DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS
10.1.- Detención de personas extranjeras.
a) Detenciones derivadas de la existencia de indicios de un delito.
Se actuará conforme al punto 6 del presente procedimiento, con la particularidad de que la persona extranjera detenida, además de las garantías reconocidas a los ciudadanos españoles (artículo 520 de la LECrim.), tiene derecho a:
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Que se comunique su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento a la Oficina Consular de su país, así como a ser visitado por las autoridades consulares, y a comunicarse con ellas. En caso de que la persona detenida tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares deba informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desee comunicarse.
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Derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de persona extranjera que no comprenda o no hable el castellano.
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Que disponga, cuando resulte posible y sin demora indebida, de la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.
b) Detenciones en casos de devolución o expulsión previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En caso de aplicación de las figuras de devolución o expulsión, se podrá proceder a la detención de personas extranjeras en los siguientes supuestos:
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Extranjeros interceptados en la frontera o sus inmediaciones, que pretendan entrar irregularmente en el país. Respecto a estas detenciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad número 20/2005, sobre "Control de la inmigración irregular que llega a España en embarcaciones" y, muy especialmente, lo dispuesto en su norma tercera, en lo que se refiere a la información de derechos a la persona detenida y a la atención preferente de sus necesidades asistenciales y, en su caso, sanitarias.
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Extranjeros identificados en el territorio nacional que les conste una prohibición de entrada en España vigente habiendo sido previamente expulsados.
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Extranjeros que hayan cometido alguna infracción susceptible de expulsión prevista en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o concurra en la persona extranjera otra causa legal de expulsión prevista en la normativa de extranjería.
En estos supuestos se pueden presentar dos situaciones:
i. que el procedimiento administrativo haya concluido con la resolución gubernativa de expulsión y esta no se haya ejecutado.
ii. que, en los casos previstos en la ley, el procedimiento administrativo no se haya iniciado o no haya concluido.
- En los supuestos de los apartados 1º, 2º y 3º i) anteriores se procederá a la detención por parte de los o las agentes actuantes, salvo que por parte de las unidades de extranjería de la Policía Nacional se determine expresamente la improcedencia de la misma. En el supuesto del apartado 3º ii), para que los o las agentes actuantes puedan proceder a la detención será necesario que esta, como medida cautelar, sea ordenada por la persona responsable de la instrucción del procedimiento administrativo que deberá ser un o una agente de la Policía
Nacional.
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Para que, en los supuestos 2º y 3º, estas situaciones sean conocidas por parte de agentes de la Guardia Civil u otras FCS, se utilizarán los canales de comunicación con las unidades periféricas de Policía Nacional y se atenderá a las instrucciones que por estos se impartan en relación a la procedencia o no de la detención. Si resulta procedente la detención se atenderá a los protocolos de coordinación establecidos con Policía Nacional para la presentación y traslado de personas detenidas que en su caso correspondan.
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Las dependencias policiales dispondrán de los impresos de información de derechos en las lenguas más comunes, siendo atendidos por intérpretes en los casos que proceda.
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Se mantendrá la privación de libertad el tiempo imprescindible para los fines de la tramitación del expediente, agilizando al máximo las diligencias para no agotar el plazo máximo de detención (72 horas).
Con igual diligencia se actuará en los casos de internamiento de personas extranjeras con objeto de no agotar el plazo establecido por la autoridad judicial correspondiente, que en ningún caso superará el máximo de 60 días.
En aquellos supuestos en los que se tenga constancia de que la práctica de la expulsión o, en su caso, devolución no podrá llevarse a cabo, la persona detenida será o bien puesta en libertad, sin necesidad de agotar el plazo de 72 horas (caso de no proceder a su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros), o bien, en su caso, el
Director del Centros de Internamiento de Extranjeros donde se encuentre internado el extranjero adoptará el cese del ingreso en los términos previstos en el artículo 37 del
R.D. 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.
c) Detenciones en las que concurran los supuestos a y b.
En los casos en los que en la detención de un extranjero por la existencia de indicios de la comisión de un delito concurra la incoación de un expediente sancionador por infracción de la Ley Orgánica 4/2000, el extranjero será debidamente informado de los derechos que le asisten como:
i. Persona detenida por la comisión de un hecho delictivo (garantías de los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
ii. Persona infractora de la Ley Orgánica 4/2000 (garantías del Capítulo III del
Título I de la Ley Orgánica 4/2000: tutela judicial efectiva, derecho a presentación de alegaciones y recursos, asistencia letrada y de intérprete etc.).
En los supuestos en los que, a consecuencia de la comisión de algún hecho delictivo, los agentes de la Guardia Civil o miembros de otras FCS detengan a una persona extranjera que se encuentre en situación irregular, las actuaciones relacionadas con la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su Reglamento deberán ser coordinadas con la dependencia de la Policía Nacional correspondiente y se estará a lo dispuesto en el punto 10.1.b.5º, a fin de garantizar los derechos de las personas detenidas y el adecuado cumplimiento de los plazos y trámites previstos tanto en la normativa penal como en la administrativa. Se deberá tener en cuenta que en todos los atestados debe figurar la situación administrativa del extranjero (irregular, estancia o residencia en sus distintos tipos) y esa información debe ser suministrada por la Policía Nacional.
d) Detención de ciudadanos extranjeros por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de personas menores.
Cuando por parte de las FCSE se proceda a la detención de un ciudadano extranjero por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de personas menores, además de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, en particular lo dispuesto en la presente Instrucción, se solicitará información sobre los antecedentes penales y policiales que le consten en su país de origen, empleando los medios y las vías de cooperación policial internacional disponibles.
Igualmente se solicitará si existe asiento sobre la persona detenida en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales.
