para la Prevención considere que pueda facilitar información pertinente; e) A la libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee entrevistar.

Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al Subcomité para la Prevención o a sus delegados cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de esas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

El Subcomité para la Prevención comunicará sus recomendaciones y observaciones con carácter confidencial al Estado Parte y, si fuera oportuno, al mecanismo nacional de prevención. El Subcomité para la Prevención publicará su informe juntamente con las posibles observaciones del Estado Parte interesado siempre que éste le pida que lo haga. Si el Estado Parte hace pública una parte del informe, el Subcomité para la Prevención podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Sin embargo, no se publicarán datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

Si el Estado Parte se niega a cooperar con el Subcomité para la Prevención de conformidad con los artículos 12 y 14, o a tomar medidas para mejorar la situación con arreglo a las recomendaciones del Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá, a instancias del Subcomité para la Prevención, decidir por mayoría simple de sus miembros, después de que el Estado Parte haya tenido oportunidad de dar a conocer sus opiniones, hacer una declaración pública sobre la cuestión o publicar el informe del Subcomité para la Prevención.

Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados como mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo, si se ajustan a sus disposiciones.

Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes facultades: a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas; c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.

A fin de que los mecanismos nacionales de prevención puedan cumplir su mandato, los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darles: a) Acceso a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención, así como sobre el número de lugares de detención y su emplazamiento; b) Acceso a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención; c) Acceso a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios; d) La posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete; e) La libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y las personas a las que deseen entrevistar; f) El derecho a mantener contactos con el Subcomité para la Prevención, enviarle información y reunirse con él.

Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de prevención cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de esas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención y entablarán un diálogo con éste acerca de las posibles medidas de aplicación.

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

Los Estados Partes podrán formular una declaración para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la parte III o de la parte IV del presente Protocolo. Este aplazamiento tendrá una validez máxima de tres años. El Comité contra la Tortura podrá ampliar este período por dos años más, previa consulta con el Subcomité para la Prevención.

Los gastos en que incurra el Subcomité para la Prevención en la aplicación del presente Protocolo serán sufragados por las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones asignadas al Subcomité para la Prevención en virtud del presente Protocolo. Se creará un Fondo Especial con arreglo a la reglamentación financiera de la Asamblea General, administrado de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, para contribuir a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención a un Estado Parte después de una visita, así como los programas de educación de los mecanismos nacionales de prevención.

Al ratificar el presente Protocolo, los Estados Partes podrán formular una declaración para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la parte III o de la parte IV del presente Protocolo.

Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones que los Estados Partes hayan contraído en virtud de convenios regionales que establezcan un sistema de visitas a los lugares de detención. Se alienta al Subcomité para la Prevención y a los órganos establecidos en virtud de tales convenios regionales a que se consulten y cooperen entre sí con el fin de evitar duplicaciones y promover eficazmente los objetivos del presente Protocolo.

Las disposiciones del presente Protocolo se entenderán sin perjuicio de los derechos establecidos para las personas en virtud de cualesquiera convenios internacionales o nacionales en que se prevea un régimen más favorable.

El presente Protocolo estará abierto a la firma de los Estados que hayan firmado la Convención.

El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella.

El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de los Estados que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella.

Las disposiciones del presente Protocolo se aplicarán a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Los miembros del Subcomité para la Prevención y de los mecanismos nacionales de prevención gozarán de las facilidades, privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones.

Al visitar un Estado Parte, los miembros del Subcomité para la Prevención gozarán, sin perjuicio de las disposiciones y la finalidad del presente Protocolo y de los privilegios e inmunidades de que gocen: a) Inmunidad de detención o arresto personal y de embargo de su equipaje personal; b) Inmunidad de cualquier tipo de proceso judicial respecto de las palabras pronunciadas o escritas y de los actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales; c) Inviolabilidad de documentos y papeles.

Los Estados Partes en el presente Protocolo invitarán al Subcomité para la Prevención a visitar la Parte. El Estado Parte facilitará el acceso a los medios de transporte.

Se crea un Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (en adelante denominado «el Comité»). Mediante visitas, el Comité examinará el trato dado a las personas privadas de libertad para reforzar, llegado el caso, su protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes.

Cada Parte autorizará la visita, de conformidad con el presente Convenio, a todo lugar bajo su jurisdicción en que haya personas privadas de libertad por una autoridad pública.

El Comité y las autoridades nacionales competentes de la Parte interesada cooperarán para la aplicación del presente Convenio.

El Comité estará compuesto por un número de miembros igual al de las Partes. Los miembros del Comité serán elegidos entre personas de alta consideración moral, conocidas por su competencia en materia de derechos humanos o con experiencia profesional en los campos cubiertos por el presente Convenio.

Los miembros del Comité serán elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, por mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la Mesa de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. Cada delegación nacional en la Asamblea Consultiva presentará tres candidatos, al menos dos de los cuales serán de su nacionalidad. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Solamente podrán ser reelegidos una vez.

El Comité se reunirá a puerta cerrada. El quórum estará constituido por la mayoría de sus miembros. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de los miembros presentes. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 2.

El Comité organizará la visita de los lugares mencionados en el artículo 2. Además de las visitas periódicas, el Comité podrá organizar todas las demás visitas que, a su juicio, exijan las circunstancias.

