Tema 21: Gestión de emergencias en Andalucía

1. La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, en lo sucesivo la Agencia, según el Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril, por el que se adoptan medidas en materia de emergencias y gestión, prevención y extinción de incendios forestales y se autoriza la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, se configura como Agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) y reguladas en los artículos 71 a 74 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para realizar las actividades administrativas y demás funciones y competencias establecidas en la Ley que autoriza su creación y en estos Estatutos, y cualquier otra actividad, competencia o función que específicamente se le atribuya.

2. La Agencia tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión y funcional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

3. La Agencia fomentará la igualdad de género y la participación igualitaria de hombres y mujeres en la gestión de emergencias en Andalucía.

1. La Agencia se regirá por lo dispuesto en el Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril, los presentes Estatutos y por las demás disposiciones que la desarrollen. Asimismo, le será de aplicación la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa de aplicación.

2. El régimen jurídico del patrimonio de la Agencia será el previsto en la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. El régimen de contratación de la Agencia será el establecido para las Administraciones Públicas en la legislación de contratos del sector público. A estos efectos, la Agencia tiene el carácter de poder adjudicador y Administración Pública en virtud de los apartados 1.c), 2.a) y 3.a) del artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y del artículo 62 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

4. El régimen jurídico presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad de la Agencia será el legalmente establecido para las agencias de régimen especial.

1. Los actos dictados por la Agencia sujetos al Derecho Administrativo gozarán de la presunción de validez y de las prerrogativas de ejecutividad y ejecutoriedad.

2. La Agencia queda investida de las siguientes potestades administrativas:

a) Las de revisión de oficio de sus actos y acuerdos en el ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116.1.b) y c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

b) Las de policía administrativa, vigilancia e inspección y las relativas al ejercicio de funciones concernientes a la responsabilidad patrimonial.

c) Aquellas relativas al ejercicio de funciones sancionadoras, en los supuestos y los términos establecidos legalmente y la disciplinaria respecto del personal de la Agencia.

d) La potestad de fomento o subvencionadora.

e) Las de ejercicio de las prerrogativas y derechos que atribuye la legislación de contratos del sector público.

f) Las de investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio, en relación con los bienes de su titularidad, y, en cuanto a los que tenga adscritos para el desarrollo de su actividad.

g) La del disfrute de las prelaciones y preferencias reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, quedan reservadas al personal funcionario las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, entendidas como aquellas actuaciones administrativas obligatorias para las personas y entidades destinatarias que permitan exigir su acatamiento en caso de incumplimiento, no debiéndose considerar como tales las funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo que no constituyan actos administrativos.

1. La Agencia se adscribe a la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil a través del órgano que se determine en la norma que regule su estructura orgánica.

2. La Agencia tiene su sede institucional en la ciudad de Sevilla, sin perjuicio de que las estructuras organizativas y unidades operativas desconcentradas que la componen puedan tener sedes en otras ciudades de la Comunidad Autónoma.

3. El Consejo Rector queda facultado para variar el domicilio de la Agencia, así como para establecer, modificar y suprimir dependencias y oficinas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previo informe de la Consejería competente en materia de hacienda, que se podrán compartir con los de la propia Consejería a la que está adscrita.

1. La Agencia tiene por objeto la coordinación, gestión y ejecución técnica y ejecutiva, bajo un mando único, del operativo de emergencias que sea de competencia autonómica.

2. La Agencia tiene como finalidad atender a las emergencias de forma coordinada, de manera que posibilite una respuesta rápida y eficaz.

3. Tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil los descritos en el artículo 17.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

1. La Agencia se configura como organismo técnico superior de protección civil y coordinación de emergencias de la Administración de la Junta de Andalucía para el desarrollo específico de las siguientes funciones:

a) El desarrollo y ejecución de las políticas de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección civil, emergencias e incendios forestales, en particular las derivadas de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía y las derivadas de los artículos 44 y 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y de los artículos 94 y 99 de la Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, en el ámbito regional y comarcal.

b) La atención y respuesta ciudadana a las situaciones de urgencia y emergencia mediante un sistema integral de prevención, atención y respuesta.

c) La gestión de emergencias de protección civil en Andalucía cualquiera que sea su naturaleza, así como la coordinación de operativos y organismos públicos y privados llamados a intervenir directa o indirectamente en la gestión de dichas situaciones.

d) La gestión integral de las emergencias, así como la planificación de la prevención a escala regional y comarcal y la lucha contra los incendios forestales y las emergencias de éstos derivadas.

e) La planificación preventiva para la reducción de riesgos y la planificación operativa para la respuesta a su manifestación, implantando un modelo integral de planificación de emergencias eficaz y homogéneo en el ámbito territorial de Andalucía, así como la elaboración del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, los planes especiales y específicos y un adecuado programa de implantación y mantenimiento de los mismos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) La gestión de los incendios forestales que se produzcan, genere o no la activación de planes de emergencia, así como la investigación y el conocimiento de la causa de los mismos, el análisis territorial de resultados y su evolución y su traslación en forma de informes técnicos motivados como base de las políticas preventivas.

g) El impulso, la redacción, tramitación, dirección y ejecución de planes, programas y proyectos para la reducción del riesgo de incendio forestal y para la autoprotección en la interfaz urbano forestal, en coordinación con las competencias y funciones que ostenten otras Consejerías, agencias o entes instrumentales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la elaboración de índices de riesgo y peligro meteorológico.

h) En los montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía así como en los terrenos forestales con acuerdo o convenio de gestión, la redacción, tramitación, dirección y ejecución de proyectos de prevención de incendios forestales en la red de infraestructuras preventivas formadas por fajas auxiliares, áreas y líneas cortafuegos, zonas estratégicas de gestión e infraestructuras establecidos en los planes anuales contenidos en el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, mediante tratamientos selvícolas manuales, tratamientos mecanizados, quemas prescritas, pastoreo controlado y obras de construcción, reparación y mantenimiento ejecutados con personal adscrito al Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales o mediante contratación externa de obras y servicios, en coordinación con las competencias y funciones que ostenten otras Consejerías, agencias o entes instrumentales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

i) Las funciones de prevención social en materia de incendios forestales y las campañas de sensibilización, además del resto de iniciativas en esta materia.

j) El diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras de vigilancia, centros de defensa forestal, subcentros, pistas y helipistas para los medios aéreos de extinción y de los puntos de agua específicos para la lucha contra incendios, en los montes gestionados por la Junta de Andalucía y en aquellos que puedan ser objeto de convenio al respecto.

k) La elaboración e implementación de protocolos y procedimientos de intervención en incendios forestales y otras emergencias en el medio natural, así como el diseño de medidas que mejoren la seguridad operativa en dichas intervenciones para la resolución de las emergencias, con apoyo en un sistema de gestión documental que permita la adecuada difusión de la información tanto a los profesionales de la Agencia como a la ciudadanía en general.

l) La integración de los recursos autonómicos de prevención, planificación y respuesta a emergencias: Servicios de Protección Civil, Centro de Coordinación de Emergencias 112- Andalucía y el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (SEIF INFOCA), y la coordinación del resto de servicios de intervención, cualquiera que sea su titularidad, de acuerdo con los distintos Planes de Emergencias.

m) El control y ejecución de las competencias legales del centro de coordinación de emergencias, así como de los puestos de mando avanzados en los supuestos de activación de los correspondientes Planes de emergencia, en función de su nivel de activación.

n) La activación de los mecanismos administrativos para la prevención y mitigación de las emergencias, así como la protección de las personas y, en su caso, de los bienes amenazados por la concurrencia de dichas circunstancias.

o) La elaboración de estudios, catálogos y mapas de riesgos, catálogos de recursos, estadísticas y demás informes técnicos en materia de emergencias y protección civil, sobre la base de los objetivos del Plan Estadístico y Cartográfico para asistir en la toma de decisiones para las labores de gobierno.

p) El desarrollo e implantación de servicios propios de coordinación, apoyo y asesoramiento técnico en emergencias.

q) El impulso de la coordinación entre los distintos departamentos y entidades implicadas en la prevención, preparación y respuesta a las emergencias.

r) El apoyo a los distintos servicios o entidades que intervengan en casos de emergencia en lo relativo a la planificación, formación, logística operativa y de comunicaciones.

s) La ordenación general y la coordinación supramunicipal de los cuerpos de bomberos de Andalucía, así como las previstas en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía.

t) El asesoramiento y la información en materia de emergencias, prevención y extinción de incendios a los municipios y entidades del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la realización de cualesquiera otras actividades de prevención de riesgos y calamidades en colaboración con las distintas Administraciones Públicas.

u) Ofrecimiento de soporte técnico y administrativo a la Comisión de Protección Civil de Andalucía, al Consejo Andaluz del Fuego, y a cuantos órganos técnicos de coordinación se constituyan como consecuencia de emergencias o de las previsiones de los propios Planes de Protección Civil.

v) Facilitación de la integración de los recursos de gestión de emergencias, tanto autonómicos como de las Administraciones Locales de Andalucía, en el Sistema Nacional de Protección Civil.

w) La promoción de la autoprotección mediante la formación, información y sensibilización de la ciudadanía, empresas e instituciones.

x) La colaboración en la evaluación de daños y propuesta de medidas correctoras para optimizar la recuperación post-emergencia, así como analizar los proyectos nacionales e internacionales de investigación y cooperación preventiva y operativa en gestión de emergencias.

y) El establecimiento del régimen general y los asuntos de intendencia ligados a la gestión de los edificios afectos a los usos de competencia de la Agencia.

z) Cualquier otra función que pueda serle atribuida por razón de las competencias de la Agencia.

2. La Agencia actuará como responsable del tratamiento, en los términos establecidos en la normativa de protección de datos, de aquellos tratamientos de datos personales que realice en el desarrollo de sus competencias. Igualmente, bajo el adecuado vínculo jurídico que establece el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) o el artículo 33.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, podrá desarrollar funciones de encargado de tratamiento de otros responsables de tratamiento.

La Agencia actuará conforme los siguientes principios generales:

a) Autonomía, por cuya virtud goza de plena capacidad de gestión en los términos previstos en los presentes Estatutos.

b) Independencia técnica, basada en la capacitación, especialización, profesionalidad y responsabilidad individual del personal al servicio de la Agencia.

c) Eficacia en su actuación, con la utilización de todos los medios para llevar a cabo el objeto y fin definidos en estos Estatutos.

d) Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos en la prestación del servicio, así como una evaluación continuada de la calidad de los procesos de gestión y de los procedimientos de actuación, que se efectuará atendiendo a los criterios de legalidad, celeridad y simplificación administrativa.

e) Transparencia en todas las actividades administrativas y buen gobierno por parte de los responsables de la Agencia, así como la rendición de cuentas y compromisos para presentar la información precisa y completa sobre los resultados y procedimientos utilizados en la gestión.

f) Garantía de protección de datos personales, asegurando un tratamiento lícito y transparente de los datos personales, respetando los derechos y libertades de las personas físicas, de acuerdo con la normativa vigente.

g) Cooperación administrativa, y colaboración con otras Administraciones, agentes e instituciones, públicas o privadas, nacionales e internacionales para el fomento del conocimiento en todos sus ámbitos.

h) Igualdad de género, promoviendo la perspectiva de género y una composición equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos, consejos y comités y actividades de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación.

i) Mejora continua, implícita en el desarrollo permanente de los principios anteriores, modernización de sus procedimientos, actualización tecnológica y reciclado formativo continuado de su personal, todo ello con el objetivo de la búsqueda de la máxima calidad y excelencia.