La información obtenida se aportará al atestado instruido por los hechos que originen la detención o a una ampliación posterior.
En el atestado policial que se instruya se incluirá, al igual que en los supuestos anteriores, una diligencia de situación administrativa del ciudadano extranjero detenido.
10.2.- Particularidades de la detención de personas menores de edad.
A las personas menores de edad detenidas les serán de aplicación las normas contenidas en la presente Instrucción, con las siguientes particularidades:
a) Requisitos de la actuación con personas menores infractoras penales.
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La aplicación del régimen jurídico de responsabilidad penal de personas menores únicamente se producirá en los casos y con los requisitos dispuestos en la Ley.
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Este régimen especial de actuación policial se aplicará a las personas menores comprendidas entre los catorce y los dieciocho años de edad, tanto en labores de protección como de reforma. Las actuaciones llevadas a cabo con personas menores de edad inferior a catorce años irán dirigidas principalmente a su protección.
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La actuación policial con personas menores infractoras estará sujeta a la concurrencia de los siguientes requisitos:
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Verosimilitud de los hechos denunciados o sospechas fundadas de su comisión.
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Determinación de la edad e identidad de los partícipes.
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Tipicidad penal de la conducta.
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Indicios de participación de la persona menor.
- La actuación policial se ajustará al procedimiento específico regulado en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante LORPM), y en su Reglamento de desarrollo, en las demás leyes y normas aplicables, en las instrucciones recibidas de la Autoridad Judicial y el
Ministerio Fiscal, así como a las disposiciones contenidas en este procedimiento.
- En orden a estas actuaciones policiales, corresponde al Ministerio Fiscal:
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Dirigir personalmente la investigación y ordenar a la Policía Judicial la práctica de las actuaciones de comprobación de los hechos y de la participación del menor en los mismos, gozando de la presunción de autenticidad todas las diligencias practicadas bajo su dirección.
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Defender los derechos de las personas menores, vigilar las actuaciones que les afecten y observar las garantías del procedimiento.
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Impulsar e instruir el correspondiente procedimiento.
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Conocer de las denuncias por hechos cometidos por personas menores infractoras y custodiar las piezas, documentos y efectos del delito.
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Conocer y recibir los correspondientes informes y atestados policiales relativos a personas menores.
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Recibir comunicación de forma inmediata de la detención y del lugar de custodia.
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Disponer y recibir a las personas menores infractoras detenidas, en unión de todo lo policialmente actuado.
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Recibir el correspondiente testimonio (copia de diligencias) sobre los particulares precisos cuando los hechos hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de dieciocho años y menores entre catorce y dieciocho años.
- El tratamiento, las medidas de seguridad a adoptar, las diligencias y los trámites policiales a realizar, se adecuarán en función de:
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Las características de los hechos cometidos, en especial si tienen naturaleza violenta, sexual o terrorista.
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La edad y circunstancias personales de la persona autora, especialmente para aquellos con edades comprendidas entre dieciséis y dieciocho años.
b) Requisitos de la actuación con personas menores de edad inferior a catorce años en el ámbito penal.
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Las personas menores de catorce años, cualquiera que sea la infracción penal que cometan, están exentos de responsabilidad penal.
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La intervención policial sobre la persona de estos menores, infractores o no, será siempre de carácter protector administrativo, presidida por el principio de interés superior de la persona menor.
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En los casos de infracción penal por parte de estos menores, la actuación policial se ceñirá con ellos, estrictamente, a minimizar los efectos de su acción y a su protección específica, con atención a las siguientes indicaciones:
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Aplicación de las normas correspondientes de protección de personas menores, tanto generales como específicas de cada Comunidad Autónoma.
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Participación al Ministerio Fiscal de los hechos y circunstancias conocidas, con confección y remisión de las correspondientes actuaciones.
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Cumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el Ministerio Fiscal.
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Entrega de la persona menor a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, o Entidad Pública de protección de menores.
c) Publicidad de las actuaciones.
No se permitirá que se obtengan o difundan imágenes de la persona menor, sea autor o testigo de una infracción penal, ni se facilitarán datos que permitan su identificación, con pleno cumplimiento de las normas relativas a la protección jurídica de menores, especialmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
d) Supuestos de detención.
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Las personas menores de edad entre catorce y dieciocho años, presuntamente responsables de la comisión de hechos delictivos, podrán ser detenidas de oficio en los mismos casos y circunstancias que los previstos en las leyes para los mayores de edad penal, siempre que no resulten eficaces otras posibles soluciones y sea necesario para la protección del propio menor, la averiguación de los hechos, el aseguramiento de las pruebas o la protección de las víctimas. En todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, la persona menor detenida deberá ser puesta en libertad o a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía correspondiente.
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En las detenciones ordenadas por el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial, se estará a lo dispuesto por dichas autoridades y se efectuaran de conformidad con lo ordenado y el resto del ordenamiento jurídico.
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Siguiendo lo establecido por la Fiscalía General del Estado mediante la Circular 9/2011, de 16 de noviembre, sobre “criterios para la unidad de actuación especializada del
Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores”, en el supuesto de la orden de detención de mayores de edad por hechos cometidos siendo menores, cabe señalar que la LORPM, a través de lo recogido en su artículo 5.3, determina que la competencia seguirá correspondiendo a la jurisdicción de menores y que el cauce procedimental será el previsto en la misma, teniendo la persona a la que se atribuya la comisión del ilícito penal todo el abanico de derechos y garantías previstos para las personas menores de edad, entre los que se encuentran la mayor brevedad de los plazos de la detención. Sin embargo, será improcedente la presencia obligatoria de las personas que, en su minoría de edad, hayan ejercido la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho.