El Comité notificará al Gobierno de la Parte interesada su intención de efectuar una visita. Después de esta notificación, podrá visitar, en cualquier momento, los lugares mencionados en el artículo 2. La Parte proporcionará al Comité las siguientes facilidades para llevar a cabo su tarea: a) Acceso a su territorio y derecho a desplazarse sin restricción alguna; b) Información completa sobre los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad; c) Acceso sin restricción a todo lugar en que haya personas privadas de libertad, con inclusión del derecho a desplazarse en el interior de dichos lugares sin restricción; d) Otras informaciones de que disponga la Parte y que sean necesarias al Comité para llevar a cabo su tarea.

Las autoridades competentes de la Parte interesada podrán oponerse a la visita en el momento propuesto por el Comité, pero solamente por razones de defensa nacional o de seguridad pública, por disturbios graves en los lugares en que haya personas privadas de libertad, por el estado de salud de una persona o un interrogatorio urgente en curso en relación con un delito grave.

Después de cada visita, el Comité redactará un informe relativo a los hechos constatados durante la visita, teniendo en cuenta las observaciones eventualmente presentadas por la Parte interesada. Transmitirá a esta última su informe, que contendrá las recomendaciones que juzgue necesarias. El Comité podrá entrar en consultas con la Parte a fin de proponer, si es necesario, mejoras en la protección de las personas privadas de libertad. Si la Parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la luz de las recomendaciones del Comité, éste, tras dar a la Parte la oportunidad de hacer conocer su posición, podrá decidir, por mayoría de dos tercios de sus miembros, hacer una declaración pública al respecto.

Las informaciones recogidas por el Comité durante una visita, su informe y sus consultas con la Parte interesada tendrán carácter confidencial. El Comité publicará su informe junto con las observaciones de la Parte interesada cuando ésta lo solicite. Sin embargo, no se publicarán datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

Con sujeción a las reglas de confidencialidad establecidas en el artículo 11, el Comité elaborará cada año un informe general sobre sus actividades, que será transmitido al Comité de Ministros, a la Asamblea Consultiva, y hecho público.

Los miembros del Comité, los expertos y las demás personas que le asistan gozarán de los privilegios e inmunidades previstos en el Anexo del presente Convenio.

A fin de asegurar la labor del Comité, el Secretario General del Consejo de Europa pondrá a su disposición el personal y las instalaciones necesarios.

Los gastos de funcionamiento del Comité correrán a cargo del Consejo de Europa.

El Comité, el Comité de Ministros y la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa celebrarán reuniones de enlace sobre las cuestiones planteadas por un informe general del Comité. Dichas reuniones se organizarán por el Comité de Ministros.

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa. Estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de Europa.

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir de la fecha en que siete Estados miembros del Consejo de Europa hayan expresado su consentimiento en quedar vinculados por el Convenio.

Toda Parte podrá, en el momento de la firma o en el de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, designar el territorio o los territorios a los que se aplicará el presente Convenio.

Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en el de depositar su instrumento de ratificación, formular una reserva respecto a una disposición particular del Convenio en la medida en que una ley entonces en vigor en su territorio no sea conforme con esta disposición. No se autorizarán las reservas de carácter general según los términos del presente artículo.

Toda Parte podrá en cualquier momento denunciar el presente Convenio dirigiendo una notificación al Secretario General del Consejo de Europa.

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa: a) toda firma; b) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación; c) toda fecha de entrada en vigor; d) todo otro acto, notificación o comunicación que tenga relación con el presente Convenio.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo de Europa a adherirse al presente Convenio.

El Examen Periodico Universal (EPU) es un mecanismo basado en la cooperacion. Se examinara el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU asegurara la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados.

Los objetivos del examen seran: a) el mejoramiento de la situacion de los derechos humanos en el terreno; b) el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluacion de los avances y los retos a los que se enfrenta; c) el fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia tecnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento; d) el intercambio de las mejores practicas entre los Estados y otros interesados; e) el apoyo a la cooperacion en la promocion y proteccion de los derechos humanos; f) el fomento de la plena cooperacion y el compromiso con el Consejo, otros organos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El Consejo examinara a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. El ciclo del primer examen sera de cuatro anos. El orden del examen se establecera por sorteo y el Consejo podra examinar hasta 48 Estados por ano.

El examen se realizara en un grupo de trabajo del Consejo, presidido por el Presidente del Consejo e integrado por los 47 Estados miembros del Consejo. Cada examen de Estado durara tres horas en el grupo de trabajo. Se preparara un documento con informacion del Estado examinado, una recopilacion de informacion de las Naciones Unidas y un resumen de informacion de otros interesados.

El examen se basara en: a) la Carta de las Naciones Unidas; b) la Declaracion Universal de Derechos Humanos; c) los instrumentos de derechos humanos en los que el Estado sea parte; d) las promesas y compromisos voluntarios formulados por el Estado, incluidos los asumidos al presentar su candidatura a la eleccion al Consejo.

El examen se basara en los siguientes documentos: a) informacion preparada por el Estado examinado, en forma de un informe nacional; b) una recopilacion preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la informacion contenida en los informes de los organos de tratados, los procedimientos especiales y otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas; c) informacion creible y fidedigna adicional proporcionada por otros interesados pertinentes, que la OACNUDH resumira.