1. La Agencia podrá desarrollar sus actividades mediante convenios de colaboración, acuerdos o protocolos con otras Administraciones y entidades públicas y privadas, así como a través de la participación en sociedades mercantiles o en fundaciones del sector público andaluz, previas las preceptivas autorizaciones que procedan.

2. Asimismo, corresponde a la Agencia llevar a cabo las actuaciones relativas al intercambio de información, a la intercomunicación técnica, a la prestación recíproca de asistencia, y a la elaboración y ejecución de planes conjuntos de emergencias y protección civil.

1. La Agencia desarrollará las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias con sus órganos y medios propios y por las demás formas previstas en el ordenamiento jurídico. En concreto, y sin perjuicio de otras formas, podrá desarrollar sus actividades mediante convenios, encargos a medios propios o contratos con sujetos públicos o privados así como, a través de entidades con personalidad jurídica propia y diferenciada dependientes de ella.

2. Asimismo, la Agencia deberá justificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa de aplicación para la realización de encargos a medios propios.

1. La Agencia implantará un sistema de gestión de calidad cuyo objetivo principal será promover y facilitar a las personas usuarias de los servicios de la Agencia el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. En este contexto, la Agencia incluirá la política de responsabilidad social corporativa como línea de actuación permanente.

2. La Agencia elaborará su propia carta de servicios, de acuerdo con las previsiones del contrato de gestión, prestando especial atención a los compromisos de calidad y previendo sistemas de evaluación y, en su caso, programas de mejora de la calidad. Además, elaborará y actualizará documentación informativa a disposición de la ciudadanía sobre los servicios y procedimientos que le pueda resultar de interés.

1. La Agencia se estructura en los siguientes órganos:

1.1. Órganos de gobierno:

a) La Presidencia.

b) La Vicepresidencia.

c) El Consejo Rector.

1.2. Órganos de dirección y administración:

a) Dirección Gerencia.

b) Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

c) Dirección General de Gestión de Incendios Forestales.

1.3. Órganos de participación:

• Comisión de Protección Civil de Andalucía.

• Consejo Andaluz del Fuego.

2. La Agencia contará con la estructura administrativa y organización necesaria para su funcionamiento, integrada por las áreas que se establecen en el artículo 33. Podrán existir otras unidades, según se determine en la relación de puestos de trabajo de la Agencia, que no se integren en dichas áreas directivas o que sean comunes a todas o a varias de ellas.

1. La Presidencia corresponderá a la persona titular de la Consejería a la que se encuentre adscrita la Agencia.

2. Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones:

a) La superior representación institucional de la Agencia, incluyendo las actuaciones frente a terceros relativas a los bienes y derechos patrimoniales de la misma, así como la suscripción de los convenios de colaboración cuando se considere oportuno por su relevancia institucional.

b) Convocar, presidir y moderar las reuniones del Consejo Rector, así como velar por el cumplimiento de los acuerdos y visar las actas.

c) Ejercer el control de eficacia, y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, impulsando y orientando la actuación de la Dirección Gerencia.

d) Resolver los procedimientos sobre responsabilidad patrimonial de la Agencia y sus autoridades y demás personal a su servicio.

e) Ejercer la potestad sancionadora de su competencia en los términos que establezca la legislación vigente.

f) Nombrar y cesar al personal directivo profesional de la Agencia.

g) Aprobar el catálogo de los puestos de trabajo.

h) Aprobar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario y laboral y remitirla al órgano competente en materia de función pública, para su aprobación.

i) Elevar la propuesta del contrato de gestión al Consejo Rector para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno.

j) Elevar propuesta del Plan de acción anual al Consejo Rector para su aprobación.

k) Informar al Consejo de Gobierno acerca de la ejecución y cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión.

l) Rendir cuentas a la Cámara de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

m) Velar y garantizar el cumplimiento del objetivo de igualdad de género en todas las actuaciones que emprenda el Consejo Rector.

n) Aprobar el Plan anual de formación del personal de la Agencia.

o) Aprobar la oferta pública de empleo del personal laboral de la Agencia no sujeto al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía.

p) Las demás competencias y funciones que se le atribuyen en los presentes Estatutos, las que se determinen en otras disposiciones de aplicación, así como las que se le deleguen.

1. La Vicepresidencia de la Agencia corresponderá a la persona titular de la Viceconsejería de la Consejería a la que se encuentre adscrita la Agencia. Además de asistir a la Presidencia en sus funciones, la ejercerá por suplencia en caso de ausencia, vacante, enfermedad o causa de abstención de su titular.

2. Asimismo, ejercerá cualquier otra función que se le atribuya o que se le delegue.

1. El Consejo Rector es el órgano colegiado superior de gobierno de la Agencia, que ostenta la alta dirección y establece las directrices de actuación de acuerdo con las emanadas de la Consejería a la que se adscribe.

2. El Consejo Rector de la Agencia estará compuesto por:

a) Presidencia: La persona titular de la Presidencia de la Agencia.

b) Vicepresidencia 1.ª: La persona titular de la Vicepresidencia de la Agencia.

c) Vicepresidencia 2.ª: La persona titular de la Dirección Gerencia.

d) Vocalías:

Serán vocales del Consejo de Rector:

1.º Las personas titulares de las Viceconsejerías de las Consejerías en que se organiza la Administración de la Junta de Andalucía con competencias en materia de Hacienda Pública, Administración Local, industria, minas, salud, agricultura, medio ambiente, aguas, función pública, infraestructuras, transportes, educación y servicios sociales.

2.º La persona titular de la Secretaría General de Interior.

3.º La persona titular de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

4.º La persona titular de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales.

5.º La persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía.

3. La pertenencia al Consejo Rector es de carácter no retribuido.

4. La Presidencia de la Agencia designará entre el personal funcionario de la Agencia con categoría, al menos, de Jefatura de Servicio, a la persona que realizará las funciones de Secretariado del Consejo Rector, con voz y sin voto. En caso de ausencia, enfermedad, o cuando concurra alguna causa justificada, será sustituida por quien designe la Presidencia de entre el personal funcionario integrado en la Agencia que reúna los requisitos exigidos en este apartado.

La persona que ejerza las funciones de secretaría efectuará la convocatoria de las sesiones por orden de la Presidencia, así como las funciones y competencias que se deriven del cumplimiento en lo previsto en Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La persona que ejerza las funciones de secretaría preparará asimismo el despacho de los asuntos, redactará las actas de las sesiones y expedirá las certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

5. En la composición de los órganos colegiados de la Agencia deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de género en Andalucía.

Corresponderán al Consejo Rector las siguientes competencias:

a) Conocer las propuestas y, en su caso aprobarlas, de los planes y programas relativos a la gestión integral de emergencias de protección civil en Andalucía cualquiera que sea su naturaleza, así como de la coordinación de operativos y organismos públicos y privados llamados a intervenir directa o indirectamente en la gestión de dichas situaciones.

b) Aprobar el borrador de anteproyecto del presupuesto de la Agencia.

c) Aprobar la Memoria anual y las cuentas anuales.

d) Proponer, para su aprobación por la Presidencia de la Agencia, la propuesta de la relación de puestos de trabajo y del catálogo de puestos de trabajo.

e) Elevar la propuesta de contrato de gestión al Consejo de Gobierno.

f) Elevar a la persona titular de la Consejería a la que se adscribe la Agencia la propuesta de los proyectos de las disposiciones de carácter general y aquellas que regulen los criterios de concesión de ayudas y los convenios de colaboración relativos a las materias de su competencia.

g) Proponer a la persona titular de la Consejería a la que se adscribe la Agencia la presentación de proyectos a la Unión Europea, relativos a las materias competencia de ésta.

h) Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas en las materias específicas de la Agencia.

i) Proponer cuantas medidas considere necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Agencia.

j) Aprobar el Plan de acción anual, a propuesta de la persona titular de la Presidencia.

k) Aprobar la Carta de Servicios de la Agencia.

l) Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas por la normativa aplicable.

1. El Consejo Rector se reunirá, al menos, una vez al semestre, así como cuando lo acuerde la Presidencia.

2. Las sesiones del Consejo Rector podrán celebrarse por medios telemáticos, en los términos de los artículos 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y 91.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en cuyo caso deberá contar con las medidas adecuadas que garanticen la identidad de las personas comunicantes, así como la integridad, confidencialidad y la autenticidad de la información entre ellas transmitidas.

3. Para asuntos específicos el Consejo Rector podrá constituir comisiones, ponencias o grupos de trabajo, con funciones de estudio y preparación de los asuntos que deban ser sometidos a la decisión del Consejo u otras que se determinen, sin que necesariamente todas las personas que las compongan pertenezcan a aquel, de la manera que se establezca en sus normas de funcionamiento.

4. Previa invitación de la Presidencia, podrán asistir ocasionalmente a las reuniones del Consejo Rector, con voz y sin voto, aquellas personas o instituciones que por razón de su actividad, conocimientos especializados, prestigio u otras circunstancias se considere conveniente por la complejidad o por la naturaleza de las materias a tratar en el orden del día, con la posibilidad de percibir indemnizaciones por la concurrencia efectiva a las reuniones, cuando no se utilicen redes de comunicación a distancia, en los términos previstos en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

5. Los actos y resoluciones del Consejo Rector de la Agencia ponen fin a la vía administrativa.

6. El funcionamiento y régimen aplicable al Consejo Rector será el que se determine con carácter básico en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Sección Primera del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y en estos Estatutos.

7. Los miembros del Consejo Rector, así como los invitados al mismo, estarán obligados a respetar la confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, extendiéndose tal deber aun cuando hayan dejado de formar parte del mismo.

