Tema 22: Redes de Comunicaciones e Internet

GIRO - Gestión Integral de Recursos Organizativos

ARIES - Registro de Entrada y Salida

SiRHUS - Sistema de Recursos Humanos

W@nda - Tramitación de expedientes

Notific@ JA - Envío de notificaciones

1. Este decreto tiene por objeto establecer los principios generales y adoptar medidas

de simplificación administrativa y racionalización organizativa, así como el uso de los

medios electrónicos por la Administración de la Junta de Andalucía y por las entidades

citadas en el artículo 2.

2. Las finalidades de este decreto son:

a) Mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa.

b) Garantizar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración

de la Junta de Andalucía, entidades instrumentales y consorcios en los términos del

artículo 2.

c) Preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y eficacia

en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas.

3. A los efectos de este decreto se entiende por ciudadanía todos aquellos a quienes

se reconozca capacidad de obrar conforme al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

los mismos en los preceptos de este decreto y, en todo caso, cuando ejerzan potestades

administrativas.

Este decreto no es de aplicación a las entidades incluidas en los apartados a), b), c) y

d) en sus relaciones de derecho privado.

2. Este decreto es de aplicación a las entidades instrumentales privadas de la

Administración de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere a los portales de Internet a

que se refieren los artículos 15 y 16 y los Registros Electrónicos previstos en los artículos

47 y 48.

Cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos las funciones de

impulso, implantación, coordinación, seguimiento y evaluación de las determinaciones

contenidas en este decreto en el ámbito de la Consejería correspondiente, de sus

entidades instrumentales y consorcios adscritos, en el marco de la planificación y

coordinación general que establezcan las Consejerías competentes en materia de

administración pública y transformación digital.

b) Informar las iniciativas en materia de simplificación, modernización y racionalización

administrativa, agilización de procedimientos, reducción de cargas y métodos de trabajo

y transformación digital que se sometan a su consideración por las Consejerías que las

impulsen.

c) Informar los planes estratégicos de consolidación de infraestructuras informáticas y

de implantación de un modelo centralizado de dichas infraestructuras.

d) Realizar propuestas en las materias de su competencia.

e) Acordar las propuestas de racionalización de órganos que plantee el órgano

directivo responsable de la coordinación y seguimiento del Registro Electrónico de

Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía.

f) Informar, y en su caso proponer, el desarrollo no programado de proyectos de

simplificación y transformación digital concretos cuando la urgencia de la situación así lo

aconseje.

g) Coordinar la relación con la ciudadanía en la Administración de la Junta de

Andalucía.

h) Impulsar e implantar actuaciones de utilización de medios electrónicos a la gestión

administrativa en el marco de la transformación digital de la Junta de Andalucía.

i) Acordar el desarrollo de medidas de ejecución e impulso en materia de protección

de datos.

j) Promover actuaciones de formación del personal empleado público y de difusión y

sensibilización entre la ciudadanía.

k) Aquellas otras que puedan serle encomendadas por otras disposiciones.

3. La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa

estará adscrita a la Secretaría General con competencias en materia de administración

pública y tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: La persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia

de administración pública.

b) Vicepresidencia primera: la persona titular de la Secretaria General con

competencias en materia de administración pública.

c) Vicepresidencia segunda: la persona titular del órgano directivo central con

competencias en materia de transformación digital.

d) Vocalías, integradas por las siguientes personas:

1.º La titular del órgano directivo central con competencias en materia de

telecomunicaciones y seguridad TIC.

2.º La titular de la jefatura de la Inspección General de Servicios.

3.º Las titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías.

4. En el caso de ausencia, vacante o enfermedad la Presidencia será sustituida por

la Vicepresidencia primera, y en el caso de ausencia, vacante o enfermedad de ésta será

sustituida por la Vicepresidencia segunda.

En el caso de ausencia, vacante o enfermedad de las personas titulares de las

vocalías serán sustituidas por las personas que estas designen.

5. Ejercerá la secretaría de la Comisión, asistiendo a las sesiones con voz pero

sin voto, la persona titular del servicio con competencias en materia de organización y

simplificación administrativa, pudiendo ser sustituida por un funcionario o funcionaria

del grupo A.1, dependiente del órgano directivo central con competencias en materia de

organización de los servicios públicos y simplificación administrativa.

6. La Presidencia, previo acuerdo de la Comisión, podrá crear los grupos de trabajo

que considere precisos para el estudio, elaboración y desarrollo de proyectos concretos.

Asimismo, a iniciativa propia o a propuesta de los miembros de la Comisión, la Presidencia

podrá invitar a las personas que estime conveniente en función de los temas a tratar.

7. Sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo establecido para los órganos

colegiados en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la sección 1.ª

del capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

1. La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa como órgano colegiado decisorio y de asesoramiento tiene como finalidad el análisis de la situación, la planificación, coordinación y seguimiento de cuantas medidas se adopten para la racionalización y transformación continua de la Administración Pública.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Informar los Planes de Calidad y Simplificación Normativa, previamente a su aprobación, y conocer los informes de evaluación de su ejecución con anterioridad a su publicación.

b) Informar las iniciativas en materia de simplificación, modernización y racionalización administrativa, agilización de procedimientos, reducción de cargas y métodos de trabajo y transformación digital que se sometan a su consideración por las Consejerías que las impulsen.

c) Informar los planes estratégicos de consolidación de infraestructuras informáticas y de implantación de un modelo centralizado de dichas infraestructuras.

d) Realizar propuestas en las materias de su competencia.

e) Acordar las propuestas de racionalización de órganos que plantee el órgano directivo responsable de la coordinación y seguimiento del Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía.

f) Informar, y en su caso proponer, el desarrollo no programado de proyectos de simplificación y transformación digital concretos cuando la urgencia de la situación así lo aconseje.

g) Coordinar la relación con la ciudadanía en la Administración de la Junta de Andalucía.

h) Impulsar e implantar actuaciones de utilización de medios electrónicos a la gestión administrativa en el marco de la transformación digital de la Junta de Andalucía.

i) Acordar el desarrollo de medidas de ejecución e impulso en materia de protección de datos.

j) Promover actuaciones de formación del personal empleado público y de difusión y sensibilización entre la ciudadanía.

k) Aquellas otras que puedan serle encomendadas por otras disposiciones.

3. La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa estará adscrita a la Secretaría General con competencias en materia de administración pública y tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: La persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de administración pública.

b) Vicepresidencia primera: la persona titular de la Secretaria General con competencias en materia de administración pública.

c) Vicepresidencia segunda: la persona titular del órgano directivo central con competencias en materia de transformación digital.

d) Vocalías, integradas por las siguientes personas:

1.º La titular del órgano directivo central con competencias en materia de telecomunicaciones y seguridad TIC.