El resultado del examen consistira en un informe del grupo de trabajo que incluira un resumen de las actuaciones del proceso de examen, las conclusiones y/o recomendaciones y los compromisos voluntarios del Estado examinado. El Estado examinado tendra la posibilidad de formular observaciones sobre las recomendaciones antes de que el Consejo las adopte en sesion plenaria.

El resultado del examen, como mecanismo cooperativo, debera ser aplicado principalmente por el Estado examinado y, segun proceda, por otros interesados pertinentes. El siguiente examen debera centrarse, entre otras cosas, en la aplicacion del resultado del examen precedente.

Se establece un procedimiento de quejas para examinar cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. El procedimiento sera confidencial y orientado a la cooperacion con el Estado interesado.

Se estableceran dos grupos de trabajo separados encargados de examinar las comunicaciones y de senalar a la atencion del Consejo los cuadros persistentes de violaciones: a) el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones: determinara la admisibilidad de las comunicaciones; b) el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones: examinara las situaciones remitidas por el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones.

Una comunicacion relacionada con una violacion de los derechos humanos y las libertades fundamentales sera admisible siempre que: a) no sea manifiestamente infundada ni constituya un abuso del derecho de presentar una comunicacion; b) no tenga motivaciones manifiestamente politicas; c) contenga una descripcion fiel de los hechos alegados; d) su lenguaje no sea insultante; e) sea presentada por la persona o el grupo de personas que afirmen ser victimas de violaciones de los derechos humanos; f) no se base exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicacion; g) no se refiera a un caso que ya este siendo tratado por un procedimiento especial, un organo creado en virtud de un tratado u otro procedimiento de queja analogo de las Naciones Unidas; h) se hayan agotado los recursos de la jurisdiccion interna, salvo que parezca que tales recursos son ineficaces o se prolongan injustificadamente.

El Consejo mantendra un sistema de procedimientos especiales: expertos independientes que informan y asesoran sobre derechos humanos desde una perspectiva tematica o especifica por pais. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales podran ser personas o grupos de trabajo compuestos por cinco miembros.

Los candidatos a titulares de mandatos de los procedimientos especiales seran personas altamente cualificadas que posean conocimientos especializados reconocidos en la esfera de los derechos humanos, con experiencia pertinente y que actuen con independencia. Se tendran en cuenta los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad.

El Organo Asesor del Consejo de Derechos Humanos funcionara como grupo de reflexion del Consejo y trabajara segun sus instrucciones. El Organo Asesor estara integrado por 18 expertos que actuaran a titulo personal.

El Consejo celebrara al menos tres periodos ordinarios de sesiones al ano, por un total de no menos de diez semanas, incluido un segmento de alto nivel. El Consejo podra celebrar periodos extraordinarios de sesiones cuando sea necesario, a solicitud de un miembro del Consejo y con el apoyo de un tercio de los miembros del Consejo.

La participacion de los observadores, incluidos Estados que no sean miembros del Consejo, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, se basara en los arreglos y practicas observados por la Comision de Derechos Humanos.

Las modalidades del examen serán las siguientes:

a) El examen se efectuará en un grupo de trabajo encabezado por el Presidente del Consejo e integrado por los 47 Estados miembros del Consejo. Cada Estado miembro determinará la composición de su delegaciónb.

b) Los Estados observadores podrán participar en el examen, incluido el diálogo interactivo.

c) Otros actores interesados pertinentes podrán asistir al examen en el grupo de trabajo. d) Se establecerá un grupo de tres relatores, seleccionados por sorteo entre los miembros del Consejo y procedentes de diferentes grupos regionales (troika), para facilitar cada examen, incluida la preparación del informe del grupo de trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos prestará a los relatores la asistencia y pondrá a su disposición los conocimientos especializados necesarios

El Comité Asesor no adoptará resoluciones ni decisiones. Podrá formular, dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo y para que éste las examine y apruebe, sugerencias para mejorar su eficiencia procedimental, así como propuestas de nuevos estudios dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo.

La Asamblea General decide establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en sustitucion de la Comision de Derechos Humanos, como organo subsidiario de la Asamblea General.

El Consejo sera responsable de promover el respeto universal por la proteccion de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distincion de ningun tipo y de una manera justa y equitativa.

El Consejo debera, entre otras cosas: a) promover la educacion y el aprendizaje sobre los derechos humanos, asi como la prestacion de asesoramiento y asistencia tecnica y el fomento de la capacidad, en consulta con los Estados miembros de que se trate y con su consentimiento; b) servir de foro para el dialogo sobre cuestiones tematicas relativas a todos los derechos humanos; c) formular recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional en la esfera de los derechos humanos; d) promover el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos contraidas por los Estados y el seguimiento de los objetivos y compromisos relativos a la promocion y proteccion de los derechos humanos emanados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas; e) realizar un examen periodico universal, basado en informacion objetiva y fidedigna, del cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos; f) contribuir, mediante el dialogo y la cooperacion, a prevenir las violaciones de los derechos humanos y responder con prontitud a las situaciones de emergencia en materia de derechos humanos.

El Consejo realizara un examen periodico universal, basado en informacion objetiva y fidedigna, del cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados. El examen sera un mecanismo cooperativo, basado en un dialogo interactivo, con la plena participacion del pais de que se trate y teniendo en consideracion sus necesidades de fomento de la capacidad.