8. La convocatoria se cursará por la persona titular de la Secretaría, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas de la reunión, enviando el orden del día de los asuntos a tratar que será decidido en todo caso por la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Si no resultase posible, la convocatoria será remitida a los miembros del Consejo Rector a través de medios electrónicos y mediante un canal seguro, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

1. La Dirección Gerencia es el máximo órgano directivo de la Agencia, con rango de viceconsejería. Será nombrada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se adscribe la Agencia, y estará sometida al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Le corresponden, sin perjuicio de las competencias de los órganos de gobierno, la dirección y representación legal ordinaria de la Agencia, la adopción de las medidas necesarias para la ejecución de las decisiones del Consejo Rector y de la Presidencia, así como:

a) Asesorar a la dirección de los planes de emergencia y protección civil autonómicos en materia de gestión de las emergencias.

b) Ejercer la dirección delegada de los planes de emergencia autonómicos en caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de los citados planes.

c) Formular la propuesta del plan inicial de actuación con el ámbito temporal que se dispone en el artículo 58.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y sus modificaciones, así como la propuesta de plan plurianual de actuación y sus modificaciones.

d) Formular la propuesta del Plan de acción anual y sus modificaciones.

e) Formular y elevar al Consejo Rector la propuesta de Memoria anual de actividad correspondiente al año inmediatamente anterior, en la cual se informará también sobre el seguimiento del plan anual de actuación.

f) Elevar al Consejo Rector el borrador del anteproyecto de estado de gastos de presupuesto anual de la Agencia.

g) Formular y elevar al Consejo Rector para su aprobación el Plan de igualdad en el empleo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre.

h) Actuar como órgano de contratación de la Agencia y celebrar en su nombre los contratos y encargos de ejecución relativos a los asuntos propios de la misma.

i) Suscribir los convenios relativos a las competencias de la Agencia, salvo aquellos que, por su relevancia institucional, se considere oportuno elevar a la firma de la persona titular de la Presidencia.

j) Formular y elevar al Consejo Rector la propuesta de relación de puestos de trabajo y del catálogo de puestos de trabajo.

k) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer obligaciones y ordenar pagos, conforme a la normativa aplicable y salvo en los casos reservados por Ley a la competencia del Consejo de Gobierno o de la Consejería competente en la materia.

l) Resolver los procedimientos de concesión de subvenciones.

m) Elaborar la propuesta del contrato de gestión, así como la participación en las negociaciones subsiguientes con los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de hacienda y de administración pública.

n) Ejercer todas las funciones que la normativa reguladora del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía atribuye a las Agencias.

o) Proponer a la Presidencia el desarrollo de la estructura organizativa de la Agencia, dentro del marco de actuación fijado en el contrato de gestión.

p) Proponer a la Presidencia el nombramiento y cese del personal directivo, contratar al personal laboral de la Agencia, así como asignarlo a los puestos propios de este personal y declarar la extinción de los contratos de trabajo en los supuestos en que proceda de conformidad con la legislación laboral.

q) Resolver los procedimientos disciplinarios que se sigan contra el personal al servicio de la Agencia, salvo la imposición de la sanción de separación del servicio.

r) Elevar a la Presidencia el Plan anual de formación del personal de la Agencia.

s) Proponer a la Presidencia la oferta pública de empleo del personal laboral de la Agencia no sujeto al Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía.

t) Fijar los criterios para la evaluación del desempeño del personal al servicio de la Agencia y la correspondiente distribución de los conceptos retributivos asignados a la remuneración de los incentivos al rendimiento legalmente previstos, dentro de las previsiones establecidas por el Presupuesto de la Agencia y conforme a los criterios recogidos en el contrato de gestión, en los términos del artículo 34 del presente Estatuto.

u) Dictar instrucciones en las materias competencia de la Agencia.

v) Ejercer la coordinación general en materia de transparencia y la coordinación de las tareas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de aquellos tratamientos de datos personales que realice en el desarrollo de sus competencias.

w) Designar a la persona delegada de protección de datos de la Agencia.

x) Ejercer la jefatura superior del personal adscrito a la Agencia, en los términos establecidos en la legislación vigente.

y) Acordar el ejercicio de acciones y la interposición de los recursos judiciales o extrajudiciales que correspondan, en defensa de los intereses de la Agencia.

z) Elevar al Consejo Rector las propuestas que tengan que ser sometidas a su aprobación o conocimiento, a tenor de lo dispuesto en los presentes Estatutos.

aa) Todas aquellas que le sean expresamente atribuidas por la normativa vigente y las que le sean delegadas por la Presidencia y el Consejo Rector, o que, siendo propias de la Agencia o necesarias para su funcionamiento, no estén expresamente atribuidas a otro órgano.

3. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o causa de abstención, la suplencia de la persona titular de la Dirección Gerencia será asumida por la persona titular de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. En caso de imposibilidad de ésta, corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, se constituye la Unidad de Transparencia en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, que actuará bajo la dependencia de la Dirección Gerencia para dar cumplimiento a las funciones previstas en el artículo 9 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

5. Se adscribirán a la Dirección Gerencia las unidades organizativas necesarias para el cumplimiento de sus fines.

1. La persona titular de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil tendrá la consideración de alto cargo y será nombrado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se adscribe la Agencia.

2. La persona titular de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil tendrá rango de Dirección General y estará sometida al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. Le corresponde a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil:

a) Las competencias derivadas de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, en materia de emergencias y protección civil.

b) La aprobación de los criterios de actuación de la Agencia en el desarrollo y ejecución de las políticas de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección civil, y emergencias.

c) La ejecución de programas para el estudio de situaciones de riesgo y, en su caso, la elaboración, desarrollo y ejecución de los planes de emergencia, de acuerdo con la normativa general de aplicación.

d) El desarrollo y ejecución de actuaciones dirigidas a coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia en el territorio de Andalucía, directamente o a través de las personas titulares de los centros directivos en sus respectivos ámbitos competenciales.

e) El asesoramiento integral a la Dirección de los Planes de Protección Civil de competencia autonómica.

f) El asesoramiento y apoyo a las entidades locales de Andalucía en materia de emergencias y protección civil.

g) La representación de la Agencia en los procesos de negociación de las relaciones laborales y organización del trabajo del personal operativo de la Dirección General.

h) Cualquier otra función que pueda serle atribuida por razón de las competencias de la Agencia.

1. La persona titular de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales tendrá la consideración de alto cargo y será nombrado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se adscribe la Agencia.

2. La persona titular de la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales tendrá rango de Dirección General y estará sometida al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. Le corresponde a la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales:

a) Las competencias derivadas de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y demás normativa aplicable en la materia.

b) La aprobación de los criterios de actuación de la Agencia en el desarrollo y ejecución de las políticas de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de gestión de incendios forestales.

c) La ejecución de programas para el estudio de situaciones de riesgo en materia de incendios forestales.

d) El desarrollo y ejecución de actuaciones dirigidas a coordinar la respuesta ante situaciones de incendios forestales en el territorio de Andalucía, directamente o a través de las personas titulares de los centros directivos en sus respectivos ámbitos competenciales.

e) El asesoramiento integral a la Dirección del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

f) El asesoramiento y apoyo a las entidades locales de Andalucía en materia de gestión de incendios forestales.

g) La representación de la Agencia en los procesos de negociación de las relaciones laborales y organización del trabajo del personal del SEIF INFOCA de la Dirección General.

h) La superior dirección del SEIF INFOCA en cualquier situación.

i) Cualquier otra función que pueda serle atribuida por razón de las competencias de la Agencia.

1. La Comisión de Control estará integrada por tres personas pertenecientes a la Agencia designadas por la Dirección Gerencia, con categoría al menos de Jefatura de Servicio, entre aquellos con formación y conocimiento en materias de gestión, presupuestación y tareas de control en el sector público, que elegirán entre ellos al titular de la Presidencia.

2. En la composición de la Comisión de Control deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre.

3. La Comisión de Control se reunirá al menos semestralmente, resultando de aplicación a la misma lo dispuesto respecto de los órganos colegiados en la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título IV, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

4. Son funciones de la Comisión de Control:

a) Elaborar semestralmente informes sobre el desarrollo y ejecución del contrato de gestión.

b) Analizar los resultados de la gestión económico-financiera a través de la información que, de forma periódica, deberán suministrarle los órganos de la Agencia, para su posterior remisión a la Presidencia.

c) Recabar información sobre los sistemas de control y procedimientos internos establecidos para asegurar el debido cumplimiento de disposiciones legales y demás normas aplicables, así como conocer los informes de auditoría de cuentas y adicionales sobre funcionamiento de control interno y proponer a la Dirección Gerencia las estrategias encaminadas a corregir las debilidades que se pudieran poner de manifiesto.

d) Aprobar sus propias normas de funcionamiento.

e) Los miembros de la Comisión de Control están obligados a respetar la confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, extendiéndose tal deber aun cuando hayan dejado de formar parte del mismo.

1. El contrato de gestión definirá los objetivos a conseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar por la Agencia y establecerá, como mínimo y para el periodo de su vigencia, los extremos contemplados en el artículo 72.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. El contrato de gestión, será elaborado por la Dirección Gerencia, que lo elevará a la Presidencia, oído el Consejo Rector, y será aprobado por el Consejo de Gobierno previo informe de las Consejerías competentes en materia de hacienda y función pública. Tendrá una vigencia de 4 años, salvo que el acuerdo de aprobación disponga otra duración.

3. Si el nuevo contrato de gestión no se encuentra aprobado al finalizar el periodo de vigencia del anterior, éste se prorrogará automáticamente por el tiempo indispensable hasta la aprobación del mismo. En tal caso, la Consejería competente en materia de hacienda podrá incluir en el anteproyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma del ejercicio siguiente una dotación condicionada a la aprobación del nuevo contrato de gestión sobre la base de la propuesta inicial realizada por la Presidencia.

4. El contrato de gestión podrá establecer las causas y el procedimiento para la introducción de modificaciones y adaptaciones anuales.

5. Finalizada su vigencia, la persona titular de la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil, informará al Consejo de Gobierno sobre su ejecución y resultado.

6. Los posteriores contratos de gestión se presentarán en el último trimestre de la vigencia del anterior, conforme al procedimiento que regulan los apartados anteriores.

1. La actuación de la Agencia se producirá con arreglo al Plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato de gestión.

2. El Plan de acción anual comprenderá los objetivos a alcanzar en el correspondiente ejercicio, así como las acciones a desarrollar por la Agencia. Asimismo, determinará los plazos para la elaboración de los Planes de prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, Calidad, y, en su caso, el de responsabilidad social corporativa. Los objetivos habrán de tener asociados indicadores que permitan conocer los resultados obtenidos de forma significativa y cuantificable. En el plan de acción se incluirán los objetivos en materia de igualdad de género y las medidas adoptadas para cumplirlos, quedando señalados en la memoria.

3. La Dirección Gerencia de la Agencia elaborará cada año el Plan de acción anual correspondiente al siguiente año, con arreglo a las previsiones plurianuales del contrato de gestión y a las directrices y orientaciones de la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil, con expresión de los objetivos a alcanzar y los recursos personales, materiales y presupuestarios necesarios. Se acompañará de una memoria explicativa de su contenido. El Plan de acción anual será remitido a la Presidencia para su elevación al Consejo Rector antes de la finalización del primer semestre del ejercicio anterior. En todo caso, su aprobación estará condicionada a la aprobación de la correspondiente Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

4. Una vez aprobada la Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio, durante el mes siguiente a dicha aprobación, la Dirección Gerencia procederá, en su caso, a adaptar el plan y someterlo a la aprobación de la Presidencia, oído el Consejo Rector.