- Para determinar la necesidad de practicar la detención de oficio, además de los requisitos generales del ordenamiento, deberá valorarse:
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Gravedad del delito cometido.
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Flagrancia del hecho.
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Alarma social provocada.
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Riesgo de eludir la acción de la justicia o peligro cierto de fuga.
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Habitualidad o reincidencia.
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Edad y circunstancias de la persona menor, especialmente en el tramo de dieciséis a dieciocho años.
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En los demás casos deberán ser entregados a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, a una institución de protección de menores o al centro de reforma si estuvieren cumpliendo una medida judicial de internamiento, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
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Cuando el motivo de la detención sea la comisión de uno de los delitos de terrorismo tipificados en el Capítulo VI del Título XXII del Libro II del Código Penal, cabrá la posibilidad de decretar la incomunicación y prórroga de la detención de los menores de edad mayores de dieciséis años, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 520 bis de la LECrim., previo conocimiento del Fiscal de la Sección de Menores de la Audiencia
Nacional. Por ello, podrá solicitarse la adopción de la medida al Ministerio Fiscal.
De la misma forma, a través de la correspondiente Sección de Menores del Ministerio
Fiscal, en los supuestos recogidos en el artículo 509 LECrim. y contemplados en el punto 10.7 de este procedimiento, se podrá solicitar las detenciones incomunicadas de las personas menores de edad, mayores de dieciséis años.
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Las personas menores de dieciséis años no podrán, en ningún caso, ser objeto de detención incomunicada, pero sí se puede solicitar la prórroga de su detención de acuerdo con lo señalado en el punto 2º de la letra “j”.
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Salvo la detención, toda diligencia policial restrictiva de derechos fundamentales será interesada al Ministerio Fiscal para que, por su conducto, se realice la oportuna solicitud a la Autoridad Judicial competente.
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En el supuesto de personas menores detenidas en provincia diferente de aquella donde se instruye o se ha de instruir el expediente, se actuará de conformidad con lo establecido en el apartado IV.7.2.2 de la precitada Circular 9/2011, de 16 de noviembre, de acuerdo con la cual, como regla general, la competencia para legalizar su situación corresponde a la Sección de Menores de la Fiscalía del lugar de la detención.
e) Forma de la detención, registro personal y uso de grilletes.
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La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al menor en su persona, reputación o patrimonio, con una respuesta policial proporcionada a sus circunstancias personales y al delito cometido, especialmente en los casos de delitos violentos, sexuales o terroristas cometidos por menores entre dieciséis y dieciocho años de edad.
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Se evitará, en la medida de lo posible, la espectacularidad, el empleo de lenguaje malsonante y/o agresivo, la violencia física y la exhibición de armas.
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El registro personal de las personas menores detenidas, incluido el desnudo integral cuando concurran circunstancias debidamente justificadas que lo hagan necesario, se realizará con respeto absoluto a sus derechos fundamentales y siempre como medida de seguridad para el propio menor y los actuantes, retirándoles cualquier objeto que pudiera hacer peligrar su integridad física, su seguridad, la de terceros o la de los que le custodian. Su práctica se adecuará a lo dispuesto en el punto 9 del presente anexo y restantes normas que se dicten en la materia.
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Los registros personales podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
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El uso de grilletes u otros sistemas reglamentarios de aseguramiento y protección con las personas menores detenidas, se llevará a cabo en los casos que sea estrictamente necesario, como respuesta proporcional a la naturaleza del hecho cometido y a la actitud del menor en el momento de su detención.
f) Comunicación de la detención.
Tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad, deberá notificarse, inmediatamente, el hecho de la detención y el lugar de custodia a:
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Quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, comunicándoles, asimismo, su derecho a designar Abogado. En caso de conflicto de intereses con los anteriores, la comunicación se hará al defensor judicial que hubiera sido nombrado.
-
En caso de menores tutelados por la Administración, a la entidad pública encargada de la protección.
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Ministerio Fiscal: Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial del lugar de la detención o, en caso de que se trate de hechos de naturaleza terrorista, a la
Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
- Oficina Consular de su país: si la persona menor detenida fuera extranjera el hecho de la detención y el lugar de custodia se notificarán a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España, o cuando así lo soliciten el propio menor o sus representantes legales.
En caso de que la persona detenida tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.
g) Custodia.
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Las personas menores detenidas deberán hallarse custodiadas en dependencias policiales adecuadas que cumplan con las medidas básicas de seguridad, con atención a sus circunstancias específicas, como peligrosidad, incomunicación, motivo de la detención, condiciones psico-físicas, sexo u otras, y en todo caso separadas de las que se utilicen para las personas detenidas mayores de edad, evitando, si las circunstancias de su peligrosidad lo permiten, el ingreso en celdas.
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Se procurará que el personal que custodie o trate con la persona menor detenida no esté uniformado, siempre que lo permitan las circunstancias de la Unidad que interviene.
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Durante su estancia en dependencias policiales se garantizará que disponga de alimentación, vestimenta y condiciones de intimidad, seguridad y sanidad adecuadas.
En la medida de lo posible, recibirán los cuidados, protección, y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su estado, edad, sexo/género y características individuales.
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Se deberá permitir la visita de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho o del representante legal de la persona menor detenida, tomando las prevenciones oportunas para que no afecte a la investigación policial, excepto en los casos de incomunicación en que se apliquen las medidas recogidas en los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o cuando no resulte aconsejable de acuerdo con el artículo 17.2 de la LORPM.
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Se deberá dejar constancia de las medidas adoptadas en el libro registro de menores detenidos.
h) Asistencia letrada.