2.º La titular de la jefatura de la Inspección General de Servicios.

3.º Las titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías.

4. En el caso de ausencia, vacante o enfermedad la Presidencia será sustituida por la Vicepresidencia primera, y en el caso de ausencia, vacante o enfermedad de ésta será sustituida por la Vicepresidencia segunda.

5. Ejercerá la secretaría de la Comisión, asistiendo a las sesiones con voz pero sin voto, la persona titular del servicio con competencias en materia de organización y simplificación administrativa.

6. La Presidencia, previo acuerdo de la Comisión, podrá crear los grupos de trabajo que considere precisos para el estudio, elaboración y desarrollo de proyectos concretos.

7. Sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo establecido para los órganos colegiados en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la sección 1.ª del capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

1. Los criterios establecidos en este artículo se aplicarán en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos administrativos, así como con ocasión de su tramitación.

2. Son criterios de simplificación y agilización de los procedimientos:

a) La unificación o eliminación de procedimientos.

b) La reducción de los términos y plazos en la medida que sea posible, manteniendo todas las garantías necesarias.

c) La supresión o simplificación de trámites que no aporten valor añadido o que supongan dilaciones del procedimiento, siempre que no afecten a las garantías de las personas interesadas.

d) La proactividad por parte del órgano responsable del procedimiento.

e) El establecimiento de modelos de declaración, memorias o test de conformidad que faciliten la elaboración de informes preceptivos.

f) La extensión y potenciación de los procedimientos de respuesta inmediata o resolución automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, así como para su renovación o continuidad de su ejercicio.

g) La agilización de las comunicaciones.

h) La desconcentración de competencias en órganos jerárquicamente dependientes.

i) La orientación a la ciudadanía.

3. Son criterios de reducción de cargas y simplificación documental:

a) La supresión de cargas administrativas que no sean imprescindibles para la resolución del procedimiento, eliminando requisitos no exigidos por la normativa vigente, valorando su adecuación y reduciendo la frecuencia de su aportación.

b) La supresión o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas y su posible sustitución por transmisiones de datos o la presentación de declaraciones responsables.

c) La valoración del momento idóneo para la aportación de la documentación requerida a las personas interesadas, promoviendo siempre que sea posible, su aportación en el trámite de audiencia anterior a la formulación de la propuesta de resolución.

d) El fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la aportación de datos, documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

e) La agrupación documental, incorporando en un único documento las manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actuaciones de similar naturaleza, haya de hacer una misma persona en un mismo trámite.

f) La normalización documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y documentos de análogo carácter.

4. La Consejería competente en materia de administración pública promoverá la publicación de modelos, formularios y otros instrumentos de simplificación y agilización de procedimientos y reducción de cargas administrativas.

1. Los proyectos de disposiciones reglamentarias y los anteproyectos de ley de la Administración de la Junta de Andalucía deberán incorporar una memoria en la que se justifique el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones reglamentarias en la memoria se expondrán los siguientes extremos:

a) La razón de interés general que justifique la aprobación de la norma.

b) Los objetivos perseguidos y la justificación de que la disposición a aprobar es el instrumento más adecuado para lograrlos.

c) La constatación de que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones, para alcanzar tales fines.

d) La justificación sobre el rango del proyecto normativo y su debida coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.

e) Una breve descripción de los trámites seguidos en el procedimiento de tramitación de la propuesta y de la participación de los agentes y sectores interesados.

f) Un estudio de valoración de las cargas administrativas derivadas de la norma, justificando su necesidad y evitando la imposición de cargas innecesarias o accesorias.

g) Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración, así como una previsión de su impacto organizativo y de los recursos de personal para su óptima gestión.

h) Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.

3. Cuando se trate de anteproyectos de ley, en la memoria se expondrán, además de los enumerados en el apartado 2, los siguientes extremos:

a) Cuando se establezca que el silencio tendrá efecto desestimatorio, se expondrá específicamente la razón imperiosa de interés general que lo justifica.

b) Cuando se establezcan nuevos trámites en los procedimientos administrativos, adicionales o distintos a los previstos en la legislación del procedimiento administrativo común, se justificará que son eficaces, proporcionados y necesarios.

c) Cuando concretamente se establezca una limitación al acceso o ejercicio de una actividad económica, se motivará específicamente el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

4. Cuando se trate de disposiciones de carácter general que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos se analizará la oportunidad de su rediseño funcional aplicando los criterios de simplificación establecidos en este decreto.

1. Los procedimientos de aprobación de los anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias incorporarán una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que deberá contener los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la propuesta de norma, que en todo caso incluirá:

1.º La identificación clara de los fines y objetivos perseguidos.

2.º Alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación.

3.º Justificación de su adecuación a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Contenido y análisis jurídico, que incluirá los siguientes extremos:

1.º Referencia al Derecho nacional, si tiene carácter de normativa básica, al derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al de la Unión Europea.

2.º Régimen de distribución de competencias.

3.º Justificación sobre el rango del proyecto normativo y su incardinación con el resto del ordenamiento jurídico.

4.º Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración.

5.º Cuando mediante anteproyecto de ley o proyecto de decreto legislativo se establezca que el silencio tendrá efecto desestimatorio, se expondrá específicamente la razón de interés general que lo justifica.

6.º Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.

c) Impacto económico-financiero y presupuestario.

d) Evaluación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, justificando su necesidad y el coste de su cumplimiento para los obligados a soportarlas.

e) Impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia.

f) Medios electrónicos.

g) Evaluación de otros impactos que sean necesarios por razón de la materia objeto del proyecto, prestando especial atención al impacto de carácter ambiental y al impacto social.

h) Resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública previa.

i) Descripción de la tramitación, motivación sobre el alcance del trámite de audiencia y petición de informes y dictámenes.

j) Impacto en la protección de datos personales.

k) Evaluación ex post, indicando la sistemática que se va a utilizar en la evaluación de los resultados de la aplicación de la norma.

1. El órgano directivo central con competencias en materia de organización de los servicios públicos y simplificación administrativa informará, con carácter preceptivo y no vinculante, las disposiciones reglamentarias y los proyectos de ley, previamente a su aprobación, en lo relativo a organización administrativa y procedimientos administrativos. No será necesario el informe en los supuestos de delegación de competencias.

2. El informe será solicitado por la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería promotora de la norma, mediante el formulario aprobado por la Consejería competente en materia de administración pública, remitiendo la memoria a que alude el artículo 7 junto con el proyecto de disposición, así como, en su caso, la propuesta de formularios del procedimiento para su normalización y correspondiente inscripción en el Registro de Procedimientos y Servicios, en los términos previstos en el artículo 12.11.