5. Si como consecuencia de la modificación del contrato de gestión o de los plazos establecidos para la consecución de los objetivos fijados en éste, fuera necesario modificar el Plan de acción anual, la Dirección Gerencia elaborará una propuesta que se someterá a la aprobación de la Presidencia.

La financiación de la Agencia se hará con cargo a los siguientes recursos:

a) Dotaciones que se asignen en la Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los que se incluirán las consignaciones para el cumplimiento de los fines que la ley que autoriza la creación de la Agencia le atribuye.

b) Las subvenciones o dotaciones, transferencias corrientes o de capital, que pudiera corresponderle.

c) Aportaciones y legados públicos y privados, tanto de personas físicas como jurídicas.

d) Los rendimientos, productos y rentas de los bienes, valores y derechos de su patrimonio, así como los procedentes de la enajenación de sus activos.

e) Los créditos que se traspasen conjuntamente con funciones y servicios procedentes de otras Administraciones Públicas, y sean encomendados a la Agencia.

f) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que pueda concertar, dentro de los límites fijados por la Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma, con la previa autorización de la Consejería competente en materia de hacienda.

g) Los ingresos procedentes de la prestación de servicios a personas físicas o jurídicas, Administración pública o entidad de derecho público, siempre que no constituyan tasas o precios públicos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.4 de la citada Ley que establece la no afectación de los ingresos por tasas y precios públicos.

h) Los demás ingresos ordinarios y extraordinarios que la Agencia esté autorizada a recibir.

1. La Agencia está sometida a control financiero permanente, que será ejercido por la Intervención General de la Junta de Andalucía, en los términos del artículo 94.4 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás normas aplicables.

2. El control externo de la gestión económico-financiera de la Agencia será ejercido por la Cámara de Cuentas de Andalucía, sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional.

3. La Agencia estará sometida al control de eficacia que será ejercido por la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil, al objeto de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública a la Consejería competente en materia de hacienda.

1. La Agencia dictará los actos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y para su funcionamiento, que podrán adoptar la forma de:

a) Resoluciones de la Presidencia.

b) Resoluciones, instrucciones y circulares de los órganos de gobierno, de dirección y administración y de participación.

2. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos dictados por la Agencia sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

3. Los actos administrativos de la Agencia dictados por la persona titular de la Presidencia o por el Consejo Rector agotan la vía administrativa, pudiendo los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los dictó.

4. También agotan la vía administrativa:

a) Los actos administrativos dictados por órganos inferiores cuando lo sean por delegación de la Presidencia o del Consejo Rector.

b) Las resoluciones de la Dirección Gerencia en materia de personal y en los demás casos en los que así esté previsto legal o reglamentariamente.

5. Contra los restantes actos administrativos dictados por órganos de la Agencia y no previstos en los dos apartados anteriores, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia.

Conforme a lo establecido en el Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 116 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, son competentes para la revisión de oficio de los actos nulos y para la declaración de lesividad de actos anulables:

• La persona titular de la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil respecto de los actos dictados por los órganos de gobierno de la Agencia.

• Los órganos de gobierno de la Agencia respecto de los actos dictados por los órganos de ellos de pendientes.

El régimen de responsabilidad patrimonial de la Agencia y de las autoridades y el personal a su servicio es el establecido en los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, correspondiendo la resolución de estos procedimientos a la Presidencia, de acuerdo con estos Estatutos.

De acuerdo con el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Agencia, podrán ser encomendados a los Letrados y Letradas adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, mediante convenio a suscribir con la Consejería competente en materia de Presidencia.

1. La Agencia dispondrá del personal funcionario y del personal laboral integrado en la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía y en el catálogo de puestos de la Agencia necesario para su funcionamiento.

2. El personal de la Agencia se regirá por el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en lo que le resulte de aplicación, por la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía y restante normativa aplicable en materia de función pública, y por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el correspondiente convenio colectivo que les sea de aplicación y demás normas del ordenamiento jurídico laboral.

3. Todo el personal de la Agencia sea funcionario o laboral, estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de los datos, informes o antecedentes que conozcan en el desarrollo de sus funciones y su incumplimiento será sancionado conforme a la norma que en cada caso proceda.

4. La relación de puestos de trabajo y catálogo determinarán aquellos puestos que deben ser desempeñados por personal funcionario y personal laboral de la Junta de Andalucía. No obstante, aquellos puestos de trabajo que conlleven ejercicio de autoridad y funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades administrativas o en la salvaguarda de los intereses generales de la Administración, serán desempeñados por personal funcionario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 5/2023, de 7 de junio y en el artículo 74.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

1. La propuesta de relación de puestos de trabajo y la propuesta de catálogo, que deberán determinar la naturaleza, contenido y características de desempeño y retribución de cada uno de los puestos de trabajo, serán elaborados por la Dirección Gerencia, dentro del marco de actuación que, en materia de recursos humanos, se establezca en el contrato de gestión, previa negociación con las organizaciones sindicales representativas del personal.

2. La tramitación, aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo, que deberá ajustarse a procedimientos de simplificación administrativa, corresponderá a la Consejería competente en materia de función pública, a iniciativa de la Presidencia de la Agencia.

3. El catálogo de puestos de trabajo será aprobado por la Presidencia de la Agencia a propuesta del Consejo Rector.

4. El catálogo y relación de puestos de trabajo serán públicos y comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias de conformidad con lo establecido en el artículo 104.4 de la Ley 5/2023, de 7 de junio.

1. La selección del personal al servicio de la Agencia se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y el artículo 105 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, con plena sujeción a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, respetando la reserva en el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

2. Las necesidades de personal se determinarán de acuerdo con el contrato de gestión.

El plan de acción anual establecerá la previsión máxima de plantilla para cada ejercicio.

3. De conformidad con el artículo 74.2.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la selección del personal al servicio de la Agencia se realizará mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y teniendo en cuenta la reserva de plazas para personas con discapacidad establecida para la Administración General de la Junta de Andalucía y de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación. La Agencia seleccionará a su personal laboral no sujeto al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía a través de sus propios órganos de selección.

1. Los conceptos retributivos del personal funcionario serán los establecidos en la normativa de aplicación a la función pública de la Junta de Andalucía y sus cuantías se determinarán en el marco del correspondiente contrato de gestión, de conformidad con lo establecido en dicha normativa y en la correspondiente Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las condiciones retributivas del personal laboral son las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

3. La percepción de retribuciones variables destinadas a retribuir la evaluación positiva del desempeño se hará de conformidad con lo dispuesto en la normativa de función pública de la Junta de Andalucía. Las cuantías globales máximas a abonar por este concepto deberán estar previstas para cada anualidad en la correspondiente Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. El personal funcionario de la Agencia adecuará su jornada a las especiales exigencias de los servicios y funciones que se deriven de la aplicación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía y de los distintos planes que de él resulten. El baremo para la remuneración de disponibilidades y servicios especiales extraordinarios como consecuencia de su participación en emergencias será determinado mediante orden de la persona titular de la Consejería de la que dependa la Agencia, debiendo contar con informe previo y favorable de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, en los términos que legal y reglamentariamente corresponda.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, el personal directivo profesional de la Agencia se somete a la normativa sobre personal directivo profesional funcionario o laboral establecida en el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrá la consideración de personal directivo profesional el personal que sea titular de las siguientes áreas directivas:

• Secretaría General, adscrita a la Dirección Gerencia.

• Subdirección de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría General.

• Dirección Técnica de Impulso Normativo y Asesoramiento, adscrita a la Dirección Gerencia.

• Subdirección de Emergencias y Protección Civil, adscrita a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

• Subdirección de Gestión de Incendios Forestales, adscrita a la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, según lo establecido en la Ley del presupuesto de cada ejercicio.

4. Los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección que estén relacionadas con el ejercicio de potestades públicas serán desempeñados, en todo caso, por personal directivo que tenga la condición de funcionario de carrera.

Se evaluará el desempeño y la carrera profesional para:

a) La medición y valoración de la conducta profesional y del rendimiento o logro de resultados del personal a su servicio, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la Agencia y la calidad de los servicios públicos que presta.

b) La evaluación de la formación del personal empleado público, cuyos resultados sirvan de apoyo a la elaboración de un plan de formación que asegure objetivamente una actualización constante de conocimientos y capacidades y, en definitiva, la formación y el desarrollo de las personas y los equipos a las competencias requeridas para el desempeño de los trabajos y su proyección sobre la carrera profesional.

c) El desarrollo de la carrera profesional, entendida como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, vinculada al sistema indicado en la letra a).

La Agencia, en el marco de la normativa laboral vigente y conforme a los derechos, garantías y competencias que se les atribuyen a las representaciones sindicales de las trabajadoras y trabajadores, negociará con las mismas, las cuestiones que afectan a la organización del trabajo y a las condiciones laborales.

1. La gestión de la prevención de los riesgos laborales en la Agencia se someterá a lo que se establezca con carácter general para la Administración de la Junta de Andalucía con inclusión de los acuerdos que, en esta materia, se alcancen sobre derechos de representación y participación de las trabajadoras y trabajadores.

2. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia, en todo caso, deberá incluir el estudio de los riesgos asociados a la extinción de incendios forestales y la participación en otras emergencias.

1. Constituye el objeto de la presente Ley la regulación de la gestión de emergencias en Andalucía, entendida como conjunto de acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no catastróficas, que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos.

2. Para llevar a cabo dichas acciones, las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado que dé respuesta a una efectiva coordinación, dirección y control de las actuaciones necesarias, basado en la colaboración entre las mismas y, en su caso, con entidades de carácter privado y la ciudadanía en general.

Esta Ley será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de ámbito estatal para la regulación de aquellas situaciones de emergencia que sean expresamente declaradas de interés nacional.

Las Administraciones Públicas competentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley, desarrollarán su actividad a fin de propiciar:

a) La previsión de riesgos, orientada a una adecuada labor de planificación, mediante técnicas de identificación y análisis.

b) La reducción de riesgos, mediante una adecuada política de prevención, adopción de medidas correctoras, actividad de inspección y sanción.

c) La elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos.

d) Las medidas de intervención destinadas a paliar en lo posible las consecuencias de los eventos producidos.

e) Los programas de rehabilitación.

f) La formación de los ciudadanos que puedan resultar afectados por las situaciones de emergencia, la información a los mismos, así como la capacitación y reciclaje de los técnicos de protección civil y personal de los servicios intervinientes.