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La persona detenida o, en su caso, quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, designará libremente abogado y si no lo hace o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, se solicitará al Colegio de Abogados que nombre un abogado del turno de oficio. En el caso de que el nombrado por el menor sea distinto al designado por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, se elevará consulta al Ministerio Fiscal competente. No se le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.
-
En caso de detención del menor por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad vial no cabe su renuncia a la preceptiva asistencia de abogado, tal y como recoge la mencionada Circular 9/2011, de 16 de noviembre, y acorde a lo establecido en el artículo 17.2 de la LORPM.
i) Reconocimiento médico.
- El derecho a ser objeto de reconocimiento por un facultativo médico podrá ser solicitado:
-
Por el propio menor detenido.
-
Por su abogado.
-
Por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho.
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En todo caso, se someterá a la persona menor detenida a reconocimiento médico cuando sus circunstancias personales o las inherentes a la forma en que se ha practicado la detención lo aconsejen.
-
Los reconocimientos médicos a la persona menor detenida a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 527.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
j) Plazo de detención.
La detención de una persona menor no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas la persona menor detenida deberá ser puesta:
- En libertad, con entrega a aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor, de hecho o de derecho, salvo que se apreciase una situación provisional de desamparo, en cuyo caso se hará entrega a la Entidad Publica de protección, haciéndolo constar en el atestado y comunicándolo a la Sección de Menores de la
Fiscalía competente.
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En libertad, sin entrega a los anteriores, en caso de que se trate de menores emancipados.
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A disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, o, en caso de que se trate de hechos de naturaleza terrorista, a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La detención y prórroga de personas menores integradas en banda armada o relacionadas con individuos terroristas o rebeldes, se sujetan a las reglas de los artículos 384 bis y 520 bis de la LECrim, del mismo modo que las personas mayores de edad.
En este sentido, la Circular 2/2001 de la Fiscalía General del Estado (en adelante, FGE)
determina que el inciso final del art. 17.4 de la LORPM dice que a la persona menor detenida se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el art. 520 bis LECrim, artículo que establece que toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el art. 384 bis (persona integrada o relacionada con banda terrorista)
será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención, regulando a continuación la posibilidad de prolongar en cuarenta y ocho horas más el plazo de detención gubernativa, mediante resolución judicial motivada, y la posibilidad de incomunicar a la persona detenida siempre que se solicite y resuelva judicialmente sobre su concesión o denegación en el plazo de veinticuatro horas. La remisión directa que hace el art. 17.4 LORPM al art. 520 bis
LECrim. supone una derogación del régimen general de detención de menores establecido en aquel precepto en lo que se refiere al plazo máximo de duración de la detención policial, a su posible prórroga y a la incomunicación la persona detenida. Por ello, en los supuestos específicos del art. 520 bis se ha de entender que la detención gubernativa tiene una duración máxima ordinaria de 72 horas parificándose el tratamiento de la persona detenida adulta y la del menor.
k) Hábeas corpus.
Este procedimiento puede ser solicitado por:
-
La propia persona menor detenida.
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Quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho.
-
La Autoridad Judicial o Fiscal.
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El Defensor del Pueblo.
-
El abogado de la persona menor detenida.
Una vez instado el procedimiento, el responsable policial de la detención lo notificará a la
Sección de Menores de la Fiscalía competente y dará curso al procedimiento, directamente, a través del Juez de Instrucción competente según el siguiente orden de prelación:
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Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre detenido el menor, o Juez Central de Instrucción en el caso de las personas menores detenidas por delitos de naturaleza terrorista.
-
Juez del lugar donde se produjo la detención de la persona menor detenida.
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Juez del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero de la persona menor detenida.
l) Declaración de la persona menor detenida.
- Durante la toma de declaración a la persona menor detenida deberán estar presentes:
-
Su abogado, designado o de oficio.
-
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de la persona menor, de hecho o de derecho, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario, en cuyo caso se comunicará a la Sección de Menores de la Fiscalía competente. No se requiere la asistencia de los padres en la toma de declaración de la persona menor detenida cuando esta se encuentre formalmente emancipada (no tácita por vida independiente), ya sea la emancipación otorgada por quien ejerce su patria potestad, mayor de 16 años, en escritura pública o por comparecencia ante el Juez del Registro Civil y respecto a personas mayores de edad detenidas por hechos anteriores realizados durante su minoría de edad.
- En el caso de no cumplirse las condiciones del apartado anterior, la toma de declaración no podrá llevarse a efecto.
En los supuestos en que cualquiera de las personas señaladas en el apartado 1º se niegue a acudir, se procederá a dar cuenta de tal circunstancia al Ministerio Fiscal para que adopte la decisión legal oportuna.
m) Información y asistencia de padres, tutor o guardador.
-
Cuando se personen quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho en la dependencia policial donde se encuentra la persona menor detenida serán informados de los hechos que se le atribuyen, de las circunstancias de la detención y de haber hecho efectivos los derechos que le asisten, en especial el de asistencia letrada, ofreciéndoles la posibilidad de designar abogado, si no lo han hecho con anterioridad, así como el de acceso a las actuaciones esenciales.
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Sin perjuicio de lo previsto en el apartado “l” para la declaración de la persona menor detenida, y en relación con la práctica de las restantes diligencias policiales, quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, o la persona que indique el menor, esté o no detenido, tienen derecho a estar presentes para proporcionarle asistencia afectiva y psicológica si el Ministerio Fiscal o el Juez de Menores autorizan su presencia.
n) Reseña decadactilar y genética de la persona menor detenida.
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Se obtendrá la reseña policial de la persona menor detenida para los solos fines de identificación e investigación policial, que quedará contenida en una aplicación específica, e incluirá datos biográficos, la imagen y los datos biométricos correspondientes (que en este caso deberán tratarse garantizando el interés superior de la misma y con el nivel de seguridad adecuado).
