Tema 5: La Administración Electrónica en la Junta de Andalucía

Pregunta general sobre Decreto 622/2019.

1. Este decreto tiene por objeto establecer los principios generales y adoptar medidas de simplificación administrativa y racionalización organizativa, así como el uso de los medios electrónicos por la Administración de la Junta de Andalucía y por las entidades citadas en el artículo 2.
2. Las finalidades de este decreto son: a) Mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa. b) Garantizar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía, entidades instrumentales y consorcios en los términos del artículo 2. c) Preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas.
3. A los efectos de este decreto se entiende por ciudadanía todos aquellos a quienes se reconozca capacidad de obrar conforme al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

los mismos en los preceptos de este decreto y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Este decreto no es de aplicación a las entidades incluidas en los apartados a), b), c) y d) en sus relaciones de derecho privado. 2. Este decreto es de aplicación a las entidades instrumentales privadas de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere a los portales de Internet a que se refieren los artículos 15 y 16 y los Registros Electrónicos previstos en los artículos 47 y 48.

1. Este decreto es de aplicación a:

a) La Administración de la Junta de Andalucía en su organización central y periférica.

b) Las agencias administrativas.

c) Las agencias públicas empresariales y las agencias de régimen especial, cuando se haga referencia específica a las mismas en los preceptos de este decreto y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

d) Los consorcios a que se refiere el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, cuando se haga referencia específica a los mismos en los preceptos de este decreto y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

Este decreto no es de aplicación a las entidades incluidas en los apartados a), b), c) y d) en sus relaciones de derecho privado.

2. Este decreto es de aplicación a las entidades instrumentales privadas de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere a los portales de Internet a que se refieren los artículos 15 y 16 y los Registros Electrónicos previstos en los artículos 47 y 48.

1. Los principios orientadores de la simplificación y racionalización procedimental y organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía son:

a) Orientación y servicio efectivo a la ciudadanía. b) Eficacia y eficiencia. c) Celeridad. d) Economía procedimental y organizativa. e) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. f) Transparencia administrativa.

2. En materia de administración electrónica, en función del estado de la tecnología y con plena sujeción a las disposiciones estatales básicas en la materia, se tendrán particularmente en consideración los siguientes principios:

a) Accesibilidad y no discriminación. b) Reducción de la brecha digital, con especial consideración a las personas mayores o con discapacidad. c) Seguridad. d) Conservación. e) Interoperabilidad. f) Proporcionalidad. g) Impulso de la actuación administrativa automatizada. h) Usabilidad.

3. La Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y consorcios adscritos garantizarán el cumplimiento de la normativa en materia de protección de los datos de carácter personal, con especial sujeción a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos las funciones de impulso, implantación, coordinación, seguimiento y evaluación de las determinaciones contenidas en este decreto en el ámbito de la Consejería correspondiente, de sus entidades instrumentales y consorcios adscritos, en el marco de la planificación y coordinación general que establezcan las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital.

1. La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa como órgano colegiado decisorio y de asesoramiento tiene como finalidad el análisis de la situación, la planificación, coordinación y seguimiento de cuantas medidas se adopten para la racionalización y transformación continua de la Administración Pública.

2. Sus funciones son las siguientes: a) Informar los Planes de Calidad y Simplificación Normativa, previamente a su aprobación, y conocer los informes de evaluación de su ejecución con anterioridad a su publicación. b) Informar las iniciativas en materia de simplificación, modernización y racionalización administrativa, agilización de procedimientos, reducción de cargas y métodos de trabajo y transformación digital que se sometan a su consideración por las Consejerías que las impulsen. c) Informar los planes estratégicos de consolidación de infraestructuras informáticas y de implantación de un modelo centralizado de dichas infraestructuras. d) Realizar propuestas en las materias de su competencia. e) Acordar las propuestas de racionalización de órganos que plantee el órgano directivo responsable de la coordinación y seguimiento del Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía. f) Informar, y en su caso proponer, el desarrollo no programado de proyectos de simplificación y transformación digital concretos cuando la urgencia de la situación así lo aconseje. g) Coordinar la relación con la ciudadanía en la Administración de la Junta de Andalucía. h) Impulsar e implantar actuaciones de utilización de medios electrónicos a la gestión administrativa en el marco de la transformación digital de la Junta de Andalucía. i) Acordar el desarrollo de medidas de ejecución e impulso en materia de protección de datos. j) Promover actuaciones de formación del personal empleado público y de difusión y sensibilización entre la ciudadanía. k) Aquellas otras que puedan serle encomendadas por otras disposiciones.