1. Las Administraciones Públicas deberán orientar su actividad a garantizar la efectiva protección de la vida e integridad física de las personas y los bienes.

2. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información relativa a los riesgos que puedan afectarles, las consecuencias de los mismos que sean previsibles y las medidas de autoprotección y conductas a seguir, en el marco de lo dispuesto en los planes de emergencia.

3. Los ciudadanos mayores de edad podrán participar en las labores de protección civil mediante su adscripción a Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, así como otras formas de colaboración que reglamentariamente se establezcan.

1. En situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, los ciudadanos mayores de edad y las personas jurídicas, públicas o privadas, tienen el deber de colaborar en las tareas de protección civil conforme a las instrucciones de las autoridades competentes, adoptadas en los términos establecidos en la normativa de aplicación y, específicamente, en los correspondientes planes de emergencia.

2. Los ciudadanos mayores de edad y las personas jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades que puedan generar situaciones de emergencia o que puedan verse afectados por éstas deben adoptar las medidas de autoprotección que les resulten aplicables, así como, en su caso, mantener los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las mismas.

Asimismo, deberán facilitar información a las autoridades competentes en las formas y con el contenido previsto en la normativa aplicable en cada caso y, con carácter general, acerca de aquellas circunstancias que puedan generar situaciones de riesgo.

Deberán someterse a las inspecciones precisas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

3. Los medios de comunicación social, de titularidad pública o privada, en el marco de un deber general de colaboración con las autoridades de protección civil en las situaciones de emergencia reguladas por esta Ley, deben transmitir la información, avisos e instrucciones para la población facilitados por aquéllas, de forma prioritaria y gratuita, e indicando la autoridad de procedencia.

4. Ante situaciones de emergencia reguladas en el artículo 30 de la presente Ley, así como para la realización de simulacros, la Administración Pública competente podrá requerir la colaboración de los ciudadanos, siempre de forma justificada y respetando el principio de proporcionalidad.

Previa activación del correspondiente plan de emergencia, la autoridad competente, prevista en el mismo, podrá adoptar las medidas de emergencia establecidas y derivadas de éste y, con carácter general:

a) Acordar la evacuación de personas desde las zonas de intervención y socorro.

b) Acordar la permanencia en domicilios y locales.

c) Establecer limitaciones de acceso a las zonas de operación.

d) Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de determinados bienes.

e) Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma y supuestos previstos en las Leyes.

f) Ordenar la omisión de acciones y, en su caso, la prestación de servicios obligatorios de carácter personal. Dicha prestación se realizará de forma proporcional a la situación creada y a las capacidades de cada cual, y no dará lugar, necesariamente, a indemnización.

Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas en materia de protección civil por parte de los sujetos públicos o privados conforme a lo establecido en la presente Ley abarcarán los siguientes aspectos:

a) Previsión.

b) Prevención.

c) Planificación.

d) Intervención.

e) Rehabilitación.

1. Por parte de las Administraciones Públicas competentes por razón del territorio, se procederá a la elaboración de mapas de riesgos, como expresión espacial de los distintos riesgos en cada ámbito geográfico objeto de planificación, elaborados a partir de los datos facilitados por las correspondientes personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, reservándose las Administraciones Públicas, en todo caso, los criterios de revisión de la información que consideren oportunos.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil impulsar el desarrollo y la difusión de los mapas de riesgos correspondientes al ámbito territorial de Andalucía, pudiendo requerir la aportación de cuantos datos resulten a tal fin necesarios, así como suscribir convenios y fórmulas de colaboración al respecto.

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito territorial de Andalucía y en el marco de sus competencias, promoverán actuaciones orientadas a la reducción de riesgos y a la prevención de catástrofes y calamidades públicas, con especial atención a la capacitación de los servicios operativos y a la formación y colaboración de la población para hacer frente a tales situaciones. Asimismo, velarán por el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, ejercitando en su caso las potestades de inspección y sanción.

2. Reglamentariamente se establecerá un catálogo de aquellas actividades que sean susceptibles de generar riesgo.

3. Los titulares de centros, establecimientos y dependencias que realicen actividades comprendidas en el catálogo previsto en el apartado anterior estarán obligados a la adopción de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

Los planes de emergencia constituyen el instrumento normativo mediante el que se establece el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación, ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Responden a la siguiente tipología:

a) Planes territoriales de emergencia.

b) Planes especiales y planes específicos.

c) Planes de emergencia interior o de autoprotección.

d) Planes sectoriales.

La realización de simulacros que impliquen la intervención de distintos servicios operativos requerirá, en todo caso, la previa aprobación del correspondiente Plan de Emergencia, serán ordenados por la autoridad prevista en el mismo, y se efectuarán conforme a las disposiciones en él contenidas.

1. Son planes territoriales de emergencia aquellos que se elaboran para hacer frente a las emergencias de carácter general que se puedan presentar en cada ámbito territorial.

2. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía se elabora para hacer frente a las emergencias generales que se puedan producir en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, siempre que no sean declaradas de interés nacional por los órganos correspondientes de la Administración General del Estado.

3. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, en su calidad de plan director, desarrollará las directrices y requerimientos que deben observarse para la elaboración, aprobación y homologación de los distintos planes de emergencia en Andalucía. En su calidad de plan de emergencia establece la respuesta de ámbito regional y el despliegue en los ámbitos territoriales provinciales ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

4. La aprobación del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. A efectos de homologación, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal.

5. Los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal se elaboran para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y serán aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Cuando el ámbito territorial de planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal, corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia al órgano colegiado competente de dicha entidad local. En todo caso, serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

1. Son planes especiales de emergencia aquellos elaborados para hacer frente a las emergencias producidas por riesgos para los que la normativa emanada de la Administración General del Estado establezcan su regulación a través de la correspondiente directriz básica de planificación relativa a cada tipo de riesgo.

2. Son planes específicos de emergencia aquellos elaborados para hacer frente a las emergencias generadas por riesgos de especial significación en Andalucía, cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica adecuada para ello, y así haya sido apreciada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante la aprobación de la correspondiente norma marco que, en todo caso, establecerá el contenido mínimo a que deberán adaptarse los correspondientes planes específicos de emergencia.

3. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía actúa como marco de integración, a cuyas disposiciones deben adaptarse los planes especiales y específicos de emergencia.

4. Los planes especiales de emergencia serán elaborados por la Consejería competente en materia de protección civil y, en su caso, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación por la Consejería competente por razón de la materia, y aprobados por el Consejo de Gobierno. A los efectos de homologación se estará a lo dispuesto en la normativa estatal.

5. Los planes específicos de emergencia serán aprobados por el órgano colegiado superior de la Administración Pública competente por razón del ámbito territorial afectado. Corresponde su homologación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía, atendiendo a los criterios establecidos en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y, en todo caso, al contenido mínimo establecido en las correspondientes normas marco a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

1. Los planes de emergencia interior o de autoprotección son aquellos que se elaboran por los titulares o responsables de centros e instalaciones que desarrollen actividades consideradas generadoras de riesgos incluidas en el catálogo previsto en el artículo 9.2, o susceptibles de resultar afectadas por situaciones de emergencia, atendiendo a los criterios establecidos en la normativa específica que les resulte de aplicación, así como a las disposiciones y criterios establecidos en la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo y en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

2. Los planes de emergencia interior o de autoprotección establecerán claramente los mecanismos de comunicación, coordinación e interfase con el plan territorial, especial o específico en el que se deban integrar en razón a su ámbito territorial y actividad.

3. Los titulares o responsables de centros e instalaciones que desarrollen actividades consideradas generadoras de riesgos o susceptibles de resultar afectadas por situaciones de emergencia deberán disponer de suficientes medios humanos y materiales para prevenir y hacer frente a las situaciones de emergencia que puedan producirse en el interior de las mismas.

La eventual adscripción de medios humanos y materiales de intervención de titularidad pública a los planes de emergencia o de autoprotección requerirá el acuerdo previo de la Administración Pública titular del servicio, oídos los medios humanos y profesionales del respectivo centro o instalación en la elaboración del plan de emergencia interior o de autoprotección.

4. Las autoridades de protección civil, competentes a tenor de lo dispuesto en la presente Ley, podrán ejercer facultades de inspección respecto de los centros e instalaciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo, al objeto de comprobar la veracidad de la información aportada y la efectiva adopción de las medidas previstas en el plan de emergencia interior o de autoprotección, así como en la normativa sectorial aplicable.

1. Tienen la consideración de planes sectoriales aplicables a situaciones de emergencia aquellos instrumentos de planificación general previstos para la ordenación de un sector determinado de actividad que contengan disposiciones con incidencia en la materia objeto de la presente Ley.

En aquellos aspectos relacionados con la actuación ante emergencias, atenderán a lo establecido en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que en cualquier caso tendrá prevalencia.

2. Serán aprobados por la autoridad competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, que versará sobre la adaptación del plan a lo dispuesto en la presente Ley, su normativa de desarrollo y, especialmente, en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

1. Ante una situación de grave riesgo o emergencia se procederá, en su caso, a la activación del correspondiente plan de emergencia por la Autoridad competente prevista en el mismo. Si la evolución de la emergencia aconsejara la activación de un plan de emergencia de ámbito superior, se procederá a ello conforme los procedimientos establecidos en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y en los respectivos planes. La desactivación se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el propio plan.

2. Aquellas emergencias que, no siendo declaradas de interés nacional, se consideren de especial gravedad por su magnitud o extensión podrán ser declaradas de interés general de Andalucía por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil.

3. El Consejo de Gobierno establecerá, en desarrollo de la presente Ley, el contenido y efectos de la declaración de emergencia de interés general de Andalucía, así como las medidas especiales susceptibles de aplicación en cada caso.

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas tendentes a la rehabilitación de los servicios esenciales cuando la carencia de estos servicios constituya por sí misma una situación de emergencia o perturbe el desarrollo de las operaciones, estableciendo los mecanismos precisos de coordinación interadministrativa.

A tal fin se podrá constituir una Comisión de Rehabilitación, que centralizará el seguimiento de las actuaciones de evaluación y rehabilitación. En aquellas emergencias declaradas de interés general de Andalucía la constitución de la Comisión de Rehabilitación tendrá carácter preceptivo.

2. La composición, atribuciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Rehabilitación se determinará en la normativa de desarrollo de la presente Ley, garantizándose la participación del conjunto de las Administraciones Públicas y representantes de los sectores afectados. Podrá requerirse asimismo el concurso de personal técnico y el asesoramiento adecuado a la situación de emergencia.

1. La actuación de las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ajustará a lo previsto en el presente capítulo, sin perjuicio de las disposiciones de la legislación estatal relativas a la configuración básica de un sistema nacional de protección civil, y la normativa de régimen local.