-
Se obtendrá de manera ordinaria la reseña de los menores infractores penales de edades comprendidas entre catorce y dieciocho años, de conformidad con el artículo 17 de la LORPM.
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Los impresos del Plan Nacional de Identificación de Detenidos específicos para personas menores, debidamente cumplimentados, se remitirán como parte del atestado policial, al Ministerio Fiscal para la instrucción del expediente.
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Si la persona menor se negara a la práctica de la reseña decadactilar se procederá a obtenerla de forma coactiva si fuese preciso, siempre en la forma que menos le perjudique, no siendo necesario solicitar autorización judicial por considerarse que no se trata de una diligencia restrictiva de derechos fundamentales.
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Por parte de las Unidades competentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se impartirán las instrucciones precisas para la correcta aplicación de las normas relativas a la reseña policial de personas menores y al procedimiento interno a seguir en estos casos.
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La Policía judicial podrá tomar por sí muestras de ADN a efectos de la reseña biológica de las personas menores detenidas, mayores de catorce años, siempre que la detención esté basada en hechos que pudieran constituir delitos de los comprendidos en el ámbito de la normativa reguladora de aplicación sobre el tratamiento de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN.
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El consentimiento informado prestado por la persona menor, mayor de catorce años, para la práctica de pruebas de ADN, es plenamente válido y eficaz con carácter general, sin necesidad de la presencia o aquiescencia de sus padres o representantes legales, si bien necesita la asistencia del letrado cuando la persona menor se encuentre detenida, y en su defecto, autorización judicial. Se trata, en cualquier caso, de un procedimiento excepcional en el que se debe valorar convenientemente la madurez del menor para prestar su consentimiento, y en caso de duda sobre la misma se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que valore la presencia de sus representantes legales.
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En caso de negativa por parte de la persona menor detenida a la recogida de muestras biológicas, se solicitará su práctica a través de la Sección de Menores de la Fiscalía competente, para su petición al Juez de Menores, que podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad
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La reseña policial de personas menores implicados en hechos delictivos que no hubieran cumplido catorce años sólo es admisible a fines puramente identificativos, y con el objeto exclusivo de poder adoptar las medidas de protección que fueran necesarias al caso, conforme al principio del interés superior del menor.
o) Determinación de la edad e identidad de la persona menor detenida.
- Cuando en el curso de una actuación policial se trate con personas menores, se realizarán las averiguaciones oportunas para determinar con la mayor precisión la edad e identidad de los mismos, haciendo uso de las técnicas policiales necesarias y medios de prueba admitidos en derecho:
-
Documentales: Documento Nacional de Identidad, pasaporte, inscripción de nacimiento, partida de bautismo, referencias en instituciones públicas nacionales o extranjeras, etc.
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Testificales: declaraciones de testigos, referencias personales, etc.
-
Periciales: huellas dactilares y otras pruebas criminalísticas. Las pruebas médicas, incluida la oseométrica, se realizarán con autorización del Fiscal de la Sección de
Menores o de la Autoridad Judicial, con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes.
- En los supuestos en que no esté establecida la identidad de la persona menor se adoptarán las medidas necesarias para su identificación, comprobando la autenticidad de la documentación que pueda portar, y buscando posibles referencias sobre la misma que pudieran existir en registros específicos o en instituciones, nacionales o extranjeras, encargadas de su protección. Tratándose de personas menores extranjeras indocumentadas se consultará con inmediatez si están inscritos en el
Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), regulado en el artículo 215 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
-
A las diligencias se adjuntará la documentación obtenida sobre la filiación de la persona menor, consignando con claridad la identidad de las personas menores, quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho y la de los posibles perjudicados.
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Si se trata de la persona presunta autora de una infracción penal cuya minoría de edad no se ha podido establecer se pondrá a disposición de la Autoridad judicial de
Instrucción competente, quien decidirá lo que proceda en orden a la determinación de la identidad y edad del presunto delincuente por las reglas de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, conforme a los artículos 375 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 2.9 del
Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la
LORPM. En caso de tratarse de una persona menor extranjera no acompañada, cuando el resultado de las pruebas ordenadas por la Autoridad judicial acredite su minoría de edad, se procederá a su inscripción en el RMENA.
- En caso de persistir una duda razonable respecto a la determinación de la edad, se procederá:
- Si la duda es sobre la minoría o mayoría de edad, se actuará como si fuese menor, por lo que en el caso de personas menores infractoras se remitirá lo actuado a la
Fiscalía competente, y en el caso de personas menores en situación de riesgo o desamparo, a la correspondiente Entidad Pública de protección que dispondrá su acogida de oficio o, en su caso, por orden de la Autoridad Judicial, dándose cuenta del resultado al Ministerio Fiscal.
- Si la duda es en torno a si es mayor o menor de catorce años, se archivarán las actuaciones policiales relativas a la persona menor, con remisión al Ministerio
Fiscal competente, y se entregará a sus padres, tutores o guardadores o Entidad
Pública de protección cuando así proceda.
p) Diligencias de reconocimiento de la persona detenida.
-
La diligencia de reconocimiento fotográfico de personas menores para fines de investigación criminal se realizará de forma ordinaria, utilizando álbumes fotográficos de personas menores detenidas sin necesidad de autorización del Fiscal o de la Autoridad judicial de Menores.