3. En la emisión del informe se comprobará:

a) En materia de organización, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para que en ningún caso se puedan crear nuevos órganos sin que en el expediente de su creación quede acreditado que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias.

b) En materia de procedimientos administrativos, su simplificación y agilización, y la reducción de cargas administrativas, llevando a cabo un análisis del cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 6.

4. El plazo de emisión del informe quedará interrumpido cuando se solicite la subsanación de deficiencias o ampliación de información.

1. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará, al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa, correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. Estos planes tendrán como objetivo la revisión, simplificación y, en su caso, consolidación normativa de las disposiciones vigentes en el Derecho propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Consejería competente en materia de administración pública impulsará y coordinará su seguimiento y revisión.

2. Los Planes de Calidad y Simplificación normativa abordarán una revisión general de las normas vigentes para valorar la adopción de, al menos, las siguientes medidas:

a) La reducción del número de normas.

b) La adaptación de las normas a los principios de buena regulación establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común y precisados en el artículo 7.

c) La consolidación y simplificación de la normativa vigente.

d) El rediseño funcional de los procedimientos, aplicando los criterios establecidos en el artículo 6 para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas.

3. El resultado de la ejecución de cada plan se plasmará en un informe de evaluación que, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa, se hará público en el Portal de la Junta de Andalucía, así como por los medios que se estimen pertinentes.

1. El Catálogo de Procedimientos y Servicios ofrece información general permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios dirigidos a la ciudadanía, en cumplimiento de la legislación del procedimiento administrativo común.

2. El contenido del Catálogo de Procedimientos y Servicios se nutrirá de la información disponible en el Registro de Procedimientos y Servicios y comprenderá, al menos, la información mencionada en los apartados 8 y 9 del artículo 10.

3. La gestión y funcionamiento del Catálogo de Procedimientos y Servicios corresponden a la Consejería competente en materia de administración pública en los términos del artículo 10.3.a).

4. El Catálogo de Procedimientos y Servicios estará publicado en el Portal de la Junta de Andalucía y en las sedes electrónicas.

5. El Catálogo será el instrumento de publicidad activa de los procedimientos administrativos a los efectos contemplados en el artículo 14.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

1. El Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos y agilización de trámites constituirá la guía de orientación para facilitar el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos administrativos, de acuerdo con los criterios del artículo 6. Será aprobado mediante orden de la Consejería competente en materia de administración pública.

2. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará y mantendrá actualizadas otras herramientas para la simplificación de procedimientos administrativos y agilización de trámites, como guías de orientación para facilitar a los órganos directivos el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos administrativos, y la elaboración de disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos o modifiquen los ya existentes.

1. El Portal de la Junta de Andalucía, como punto de acceso general electrónico, es la dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicación cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía de manera gratuita. Su dirección electrónica será www.juntadeandalucia.es.

2. A través de dicho portal se accede a la información institucional, así como a la relativa a transparencia y participación ciudadana, según la normativa vigente, sistematizándose y facilitándose de manera clara e intuitiva el acceso a todos los puntos de acceso electrónico y a los datos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía en formato abierto y reutilizable.

3. En particular, y en desarrollo del derecho a relacionarse mediante un punto de acceso general electrónico reconocido a todas las personas en la legislación del procedimiento administrativo común, el Portal de la Junta de Andalucía facilitará de manera intuitiva el acceso a los servicios de administración electrónica que se ofrecen a la ciudadanía.

4. El mantenimiento, gestión y evolución tecnológica de la infraestructura del Portal de la Junta de Andalucía corresponde a la Consejería competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto.

5. Las Consejerías serán responsables de la integridad, veracidad y actualización de los datos facilitados a través del Portal en su ámbito de competencias y en el de sus entidades instrumentales y consorcios adscritos.

1. Podrán crearse portales específicos para difundir de manera más directa la información relativa a una concreta competencia o materia. La creación y supresión de dichos portales se guiará por criterios de racionalidad, eficiencia y proximidad a la ciudadanía.

2. La creación de un portal específico en el ámbito de una Consejería tendrá lugar mediante orden de la persona titular de dicha Consejería previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto.

3. En la orden de creación del portal específico deberá establecerse, además de su ámbito de aplicación, la Consejería, entidad instrumental o consorcio titular y responsable de su funcionamiento y de la información y servicios que se presten mediante el mismo.

4. Los siguientes portales específicos de Internet se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por este decreto:

a) Perfiles de contratante.

b) Punto general de entrada de facturas electrónicas.

1. Son sedes electrónicas los puntos de acceso electrónico específicamente creados con tal denominación conforme a lo previsto en este decreto, disponibles para la ciudadanía mediante redes de telecomunicación.

2. La Administración de la Junta de Andalucía puede crear sedes electrónicas de los siguientes tipos:

a) Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Sedes electrónicas de cada Consejería.

c) Sedes electrónicas derivadas.

d) Sedes electrónicas compartidas.

3. La creación de sedes electrónicas tendrá lugar mediante orden y conforme a lo previsto en los artículos 19 y 20.

4. Las actuaciones que requieran la identificación o firma de la ciudadanía por medios electrónicos en los procedimientos administrativos, necesariamente tendrán lugar en puntos de acceso electrónico que ostenten la condición de sede electrónica.

5. Deberá garantizarse la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de los contenidos y servicios de las sedes electrónicas, conforme a los criterios del Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.

1. Los puntos de acceso electrónico que tengan la condición de sede electrónica deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca.

2. Toda sede electrónica dispondrá de los siguientes contenidos y servicios mínimos:

a) Identificación de la sede electrónica y de su titularidad.

b) Indicación de la fecha y hora oficial, que será la misma para todas las sedes electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía.

c) Información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica.

d) Relación de procedimientos, trámites y servicios disponibles en la sede electrónica; en particular, acceso al Catálogo de Procedimientos y Servicios.

e) Acceso al Registro Electrónico Único, al calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos, a la información sobre los formatos de documentos admisibles en el registro y a la ampliación de plazos eventualmente derivada de fallos del sistema de registro.

f) Directorio de los códigos de identificación de los órganos o unidades administrativas del ámbito de la sede.

g) Sistemas de identificación y firma electrónica que se admiten en los servicios, procedimientos y trámites del ámbito de la sede.

h) Relación de los sellos electrónicos y sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada que se utilizan en los servicios, procedimientos y trámites disponibles en la sede.

i) Acceso a la Carpeta Ciudadana.

j) Acceso a las notificaciones electrónicas.

k) Relación de las sedes electrónicas derivadas y acceso a las mismas.

l) Información y acceso al medio para la formulación de sugerencias y reclamaciones.