2. En el ejercicio de sus propias competencias, las Administraciones Públicas de Andalucía tienen el deber de colaborar en el desarrollo de actuaciones encaminadas a una adecuada gestión de las situaciones de emergencia. En las relaciones entre Administraciones, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que, de manera común y voluntaria, establezcan tales Administraciones Públicas.

Además de los mecanismos de coordinación previstos en la normativa de aplicación, en situación de activación de planes de emergencia serán el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía y los Centros de Coordinación Operativa Locales los instrumentos a través de los cuales se canalizará la coordinación entre los sujetos intervinientes.

3. Las Administraciones Públicas pueden solicitar a las demás cuanta información entiendan pueda afectar a materia de su competencia. En aquellas situaciones que pudieran trascender el ámbito de competencia de una Administración Pública, las actuaciones se desarrollarán a través de fórmulas de coordinación y colaboración, sin perjuicio de que, en situaciones de grave riesgo o emergencia, y con carácter provisional, se puedan realizar actuaciones que resulten imprescindibles para aminorar eventuales daños.

4. Las Administraciones Públicas de Andalucía deben prestarse colaboración y asistencia mutua en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello, o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente, en cuanto sea posible, a la Administración Pública solicitante.

Corresponde a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los siguientes artículos, dirigir, ordenar y coordinar la gestión de emergencias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, con participación de todas las Consejerías, en atención a las competencias y funciones que tengan atribuidas.

Corresponde al Consejo de Gobierno las competencias que le atribuyen esta y otras Leyes y en especial:

a) Aprobar el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales.

b) Fijar las directrices esenciales en materia de prevención, intervención y rehabilitación.

c) Acordar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.

d) Ejercer las facultades de sanción de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

e) Aquellas otras que le sean atribuidas por la legislación vigente.

Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de protección civil:

a) Coordinar la ejecución de la política de protección civil en la Comunidad Autónoma.

b) Dictar disposiciones de carácter general en el ámbito de sus competencias y ejecutar los Acuerdos que en materia de protección civil dicte el Consejo de Gobierno.

c) Requerir la información y participación de otros sujetos públicos y privados, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

d) Promover la elaboración del mapa de riesgos y catálogo de recursos movilizables, así como el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales y específicos de emergencia.

e) Establecer servicios propios de intervención y coordinación.

f) Potenciar la intervención de los servicios de emergencias actuales, así como propiciar su coordinación.

g) Ejercer las labores de dirección previstas en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, planes especiales y planes específicos.

h) Proponer al Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.

i) Presidir la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

j) Ejercer las facultades de inspección relativas al cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

k) Establecer cauces de cooperación con otras Administraciones Públicas y solicitar de éstas la concurrencia de medios disponibles, así como poner a su disposición los medios autonómicos, en caso de que sea necesario.

l) Ejercer las facultades de sanción de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

m) Aquellas otras que le atribuya la normativa vigente.

La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a los efectos de lo previsto en la presente, ejercitará las funciones y atribuciones que se le atribuyan en esta Ley, en los correspondientes planes de emergencia y en cualquier otra normativa en materia de incendios forestales.

Notas de vigencia (BOE):

Se modifica por el art. 3 del Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril. Ref. BOJA-b-2023-90144

1. Se crea el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil, como centro de comunicaciones y gestión, dirigido al desarrollo de actuaciones coordinadas ante emergencias; constituye un elemento fundamental en la gestión ante dichas situaciones, dando soporte a procedimientos de recepción, evaluación, activación, coordinación y dirección. En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencias.

b) Coordinación, en situaciones de emergencia, de los medios y recursos de la Administración de la Junta de Andalucía, y de éstos con los dependientes de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas.

c) Actuación como centro de coordinación operativo conforme lo establecido en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

d) Apoyo a los centros de coordinación operativa locales.

e) Aquellas otras que le atribuya la normativa vigente.

2. El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía prestará servicio permanente.

3. A través del correspondiente Decreto, se determinarán su organización y procedimientos de actuación.

4. En su infraestructura técnica y organización, estará vinculado al Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias, previsto en el capítulo III del presente título.

La Comisión de Protección Civil de Andalucía es el órgano colegiado de carácter deliberante y consultivo, de homologación, coordinación y participación de las Administraciones Públicas en materia de protección civil.

Integrada por representantes de todas las Administraciones Públicas, funciona en Pleno y en Comisión Permanente. Para el estudio de asuntos de su competencia, podrán crearse Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo. Su composición, organización y régimen de funcionamiento se regulará mediante reglamento.

Las entidades supramunicipales podrán crear y mantener servicios operativos propios de prevención e intervención, desarrollar y ejecutar las directrices en materia de protección civil emanadas de los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, así como ejercer aquellas funciones encomendadas por los municipios que integran su ámbito territorial, todo ello sin perjuicio de la normativa de Régimen Local.

1. Los municipios participan en las tareas de protección civil con capacidad general de planificación y actuación, correspondiéndoles:

a) Crear la estructura municipal de protección civil.

b) Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal.

c) Elaborar y mantener actualizado el catálogo de recursos movilizables correspondiente a su ámbito territorial.

d) Asegurar los procedimientos de interfase para la activación de planes de ámbito superior.

e) Crear, mantener y dirigir la estructura de coordinación operativa y, en su caso, el Centro de Coordinación Operativa Local y otros servicios operativos.

f) Promover la vinculación ciudadana a través del voluntariado.

g) Realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información.

h) Aquellas otras que les atribuya la legislación vigente.

2. El Alcalde-Presidente de la Corporación Local es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal, pudiendo asumir la dirección de las emergencias según las disposiciones del Plan de Emergencia Municipal en su caso, así como solicitar el concurso de medios y recursos de otras Administraciones Públicas y la activación de planes de ámbito superior.

3. Los municipios con población superior a veinte mil habitantes contarán con un servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, según la estructura que se determine reglamentariamente. Dicho servicio será prestado directamente por el Ayuntamiento o a través de una entidad local de carácter supramunicipal en la que podrá participar la Diputación Provincial.

4. Las Diputaciones Provinciales garantizarán por sí solas, o en colaboración con otras Administraciones públicas, la prestación del servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en aquellos municipios en los que de acuerdo con la legislación de régimen local no resulte obligatoria su prestación y carezcan de servicio propio.

1. Son servicios operativos aquellos llamados a intervenir ante situaciones de emergencia. A tal fin, actuarán bajo la supervisión de sus correspondientes departamentos y la superior dirección del plan de emergencia activado y las disposiciones de éste.

2. Los responsables de los servicios operativos deberán facilitar información a las autoridades de protección civil de la Comunidad Autónoma y entidades que integran la Administración Local, acerca de la disponibilidad de sus medios y recursos, procedimientos de movilización, actuaciones en emergencias y cuantos extremos sean necesarios para la confección, implantación, revisión y activación de planes de emergencia.

3. La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que integran la Administración Local podrán concertar cuantos acuerdos o convenios estimen convenientes con otras Administraciones Públicas y entidades para la movilización de servicios operativos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

1. La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que integran la Administración Local podrán articular cauces de colaboración voluntaria y altruista de los ciudadanos en las tareas de protección civil, estableciendo el procedimiento de integración de las personas interesadas, a fin de realizar tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación.

2. Mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a los poderes públicos de garantizar las prestaciones o servicios que ya han sido asumidos por las Administraciones Públicas.

1. Corresponde a las entidades locales la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en su ámbito territorial.

2. La Consejería competente en materia de protección civil regulará el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía y establecerá los requisitos para la creación e inscripción de éstas, así como determinará los criterios de homologación en materia de formación, equipamiento, distintivos y uniformidad.

3. En todo caso se garantizará el equipamiento, la formación y los sistemas adecuados de cobertura de aquellos riesgos derivados del desarrollo de sus funciones.

A los efectos de esta Ley, tienen la consideración de emergencias no catastróficas aquellas situaciones que, sin suponer grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, requieren para su gestión de actuaciones de carácter multisectorial y adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos.

Las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado radicadas en Andalucía, cuya actividad esté relacionada con la prevención, atención, socorro y seguridad de las personas y bienes, deben prestar su colaboración e información a los órganos competentes en la dirección y coordinación de emergencias de la Administración de la Junta de Andalucía y, en su caso, entidades que integran la Administración Local.

1. Se faculta a la Consejería competente en materia de protección civil para recabar información a las distintas Administraciones Públicas, y, en su caso, a los responsables de los servicios operativos, acerca de sus recursos disponibles y actuaciones relacionadas con las situaciones objeto de este capítulo. A tales efectos, el conjunto de las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, cuya actividad esté relacionada con actuaciones en emergencias, deberán prestar su colaboración a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía u otros órganos designados por la Consejería competente en materia de protección civil, en relación a:

a) Facilitar información sobre la localización, dotación de personal, medios técnicos y, en general, todos aquellos aspectos relacionados con la prestación de sus servicios en situaciones de urgencia o emergencia.

b) Comunicar la existencia de las situaciones de emergencia de las que tengan conocimiento, acerca de su origen, características, evolución y finalización.

2. La Consejería competente en materia de protección civil promoverá la celebración de convenios de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y entidades titulares de servicios operativos susceptibles de intervenir en las situaciones de emergencia previstas en este capítulo, al objeto de desarrollar programas conjuntos e impulsar la elaboración e implantación de protocolos de coordinación operativa.

1. Los protocolos de coordinación operativa establecen los procedimientos de notificación de situaciones de emergencia, la dirección de las operaciones, así como las medidas a adoptar y los criterios de movilización de medios y recursos.

2. La determinación de los procedimientos de elaboración y aprobación, así como la propuesta de los contenidos mínimos de los protocolos de coordinación operativa, corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil, en colaboración con las Administraciones y servicios interesados y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá, desde una perspectiva integradora, un sistema destinado a ofrecer a los ciudadanos y entidades públicas y privadas el acceso rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias.

2. Para ello se desarrollará, en el ámbito territorial de Andalucía, un sistema de coordinación integrada de las demandas de urgencias y emergencias realizadas por ciudadanos y entidades públicas y privadas que, a través del teléfono único europeo 112 u otro que la normativa europea pueda establecer, permita solicitar la asistencia de los servicios públicos en materia de asistencia sanitaria de urgencia, de extinción de incendio y salvamento, de seguridad ciudadana y protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública o entidad de la que dependan. En este sentido, el sistema no comprende la prestación material de la asistencia requerida.

3. El Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias será compatible, en su caso, con otros servicios existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la atención de llamadas de urgencia de los ciudadanos.

4. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de protección civil la ordenación y superior dirección del Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias.

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, aprobará las disposiciones en materia de organización y funcionamiento de este sistema.

2. El Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias se llevará a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía en el régimen de gestión directa que reglamentariamente se determine. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de protección civil la elaboración de las disposiciones de organización y funcionamiento del sistema.