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La práctica de reconocimiento en rueda de personas menores detenidas se entenderá excepcional y sólo se realizará en casos estrictamente necesarios, contando con el previo conocimiento y expresa autorización de Fiscal competente o la Autoridad judicial de Menores, según sus competencias, y cumpliendo los siguientes requisitos:
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Se utilizarán los medios que resulten menos dañinos para la persona menor, debiendo realizarse en dependencias de las unidades especializadas en personas menores o en las sedes del Ministerio Fiscal o Autoridad Judicial competente.
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La rueda deberá estar compuesta por otras personas, menores o no, conforme a los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Cuando la rueda esté compuesta por otras personas menores de edad se deberá contar con su consentimiento y con la de sus representantes legales o guardadores de hecho o de derecho. En el caso de mayores de dieciséis años o menores emancipados podrá practicarse la diligencia sin la necesidad de la autorización del representante legal, salvo que el menor denote condiciones de madurez que no permitan garantizar la capacidad y validez de su otorgamiento para dar eficacia legal al consentimiento, conforme al artículo 2.10 del Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
q) Intervenciones ante medidas restrictivas de derechos.
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Toda diligencia policial restrictiva de derechos fundamentales, salvo la detención cautelar de propia autoridad, será solicitada a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial para que esta realice la oportuna petición a la Autoridad judicial de Menores competente; en casos de delitos de naturaleza terrorista corresponde a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional cursar la petición al Juzgado Central de Menores.
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La práctica de tales diligencias deberá quedar debidamente documentada en el atestado policial correspondiente y en el libro de registro y custodia de menores detenidos.
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La diligencia de exploración corporal, distinta al registro personal, sólo se practicará cuando sea estrictamente necesaria y contando con autorización previa conforme al apartado 1º de este epígrafe.
r) Persona menor detenida con circunstancias personales especiales.
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En los casos en que la persona menor se encuentre abandonada o desvalida, o quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho se negaran a hacerse cargo de su custodia, se hará entrega del menor a la Entidad Publica de protección, haciéndolo constar en el atestado y comunicándolo al Fiscal.
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Si quedara acreditado que la persona menor se encuentra en situación de enajenación mental o en cualquier otro caso de posible exención de responsabilidad (anomalía o alteración psíquica que impida comprender la ilicitud del hecho, trastorno mental transitorio, intoxicación alcohólica, drogodependencia, síndrome de abstinencia u otra alteración grave de la conciencia de la realidad) se adoptarán las medidas cautelares precisas para la protección y custodia de la persona menor, consultando a la Fiscalía de la Sección de Menores competente para que disponga lo necesario.
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En caso de tratarse de una persona menor solicitante de protección internacional, no resulta conveniente consultar con el consulado del país de origen del solicitante, en tanto no se resuelva la solicitud.
Asimismo, las personas menores pueden solicitar protección internacional sin necesidad de representante legal.
s) Persona menor denunciada o investigada por hechos delictivos.
- En los casos en que la persona menor de edad a la que se atribuya la comisión de un delito no sea detenida, para la toma de declaración ha de estar necesariamente asistida por el letrado que elija o por uno designado de oficio. En virtud de lo establecido en la Consulta 4/2005 FGE, puede afirmarse que cuando los hechos imputados sean constitutivos de delito leve, podrá renunciar a contar con asistencia letrada, de forma expresa y asistida por sus representantes legales.
Quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho estarán presentes con las mismas salvedades y circunstancias que para las personas menores detenidas.
- En estos supuestos se confeccionará la diligencia de información de derechos a la persona investigada no detenida, con arreglo a las orientaciones formuladas al efecto por parte de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial.
Además, se deberá hacer constar en esa diligencia que la información de derechos y la posibilidad de designar un abogado ha sido efectuada estando la persona menor acompañada de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho.
- Cuando no se detenga a la persona menor, se hará constar en las diligencias el aviso que se efectúa a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho sobre la responsabilidad en que pueden incurrir si no aceptan la custodia o no la llevan a efecto con la debida diligencia.
t) Remisión de las diligencias.
- Las diligencias instruidas como consecuencia de hechos delictivos en los que estén encartados únicamente personas menores de edad se remitirán a la Sección de
Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, y, para delitos de naturaleza terrorista, a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pasando a la persona menor detenida a su disposición, en su caso.
- En los hechos delictivos en que intervengan personas menores y mayores de edad la remisión del atestado se realizará del modo siguiente:
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El original, junto a las personas detenidas mayores de edad, a la Autoridad judicial de Instrucción del partido judicial competente y, en caso de delitos de terrorismo, al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en los plazos correspondientes.
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Una copia del atestado, junto a las personas detenidas menores de edad, a la
Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y, en caso de terrorismo, a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en los plazos correspondientes.
10.3.- Detención de personal perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de Vigilancia Aduanera.
Cuando los miembros de las FCSE procedan a la detención de una persona que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Servicio de Vigilancia Aduanera o a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y con el fin de salvaguardar su integridad física, deberán adoptar las medidas oportunas para que sean custodiadas separadas del resto de personas detenidas.
Las mismas medidas deberán adoptarse en los traslados que se efectúen en su condición de personas detenidas.
10.4.- Detención de militares.
La detención de una persona militar en servicio activo, dispuesta por Autoridad judicial de cualquier jurisdicción, miembros del Ministerio Fiscal, Autoridad administrativa, funcionario o agente, se efectuará conforme dispone el ordenamiento común para la detención, en especial si se trata de flagrante delito. No obstante, se ejecutará a través de sus jefes si estuviera a su alcance inmediato, o si no retrasa, con perjuicio grave, la efectividad de la medida. Quien practique la detención sin acudir a los jefes del militar detenido, dará cuenta inmediata a éstos de tal detención, sin perjuicio del derecho y del deber del militar detenido de comunicar inmediatamente con sus superiores que le confiere el artículo 73 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, así como el derecho a comunicarse con estos dispuesto en el artículo 205 de la Ley 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. Para efectuar dicha comunicación se seguirán las actuaciones antedichas sobre la presencia del agente en la conversación telefónica de la persona detenida con un tercero a su elección.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, se observarán las siguientes reglas:
1ª. Si se encuentra desempeñando un servicio de armas u otro cometido esencialmente militar, se llevará a cabo solamente por sus Jefes de quienes se interesará, a no ser que hubiera cometido delito flagrante y estuviere fuera del alcance de dichos Jefes.
