Tema 10: Derechos y deberes de los policías locales y régimen disciplinario

Cada Entidad local, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que se determinen, fijará el régimen de jornada, horario, vacaciones y permisos para los miembros de la Policía local, que se adaptará a las especificidades del servicio del Cuerpo.

1. Los Policías locales tienen derecho a una remuneración justa en la que se valore el nivel de formación, el régimen de incompatibilidades, la dedicación y el riesgo que entraña la profesión, la especificidad de los horarios de trabajo y la estructura peculiar del Cuerpo. Dicha remuneración se compondrá, como mínimo, de una parte correspondiente a las retribuciones básicas y de una parte correspondiente a las complementarias.

2. Las retribuciones básicas tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas en general para el personal al servicio de la función pública.

3. Corresponde al Pleno de la respectiva Corporación Local la fijación de las retribuciones complementarias, teniendo en cuenta los conceptos expuestos en el apartado 1, dentro de los límites fijados en la legislación vigente.

Las situaciones administrativas de los Policías locales se regulan de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios locales, teniendo siempre en cuenta las peculiaridades del Cuerpo a que pertenecen.

La condición de Policía local es incompatible con el ejercicio de ninguna otra actividad pública o privada, excepción hecha de las actividades no incluidas en la legislación reguladora de las incompatibilidades.

Los Policías locales no pueden ejercer el derecho de huelga ni participar en acciones sustitutivas de éste o en actuaciones concertadas con la finalidad de alterar el funcionamiento normal de los servicios.

Los Policías locales están acogidos al mismo régimen de previsión social que los demás funcionarios de la Corporación local a la que pertenecen.

1. Las Corporaciones Locales asegurarán a quienes participan en los cursos de selección para el acceso a la categoría de Agente los ingresos económicos correspondientes a los funcionarios en prácticas y, cuando accedan a la Escuela de Policía de Cataluña, a través de los correspondientes procesos selectivos, la cotización a la Seguridad Social.

2. La Generalidad establecerá y regulará un sistema de becas para los Policías locales que accedan como alumnos a la Escuela de Policía de Cataluña.

Las Corporaciones Locales garantizarán la necesaria defensa jurídica a sus Policías locales en las causas judiciales que se sigan contra ellos a consecuencia de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

1. Las Policías locales dispondrán de medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de su función.

2. Los miembros de la Policía local dispondrán de una revisión médica anual.

3. Las Corporaciones Locales adoptarán las medidas necesarias para la prevención de enfermedades contagiosas.

1. Los Policías locales que según dictamen médico o por razón de edad, que en ningún caso será inferior a cincuenta y siete años, tienen disminuida su capacidad para cumplir el servicio ordinario pasan a la situación de segunda actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo Reglamento municipal.

2. Por regla general los Policías locales desarrollan la segunda actividad en el mismo Cuerpo al que pertenecen, desempeñando otras funciones, de acuerdo con su categoría; si ello no es posible, ya por falta de plazas, ya por motivos de incapacidad propia, pueden pasar a prestar servicios complementarios adecuados a su categoría en otros puestos de trabajo de la misma Corporación Local.

3. El paso a la situación de segunda actividad no representará una disminución de las retribuciones básicas ni del grado personal de los afectados.

1. El Tribunal que debe emitir el dictamen médico, a que se refiere el artículo 43.1, se compondrá de tres Médicos, uno designado por el Ayuntamiento, uno designado por el interesado y uno escogido por sorteo entre los facultativos del Servicio Catalán de la Salud que posean los conocimientos idóneos en relación con el tipo de afección o de enfermedad que sufre el interesado.

2. Los Médicos del Tribunal pueden ser recusados por motivos de parentesco con el interesado, hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad, por amistad íntima o manifiesta enemistad con el interesado o por falta de la idoneidad requerida.

3. El Tribunal emitirá el dictamen médico por mayoría y lo elevará, acompañado del parecer del facultativo que discrepe, en su caso, al correspondiente órgano municipal para que adopte la pertinente resolución, contra la cual podrán interponerse los recursos previstos en la legislación vigente en materia de régimen local.