3. El procedimiento de comunicación a los servicios operativos, así como el protocolo de coordinación, control y seguimiento de emergencias, deberá ser objeto de acuerdo entre la Consejería competente en materia de protección civil, las restantes Consejerías y las Administraciones Públicas o entidades titulares de dichos servicios operativos.

Son Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento aquellos prestados por las entidades locales por sí solas o asociadas, en su respectivo ámbito territorial, que tienen como finalidad el desarrollo de las funciones previstas en el artículo 38 de la presente Ley.

1. En relación con los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil:

a) Establecer las normas marco a las que habrán de ajustarse los reglamentos de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en Andalucía.

b) Promover la realización de estudios técnicos sobre riesgos en Andalucía, a cuyas previsiones deberán adaptarse las características y despliegue de los parques, sus medios y recursos.

c) Propiciar la homogeneización de los distintos servicios en cuanto a medios y recursos necesarios para la eficacia de su cometido.

d) Proponer los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de los integrantes de los mismos, según lo dispuesto en esta Ley y normativa de desarrollo, sin perjuicio del régimen general de los funcionarios públicos.

e) Coordinar la formación y capacitación del personal a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

f) Recabar y coordinar la actuación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento fuera de su correspondiente ámbito de competencia territorial. En todo caso serán de aplicación las disposiciones del artículo 18.4 de la presente Ley.

g) Instrumentar medidas de coordinación y asesoramiento a las entidades de quienes dependan los Servicios, en la medida en que así lo soliciten.

h) Promover fórmulas de colaboración interadministrativa para la prestación asociada de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

i) Elaborar el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía que garantice la eficacia y la mejor prestación de los mismos.

j) Crear la Unidad Canina de Rescate de Andalucía, adscrita a la Consejería competente en materia de protección civil, para la intervención en catástrofes tanto en Andalucía como en aquellos otros lugares donde pueda ser requerida. La Unidad Canina de Rescate de Andalucía podrá dotarse de los efectivos existentes en las Unidades Caninas de Rescate de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.

k) Homologar las Unidades Caninas de Rescate de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.

2. Para el desarrollo de las funciones descritas en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de protección civil establecerá los mecanismos de información y colaboración con las Administraciones Públicas afectadas, a través del Consejo Andaluz del Fuego.

1. Corresponde a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones:

a) Con carácter general, la planificación y ejecución de operaciones de prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y protección de bienes.

b) Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la inspección en materia de cumplimiento de la normativa de protección frente a riesgos de su competencia. En su caso, la elaboración de informes preceptivos con carácter previo a la obtención de licencias de explotación.

c) Adopción de medidas excepcionales de protección y con carácter provisional hasta que se produzca la oportuna decisión de la autoridad competente, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad.

d) Investigación e informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.

e) Estudio e investigación en materia de sistemas y técnicas de protección frente a incendios y salvamento.

f) Participación en la elaboración de los planes de emergencia, así como desarrollo de las actuaciones previstas en éstos.

g) Participación en campañas de formación e información a los ciudadanos.

h) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente.

2. Para el mejor desarrollo de las funciones previstas en los puntos a) a d) del apartado anterior, los funcionarios de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento estarán investidos del carácter de agentes de la autoridad.

1. El personal funcionario de carrera de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía se estructura en las siguientes escalas, grupos, subgrupos y categorías:

a) Escala superior, Grupo A. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes categorías:

1.º Intendente. Subgrupo A1.

2.º Oficial. Subgrupo A2.

b) Escala ejecutiva, Grupo B. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes categorías:

1.º Inspector o inspectora.

2.º Subinspector o subinspectora.

c) Escala operativa, Grupo C. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes categorías:

1.º Jefe o jefa de dotación. Subgrupo C1.

2.º Bombero o bombera. Subgrupo C1.

2. No se podrá crear una plaza de una categoría superior sin que existan plazas en todas las categorías inferiores.

3. Corresponde a cada Administración pública titular del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento determinar la plantilla de personal necesaria para su adecuado funcionamiento, así como la relación de puestos de trabajo, con indicación de su forma de provisión, jornada y régimen de retribuciones, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.

Notas de vigencia (BOE):

Se modifica por el art. único.1 de la Ley 2/2023, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-2023-8464 (BOE-A-2023-8464)

1. Corresponderán al personal de cada escala, con carácter general, las siguientes funciones:

a) Escala superior. Ejercer las funciones establecidas en el artículo 38 que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso, especialmente respecto de actuaciones de planificación, organización y desarrollo del servicio y planificación de emergencias en general, dirección, coordinación, inspección del servicio y jefatura del personal a su cargo, así como de administración general y gestión vinculadas al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

b) Escala ejecutiva. Ejercer las funciones establecidas en el artículo 38 que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso, especialmente respecto de actuaciones de programación de las tareas que corresponde planificar a la escala superior y jefatura del personal a su cargo, administrativas y de apoyo técnico vinculadas al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

c) Escala operativa. Ejercer las funciones establecidas en el artículo 38 que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso, especialmente respecto de actuaciones de prevención y operativas relacionadas con incendios y otros siniestros, tareas de apoyo logístico y administrativo, elaboración de informes sobre el cumplimiento de la normativa sobre prevención y extinción de incendios y, en su caso, la jefatura del personal a su cargo.

2. Sin perjuicio de las demás funciones que se les atribuyan con arreglo a las disposiciones en vigor, corresponderán al personal de cada categoría profesional, con carácter general, las siguientes:

a) Intendente. Las correspondientes a la escala superior y, en particular, las referidas a la superior planificación, organización y desarrollo del servicio y planificación de emergencias en general, dirección, coordinación, inspección de las unidades adscritas al servicio y jefatura del personal a su cargo, así como de administración general vinculadas al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

b) Oficial. Las correspondientes a la escala superior y, en particular, el apoyo a la categoría de intendente para la planificación, organización y desarrollo del servicio y planificación de emergencias en general, coordinación, inspección de las unidades adscritas al servicio y jefatura del personal a su cargo, así como de gestión vinculadas al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

c) Inspector o inspectora. Las correspondientes a la escala ejecutiva y, en particular, actuaciones de preparación, coordinación, mando, inspección de las unidades adscritas al servicio y jefatura del personal a su cargo, administrativas y de apoyo técnico vinculadas al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, atendiendo a las instrucciones del personal de la escala superior.

d) Subinspector o subinspectora. Las correspondientes a la escala ejecutiva y, en particular, la ejecución de las operaciones de prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, las administrativas y de apoyo técnico a la categoría de inspector o inspectora, y jefatura del personal a su cargo, atendiendo a las instrucciones del personal inspector, oficial o intendente.

e) Jefe o jefa de dotación. Actuaciones de prevención y operativas relacionadas con incendios y otros siniestros, tareas de apoyo logístico, administrativo y elaboración de informes sobre el cumplimiento de la normativa sobre prevención y extinción de incendios y, en su caso, la jefatura de los bomberos o bomberas a su cargo.

f) Bombero o bombera. Las correspondientes a la escala operativa y, en particular, actuaciones de prevención y operativas relacionadas con incendios y otros siniestros, tareas de apoyo logístico, administrativo y elaboración de informes sobre el cumplimiento de la normativa sobre prevención y extinción de incendios.

3. Cuando no existan todas las escalas y/o categorías profesionales, las funciones indicadas serán ejercidas por las existentes, siempre que reúnan las adecuadas condiciones de titulación y preparación para el desempeño de tales funciones, debiendo figurar su distribución en el correspondiente reglamento interno.

4. La Administración pública titular del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento podrá establecer puestos de bomberos con capacidades especificas sanitarias, cuyas funciones se podrán desarrollar reglamentariamente.

Notas de vigencia:

Se añade por el art. único.2 de la Ley 2/2023, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-2023-8464 (BOE-A-2023-8464)

Texto añadido, publicado el 21/03/2023, en vigor a partir del 10/04/2023.

1. Las convocatorias de ingreso regularán las condiciones específicas para el mismo, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Asimismo resultarán de aplicación las disposiciones vigentes en materia de función pública.

2. Los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento serán el turno libre, la promoción interna y la movilidad. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de acceso a las distintas categorías.

3. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, previa superación de las pruebas previstas en la correspondiente convocatoria, será requisito indispensable la realización con aprovechamiento de un curso de formación específico impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública, cuyo contenido se determinará reglamentariamente.

4. Las entidades locales y los consorcios prestadores de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, mediante acuerdo del órgano competente y la firma de un convenio de colaboración, podrán atribuir a la Consejería con competencias sobre los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento la convocatoria y la realización de proceso selectivos. En dicho caso, la Consejería establecerá convocatoria unificada, en los términos que reglamentariamente se determinen y de acuerdo con las previsiones de los convenios suscritos.

Notas de vigencia (BOE):

Se añade el apartado 4 por el art. único.3 de la Ley 2/2023, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-2023-8464 (BOE-A-2023-8464)

La Junta de Andalucía, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, planificará, homologará e impartirá cursos de formación, para el acceso y la promoción de la carrera profesional de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, tendentes a la cualificación y la excelencia.

La Junta de Andalucía promoverá una oferta pública del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, como título habilitante para el acceso a la escala ejecutiva, según se determine en el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

Notas de vigencia (BOE):

Se modifica por el art. único.4 de la Ley 2/2023, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-2023-8464 (BOE-A-2023-8464)

1. Las Administraciones Públicas competentes, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, establecerán la situación especial de segunda actividad, conforme a las necesidades y estructura de cada servicio.

2. El pase a la situación de segunda actividad vendrá determinado por el cumplimiento de la edad de sesenta años para la Escala Directiva, de cincuenta y siete para Escala Ejecutiva y de cincuenta y cinco para la Escala Básica, por embarazo, o por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de funciones operativas.

3. La segunda actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de embarazo, o por pérdida de aptitudes psicofísicas y las causas que las motivaron hayan desaparecido.

4. La Administración titular del servicio podrá limitar motivadamente, por cada año natural y categoría, el número de funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda actividad, priorizando a los que accedan por disminución de aptitudes psicofísicas y prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes, en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo fijado. Asimismo se podrá aplazar el pase a la situación de segunda actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa del interesado y siempre que medie informe favorable del correspondiente tribunal médico.

5. La Autoridad a quien corresponda la superior dirección del servicio podrá requerir a los funcionarios en situación de segunda actividad para el cumplimiento de funciones operativas en concretas actuaciones contra incendios y de salvamento.

1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría que se ostente y determinado por la Administración titular del servicio, con carácter preferente en el área de prevención y extinción de incendios y salvamento, y si ello no fuese posible en otro servicio de la Administración titular.

2. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a idénticos regímenes disciplinarios y de incompatibilidades que en servicio activo, salvo que desempeñen puestos en un servicio distinto al de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, en cuyo caso estarán sometidos al régimen general disciplinario de los funcionarios.