1. En la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, además de los contenidos y servicios mínimos como sede electrónica establecidos en el artículo 18, se podrán encontrar todos los procedimientos administrativos, así como los servicios de administración electrónica dirigidos a la ciudadanía en la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, los siguientes:

a) Acceso a la relación de sedes electrónicas creadas por la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Acceso al directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Junta de Andalucía.

c) Acceso al Registro electrónico de apoderamientos.

d) Acceso a la pasarela de pagos electrónicos.

e) Acceso al sistema para contrastar la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos electrónicos expedidas por la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital se creará y establecerá la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. La titularidad de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía. Su mantenimiento y evolución tecnológica corresponde a la Consejería competente en materia de transformación digital. Su gestión y supervisión de contenidos de carácter general corresponde a la Consejería competente en materia de administración pública.

1. En cada Consejería existirá una sede electrónica que será creada mediante orden

de dicha Consejería, previo informe preceptivo favorable de la Consejería competente en

materia de transformación digital.

2. Atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, y

conforme a criterios de especialización, mediante orden de una Consejería, previo informe

preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de transformación digital,

se podrán crear sedes derivadas de su sede electrónica, las cuales deberán resultar

accesibles desde ésta última, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico

directo a las mismas.

3. Con arreglo a los mismos criterios, principios, accesibilidad y procedimiento, se

podrán crear sedes derivadas de la sede electrónica de una Consejería para el ámbito de

una agencia o consorcio dependiente de la misma, previo informe preceptivo y vinculante

de la Consejería competente en materia de transformación digital.

4. Con arreglo a los mismos criterios, principios, accesibilidad y procedimiento podrán

crearse sedes derivadas de la sede electrónica general de la Administración de la Junta

de Andalucía mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de

administración pública y transformación digital.

5. Mediante convenios de colaboración se podrán crear sedes electrónicas

compartidas por la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones

Públicas. Por parte de la Administración de la Junta de Andalucía estos convenios serán

suscritos por la Consejería competente en materia de transformación digital y por las

La política de firma electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, sus

agencias y, en su caso, consorcios adscritos será la que se establece en el Anexo I.

1. Para la identificación de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración

de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, podrán ser

admitidos los sistemas no basados en certificados electrónicos indicados en el Anexo II.

2. Para la relación de la ciudadanía con la Administración de la Junta de Andalucía,

sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, a través de medios electrónicos se

considerarán válidos a efectos de firma los sistemas no basados en certificados

electrónicos indicados en el Anexo III, de conformidad con los términos y condiciones

indicados en el mismo.

3. En los asientos registrales de entrada correspondientes a documentos presentados

por la ciudadanía firmados mediante estos sistemas, se hará constar el concreto sistema

de firma utilizado.

4. Cuando se establezca la admisión de alguno de estos sistemas de firma para un

determinado trámite o procedimiento siempre lo será además de los sistemas de firma

electrónica establecidos en el artículo 21.

La ciudadanía podrá otorgar apoderamientos electrónicos conforme a lo dispuesto en

la legislación del procedimiento administrativo común, debiendo constar en el Registro

correspondiente, en el que asimismo constarán los funcionarios públicos habilitados para

su inscripción, en los términos establecidos en el artículo 45.

1. Las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad.

b) Firma electrónica basada en el certificado electrónico proporcionado con carácter general a la ciudadanía.

c) Firma electrónica basada en el certificado electrónico de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

d) El sistema de firma a que se refiere el artículo 25.

2. El certificado al que se refiere el párrafo c) del apartado 1 sólo podrá ser utilizado en el ejercicio de las funciones propias del puesto desempeñado en relación con las competencias y facultades atribuidas al mismo, o para relacionarse con las Administraciones Públicas cuando éstas lo admitan, debiendo hacerse uso del mismo en todos los supuestos o aplicaciones en que sea requerido, y no utilizarse cuando alguno de los datos reflejados en el mismo sean inexactos o incorrectos, cuando no reflejen o caractericen su relación con la Administración de la Junta de Andalucía y cuando existan razones de seguridad que así lo aconsejen.

1. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias admitirán, para los

trámites y actuaciones que su personal realice con ella por razón de su condición de

empleado público, el sistema de identificación de la plataforma de Gestión Unificada

de Identidades de Andalucía (GUIA), que es la plataforma corporativa de la Junta

de Andalucía encargada de la gestión de autorizaciones de acceso a los sistemas de

información.

2. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán, para los trámites

y actuaciones que el personal realice con ellas por razón de su condición de persona

empleada pública, en particular los relativos a permisos y licencias, admitir la utilización

del sistema de identificación del apartado anterior como sistema de firma electrónica,

siempre que se acredite la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento,

en los términos que se dispongan reglamentariamente para los sistemas de información

que gestionen los trámites y actuaciones y cuya categorización sea de nivel bajo, realizada

de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración

electrónica.

El Registro Electrónico Único funcionará ininterrumpidamente para la recepción

de solicitudes, escritos y comunicaciones. Sólo cuando concurran razones justificadas

de mantenimiento técnico u operativo indispensable podrá interrumpirse, por el tiempo

imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro. En

tal caso, el órgano competente podrá determinar la ampliación de los plazos no vencidos

debiendo publicar tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del

plazo afectado por los mismos medios en que se publicó el establecimiento de dicho

plazo.

de administración pública y transformación digital se regularán las comunicaciones

electrónicas internas de la Administración de la Junta de Andalucía.

Las comunicaciones entre los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía

y de éstos con las agencias y consorcios adscritos, se realizarán por medios electrónicos,

asegurándose la interoperabilidad y mediante estándares abiertos, así como, en su caso

y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por la ciudadanía,

garantizándose su trazabilidad integral, así como su carácter fehaciente cuando sea

necesario. Mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia

1. El sistema para la práctica de notificaciones electrónicas de la Administración de la

Junta de Andalucía es el que se establece en el Anexo IV.

2. La ciudadanía puede darse de alta en cualquier momento accediendo al sistema de

notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía empleando los

medios de identificación de los artículos 21 y 22.

3. Se podrá proceder de oficio al alta en el sistema de notificaciones electrónicas

de la Administración de la Junta de Andalucía de las personas que no lo hayan hecho

voluntariamente cuando estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la

Administración de la Junta de Andalucía y las entidades del artículo 2.1, en los términos

del artículo 33, o cuando, sin estar obligadas, tengan la condición de interesadas en un

procedimiento administrativo, en los términos del artículo 34.

