Tema 24: Los Servicios Sociales de Castilla y León (Ley 16/2010)

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, tiene por objeto: a) Promover y garantizar en la Comunidad el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema de servicios sociales de carácter universal y hacer efectivo el derecho subjetivo a las prestaciones esenciales del sistema de responsabilidad pública, en las condiciones y términos previstos para cada una. b) Ordenar y regular el sistema de servicios sociales de Castilla y León, estableciendo el marco normativo al que han de ajustarse las actuaciones públicas y la iniciativa privada en la materia. c) Establecer la coordinación necesaria para garantizar una atención integrada en colaboración con los demás servicios y sistemas para el bienestar social, en especial el sanitario. d) Garantizar que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad, conforme a los requisitos y estándares de atención que se determinen, asegurando condiciones de vida dignas y adecuadas a todas las personas. El acceso a las prestaciones esenciales se configura como un derecho subjetivo garantizado y exigible en vía administrativa y jurisdiccional (art. 2).

El sistema de servicios sociales tiene como finalidad proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, para promover la autonomía y el bienestar de las personas y asegurar su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida. Los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, la integración y la igualdad de oportunidades, mediante la detección de necesidades personales básicas y sociales, la prevención de situaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión, y la compensación de los déficits de apoyo social. Las actuaciones de los poderes públicos perseguirán crear condiciones que favorezcan la igualdad efectiva, asegurar una distribución equitativa de los recursos sociales, fomentar la intervención comunitaria, la convivencia y la cohesión social, y promover la participación, el asociacionismo y la acción voluntaria y solidaria. Se entienden por necesidades personales básicas las requeridas para la subsistencia que repercuten en la autonomía o calidad de vida, y por necesidades sociales las requeridas para las relaciones familiares, interpersonales y de grupo y la integración en la comunidad.

El sistema de servicios sociales de responsabilidad pública se rige por los siguientes principios rectores, que orientan la interpretación de la ley: a) Universalidad: garantía de acceso a todas las personas en condiciones de igualdad, equidad y justicia distributiva, sin excluir requisitos o una contraprestación económica que asegure la corresponsabilidad. b) Igualdad efectiva: acceso y utilización sin discriminación, compatible con la discriminación positiva para superar desventajas iniciales. c) Responsabilidad pública: los poderes públicos garantizan la disponibilidad de los servicios y la provisión de recursos humanos, técnicos y financieros, planificación, ejecución y control. d) Solidaridad, basada en la justicia social. e) Prevención: actuación preferente sobre las causas de los problemas sociales, con enfoque comunitario. f) Atención personalizada, con valoración de conjunto, planificación de caso y continuidad. g) Atención integral, con respuesta interdisciplinar a las necesidades personales, familiares y sociales. La ley enumera además los principios de autonomía personal, respeto a los derechos, proximidad, participación, coordinación, fomento de la iniciativa social, calidad y sostenibilidad.

Son personas destinatarias del sistema, en lo referido a las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, sin perjuicio de la legislación básica estatal: a) Los ciudadanos de Castilla y León. b) Los extranjeros con vecindad administrativa en la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la Constitución y de la legislación estatal aplicable. c) Las personas transeúntes en situación de urgencia personal e indigencia, familiar o social en la Comunidad, que podrán acceder a las prestaciones que tengan por objeto la cobertura de las necesidades personales básicas, en los términos establecidos en la legislación aplicable. El acceso a las prestaciones esenciales, cuando se cumplan los requisitos generales y específicos, se configura como derecho subjetivo garantizado y exigible (art. 2). Los beneficiarios tienen reconocidos derechos específicos (art. 11): información inicial suficiente, atención sin discriminación, valoración y diagnóstico técnicos, plan individual de atención social, profesional de referencia y consentimiento informado en la toma de decisiones.

Las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública son las actuaciones, intervenciones, medidas, ayudas y demás medios de atención que se ofrecen a las personas (art. 13). Pueden ser de tres clases: 1) Prestaciones de servicio: las realizadas por profesionales orientadas al diagnóstico, prevención, atención, inserción y promoción de la autonomía de las personas, unidades de convivencia y grupos, en función de sus necesidades sociales. 2) Prestaciones económicas: aportaciones dinerarias provistas por la Administración de la Comunidad o por las entidades locales competentes, orientadas a la integración social, la atención a situaciones de urgencia, la promoción de la autonomía y la atención a personas dependientes. 3) Prestaciones materiales: conjunto de recursos no económicos que se conceden específicamente o como complemento de las prestaciones de servicio (asistencia tecnológica, ayudas instrumentales, adaptaciones del medio físico para mejorar la accesibilidad y la autonomía). Las prestaciones pueden combinarse entre sí. Se calificarán como esenciales y no esenciales (art. 13.2).