1. Los Reglamentos específicos de los Cuerpos de Policía Local pueden establecer un régimen de otorgamiento de distinciones y recompensas a sus miembros en determinados supuestos o circunstancias.

2. Las distinciones y recompensas constarán en el expediente personal del funcionario y podrán ser valoradas como mérito en los concursos de provisión de puestos de trabajo.

El régimen disciplinario aplicable a los Policías locales es el establecido en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales en que puedan incurrir.

Las faltas cometidas por los Policías locales en el ejercicio de sus funciones pueden ser muy graves, graves y leves.

1. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía de Cataluña en el ejercicio de las funciones.

b) Toda actuación que signifique discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b bis) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad o edad y el acoso laboral, moral, sexual y por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.

c) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.

d) El infligir torturas, maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la instigación a cometer estos actos o su tolerancia o colaboración, así como cualquier actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que implique violencia física, psíquica o moral.

e) Cualquier conducta o actuación constitutiva de delito doloso.

f) Cualquier acto de prevaricación o soborno, así como no evitarlo o no denunciarlo.

g) El abandono del servicio.

h) La insubordinación individual o colectiva para con las autoridades o los mandos de quien se depende, así como la desobediencia de las instrucciones legítimas dadas por éstos.

i) La denegación de auxilio y, la falta de intervención urgente en cualquier suceso en que su actuación sea obligada o conveniente.

j) La pérdida de las armas, así como permitir su sustracción por negligencia inexcusable.

k) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de éstas o en actuaciones concertadas con la finalidad de alterar el funcionamiento normal de los servicios.

l) La publicación o la utilización indebida de secretos declarados oficiales por ley o calificados como tales, así como la violación del secreto profesional.

m) La falta notoria de rendimiento que conlleve inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

o) Causar, por negligencia o mala fe, daños muy graves en el patrimonio y los bienes de la Corporación.

p) La ocultación o alteración de una prueba con la finalidad de perjudicar o ayudar al encausado.

q) La falsificación, sustracción, simulación o destrucción de documentos del servicio bajo custodia propia o de cualquier otro funcionario.

r) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o habitualmente, así como negarse, en situación de anormalidad física o psíquica evidente, a las pertinentes comprobaciones técnicas.

s) La conculcación de los derechos de los detenidos o presos custodiados, así como suministrarles drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.

t) La exhibición del arma reglamentaria o de los distintivos del cargo sin causa que lo justifique, así como su mal uso.

u) La reincidencia en la comisión de faltas graves.

v) La manifiesta falta de colaboración con los demás miembros de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en aquellos casos en que, de conformidad con la legislación vigente, deba prestarse.

w) El acoso sexual y también el acoso laboral, que consiste en la reiteración de actos de acoso psicológico o hostilidad en el marco de una relación de servicio.

2. Asimismo, son faltas muy graves, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos:

a) La alteración, manipulación o destrucción de imágenes y sonidos grabados, siempre que no constituyan delito.

b) La cesión, la transmisión, la revelación o el facilitar el acceso a terceras personas no autorizadas, por cualquier medio y con cualquier ánimo y finalidad, de los soportes originales de las grabaciones o sus copias, de forma íntegra o parcial.

c) La reproducción de imágenes y sonidos grabados con finalidades distintas de las establecidas en la Ley orgánica 4/1997.

d) La utilización de las imágenes y los sonidos grabados o de los medios técnicos de grabación afectos al servicio para finalidades distintas de las establecidas en la Ley orgánica 4/1997.