2ª. Si se encuentra en recinto militar, se interesará la detención del Jefe de mayor empleo y antigüedad que se encuentre destinado y presente en él.
Las personas a las que se refieren los puntos anteriores sólo permanecerá en dependencias policiales, administrativas u otros establecimientos no militares de detención, el tiempo indispensable para la práctica del atestado o diligencias.
Durante su estancia en tales dependencias deberá permanecer separada de las demás personas detenidas.
10.5.- Otras detenciones especiales por razón de la persona o cargo.
En el supuesto de que la detención afecte a alguna de las personas que tenga la consideración de las señaladas a continuación, habrá de tenerse en cuenta las especialidades que se citan:
1º. La actuación referente a los Miembros del Gobierno de la Nación y de las Comunidades
Autónomas se adecuará a lo previsto en el artículo 102 CE, los distintos Estatutos de
Autonomía y La Orgánica del Poder Judicial.
2º. Del mismo modo, a las personas que formen parte de los Parlamentos nacionales o autonómicos, así como el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, respectivamente, les será de aplicación el contenido del artículo 71 CE, Reglamentos del Congreso y Senado, los
Estatutos de las Comunidades Autonómicas, así como el artículo 6 de la LO 3/1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo.
Según el artículo 71 de la Constitución Española, los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva 3º. Según lo dispuesto en el artículo 398 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los
Jueces y Magistrados en servicio activo sólo podrán ser detenidos por orden de Juez competente o en caso de flagrante delito. En este último caso se tomarán las medidas de aseguramiento indispensables y se entregará inmediatamente a la persona detenida al
Juez de Instrucción más próximo.
En estos casos, la detención se dará cuenta, por el medio más rápido, al Presidente del
Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el Juez o Magistrado. Se tomarán por la
Autoridad Judicial que corresponda las prevenciones que procedan para atender a la sustitución la persona detenida.
4º. Respecto a personas pertenecientes al Ministerio Fiscal, la detención se ajustará a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal: “Los miembros de la Carrera Fiscal en activo no podrán ser detenidos sin autorización del superior jerárquico de quien dependan, excepto por orden de la autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito. En este último supuesto se pondrá inmediatamente el detenido a disposición de la autoridad judicial más próxima, dándose cuenta en el acto, en ambos casos, a su superior jerárquico.” 5º. Ninguna autoridad puede detener a los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas electorales durante las horas de la elección en que deban desempeñar sus funciones, salvo en caso de flagrante delito (art. 90 de la LO 5/1985, de 19 de junio, Régimen Electoral
General).
10.6.- Detención de diplomáticos.
En estos supuestos de inviolabilidad e inmunidades, cabe distinguir lo siguiente:
1º. Tal y como establece la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España, y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en
España:
Artículo 21. Inviolabilidad: 1. Las personas del Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el
Ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero serán inviolables cuando se hallen en territorio español, durante todo el periodo de duración de su mandato, con independencia de que se encuentren en misión oficial o en visita privada. No podrán ser objeto de ninguna forma de detención, se les tratará con el debido respeto y se adoptarán todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.
- La inviolabilidad a la que se refiere el apartado anterior se extiende a su lugar de residencia en España, a su correspondencia y a sus propiedades y, en su caso, a los medios de transporte que utilicen.
2º. Según establece el artículo 29 de la Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, sobre
Relaciones Diplomáticas, la persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención, incluso cuando fueran sorprendidos en delito flagrante (por "agente diplomático", se entiende el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión). Cuestión distinta es la necesaria identificación y verificación del supuesto carácter diplomático, o en otro caso, la evitación de comportamientos agresivos o de resistencia grave a la autoridad, que generen situaciones de estado de necesidad o legítima defensa que hiciesen imprescindible la inmediata y temporal detención, hasta tanto cese la situación de peligro para el propio diplomático, terceras personas o los agentes de policía, poniendo lo actuado por diligencia y en conocimiento de la Autoridad judicial.
Por otro lado, conforme al artículo 41 del Convenio de Viena, de 24 de abril de 1963, sobre relaciones consulares, se podrá detener a un funcionario consular cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial, (se entiende por
“funcionario consular” toda persona de la carrera diplomática -no cónsul honorario-, encargada de desempeñar y ejercer funciones consulares).
10.7.- Particularidades en la incomunicación de personas detenidas.
La incomunicación es una medida excepcional, que solo cabe con autorización judicial motivada, y cuando concurran razones de urgente necesidad con el fin de evitar graves consecuencia que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de cualquier persona, o para evitar comprometer de modo grave el proceso penal. Durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias que puedan evitar los peligros descritos, no excediendo el plazo de cinco días.
En ningún caso podrá solicitarse la incomunicación de una persona detenida menor de 16 años.
En caso de que así se justifique en razón a las circunstancias del caso, la persona detenida incomunicada podrá ser privada de todos o alguno de los siguientes derechos:
1º. Designar un abogado de su confianza.
2º. Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
3º. Entrevistarse reservadamente con su abogado.
4º. Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.