El Consejo estara compuesto por 47 Estados Miembros que seran elegidos de forma directa e individual en votacion secreta por la mayoria de los miembros de la Asamblea General. La composicion estara basada en una distribucion geografica equitativa, y los puestos se distribuiran entre los grupos regionales de la siguiente manera: a) Estados de Africa: 13 puestos; b) Estados de Asia: 13 puestos; c) Estados de Europa Oriental: 6 puestos; d) Estados de America Latina y el Caribe: 8 puestos; e) Estados de Europa Occidental y otros Estados: 7 puestos.

Los miembros del Consejo desempenaran sus funciones durante un periodo de tres anos y no podran optar a la reeleccion inmediata despues de dos periodos consecutivos.

Al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberan tener en cuenta la contribucion de los candidatos a la promocion y proteccion de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto. La Asamblea General, por mayoria de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podra suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de este que cometa violaciones graves y sistematicas de los derechos humanos.

Los miembros elegidos del Consejo mantendran los mas altos niveles en la promocion y proteccion de los derechos humanos, cooperaran plenamente con el Consejo y seran examinados con arreglo al mecanismo de examen periodico universal durante su periodo de funciones.

El Consejo se reunira periodicamente a lo largo del ano y celebrara como minimo tres periodos de sesiones por ano, incluido un periodo de sesiones principal, por una duracion total no inferior a diez semanas.

El Consejo podra celebrar periodos extraordinarios de sesiones, cuando sea necesario, a solicitud de un miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los miembros del Consejo.

El Consejo asumira, examinara y, cuando sea necesario, perfeccionara y racionalizara todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comision de Derechos Humanos, incluidos los procedimientos especiales, a fin de mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento experto y un procedimiento de denuncia.

Los metodos de trabajo del Consejo seran transparentes, justos e imparciales y posibilitaran un dialogo genuino, y estaran orientados a los resultados, permitiran debates de seguimiento y la aplicacion efectiva y oportuna de las recomendaciones.

La participacion de los observadores, incluidos Estados que no sean miembros del Consejo, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos, asi como las organizaciones no gubernamentales, se basara en los arreglos y practicas de la extinta Comision de Derechos Humanos, incluida la resolucion 1996/31 del Consejo Economico y Social, asegurando al mismo tiempo la contribucion mas efectiva posible de estas entidades.

La Asamblea General examinara la situacion del Consejo en un plazo de cinco anos a partir de su creacion.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actuara como secretaria del Consejo de Derechos Humanos.

El Consejo de Derechos Humanos se financiara con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Los recursos de que disponga el Consejo seran suficientes para que pueda desempenar eficazmente su mandato.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966)

1. Contexto histórico y adopción

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, en la ciudad de Nueva York. Se firmó el 19 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, una vez alcanzado el número mínimo de ratificaciones exigido.

Junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el PIDCP forma los denominados «Pactos de Nueva York» (o Pactos Internacionales de 1966), que convirtieron los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados que los adoptaron. Ambos pactos, junto con la Declaración Universal, integran la llamada «Carta Internacional de Derechos Humanos».

España firmó el Pacto el 28 de septiembre de 1976 y depositó su instrumento de ratificación el 27 de abril de 1977; entró en vigor para España el 27 de julio de 1977 (publicado en el BOE el 30 de abril de 1977).

El PIDCP, además de los derechos recogidos en la Declaración Universal, incluye derechos nuevos, entre ellos:

• El derecho a la libre determinación de los pueblos (Parte I).
• Los derechos de las minorías a la propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma (artículo 27).

2. Estructura general del Pacto

El PIDCP consta de un Preámbulo y seis Partes, con un total de 53 artículos:

Preámbulo

El Preámbulo reconoce que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables». Recuerda además que los Estados tienen la obligación, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de promover el «respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos», y que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en el Pacto.

3. Parte I: Derecho a la libre determinación (artículo 1)

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

4. Parte II: Condiciones generales de aplicación (artículos 2–5)

Artículo 2: Garantía de los derechos reconocidos

Cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna.

Los Estados se comprometen a garantizar que:

• Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo.
• La autoridad competente (judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra prevista por el sistema legal del Estado) decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial.
• Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3: Igualdad de género

Los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto.

Artículo 4: Suspensión de obligaciones en situaciones excepcionales

Los Estados podrán suspender las obligaciones contraídas en virtud del Pacto únicamente en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. Las suspensiones deberán comunicarse inmediatamente a los demás Estados Partes por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, indicando las disposiciones suspendidas y los motivos de la suspensión.

No podrán suspenderse, en ningún caso, los derechos recogidos en los artículos: 6 (vida), 7 (tortura), 8 párrafos 1 y 2 (esclavitud y servidumbre), 11 (no prisión por deudas contractuales), 15 (irretroactividad penal), 16 (reconocimiento de la personalidad jurídica) y 18 (libertad de pensamiento, conciencia y religión).

Artículo 5: Límites a las restricciones

Ninguna disposición del Pacto podrá interpretarse en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de los derechos y libertades reconocidos en él.