Notas de vigencia:

Se añade el apartado 2 y se modifican la letras b) y d) por el art. 3.1 a 3 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre. Ref. BOE-A-1999-2521 . (BOE-A-1999-2521)

Nota de Vence: redacción dada por la Ley 11/2026, de 9 de julio (DOGC núm. 9706, de 13/07/2026), en vigor desde el 14/07/2026. El texto consolidado del BOE aún no recoge esta reforma. (Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público (DOGC núm. 9706))

Son faltas graves:

a) La desobediencia a los superiores en el desempeño de las funciones y el incumplimiento de las órdenes recibidas.

b) Las faltas de respeto o consideración graves y manifiestas hacia los superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos.

c) Los actos y las conductas que atentan contra el decoro y la dignidad de los funcionarios, contra la imagen del Cuerpo y contra el prestigio y la consideración debidos a la Corporación.

d) Causar, por negligencia o mala fe, daños graves en el patrimonio y los bienes de la Corporación.

e) Originar enfrentamientos en el servicio o en el puesto de trabajo y tomar parte en los mismos.

f) El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a los superiores de los asuntos que éstos deban conocer.

g) El incumplimiento del deber de reserva profesional en relación con los asuntos que conozcan por razón del desempeño de las funciones.

h) La intervención en un procedimiento administrativo si existen motivos de abstención legalmente establecidos.

i) La actuación con abuso de atribuciones en perjuicio de los ciudadanos si no constituye una falta muy grave.

j) El consumo de bebidas alcohólicas durante el servicio, así como negarse a las pertinentes comprobaciones técnicas.

k) La pérdida de las credenciales, así como permitir su sustracción por negligencia inexcusable.

l) La falta de asistencia sin causa justificada.

m) La reincidencia en la comisión de faltas leves.

n) La pérdida de las armas, así como permitir su sustracción por negligencia simple.

o) El incumplimiento por negligencia grave de los deberes derivados de la propia función.

p) Las conductas que contravengan a la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, y que no estén ya tipificadas como infracciones muy graves.

q) El hecho de acceder indebidamente, con dolo o negligencia grave, a datos personales de titularidad municipal, o permitir, facilitar o autorizar que terceros accedan a estos datos sin autorización, incluidos los tratados con fines policiales, contraviniendo la normativa en materia de protección de datos personales, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al responsable o al encargado del tratamiento.

Notas de vigencia:

Se añade la letra p) por el art. 3.4 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre. Ref. BOE-A-1999-2521 . (BOE-A-1999-2521)

Nota de Vence: redacción dada por la Ley 11/2026, de 9 de julio (DOGC núm. 9706, de 13/07/2026), en vigor desde el 14/07/2026. El texto consolidado del BOE aún no recoge esta reforma. (Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público (DOGC núm. 9706))

Son faltas leves:

a) La incorrección para con los superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos.

b) La demora, la negligencia y el olvido en el cumplimiento de las funciones o de las órdenes recibidas.

c) El descuido en la presentación personal.

d) El descuido en la conservación de los locales, del material y de los documentos del servicio, si no produce graves perjuicios.

e) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada.

f) La solicitud o consecución de permuta de destino o de cambio de servicios con afán de lucro o con falsedad de las condiciones para tramitarla.

g) Prescindir del conducto reglamentario al formular cualquier solicitud o reclamación, salvo en caso de urgencia o imposibilidad física.

h) Las faltas repetidas de puntualidad en un mismo mes sin causa justificada.

1. Los Policías locales que induzcan a otros a cometer actos o tener conductas constitutivos de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad; también incurren en ella los mandos que las toleran.

2. Los Policías locales que encubren las faltas muy graves y graves consumadas incurren en una falta de un grado inferior.

1. Las sanciones imponibles por las faltas tipificadas en los artículos 48, 49, 50 y 51 son las siguientes:

a) La separación del servicio.

b) La suspensión de funciones, con pérdida de las correspondientes retribuciones.

c) El traslado a otro puesto de trabajo.

d) La deducción proporcional de las retribuciones por faltas de puntualidad y asistencia.

e) La amonestación.

2. Por una falta muy grave se impondrá alguna de las siguientes sanciones:

a) La separación del servicio.

b) La suspensión de funciones, por más de un año y menos de seis, con pérdida de las retribuciones.

3. Por una falta grave se impondrá alguna de las siguientes sanciones:

a) La suspensión de funciones, por más de quince días y menos de un año, con pérdida de las retribuciones.

b) El traslado a otro puesto de trabajo.