El catálogo de servicios sociales de Castilla y León es el instrumento mediante el que se determinan, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Incluirá, al menos, la definición y clasificación de todas las prestaciones, el contenido e intensidad mínima de cada una, la población destinataria, los requisitos y condiciones para su acceso y disfrute, su titularidad, la aportación de la persona usuaria y la forma de financiación, el régimen de compatibilidad, y la indicación de las prestaciones que debe dispensar la Administración y las que ha de hacerlo de manera exclusiva. La Administración de la Comunidad gestiona directamente las actuaciones de importancia estratégica, las prestaciones económicas de su competencia, el reconocimiento de la dependencia, la declaración del grado de discapacidad y la verificación de situaciones de desprotección de menores. El catálogo identificará las prestaciones calificadas como esenciales, garantizadas como derecho subjetivo. Será aprobado por la Junta de Castilla y León (art. 17). Las entidades locales podrán aprobar sus propios catálogos complementarios (art. 18).

Las prestaciones esenciales (art. 19), cuyo reconocimiento tiene carácter de derecho subjetivo, son obligatorias en su provisión y están públicamente garantizadas, con independencia del nivel de necesidades o el índice de demanda. Tienen esa condición, entre otras: las de información, orientación y asesoramiento; las de valoración, planificación de caso y seguimiento; la renta garantizada de ciudadanía; las ayudas para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social; las medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo; la atención temprana; la teleasistencia; la ayuda a domicilio; la atención en centro de día y de noche; la atención residencial; la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; la asistencia personal; y los servicios de prevención y de promoción de la autonomía personal. Las prestaciones no esenciales (art. 20) no tienen naturaleza de derecho subjetivo: son todas las no incluidas en el artículo anterior ni calificadas como esenciales en los catálogos, y su acceso está sujeto a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación y concurrencia que se establezca.

Los servicios sociales se organizan territorialmente adscribiendo prestaciones y recursos a un ámbito territorial, en correspondencia con una organización funcional en red y por niveles, conforme al Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León (arts. 23 y 28). El sistema se organiza territorialmente en niveles (art. 24): primer nivel, las Zonas de Acción Social; segundo nivel, las Áreas de Acción Social; y las divisiones territoriales que se justifiquen por necesidades específicas. La Zona de Acción Social (art. 25) es la unidad básica de articulación territorial y la unidad de referencia general para la detección de necesidades, la asignación de recursos y la planificación; en el medio urbano se corresponde con un módulo de población de 20.000 habitantes, y en el medio rural con una o varias unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. El Área de Acción Social (art. 26) es la unidad territorial de referencia de segundo nivel: agrupa Zonas de Acción Social del ámbito de cada entidad local competente, con un mínimo de tres y un máximo de cinco Zonas por Área.

El sistema se articula funcionalmente en una red de atención ordenada en niveles (arts. 29 y 30): primer nivel, los Equipos de Acción Social Básica, de carácter multidisciplinar, que desarrollan su actividad en los Centros de Acción Social (CEAS); segundo nivel, los Equipos Multidisciplinares Específicos; y otras estructuras organizativas funcionales. El Equipo de Acción Social Básica (art. 31) es la unidad básica de articulación funcional, adscrito al CEAS, cuyo ámbito territorial se corresponde con la Zona de Acción Social; en cada Zona, y dependiente de la entidad local, existirá un CEAS. Sus funciones incluyen información, orientación, asesoramiento y derivación de casos, acciones preventivas, detección y diagnóstico, valoración de necesidades y elaboración del plan de atención social, seguimiento de casos y promoción de la convivencia, la participación y el voluntariado. El acceso unificado al sistema se efectúa a través de los CEAS (art. 36): la información, el asesoramiento y la orientación profesional iniciales en materia de servicios sociales se prestan en los CEAS mediante procedimientos e instrumentos unificados. Los Equipos Multidisciplinares Específicos (art. 32) atienden necesidades específicas en cada Área de Acción Social.

Son competentes en materia de servicios sociales la Comunidad de Castilla y León, los Municipios con población superior a 20.000 habitantes y las Provincias (Diputaciones), conforme a la distribución de la responsabilidad pública (art. 45). A las entidades locales competentes les corresponde, en su ámbito territorial (art. 48): a) la planificación de los servicios sociales en el marco de la planificación autonómica; b) la aprobación de sus catálogos de servicios sociales; c) la colaboración en la elaboración del catálogo y del mapa autonómicos; d) la propuesta para determinar las zonas y áreas de acción social; e) la organización, mantenimiento, dirección y gestión directa de los Equipos de Acción Social Básica y de los CEAS; f) la gestión de las estructuras organizativas funcionales que les correspondan; g) la gestión de programas, servicios y recursos sobre prestaciones de su titularidad, en particular ayudas básicas de emergencia o urgencia social, alojamiento de urgencia, información, orientación, valoración y seguimiento, intervención familiar con menores en riesgo o desamparo, y ayuda a domicilio; h) la inspección y sanción en sus propios centros; e i) la colaboración con la Administración autonómica y la promoción de la iniciativa privada sin ánimo de lucro a nivel local.