3. En la situación de segunda actividad no se podrá participar en procedimientos de promoción o movilidad en los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

4. Las particularidades del régimen retributivo de los funcionarios en situación de segunda actividad se desarrollarán reglamentariamente.

1. Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la limitación de edad establecida en esta Ley, aquellos funcionarios de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desempeño de las funciones operativas ante siniestros, conforme a dictamen de tribunal médico, y sin que dicha disminución constituya causa de incapacidad permanente. El procedimiento para el acceso a la situación de segunda actividad podrá iniciarse de oficio por los responsables del servicio o a solicitud del interesado.

2. La evaluación de la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas deberá ser dictaminada por los servicios médicos de la Administración titular y, en caso de no existir, por los facultativos que ésta designe. A petición del interesado podrá constituirse un tribunal médico compuesto por facultativos del sistema sanitario público de Andalucía. Los dictámenes médicos emitidos se elevarán al órgano municipal competente para que adopte la pertinente resolución.

3. Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, el reingreso en el servicio activo, en el caso de que hayan desaparecido las causas que motivaron la disminución de aptitudes físicas o psíquicas, previo dictamen del tribunal médico correspondiente.

1. A los integrantes de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento les resultará de aplicación el régimen disciplinario general de los funcionarios públicos según su ámbito de dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.

2. Además de las previstas en la normativa sobre función pública, tienen la consideración de falta muy grave las conductas consistentes en:

a) El maltrato grave a la ciudadanía, de palabra u obra, y la comisión de cualquier tipo de abuso en el ejercicio de sus atribuciones.

b) La realización de conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen graves daños a la Administración Pública o a los administrados.

c) Insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades o mandos de que dependan, así como la desobediencia a las legítimas instrucciones por ellos formuladas.

d) No acudir a las llamadas ante siniestros estando de servicio.

e) El embriagarse y consumir drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas cuando repercuta o pueda repercutir en el servicio, así como negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.

f) Sustracción o alteración de documentos o material del servicio bajo custodia.

3. Tienen la consideración de falta grave, además de las establecidas con carácter general para los funcionarios públicos, las siguientes conductas:

a) Incumplimiento de las obligaciones de dar cuenta a las autoridades y mandos de quienes dependan de cualquier asunto que requiera su conocimiento.

b) El consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas estando de servicio, así como el negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.

4. Sin perjuicio de las establecidas en las disposiciones vigentes en materia de régimen disciplinario de los funcionarios públicos, constituye falta leve:

a) El descuido injustificado en la presentación personal.

b) El no llevar el debido uniforme, sin causa justificada, durante el desempeño del servicio.

c) El incumplimiento de cualquiera de las funciones básicas, cuando no sea calificado como falta grave o muy grave.

5. En aquellos aspectos no previstos en la presente Ley, para la especificación, graduación y aplicación de las correspondientes infracciones y sanciones resultarán de aplicación las disposiciones reguladoras del régimen disciplinario general de los funcionarios públicos, así como, en su caso, las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente Ley. Para la graduación de las sanciones se atenderá en todo caso a los siguientes criterios:

a) Intencionalidad.

b) Perturbación que la conducta pueda producir en el normal funcionamiento del servicio.

c) Daños y perjuicios o falta de consideración que puedan suponer para los subordinados y ciudadanos.

d) Reincidencia.

e) Trascendencia de la conducta infractora para la seguridad pública, incrementando el riesgo o los efectos de la situación de emergencia.

1. Son bomberos voluntarios aquellas personas que, previa superación del correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, prestan su colaboración de forma voluntaria y altruista con dependencia de alguno de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha colaboración se prestará siempre bajo la dirección y supervisión de personal profesional.

2. En ningún caso disfrutarán de los derechos de los funcionarios públicos o del personal laboral. Les será suministrado el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, gozando de la cobertura de un seguro de accidentes y responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones, así como de una defensa jurídica adecuada en aquellos procedimientos que pudieran plantearse como consecuencia de actuaciones derivadas del servicio. En todo caso les resulta de aplicación las disposiciones del artículo 28 de la presente Ley, su normativa de desarrollo y, en su caso, el reglamento operativo aprobado por la Administración Pública de quien dependan y homologado por el Consejo Andaluz del Fuego.

1. Se crea el Consejo Andaluz del Fuego, como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil, con carácter consultivo y de participación en desarrollo de la materia objeto del título III de la presente Ley.

2. El Consejo Andaluz del Fuego, integrado por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, de las entidades que integran la Administración Local y de los sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrá la composición, estructura y régimen de funcionamiento que se determina en la presente Ley y en el Reglamento de desarrollo previsto en la disposición adicional única.

3. Son funciones del Consejo Andaluz del Fuego, las siguientes:

a) Emitir informe, con carácter preceptivo, en los supuestos previstos en el artículo 37.2 de la presente Ley.

b) Proponer criterios de coordinación, cooperación y asistencia entre los distintos Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.

c) Proponer modificación de la normativa o adopción de medidas encaminadas a la prevención de riesgos.

d) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente.

4. El Consejo Andaluz del Fuego, presidido por el titular de la Consejería competente en materia de protección civil, podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente.

1. Son agentes de emergencia de empresa aquellos trabajadores que, previa superación del correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, tienen asignadas funciones de prevención y extinción de incendios y salvamento en el ámbito de su centro de trabajo.

2. En caso de activación del correspondiente plan de emergencia exterior, su actuación vendrá determinada por las disposiciones del mismo, bajo la dirección y coordinación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento interviniente en la emergencia.

Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa en materia de gestión de emergencias las personas físicas y jurídicas responsables de los mismos, aun a título de simple inobservancia, y conforme la tipificación, procedimiento, garantías y criterios establecidos en el presente título y, en su defecto, en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. Tienen la consideración de infracciones muy graves en materia de gestión de emergencias las conductas consistentes en:

a) Actuaciones en las que medie dolo o imprudencia temeraria que, producidas en situación de emergencia, originen graves daños a las personas o bienes, o que ocasionen prestación de servicios públicos.

b) No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los planes de emergencia activados cuando ello origine graves daños a las personas o a los bienes.

c) Impedir u obstaculizar gravemente la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el artículo 6 de la presente Ley.

d) Incumplir, los medios de comunicación social, las obligaciones previstas en el apartado tercero del artículo 5 de la presente Ley.

e) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de naturaleza grave, declarada por resolución firme.

2. Constituyen infracción grave en materia de gestión de emergencias las conductas consistentes en:

a) No comunicar a las autoridades de protección civil las previsiones o incidentes que puedan dar lugar a activación de planes de emergencia, así como no comunicar la activación de planes de emergencia interior o de autoprotección.

b) Denegar información a las autoridades de protección civil sobre los extremos previstos en la normativa de aplicación, así como impedir u obstaculizar las inspecciones llevadas a cabo por éstas.

c) Realizar actuaciones dolosas o imprudentes que, sin ser constitutivas de falta muy grave, ocasionen daños a las personas o los bienes, o prestación de servicios públicos.

d) Incumplir, en situaciones de activación de planes de emergencia, las obligaciones derivadas del mismo, así como de las instrucciones dictadas por la autoridad competente, siempre que no constituyan falta muy grave.

e) Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas por la autoridad competente en situaciones de activación de planes de emergencia.

f) No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial superior la activación de un plan de emergencia.

g) Obstaculizar la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el artículo 6 de la presente Ley.

h) No adoptar los instrumentos de planificación preceptivos en materia de emergencia interior o autoprotección; no respetar el contenido mínimo establecido o, en su caso, el procedimiento previsto para su homologación. Asimismo, no efectuar la revisión de los planes de emergencia interior o de autoprotección en el plazo previsto.

i) Las infracciones leves cometidas durante la activación de planes de emergencia, así como la comisión en el término de un año de más de una infracción de naturaleza leve, declarada por resolución firme.

3. Son infracciones leves en materia de gestión de emergencias las siguientes conductas:

a) No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas e instrucciones emanadas de la autoridad competente en la realización de simulacros.

b) Incumplir las restantes obligaciones contempladas en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen que no revistan carácter de graves o muy graves.

1. La facultad de imponer las sanciones previstas en la presente Ley corresponde a los municipios y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme al ámbito competencial sobre el que incida la infracción y estará sujeta a los siguientes límites:

a) Por infracciones muy graves, multa desde 150.000,01 hasta 600.000 euros.

b) Por infracciones graves, multa desde 6.000,01 hasta 150.000 euros.

c) Por infracciones leves, multa desde 0,01 hasta 6.000 euros.

2. La imposición de sanciones corresponde a la autoridad competente por razón de la materia, previa incoación de expediente con audiencia al interesado:

a) Al Alcalde-Presidente de la Corporación Local, hasta un límite de 12.000 euros en caso de municipios con población menor de 20.000 habitantes y 60.000 euros en caso de población superior.

b) Al titular de la Delegación de la Consejería competente por razón de la materia, hasta 60.000 euros.

c) Al titular de la Consejería competente por razón de la materia, hasta un límite de 150.000 euros.

d) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta un límite de 600.000 euros.

3. Las sanciones establecidas en ningún caso podrán resultar más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, incrementándose la cuantía de la sanción a imponer en el importe correspondiente al valor de restitución de la situación previa al hecho que ocasionó la iniciación del procedimiento sancionador, sin que para ello se tengan en cuenta los límites al ejercicio de la potestad sancionadora a que se alude en el apartado anterior.

4. En el caso de producirse conductas constitutivas de infracción muy grave, que a su vez hayan causado un riesgo especial o alarma social, el titular de la Consejería competente en materia de protección civil, bien a instancia propia o del Alcalde o Presidente de la Corporación Local en cuyo municipio radique la actividad, podrá, independientemente de la correspondiente sanción económica, ordenar el cierre de la instalación o suspensión de las actividades durante el período máximo en que persista la situación de riesgo y en tanto no se adopten las medidas correctoras precisas.

5. La graduación de las sanciones se realizará atendiendo a criterios de culpabilidad, responsabilidad, trascendencia de las infracciones para la seguridad de las personas y bienes incrementando la situación de grave riesgo o las consecuencias de la catástrofe, y, en su caso, si se han producido durante la situación de activación de un plan de emergencia, conforme a la naturaleza de las conductas y límites previstos en la presente Ley.

1. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes, podrá acordarse cautelarmente, tanto en el acuerdo de iniciación del procedimiento como durante su instrucción, la clausura inmediata del establecimiento o precintado de sus instalaciones o suspensión de la actividad.

2. La autoridad competente para incoar el procedimiento lo será también para adoptar la medida cautelar mediante resolución motivada.

Las actuaciones realizadas en desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ley se financiarán mediante:

a) Las dotaciones previstas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y en los de las entidades que integran la Administración Local.

b) Las correspondientes tasas y contribuciones especiales previstas en las Leyes.

c) Cualesquiera otros recursos previstos en Derecho.