3. La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa estará adscrita a la Secretaría General con competencias en materia de administración pública y tendrá la siguiente composición: a) Presidencia: La persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de administración pública. b) Vicepresidencia primera: la persona titular de la Secretaria General con competencias en materia de administración pública. c) Vicepresidencia segunda: la persona titular del órgano directivo central con competencias en materia de transformación digital. d) Vocalías, integradas por las siguientes personas: 1.º La titular del órgano directivo central con competencias en materia de telecomunicaciones y seguridad TIC. 2.º La titular de la jefatura de la Inspección General de Servicios. 3.º Las titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías.

4. En el caso de ausencia, vacante o enfermedad la Presidencia será sustituida por la Vicepresidencia primera, y en el caso de ausencia, vacante o enfermedad de ésta será sustituida por la Vicepresidencia segunda.

5. Ejercerá la secretaría de la Comisión, asistiendo a las sesiones con voz pero sin voto, la persona titular del servicio con competencias en materia de organización y simplificación administrativa.

6. La Presidencia, previo acuerdo de la Comisión, podrá crear los grupos de trabajo que considere precisos para el estudio, elaboración y desarrollo de proyectos concretos.

7. Sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo establecido para los órganos colegiados en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la sección 1.ª del capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

1. Los criterios establecidos en este artículo se aplicarán en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos administrativos, así como con ocasión de su tramitación.

2. Son criterios de simplificación y agilización de los procedimientos: a) La unificación o eliminación de procedimientos. b) La reducción de los términos y plazos en la medida que sea posible, manteniendo todas las garantías necesarias. c) La supresión o simplificación de trámites que no aporten valor añadido o que supongan dilaciones del procedimiento, siempre que no afecten a las garantías de las personas interesadas. d) La proactividad por parte del órgano responsable del procedimiento. e) El establecimiento de modelos de declaración, memorias o test de conformidad que faciliten la elaboración de informes preceptivos. f) La extensión y potenciación de los procedimientos de respuesta inmediata o resolución automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, así como para su renovación o continuidad de su ejercicio. g) La agilización de las comunicaciones. h) La desconcentración de competencias en órganos jerárquicamente dependientes. i) La orientación a la ciudadanía.

3. Son criterios de reducción de cargas y simplificación documental: a) La supresión de cargas administrativas que no sean imprescindibles para la resolución del procedimiento, eliminando requisitos no exigidos por la normativa vigente, valorando su adecuación y reduciendo la frecuencia de su aportación. b) La supresión o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas y su posible sustitución por transmisiones de datos o la presentación de declaraciones responsables. c) La valoración del momento idóneo para la aportación de la documentación requerida a las personas interesadas, promoviendo siempre que sea posible, su aportación en el trámite de audiencia anterior a la formulación de la propuesta de resolución. d) El fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la aportación de datos, documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad. e) La agrupación documental, incorporando en un único documento las manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actuaciones de similar naturaleza, haya de hacer una misma persona en un mismo trámite. f) La normalización documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y documentos de análogo carácter.

4. La Consejería competente en materia de administración pública promoverá la publicación de modelos, formularios y otros instrumentos de simplificación y agilización de procedimientos y reducción de cargas administrativas.

1. Los proyectos de disposiciones reglamentarias y los anteproyectos de ley de la Administración de la Junta de Andalucía deberán incorporar una memoria en la que se justifique el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones reglamentarias en la memoria se expondrán los siguientes extremos: a) La razón de interés general que justifique la aprobación de la norma. b) Los objetivos perseguidos y la justificación de que la disposición a aprobar es el instrumento más adecuado para lograrlos. c) La constatación de que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones, para alcanzar tales fines. d) La justificación sobre el rango del proyecto normativo y su debida coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. e) Una breve descripción de los trámites seguidos en el procedimiento de tramitación de la propuesta y de la participación de los agentes y sectores interesados. f) Un estudio de valoración de las cargas administrativas derivadas de la norma, justificando su necesidad y evitando la imposición de cargas innecesarias o accesorias. g) Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración, así como una previsión de su impacto organizativo y de los recursos de personal para su óptima gestión. h) Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.

3. Cuando se trate de anteproyectos de ley, en la memoria se expondrán, además de los enumerados en el apartado 2, los siguientes extremos: a) Cuando se establezca que el silencio tendrá efecto desestimatorio, se expondrá específicamente la razón imperiosa de interés general que lo justifica. b) Cuando se establezcan nuevos trámites en los procedimientos administrativos, adicionales o distintos a los previstos en la legislación del procedimiento administrativo común, se justificará que son eficaces, proporcionados y necesarios. c) Cuando concretamente se establezca una limitación al acceso o ejercicio de una actividad económica, se motivará específicamente el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

4. Cuando se trate de disposiciones de carácter general que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos se analizará la oportunidad de su rediseño funcional aplicando los criterios de simplificación establecidos en este decreto.