La Policía Judicial podrá solicitar a la autoridad judicial la restricción de alguno o todos los derechos mencionados, entendiéndose acordadas por un plazo máximo de 24 horas, dentro del cual deberá pronunciarse la autoridad judicial competente, quien emitirá el pertinente auto sobre el contenido de la solicitud.
En cualquier caso, será la autoridad judicial quien controle efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, pudiendo requerir información con el fin de constatar el estado la persona detenida y el respeto de sus derechos. En este sentido, a la persona detenida incomunicada será sometido al menos a dos reconocimientos médicos cada 24 horas según criterio facultativo.
Tanto el momento en que se lleve a cabo la incomunicación, como el del acuerdo judicial sobre la misma y de su cese, deberán constar en diligencias y ser anotados en el libro de registro y custodia de detenidos.
10.8.- Particularidades de la detención por orden judicial, Orden Europea de Detención y
Entrega (OEDE) o extradición.
a) Personas detenidas por orden judicial.
En los supuestos de detenciones realizadas cumpliendo órdenes de Busca y Captura dictadas por las Autoridades judiciales, se procederá a informar a la persona detenida de los derechos que le asisten, en la forma establecida en el artículo 520 de la LECrim., efectuándose la oportuna comunicación al Colegio de Abogados aun cuando la entrega de la persona detenida a la Autoridad judicial sea inmediata, debiendo ponerla a disposición de dicha Autoridad reclamante lo más pronto posible, si ninguna otra circunstancia aconseja lo contrario, sin necesidad, en tal caso, de esperar la presencia del Abogado en la dependencia policial, quien, si se personase con posterioridad a la puesta la persona detenida a disposición de la Autoridad judicial reclamante, será informado de tal circunstancia.
Si fuera factible, al efectuar la llamada al Colegio de Abogados, se indicará el momento aproximado en que la persona detenida pasará a disposición de la Autoridad judicial competente.
En estos casos, no es necesaria la instrucción de atestado policial, siendo suficiente un oficio o escrito para documentar todas las actuaciones policiales realizadas y pasar a la persona detenida a disposición judicial.
b) Actuaciones ante una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
La OEDE es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en centro de menores.
Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detención y entrega el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes.
La autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detención será el
Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Cuando la orden se refiera a un menor la competencia corresponderá al Juez Central de Menores.
La autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega en los siguientes supuestos:
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Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los que la ley penal española señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de doce meses, o de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo.
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Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o una medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad, o de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo.
En el plazo máximo de 72 horas tras su detención, la persona detenida será puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. En el caso de personas menores de edad, a partir de los catorce años, el plazo se reducirá a veinticuatro horas, en el que la persona menor detenida será puesta a disposición del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, conforme a la legislación en materia de responsabilidad penal de menores.
La puesta a disposición judicial será comunicada a la autoridad judicial de emisión.
Se debe tener presente que en estos supuestos pueden darse dos situaciones, y en base a ello se actuará del siguiente modo:
- Detenida solo por OEDE, en cuyo caso la incoación de la OEDE la lleva a cabo el
Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional.
La tramitación se realiza mediante comunicación a la Oficina SIRENE, que se encarga a su vez de poner en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción el hecho de la detención. La puesta a disposición judicial será igualmente ante el Juez
Central de Instrucción que entienda de la causa.
- Detenida por motivo nacional al que además le consta una OEDE, en cuyo caso la detención se comunica igualmente a SIRENE, a la vez que se indica que existe una detención en virtud de una OEDE contra el reclamado. La puesta a disposición judicial es ante la Autoridad judicial competente en relación al delito cometido en
España/requisitoria nacional, que se coordinará con la Audiencia Nacional.
Toda persona sujeta a una OEDE tiene derecho a designar a un abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya función consistirá en prestar asistencia al abogado en España facilitándole información y asesoramiento, de la posibilidad de consentir en el trámite de audiencia ante el juez y con carácter irrevocable su entrega al Estado emisor, así como del resto de los derechos que le asisten.
Si la persona detenida fuera menor de edad, el plazo máximo de puesta a disposición judicial será de veinticuatro horas. En todo caso, como se expuso supra, el menor tendrá igualmente derecho a ser asistido por otro letrado del país de la UE que emite la orden europea de detención.
c) Detención en virtud de Orden Internacional de Detención (OID)
Cuando la detención se realiza al amparo de un señalamiento de Búsqueda y Detención para Extradición de INTERPOL, se prestará especial atención a los siguientes detalles:
- Antes de realizar cualquier actuación, los miembros de las unidades operativas habrán de ponerse en contacto con la Oficina Central Nacional de Interpol en España (OCN
Madrid), a efectos de validar, contrastar o ampliar información. En el señalamiento de la Base de Datos de Señalamiento Nacional (BDSN), figuran los teléfonos y correos electrónicos para tal gestión.
- La Autoridad competente para incoar el expediente de extradición es la Audiencia
Nacional. Así, la persona detenida habrá de ser puesta a disposición del Juzgado
Central de Instrucción de Guardia en el plazo de 24 horas, dando comunicación por el conducto que se establezca de las circunstancias a la OCN Madrid con objeto de poder informar de los hechos a la Oficina internacional correspondiente.
- En el supuesto en que la persona detenida lo sea por motivo nacional y además le conste una OID, la detención se comunicará igualmente a la Oficina Central Nacional de Interpol en España. No obstante, en estos casos, la puesta a disposición judicial es ante el Juzgado de guardia, quien se coordinará con la Audiencia Nacional.
d) Cese del señalamiento en la BDSN.
En todos los supuestos anteriores, la plantilla responsable de la detención, tras obtener la confirmación por parte de las autoridades y servicios relacionados anteriormente, deberá realizar las gestiones oportunas para el efectivo cese del señalamiento en la BDSN.