5. Parte III: Catálogo de derechos sustantivos (artículos 6–27)

Artículo 6: Derecho a la vida

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

En los países que no hayan abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves y en cumplimiento de sentencia definitiva de tribunal competente. No se impondrá por delitos cometidos por personas de menos de dieciocho años de edad, ni se aplicará a mujeres en estado de gravidez.

Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

Nada de lo dispuesto en este artículo podrá ser invocado por ningún Estado Parte para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7: Prohibición de la tortura

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8: Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.

No se considerarán trabajo forzoso u obligatorio:

• El servicio de carácter militar y, en los países donde se admita la exención por razones de conciencia, el servicio nacional alternativo.
• El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad.
• El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9: Derecho a la libertad y seguridad personales

Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ella.

Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada ante un juez u otro funcionario autorizado.

Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10: Trato humano a los privados de libertad

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Los procesados estarán separados de los condenados (salvo en circunstancias excepcionales) y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.

Artículo 11: Prohibición de prisión por deudas contractuales

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. (Derecho no suspendible según el artículo 4.)

Artículo 12: Libertad de circulación

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. El derecho a entrar en el propio país no podrá ser arbitrariamente restringido. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

Artículo 13: Expulsión de extranjeros

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional exijan que se actúe de otra manera, tendrá la posibilidad de exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión.

Artículo 14: Garantías procesales y igualdad ante los tribunales

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, para la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

• A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella.
• A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.
• A ser juzgada sin dilaciones indebidas.
• A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección.
• A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones.
• A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.
• A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto (principio non bis in idem).

En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales, se tendrá en cuenta su edad y la importancia de estimular su readaptación social.

Artículo 15: Irretroactividad de las leyes penales

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.

No se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Nada de lo dispuesto se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Artículo 16: Reconocimiento de la personalidad jurídica

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. (Derecho no suspendible según el artículo 4.)

Artículo 17: Derecho a la intimidad

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Artículo 18: Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye:

• La libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
• La libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

(Derecho no suspendible según el artículo 4.)

Artículo 19: Libertad de expresión

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El ejercicio de este derecho puede estar sujeto a restricciones para asegurar el respeto de los derechos o reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20: Prohibición de propaganda

Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por ley. Todo apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por ley.

Artículo 21: Derecho de reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de:

• La seguridad nacional o la seguridad pública.
• El orden público.
• La salud o la moral públicas.
• La protección de los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22: Libertad de asociación

Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública, del orden público, para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 23: Protección de la familia

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.

Artículo 24: Derechos del niño

Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Artículo 25: Derechos políticos

Todo ciudadano tendrá el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y de tener acceso a las funciones públicas de su país.

Artículo 26: Igualdad ante la ley y no discriminación

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.

Artículo 27: Derechos de las minorías

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

6. Parte IV: El Comité de Derechos Humanos (artículos 28–45)

6.1. Composición y características (artículos 28–29)

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de supervisión del PIDCP. Está compuesto por 18 miembros que serán nacionales de los Estados Partes, elegidos a título personal (no como representantes de sus gobiernos). Deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. En la elección se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Cada Estado Parte podrá proponer hasta dos personas para ser elegidas como miembros del Comité. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.

6.2. Elección y mandato (artículos 30–34)

Los miembros del Comité se elegirán en votación secreta de una lista de candidatos propuestos por los Estados Partes. Se elegirán por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura.

La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Pacto. Antes de entrar en funciones, los miembros declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

Las elecciones de la mitad de los miembros del Comité se celebran a intervalos de dos años en la sede de las Naciones Unidas.

En caso de muerte o renuncia de un miembro, el Presidente lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

Los miembros del Comité recibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determine (sin necesidad de aprobación previa para el cobro, pues los fondos proceden directamente de las Naciones Unidas).

6.3. Organización interna (artículo 39)

El Comité elegirá su Mesa (Presidente y demás miembros de la Mesa) por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.

El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que doce miembros constituirán quórum.

El Comité se reunirá normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité.

6.4. Sistema de informes de los Estados (artículo 40)

Los Estados Partes presentarán informes sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso realizado:

• Primer informe: en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Pacto para el Estado interesado.
• Informes sucesivos: cuando el propio Comité lo solicite.

Los informes se presentarán al Comité de Derechos Humanos. El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.

El Comité podrá transmitir al Consejo Económico y Social los comentarios generales que estime oportunos, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes.

6.5. Procedimiento entre Estados (artículo 41)

Mediante declaración facultativa (que puede formularse en cualquier momento), un Estado Parte puede reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone el Pacto.

Para que el Comité intervenga, el asunto debe haberse sometido previamente al Estado Parte interesado. Si en el plazo de seis meses no se resuelve satisfactoriamente, cualquiera de los dos Estados podrá someterlo al Comité.

6.6. Comisión Especial de Conciliación (artículo 42)

Si el Comité no resuelve satisfactoriamente el asunto entre los dos Estados Partes, podrá constituirse, con el consentimiento previo de los Estados interesados, una Comisión Especial de Conciliación integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.

7. Derechos no susceptibles de suspensión (artículo 4, párrafo 2)

Aun en situaciones de emergencia, los Estados no podrán suspender los siguientes derechos:

8. Parte V: Salvaguardas (artículos 46–47)

Ninguna disposición del Pacto menoscabará las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas ni de las constituciones de los organismos especializados. Asimismo, nada impedirá a todos los pueblos disfrutar plena y libremente de sus riquezas y recursos naturales.