4. La Consejería competente en materia de transformación digital es responsable del

mantenimiento y funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas, y coordinará

la articulación de sus contenidos y servicios. Los distintos órganos y entidades del artículo

2.1 aportarán la información necesaria para su funcionamiento y gestionarán la puesta a

disposición de las notificaciones electrónicas en el sistema.

c) La incorporación en un punto centralizado de datos de contacto de la ciudadanía,

común a todas las Administraciones Públicas, a partir del momento en que este servicio

esté habilitado y sea accesible por la Administración de la Junta de Andalucía.

d) La incorporación de estos datos en registros administrativos en los que deba o

pueda inscribirse para el ejercicio de una actividad.

e) Cualquier otra vía que concretamente se articule para mejorar sus derechos y

garantías.

2. En su caso, los medios de envío del aviso de notificación indicados por la persona

interesada tendrán carácter preferente en el correspondiente procedimiento.

3. La falta de práctica del aviso no impedirá que la notificación sea considerada

plenamente válida.

1. La ciudadanía podrá indicar una dirección de correo electrónico y, opcionalmente,

dispositivo electrónico en el que recibir avisos de notificaciones electrónicas por los

siguientes medios:

a) La incorporación de estos datos en los formularios asociados a procedimientos

administrativos.

b) La incorporación de estos datos en el sistema de notificaciones electrónicas de la

Administración de la Junta de Andalucía.

1. Cuando una persona interesada en un procedimiento iniciado de oficio esté

obligada a relacionarse por medios electrónicos y no esté dada de alta en el sistema de

notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, se procederá a

su alta de oficio, cuando se conozcan los datos para realizar el aviso de notificación a que

se refiere el artículo 32.1.

2. Cuando, en la apertura de un periodo de información o actuaciones previas al inicio

de oficio de un procedimiento, se compruebe que una persona interesada obligada a

relacionarse electrónicamente con la Administración no esté dada de alta en el sistema

de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, y no se

conozcan los datos para realizar el aviso de notificación a que se refiere el artículo 32.1,

los órganos y entidades del artículo 2.1 podrán enviarle una comunicación en papel con un

aviso previo, recordándole su deber de relacionarse por medios electrónicos y la necesidad

de darse de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la

Junta de Andalucía, indicándole cómo proceder a su alta y manifestándole que dispone

para ello de un plazo de diez días, incorporando sus datos para la remisión de avisos. Se

le advertirá que, transcurrido dicho plazo sin que haya procedido a ello, se le dará de alta

de oficio en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de

Andalucía sin datos para la remisión de avisos, y que en lo sucesivo podrá ser utilizada

para la práctica de notificaciones electrónicas en todos los procedimientos en que tenga

condición de persona interesada.

3. En el caso de que no se haya realizado el alta en el sistema de notificaciones

electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía porque no se disponga de

la dirección de correo electrónico o dispositivo electrónico en el que recibir avisos de

notificaciones electrónicas por alguno de los medios relacionados en los apartados c), d)

y e) del artículo 32.1, y no se haya enviado la comunicación con el aviso previo regulado

en el apartado 2, el órgano gestor del procedimiento realizará la primera notificación del

procedimiento en papel, incluyendo los contenidos de dicho aviso.

4. No procederán las comunicaciones y notificaciones reguladas en los apartados 2 y

3 cuando el inicio del procedimiento se produzca mediante convocatoria publicada en el

presentando obligatoriamente escritos de solicitud por medios electrónicos. En tal caso,

el alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía se realizará

de oficio con los datos que figuren en la solicitud.

por estos medios se pondrán a su disposición a través de los medios previstos en el

artículo 30.1 a fin de que puedan acceder a su contenido de forma voluntaria, ofreciendo

la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios

electrónicos.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,

cuando la persona interesada fuera notificada por distintos medios, se tomará como fecha

de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

las notificaciones que se practiquen en papel a personas no obligadas a relacionarse con

la Administración por medios electrónicos y que no hayan optado por recibir la notificación

1. La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas adecuadas para

la implantación de medios electrónicos en la gestión de su actividad administrativa, en las

comunicaciones, relaciones, trámites y prestaciones de servicios con la ciudadanía, así

como en sus comunicaciones internas.

Medios electrónicos en el procedimiento administrativo y la gestión documental

2. La aplicación de medios electrónicos en ningún caso podrá implicar la existencia de

restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en el acceso de la ciudadanía a

la prestación de servicios públicos o a cualquier actuación o procedimiento administrativo.

En todo caso, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá acciones que

favorezcan la eliminación de cualquier riesgo de exclusión digital.

3. La utilización de medios electrónicos en la gestión de la actividad administrativa

garantizará la titularidad y el ejercicio de la competencia por el órgano que la tenga

atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las

normas que regulen el régimen jurídico de dichos órganos.

1. La aplicación de medios electrónicos a procedimientos y servicios previamente

tramitados en papel requerirá de un estudio previo de rediseño funcional y simplificación

por parte del órgano o unidad administrativa competente por razón de la materia en el que

se considerarán especialmente los criterios de simplificación y agilización establecidos

en el artículo 6.

2. Cuando las series documentales generadas por tales procedimientos administrativos

no cuenten con la tabla de valoración prevista en la legislación de documentos, archivos y

patrimonio documental, se deberá iniciar el procedimiento establecido para su elaboración

por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos con objeto de que la tramitación

electrónica de dichos procedimientos contenga la información necesaria para garantizar

la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos

electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

3. Los sistemas de información que produzcan o custodien documentos electrónicos

se inscribirán en el Registro General de los Sistemas de Información de la Junta de

Andalucía, tal y como se dispone en la legislación de documentos, archivos y patrimonio

documental.

4. En todo caso se garantizará la plena interoperabilidad de las soluciones implantadas.

Asimismo, se promoverá el intercambio y reutilización de sistemas y aplicaciones con

otras Administraciones Públicas y entidades del sector público.

e) Acceso a certificados, tarjetas y carnés expedidos por la Administración de la

Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, que tendrán la

consideración de copia electrónica auténtica.

f) Cualquier otra que se estime de utilidad para mejorar los servicios que la

Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos

prestan a la ciudadanía.

3. La exhibición presencial ante un tercero de un documento disponible en la Carpeta

Ciudadana en el cual se exprese que tiene la consideración de copia electrónica auténtica,

en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtirá

los mismos efectos que la exhibición presencial del correspondiente documento original.

4. La Consejería competente en materia de administración pública será responsable

de la gestión y supervisión del contenido de la Carpeta Ciudadana, correspondiendo el

soporte tecnológico a la Consejería competente en materia de transformación digital. Los

distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y, en su

caso, consorcios adscritos garantizarán la permanente actualización de su información y

contenidos.