4. Por una falta leve se impondrá alguna de las siguientes sanciones:

a) La suspensión de funciones, por un período de uno a quince días, con pérdida de las retribuciones.

b) El traslado a otro puesto de trabajo.

c) La deducción proporcional de las retribuciones, en el caso de las faltas de puntualidad y asistencia leves.

d) La amonestación.

Para graduar las sanciones, además de las faltas objetivamente cometidas, debe tenerse en cuenta, de acuerdo con el principio de proporcionalidad:

a) La intencionalidad.

b) La perturbación de los servicios.

c) Los daños y perjuicios producidos a la Administración o a los administrados.

d) La reincidencia en la comisión de faltas.

e) El grado de participación en la comisión u omisión.

f) La trascendencia para la seguridad pública.

1. No pueden imponerse sanciones por faltas graves o muy graves si no es en virtud de un expediente instruido al efecto; la tramitación del expediente debe regirse por los principios de sumariedad y de celeridad, pero en ningún caso puede existir indefensión. La sanción por faltas leves puede imponerse sin ningún otro trámite que el de audiencia a la persona interesada. La duración máxima del expediente no puede ser superior a seis meses, salvo que la Administración justifique una prórroga expresa o exista una conducta dilatoria de la persona inculpada.

2. Corresponden al Alcalde, o a la persona en quien éste delegue, la incoación del expediente disciplinario y el nombramiento del instructor y, en su caso, del Secretario.

3. La imposición de las sanciones por faltas muy graves corresponde al Alcalde, salvo en el caso de la separación del servicio, que es competencia del Pleno de la Corporación; la imposición de las sanciones por faltas graves y leves corresponde también al Alcalde, o a la persona en quien éste delegue.

Notas de vigencia:

Nota de Vence: redacción dada por la Ley 11/2026, de 9 de julio (DOGC núm. 9706, de 13/07/2026), en vigor desde el 14/07/2026. El texto consolidado del BOE aún no recoge esta reforma. (Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público (DOGC núm. 9706))

Al inicio de la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario instruido a los Policías locales, o durante la misma, el órgano competente para incoarlo en la vía administrativa puede acordar como medidas preventivas la suspensión provisional, el traslado o la adscripción a un puesto de trabajo interno, sin uniforme, sin arma ni credencial del Policía expedientado o procesado. La resolución en la que se acuerde la imposición o prórroga de las medidas preventivas será motivada.

1. La suspensión provisional solamente puede acordarse inicialmente por un plazo de un mes; acabado el cual, puede prorrogarse por otro mes, y así sucesivamente hasta un plazo máximo de seis meses, salvo cuando el expediente, por causa imputable al expedientado, dure más de seis meses y hasta que se dicte una resolución definitiva como consecuencia de un procedimiento judicial penal.

2. La suspensión provisional implica, mientras dura, la pérdida de las retribuciones correspondientes al complemento específico y a las gratificaciones por servicios extraordinarios. El tiempo de suspensión provisional se computa a efectos del cumplimiento, en su caso, en la sanción de suspensión de funciones.

3. La duración del traslado preventivo del Policía expedientado no puede exceder de la duración del expediente disciplinario.

La suspensión de funciones, ya sea como sanción, ya sea como medida preventiva, además de la privación temporal del ejercicio de las funciones, conlleva la retirada temporal del arma y la credencial reglamentarias, la prohibición del uso del uniforme, en su caso, y la prohibición de entrar en las dependencias de la Policía local sin autorización.

1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, muerte, indulto, amnistía y prescripción de la falta o sanción.

2. Las faltas muy graves prescriben al cabo de seis años, las graves al cabo de dos años y las leves al cabo de tres meses, a contar desde la fecha de la comisión de la falta.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben al cabo de seis años, las impuestas por faltas graves al cabo de dos años y las impuestas por faltas leves al cabo de un mes, desde la fecha de notificación de las sanciones.

Notas de vigencia:

Nota de Vence: redacción dada por la Ley 11/2026, de 9 de julio (DOGC núm. 9706, de 13/07/2026), en vigor desde el 14/07/2026. El texto consolidado del BOE aún no recoge esta reforma. (Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público (DOGC núm. 9706))