9. Los Protocolos Facultativos

9.1. Primer Protocolo Facultativo (1966)

Adoptado el mismo día que el Pacto (16 de diciembre de 1966) y entrado en vigor el 23 de marzo de 1976.

Otorga al Comité de Derechos Humanos la competencia de recibir y examinar comunicaciones de personas individuales (particulares) que aleguen ser víctimas de una violación, por parte de un Estado Parte en el Protocolo, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto.

España se adhirió al Primer Protocolo Facultativo el 17 de enero de 1985 (publicado en el BOE el 2 de abril de 1985).

9.2. Segundo Protocolo Facultativo (1989)

Adoptado por la Asamblea General el 15 de diciembre de 1989 y entrado en vigor el 11 de julio de 1991. Está destinado a abolir la pena de muerte.

Su artículo 1 establece que «no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte» y que «cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción».

Excepción (reserva): Se permite una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.

España ratificó el Segundo Protocolo Facultativo, instrumento publicado en el BOE el 25 de julio de 1991.

10. Resumen de fechas clave

11. Derechos NO recogidos en el PIDCP

El PIDCP recoge derechos civiles y políticos, no derechos económicos, sociales o laborales. En consecuencia, no está recogido en el PIDCP el derecho a tener un trabajo digno (ese derecho pertenece al PIDESC). Sí están recogidos, entre otros: el derecho a la intimidad (artículo 17), el derecho a la vida (artículo 6) y el derecho a la integridad física (artículo 7, prohibición de tortura).

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición.

Los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, los Estados Partes podrán adoptar disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con el derecho internacional.

Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades encaminadas a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos.

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Nadie estará sometido a servidumbre.

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte sólo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

Todas las personas son iguales ante los tribunales. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.

Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o creencias de su elección.

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación estará prohibida.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática.

Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Se reconoce el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.

Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento.

Todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos, y tener acceso a las funciones públicas.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. La ley prohibirá toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición.

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho a tener su propia vida cultural, religión e idioma.

Se establecerá un Comité de Derechos Humanos que se compondrá de dieciocho miembros. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes que sean personas de gran integridad moral.

Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas. Cada Estado Parte podrá proponer hasta dos personas.

La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto.

El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado. En la elección se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de diferentes formas de civilización.

Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura.

Si los demás miembros estiman, por unanimidad, que un miembro ha dejado de desempeñar sus funciones, el Presidente lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas.

Si se declara una vacante, el Secretario General lo notificará a los Estados Partes, los cuales podrán presentar candidatos para llenar la vacante dentro de dos meses.

Los miembros del Comité percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas, previa aprobación de la Asamblea General.

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité.

El Secretario General convocará la primera reunión del Comité en la sede de las Naciones Unidas. El Comité se reunirá normalmente en la sede o en la Oficina en Ginebra.

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá que doce miembros constituirán quórum.

Los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones adoptadas para dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto, en el plazo de un año desde la entrada en vigor.

Todo Estado Parte podrá declarar que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro no cumple las obligaciones del Pacto.

Si un asunto no se resuelve a satisfacción de los Estados interesados, el Comité podrá designar una Comisión Especial de Conciliación cuyos buenos oficios se pondrán a disposición de los Estados.

Los miembros del Comité y de las comisiones especiales tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades concedidos a expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas.

Las disposiciones del Pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en otros instrumentos constitutivos de las Naciones Unidas y organismos especializados.

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe anual sobre sus actividades, a través del Consejo Económico y Social.

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que definen las atribuciones de diversos órganos.

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plenamente sus riquezas y recursos naturales.

El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado.

El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses, a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión.

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General.

El Secretario General comunicará a todos los Estados las firmas, ratificaciones, adhesiones, la fecha de entrada en vigor del Pacto y las enmiendas.

El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Pacto, el cual ha sido abierto a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

El presente Pacto Internacional entrará en vigor el 27 de julio de 1977, de conformidad con lo establecido en su artículo 49, apartado 2, habiendo sido depositado el Instrumento de Ratificación de España el 27 de abril de 1977.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 20 de abril de 1977.–El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

1. Origen, adopción y entrada en vigor

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y quedó abierto a la firma en Nueva York ese mismo día.

El Pacto entró en vigor el 3 de enero de 1976, una vez depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, conforme a lo previsto en su propio artículo 27. Junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aprobado en la misma fecha y por la misma resolución, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, forma la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos.

La Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos. El preámbulo del PIDESC reconoce que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.

España y el PIDESC

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos fueron firmados por España el 28 de septiembre de 1976. El Instrumento de Ratificación de España fue depositado el 27 de abril de 1977 (BOE-A-1977-10734). El Pacto entró en vigor para España el 27 de julio de 1977 (tres meses después del depósito del instrumento de ratificación, conforme al artículo 27.2).

2. Estructura del Pacto: las cinco partes

El PIDESC se articula en cinco partes que agrupan sus 31 artículos:

Parte I (artículo 1) — Derecho de libre determinación de los pueblos.

Parte II (artículos 2 a 5) — Disposiciones generales: obligaciones de los Estados Partes, principio de no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, y cláusula de interpretación.