1. A fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas interesadas en sus

relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios

adscritos, se pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de administración

electrónica, denominado Carpeta Ciudadana, mediante el que podrá tener acceso a su

información de carácter personal en poder de las Administraciones Públicas así como

sobre los procedimientos en los que tenga condición de persona interesada.

2. Se podrá acceder a la Carpeta Ciudadana desde el punto de acceso general

electrónico y sedes electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, así como

desde las aplicaciones móviles específicas, empleando los medios de identificación de los

artículos 21 y 22. La Carpeta Ciudadana dispondrá al menos de la siguiente información

administrativa particular, previa identificación de la persona interesada:

a) Consulta al estado de tramitación y, en su caso, acceso al contenido de los

expedientes de los procedimientos administrativos y servicios.

b) Consulta de solicitudes o escritos presentados en el Registro Electrónico Único de

la Administración de la Junta de Andalucía.

c) Acceso a las notificaciones electrónicas.

d) Consulta de la información personal existente en las Administraciones Públicas

previa autorización de la persona interesada.

El deber de relacionarse por medios electrónicos no podrá imponerse a través de

actos administrativos generales de convocatoria, debiendo encontrarse previsto en

disposiciones normativas de rango legal o bien reglamentario cuando, en este último

caso, quede acreditado que las personas afectadas tengan garantizado el acceso

y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios por razón de su capacidad

económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos.

4. La actuación administrativa automatizada se imputará, a todos los efectos, a la

persona titular del órgano o entidad responsable del sello electrónico o, en su caso,

código seguro de verificación con el que se lleve a cabo.

1. Se promoverá activamente la actuación administrativa automatizada en actividades

que puedan producirse mediante un sistema de información adecuadamente programado

sin necesidad de intervención directa de una persona empleada pública en cada caso

singular, y especialmente las que consistan en:

a) La adopción de un acuerdo o decisión administrativa mediante la aplicación de

fórmulas matemáticas y otros procesos puramente mecánicos en los que se utilicen

valores cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras y porcentajes.

b) La certificación de hechos o datos preexistentes en registros o en sistemas de

información, incluso del silencio administrativo.

c) La constatación puramente mecánica de requisitos previstos en la normativa

aplicable y la posterior declaración, en su caso, de la consecuencia jurídica prevista en la

misma.

d) La comunicación o declaración de un hecho, acto o acuerdo preexistente a través

de su transcripción total o parcial.

e) La práctica de las notificaciones electrónicas.

2. No cabrá realizar mediante actuación administrativa automatizada actividades que

supongan juicios de valor.

3. Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, la aprobación de las actividades que se realicen

mediante actuación administrativa automatizada indicará tanto el órgano que se considera

responsable a efectos de impugnación, como el órgano u órganos competentes para la

definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de

calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente.

La aprobación será objeto de publicación, al menos, en la sede electrónica

correspondiente.

1. Cuando, como consecuencia de lo establecido en la legislación del procedimiento

administrativo común o en la específica del procedimiento aplicable, deba procederse a

la publicación de una disposición o acto administrativo dictado por la Administración de la

Junta de Andalucía en un diario oficial, dicha publicación tendrá lugar en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la publicación que pueda corresponder en otros

diarios oficiales.

En el caso de la publicación de notificaciones infructuosas, ésta será previa y

complementaria a la que establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Para mejorar la difusión de los actos administrativos que se deban publicar podrán

implantarse otros medios electrónicos adicionales de publicación, y en particular:

a) Tablones de edictos electrónicos, en la sede electrónica de la Consejería o entidad

actuante, con la advertencia de cuál es la fecha de eficacia de la actuación.

b) Avisos de publicación difundidos a partir de cualesquiera puntos de acceso

electrónico y mediante los que se articule la consulta de la publicación en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.

1. La comprobación y constancia de los datos y documentos que se deban aportar al

procedimiento administrativo, y que ya obren en poder de la Administración, se realizará de

manera automatizada o de oficio por la persona instructora, en su caso, preferentemente

mediante consultas y transmisiones electrónicas de datos realizadas por los sistemas de

gestión de los procedimientos a las plataformas y sistemas electrónicos habilitados al

efecto, todo ello sin perjuicio de lo que establezca la normativa reguladora en materia de

protección de datos de carácter personal.

2. En caso de imposibilidad de obtener los datos o documentos necesarios, se

comunicará dicha circunstancia a la persona interesada a los efectos de su aportación.

3. Si resultara alguna discrepancia entre los datos y documentos obtenidos y los

facilitados o alegados por la persona interesada, o fuera necesario aclarar algún aspecto

de los mismos, el órgano competente para la comprobación, constancia y, en su caso,

verificación, está facultado para realizar las actuaciones procedentes de comprobación y,

en particular, para requerir las actuaciones pertinentes a la persona interesada conforme

a lo dispuesto en la legislación del procedimiento administrativo común y en la normativa

específica aplicable en cada caso.

4. La verificación u obtención de los datos y documentos en poder de otras

Administraciones Públicas se realizará conforme determinen los respectivos convenios

de colaboración o, en su caso, los instrumentos o instrucciones de acceso, en cuanto a

las finalidades, los requisitos que deban satisfacer las posibles personas usuarias, los

perfiles de quienes utilicen los servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos

necesarios para acceder a dichos servicios y los mecanismos de gobierno de los sistemas

interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables.

a) Posibilitar el ejercicio del derecho de acceso de la ciudadanía a los documentos

y expedientes administrativos y a la información que éstos contienen en los términos

previstos por la legislación vigente en la materia.

b) Configurar adecuadamente el Patrimonio Documental de Andalucía.

c) Garantizar la racionalización administrativa y una gestión administrativa ordenada,

eficaz, eficiente y transparente.

d) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el funcionamiento

de los organismos e instituciones públicas.

e) Proporcionar fuentes de información para la participación de la Junta de Andalucía

en las estrategias de Gobierno Abierto que ponen en valor la difusión, explotación y

reutilización de datos sobre la actividad de las Administraciones Públicas. Estas fuentes

de información deberán presentar los datos desagregados por sexo, con el fin de facilitar la

realización de estudios y estimaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

f) Generar conocimiento en el seno de la propia Administración.

2. La gestión documental se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia

de documentos, archivos y patrimonio documental, en la política de gestión de documentos

electrónicos de la Junta de Andalucía y, supletoriamente, por lo previsto en este decreto.

1. La gestión documental comprende el conjunto de funciones y procesos reglados

aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo de vida de los documentos y

expedientes administrativos, para garantizar su protección, custodia, recuperación,

conservación física y lógica y el mantenimiento de su contexto. Sus principales finalidades

son:

1. La determinación de los medios de pago electrónico utilizables en la Administración

de la Junta de Andalucía corresponde a la Consejería competente en materia de hacienda,

rigiéndose por la normativa específica que dicte y, supletoriamente, por lo previsto en este

decreto.