Parte III (artículos 6 a 15) — Catálogo de derechos sustantivos: trabajo, condiciones laborales, sindicatos, seguridad social, familia, nivel de vida adecuado, salud, educación y cultura.

Parte IV (artículos 16 a 25) — Mecanismos de supervisión e informes de los Estados Partes.

Parte V (artículos 26 a 31) — Disposiciones finales: firma, ratificación, adhesión, enmiendas y entrada en vigor.

3. Parte I: Derecho de libre determinación de los pueblos (artículo 1)

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

4. Parte II: Obligaciones generales y principios transversales

4.1 Obligación de realización progresiva (artículo 2)

Cada Estado Parte se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales (especialmente económicas y técnicas), hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados (inclusive la adopción de medidas legislativas), la plena efectividad de los derechos reconocidos.

Los Estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

4.2 Igualdad entre hombres y mujeres (artículo 3)

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto.

4.3 Cláusula de limitaciones (artículo 4)

Los derechos reconocidos en el Pacto solo podrán ser sometidos a las limitaciones establecidas por ley, únicamente en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

4.4 Cláusula de interpretación (artículo 5)

Ninguna disposición del Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en él.

5. Parte III: Derechos reconocidos

5.1 Derecho al trabajo (artículo 6)

Los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

Entre las medidas que habrá de adoptar cada Estado para lograr la plena efectividad del derecho al trabajo deben figurar: la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante.

5.2 Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

• Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.
• Condiciones de existencia dignas para las personas y sus familias conforme a las disposiciones del Pacto.
• Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.
• La seguridad y la higiene en el trabajo.
• La limitación razonable de las horas de trabajo.
• El descanso, el disfrute del tiempo libre y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

5.3 Derechos sindicales y derecho de huelga (artículo 8)

Los Estados Partes se comprometen a garantizar:

• El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales.
• El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.
• El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática.
• El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

El artículo 8 permite que se impongan restricciones legales al ejercicio de estos derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.

5.4 Derecho a la seguridad social (artículo 9)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

5.5 Protección de la familia, la maternidad y los menores (artículo 10)

Los Estados Partes reconocen que:

• Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
• Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
• Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna. Se les debe proteger contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o que perjudiquen su normal desarrollo, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

5.6 Derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Todo Estado Parte tiene la obligación de asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades. Las medidas en este ámbito deben tener en cuenta los problemas tanto de los países importadores como de los países exportadores de productos alimenticios. Los Estados deben mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos.

5.7 Derecho a la salud (artículo 12)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figuran las necesarias para:

• La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños.
• El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.
• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas.
• La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

5.8 Derecho a la educación (artículos 13 y 14)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.

El Pacto establece las siguientes modalidades de enseñanza:

Para la investigación científica, la libertad es indispensable.

Artículo 14 — Plan de acción: Todo Estado Parte que, en el momento de hacerse parte en el Pacto, aún no haya podido instituir en su territorio la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar un plan detallado de acción dentro de un plazo de dos años, para su aplicación progresiva en un número razonable de años.

5.9 Derechos culturales y científicos (artículo 15)

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a:

• Participar en la vida cultural.
• Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.
• Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad indispensable para la investigación científica y la actividad creadora.

6. Parte IV: Sistema de informes y supervisión

6.1 Obligación de presentar informes (artículo 16)

Los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el Pacto.

Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine. Los Estados presentan sus informes por etapas, con arreglo al programa que establezca el Consejo Económico y Social (en el plazo de un año desde la entrada en vigor para cada Estado). En caso de que la información ya hubiera sido proporcionada a las Naciones Unidas o a algún Organismo especializado, no será necesario repetirla, bastará con hacer referencia concreta a la misma.

6.2 Papel del Consejo Económico y Social (ECOSOC) (artículos 17-22)

El Consejo Económico y Social podrá señalar, a la atención de otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los Organismos especializados interesados, toda cuestión surgida de los informes que pueda ser de interés. Asimismo, podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes y de los Organismos especializados sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el Pacto.

Los Organismos especializados de las Naciones Unidas podrán presentar informes al Consejo sobre los progresos realizados en cuanto al cumplimiento de las disposiciones del Pacto que entren en el ámbito de sus actividades.

7. Parte V: Disposiciones finales

7.1 Firma, ratificación y adhesión

El Pacto está abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún Organismo especializado, de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General a ser parte. El Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Para los Estados que ratifiquen o se adhieran después de haberse depositado el 35.º instrumento, el Pacto entra en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

7.2 Enmiendas

Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

7.3 Estados federales

Las disposiciones del Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

8. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC / CESCR)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en inglés, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del PIDESC. No fue creado directamente por el Pacto, sino que fue establecido por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 1985, mediante la Resolución 1985/17.

Composición

El Comité está integrado por 18 expertos independientes de alta consideración moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, que actúan a título personal y no como representantes de sus gobiernos.

Funciones principales

• Examen de informes periódicos: Los Estados Partes presentan informes iniciales en el plazo de dos años desde la ratificación y posteriormente cada cinco años. El Comité examina los informes y emite observaciones finales con sus preocupaciones y recomendaciones.
• Observaciones generales: El Comité interpreta y desarrolla el contenido de los derechos del Pacto mediante observaciones generales de carácter doctrinal.
• Comunicaciones individuales, interestatales e investigaciones: Competencias ampliadas mediante el Protocolo Facultativo (desde 2013).

9. Protocolo Facultativo del PIDESC (PF-PIDESC)

El Protocolo Facultativo del PIDESC fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, abierto a la firma el 24 de septiembre de 2009, y entró en vigor el 5 de mayo de 2013.

España ratificó el Protocolo Facultativo mediante Instrumento publicado en el BOE (BOE-A-2013-2081). Tanto la entrada en vigor general como la entrada en vigor para España se produjeron el 5 de mayo de 2013.

Mecanismos del Protocolo Facultativo

El Protocolo establece tres mecanismos de protección gestionados por el Comité DESC:

1. Comunicaciones individuales: Permite a las personas que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos consagrados en el PIDESC presentar una queja directamente ante el Comité DESC, siempre que se hayan agotado los recursos internos disponibles. El Comité puede solicitar medidas provisionales para evitar daños irreparables. El Protocolo también prevé la posibilidad de alcanzar una solución amigable entre las partes.

2. Comunicaciones interestatales: Permite a un Estado Parte denunciar que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones del PIDESC. Este mecanismo solo es operativo cuando ambos Estados han hecho una declaración de aceptación expresa de la competencia del Comité para este procedimiento.

3. Procedimiento de investigación: Permite al Comité iniciar una investigación por violaciones graves o sistemáticas de los derechos del PIDESC, cuando reciba información fiable al respecto. El Comité puede visitar el territorio del Estado con su consentimiento. Este mecanismo también requiere que el Estado afectado haya aceptado expresamente la competencia del Comité, salvo que haya optado por excluirlo al ratificar.

10. Fechas clave para el examen

11. Resumen de los derechos reconocidos en la Parte III

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.

Cada Estado Parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Los Estados garantizarán el ejercicio de estos derechos sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

En el ejercicio de los derechos garantizados, los Estados pueden someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Ninguna disposición del Pacto podrá interpretarse como reconocimiento de derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades encaminadas a la destrucción de cualesquiera derechos o libertades reconocidos.

Los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho, incluyendo orientación y formación técnico-profesional.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas. Incluye remuneración equitativa e igual por trabajo de igual valor, seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades de promoción, descanso, tiempo libre y vacaciones pagadas.

Los Estados garantizan el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. Reconocen el derecho de los sindicatos a formar federaciones, fundar organizaciones internacionales, funcionar sin obstáculos y el derecho de huelga, ejercido conforme a las leyes de cada país.

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Se debe conceder a la familia protección y asistencia. Se otorgará especial protección a las madres durante período razonable antes y después del parto. Se adoptarán medidas especiales de protección de niños y adolescentes contra explotación económica y social, y empleo en trabajos nocivos.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y mejora continua de condiciones de existencia. Reconocen el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre.

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Adoptarán medidas para reducir mortinatalidad e infantil, mejorar higiene laboral y ambiental, prevenir enfermedades y asegurar asistencia médica.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona a la educación. La educación debe orientarse hacia el desarrollo de la personalidad humana y fortalecer respeto por derechos humanos. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita. La secundaria y superior deben ser accesibles a todos.

Todo Estado que al momento de ratificar aún no haya podido instituir obligatoriedad y gratuidad de enseñanza primaria se compromete a elaborar y adoptar, dentro de dos años, plan detallado para aplicación progresiva dentro de número razonable de años.

Los Estados reconocen el derecho de toda persona a participar en vida cultural, gozar beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, y beneficiarse de protección de intereses morales y materiales por producciones científicas, literarias o artísticas.

Los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre medidas adoptadas y progresos realizados para asegurar respeto a los derechos reconocidos.

Los Estados presentarán informes por etapas conforme a programa establecido por Consejo Económico y Social.

El Consejo Económico y Social puede concluir acuerdos con organismos especializados sobre presentación de informes relativos al cumplimiento de disposiciones del Pacto.

El Consejo Económico y Social puede transmitir a la Comisión de Derechos Humanos los informes sobre Derechos Humanos presentados por Estados e informes de organismos especializados.

Los Estados Partes y organismos especializados interesados pueden presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de carácter general.

El Consejo Económico y Social puede presentar a la Asamblea General informes conteniendo recomendaciones de carácter general y resumen de información recibida.

El Consejo Económico y Social puede señalar a la atención de otros órganos de Naciones Unidas cuestiones surgidas de informes que puedan servir para la aplicación efectiva del Pacto.

Los Estados Partes convienen que medidas internacionales para asegurar respeto de derechos reconocidos comprenden procedimientos tales como conclusión de convenciones, aprobación de recomendaciones, prestación de asistencia técnica y celebración de reuniones.

Ninguna disposición del Pacto deberá interpretarse en menoscabo de disposiciones de la Carta de Naciones Unidas o constituciones de organismos especializados.

Ninguna disposición del Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

El Pacto estará abierto a la firma de Estados Miembros de Naciones Unidas. Está sujeto a ratificación.

El Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión.

Las disposiciones del Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Los Estados Partes pueden proponer enmiendas y depositarlas ante Secretario General.

El Secretario General comunicará a todos los Estados las firmas, ratificaciones, adhesiones y la fecha de entrada en vigor del Pacto.

El Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en archivos de Naciones Unidas.