2. En todo caso, la implantación de aplicaciones y sistemas informáticos de soporte

a los pagos electrónicos se ajustará a lo dispuesto en este decreto, y sus vías de acceso

electrónico se acomodarán a lo que se establece en el capítulo III respecto a los puntos

de acceso electrónico.

1. La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá de un Registro electrónico de

apoderamientos conforme a lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo

común. Dicho Registro será único para todos los órganos, agencias y, en su caso,

consorcios incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto.

2. En el registro electrónico de apoderamientos pueden inscribirse:

a) Los apoderamientos o representaciones otorgadas por las personas a terceras

personas para actuar en su nombre.

b) Los bastanteos de poderes.

c) Las personas que se hayan adherido a un convenio firmado con la Administración

de la Junta de Andalucía para la habilitación de representación de colectivos.

3. La gestión y funcionamiento del Registro electrónico de apoderamientos

corresponderán a la Consejería competente en materia de administración pública.

Mediante orden de la persona titular de dicha Consejería se establecerá:

a) Las personas funcionarias que podrán ser habilitadas para analizar e inscribir, en

su caso, los apoderamientos y bastanteos de poderes.

b) Los modelos de poderes inscribibles en el Registro cuando se circunscriban a

actuaciones a realizar ante la Administración de la Junta de Andalucía.

c) Los formularios de apoderamientos «apud acta» y de solicitudes de habilitación

general que resulten precisos para el adecuado funcionamiento del Registro.

Medidas organizativas

1. El Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía

(SIRHUS) actuará como sistema de constancia de los funcionarios públicos habilitados

para realizar cualquiera de las siguientes funciones:

a) Identificación y firma electrónica para actuar en nombre de personas interesadas

no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración que no dispongan de

los medios electrónicos necesarios.

b) Expedir copias auténticas.

2. La habilitación se llevará a cabo por la persona titular del órgano directivo central

con competencia en materia de personal de la Consejería de adscripción o unidad

equivalente en el caso de las agencias.

3. El alcance de la habilitación para identificación y firma será para intervenir en toda

clase de procedimientos.

4. Podrá ser habilitado para la expedición de copias auténticas el personal funcionario

encargado de la recepción de documentos, así como el personal funcionario de los

órganos administrativos que hubiesen emitido el documento original. En el caso de que

este órgano se hubiera suprimido, podrá habilitarse al personal funcionario que tenga

encomendada la custodia del expediente a que pertenezca el documento original.

5. La designación de los funcionarios habilitados indicará las fechas de alta y de baja

de la habilitación.

6. La inscripción de la habilitación correspondiente en el Sistema de Información

de Recursos Humanos tendrá lugar mediante la definición de atributos de la persona y

será plenamente interoperable, permitiendo la consulta de quienes requieran verificar la

habilitación. De manera igualmente interoperable conservará la información histórica de

todas las habilitaciones registradas, a fin de que pueda verificarse si una determinada

persona funcionaria disponía o no de la habilitación correspondiente en una fecha

determinada.

7. Se cancelará la habilitación:

a) Cuando llegue la fecha de baja indicada en la designación.

b) Cuando, antes de dicha fecha, se revoque la habilitación.

c) Cuando el personal funcionario cese en su puesto.

1. Se crea el Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de

la Junta de Andalucía como herramienta de gestión y coordinación en la que se reúne

la información necesaria para la identificación inmediata de los órganos colegiados

adscritos o en los que participa la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades

instrumentales, así como de los acuerdos que se adopten en el seno de los mismos.

2. Quedan excluidos de lo dispuesto en este artículo los siguientes órganos:

a) El Consejo de Gobierno.

b) Las Comisiones Delegadas del Gobierno.

c) La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

d) Los Consejos de Dirección de las Consejerías.

e) Los órganos colegiados de contratación.

f) Los órganos de selección de personal y provisión de puestos de trabajo previstos

en la normativa correspondiente.

g) Las Comisiones de valoración para la concesión de becas, ayudas, premios y

subvenciones.

h) Los órganos mixtos creados para la vigilancia, control e interpretación de los

acuerdos y convenios.

i) Los órganos colegiados de gobierno y coordinación docente.

j) Las comisiones de redacción de planes y estrategias.

1. Se crea el Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la Junta de

Andalucía, que permitirá inventariar los convenios que suscriba la Administración de la

Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, a fin de garantizar el cumplimiento de

las obligaciones establecidas en la legislación estatal básica en materia de convenios y

la normativa de transparencia, así como mejorar la eficacia y la eficiencia de la actuación

administrativa.

2. La responsabilidad de la coordinación, seguimiento de la calidad de la información y

correcto funcionamiento del Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la

Junta de Andalucía corresponde a la Consejería competente en materia de administración

pública, que procederá a regularlo mediante orden.

3. El Registro Electrónico de Convenios de la Junta de Andalucía contendrá al menos

la siguiente información:

a) Tipología.

b) Título del convenio.

c) Fecha de suscripción.

d) Vigencia.

e) Partes firmantes.

f) Objeto del convenio.

g) Compromisos económicos.

4. Las Consejerías y entidades instrumentales que suscriban convenios serán las

competentes para proceder a su inscripción en el Registro y mantener actualizada su

información, siendo sus efectos meramente declarativos.

5. El Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la Junta de Andalucía

será el instrumento de publicidad activa de los convenios suscritos por la Administración

de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales a los efectos contemplados en el

artículo 15.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y será accesible desde el Portal de la Junta

de Andalucía.

3. Las Consejerías y las entidades instrumentales a las que se encuentren adscritos

o de las que dependan los órganos colegiados serán las responsables de la integridad,

actualización y veracidad de las inscripciones y asientos del Registro Electrónico de

Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyos efectos son

meramente declarativos.

4. La responsabilidad de la coordinación, seguimiento de la calidad de la información y

correcto funcionamiento del Registro Electrónico de Órganos Colegiados corresponderá a

la Consejería competente en materia de administración pública, que procederá a regularlo

mediante orden.

5. El Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de

Andalucía, contendrá al menos la siguiente información:

a) Denominación.

b) Consejería o entidad instrumental de adscripción o dependencia.

c) Normativa reguladora de creación y, en su caso, normas de organización y

funcionamiento.

d) Identificación de sus miembros y sector al que representan.

e) Datos de contacto.

f) Acuerdos.

g) Fechas de las sesiones celebradas cada año.

6. El Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta

de Andalucía se constituirá como el instrumento de publicidad activa de los órganos

colegiados a los efectos contemplados en el artículo 10.1.f) de la Ley 1/2014, de 24 de

junio, y será accesible desde el Portal de la Junta de Andalucía.

Pregunta general sobre Decreto 622/2019.

Sistemas de firma admitidos no basados en certificados electrónicos:

a) Sistema de firma basada en los sistemas de identificación relacionados en el Anexo II, para sistemas de categoría básica o media, de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y procedimientos en los cuales la normativa reguladora aplicable no disponga el uso de firma electrónica avanzada o basada en certificado electrónico.

b) Sistema de firma manuscrita digitalizada en las actuaciones presenciales ante la ciudadanía, para los documentos que las personas interesadas o sus representantes deban firmar en comparecencia presencial ante personal empleado público. La utilización de este sistema requerirá la verificación previa de la identidad de la persona por el personal empleado público.

Términos y condiciones para la utilización del sistema de firma basada en los sistemas de identificación relacionados en el Anexo II:

Se garantizará la integridad de la documentación firmada mediante el sellado realizado con un sello electrónico cualificado del órgano responsable del procedimiento, a la que se añadirá un sello de tiempo, y su incorporación inmediata al sistema de información asociado a dicho procedimiento. El sistema de información deberá disponer de las medidas técnicas, organizativas y procedimentales necesarias para garantizar dicha integridad a lo largo del tiempo.

Asimismo, se garantizará también la integridad, mediante el sellado realizado con el sello electrónico cualificado del órgano responsable del procedimiento y la adición de un sello de tiempo, de las evidencias necesarias para la verificación de la identidad, recopiladas inmediatamente antes del acto de la firma, así como, posteriormente, del consentimiento explícito de la persona interesada con el contenido firmado, almacenando dichas evidencias en el sistema de información junto con la documentación firmada.

c) Sistema de firma basado en la consignación del número de NIF/NIE, el IDESP/IXEPS y la fecha de caducidad, de las personas que componen una unidad familiar, para manifestar oposición expresa o consentimiento expreso.

d) Sistema de firma basado en la tarjeta electrónica del profesorado en Andalucía y personal de centros docentes.

e) Sistema de firma basado en intercambio de claves a través de mensajes SMS para las personas de la comunidad educativa andaluza.

1.1. Facilitar el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por los profesionales públicos.

1.2. Asegurar la protección de los derechos de la ciudadanía, de los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y de la propia Junta de Andalucía.

1.3. Mejorar los servicios que la Administración de la Junta de Andalucía presta a la ciudadanía.

1.4. Propiciar la seguridad de la información y de los sistemas frente a riesgos o actuaciones no adecuadas.

1.5. Fomentar el adecuado desarrollo de la sociedad de la información y facilitar el gobierno abierto.

4.1. Los profesionales deberán respetar, en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los siguientes principios:

a) Servicio y proximidad a la ciudadanía.

b) Responsabilidad, profesionalidad y cualificación profesional.

c) Seguridad.

d) Protección de datos personales, tanto de la ciudadanía como de los profesionales.

e) Eficacia en el desempeño de las funciones y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

f) Accesibilidad de las tecnologías y contenidos, especialmente en la relación con la ciudadanía.

5.1. Los profesionales utilizarán para el desempeño de sus funciones el equipamiento TIC y las redes de comunicación cuyo acceso les haya sido facilitado.

5.2. La puesta a disposición del equipamiento TIC no implica cesión de su propiedad, sino exclusivamente cesión de su uso.

5.3. Los profesionales realizarán un uso del equipamiento TIC compatible con el desempeño de sus funciones.

5.4. Los profesionales no permitirán ni facilitarán el uso del equipamiento TIC a terceros que no estén debidamente autorizados.

5.5. Los profesionales cuidarán y conservarán en buen estado el equipamiento TIC.

5.6. Los profesionales no alterarán el equipamiento TIC ni realizarán reparaciones ni actuaciones técnicas de mantenimiento o mejora del mismo.

5.7. Los profesionales no alterarán el software que esté instalado en el equipamiento TIC ni instalarán nuevo software, aunque éste sea de libre uso o gratuito.

5.8. Los profesionales seguirán los protocolos y mecanismos establecidos en su Consejería o Agencia para incidencias, solicitudes de dispositivos, permisos, equipamiento TIC y software.

5.9. Los profesionales utilizarán los mecanismos de bloqueo que se hayan establecido en caso de desatención temporal del equipamiento TIC.

14.1. Los profesionales podrán utilizar para el desempeño de sus funciones las redes sociales como herramientas de comunicación, atención a la ciudadanía, participación y transparencia, con las directrices, medios y habilitación que, en su caso, les haya establecido la Administración de la Junta de Andalucía.

14.2. Los profesionales que atiendan un perfil corporativo en una red social:

a) Velarán especialmente por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales en el contenido que publiquen en el perfil. Con carácter general no se publicarán datos personales, sin perjuicio de la posibilidad de incluir enlaces a contenidos de los portales de Internet o sedes electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía en los que sí puedan reflejarse tales datos.

b) Velarán por la actualización, calidad, integridad, consistencia y fiabilidad de los contenidos del perfil.

c) No realizarán ni admitirán un uso del perfil que sea sustitutivo de otros canales oficialmente establecidos.

d) No emitirán opiniones personales desde el perfil.

e) Respetarán las opiniones de la ciudadanía, evitando cualquier tipo de enfrentamiento.

21.1. Los profesionales tendrán en consideración el hecho de que la Administración de la Junta de Andalucía, mediante los mecanismos formales y técnicos que considere oportunos, podrá comprobar de forma periódica o cuando resulte conveniente por razones específicas de seguridad o del servicio, la correcta utilización de todos los recursos comprendidos en el presente Código de Conducta.

21.2. La Administración de la Junta de Andalucía cuando detectare en el uso de dichos recursos actuaciones irregulares, ilícitas o ilegales, procederá al ejercicio de las acciones pertinentes para las exigencias de las responsabilidades que correspondan.

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía.

Publicada en BOJA núm. 208, de 27 de octubre de 2020.

Fuente oficial: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/208/34

Ámbito de aplicación

Definición de comunicaciones electrónicas interiores

Tipos de comunicaciones interiores

Garantías de las comunicaciones electrónicas

Sistema de comunicaciones electrónicas interiores

Funcionalidades del sistema

Impulso, dirección y gestión del sistema

Objeto

Obtención de certificados electrónicos

Renovación y revocación de certificados

Objeto

Principios generales de seguridad

Ámbito de aplicación

Organización de la seguridad TIC

Comité de Seguridad TIC

Disposiciones generales

Glosario de términos