1. Los procedimientos de aprobación de los anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias incorporarán una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que deberá contener los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la propuesta de norma, que en todo caso incluirá: 1.º La identificación clara de los fines y objetivos perseguidos. 2.º Alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. 3.º Justificación de su adecuación a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Contenido y análisis jurídico, que incluirá los siguientes extremos: 1.º Referencia al Derecho nacional, si tiene carácter de normativa básica, al derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al de la Unión Europea. 2.º Régimen de distribución de competencias. 3.º Justificación sobre el rango del proyecto normativo y su incardinación con el resto del ordenamiento jurídico. 4.º Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración. 5.º Cuando mediante anteproyecto de ley o proyecto de decreto legislativo se establezca que el silencio tendrá efecto desestimatorio, se expondrá específicamente la razón de interés general que lo justifica. 6.º Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.

c) Impacto económico-financiero y presupuestario.

d) Evaluación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, justificando su necesidad y el coste de su cumplimiento para los obligados a soportarlas.

e) Impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia.

f) Medios electrónicos.

g) Evaluación de otros impactos que sean necesarios por razón de la materia objeto del proyecto, prestando especial atención al impacto de carácter ambiental y al impacto social.

h) Resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública previa.

i) Descripción de la tramitación, motivación sobre el alcance del trámite de audiencia y petición de informes y dictámenes.

j) Impacto en la protección de datos personales.

k) Evaluación ex post, indicando la sistemática que se va a utilizar en la evaluación de los resultados de la aplicación de la norma.

1. El órgano directivo central con competencias en materia de organización de los servicios públicos y simplificación administrativa informará, con carácter preceptivo y no vinculante, las disposiciones reglamentarias y los proyectos de ley, previamente a su aprobación, en lo relativo a organización administrativa y procedimientos administrativos. No será necesario el informe en los supuestos de delegación de competencias.

2. El informe será solicitado por la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería promotora de la norma, mediante el formulario aprobado por la Consejería competente en materia de administración pública, remitiendo la memoria a que alude el artículo 7 junto con el proyecto de disposición, así como, en su caso, la propuesta de formularios del procedimiento para su normalización y correspondiente inscripción en el Registro de Procedimientos y Servicios, en los términos previstos en el artículo 12.11.

3. En la emisión del informe se comprobará: a) En materia de organización, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para que en ningún caso se puedan crear nuevos órganos sin que en el expediente de su creación quede acreditado que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias. b) En materia de procedimientos administrativos, su simplificación y agilización, y la reducción de cargas administrativas, llevando a cabo un análisis del cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 6.

4. El plazo de emisión del informe quedará interrumpido cuando se solicite la subsanación de deficiencias o ampliación de información.

1. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará, al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa, correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. Estos planes tendrán como objetivo la revisión, simplificación y, en su caso, consolidación normativa de las disposiciones vigentes en el Derecho propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Consejería competente en materia de administración pública impulsará y coordinará su seguimiento y revisión.

2. Los Planes de Calidad y Simplificación normativa abordarán una revisión general de las normas vigentes para valorar la adopción de, al menos, las siguientes medidas: a) La reducción del número de normas. b) La adaptación de las normas a los principios de buena regulación establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común y precisados en el artículo 7. c) La consolidación y simplificación de la normativa vigente. d) El rediseño funcional de los procedimientos, aplicando los criterios establecidos en el artículo 6 para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas.

3. El resultado de la ejecución de cada plan se plasmará en un informe de evaluación que, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa, se hará público en el Portal de la Junta de Andalucía, así como por los medios que se estimen pertinentes.

1. Se crea el Registro de Procedimientos y Servicios como el inventario de los procedimientos administrativos y servicios que gestiona la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, los consorcios adscritos, incorporando tanto los procedimientos y servicios internos como los dirigidos a la ciudadanía y al resto de Administraciones Públicas.

2. El Registro de Procedimientos y Servicios tiene los fines siguientes: a) Identificar todos los procedimientos administrativos y servicios existentes mediante un código específico. b) Homogeneizar la información correspondiente a cada procedimiento administrativo y servicio. c) Articular el cumplimiento de las exigencias de publicidad de la información sobre procedimientos administrativos y servicios establecidas en la legislación vigente. d) Facilitar la gestión administrativa de los procedimientos administrativos y servicios.

3. El Registro de Procedimientos y Servicios es único para toda la Administración de la Junta de Andalucía, incluyendo sus agencias y, en su caso, los consorcios adscritos, y se configura del siguiente modo: a) Su mantenimiento corresponde a la Consejería competente en materia de administración pública, que será responsable de su coordinación y del seguimiento de la calidad de su información, velando por su correcto funcionamiento y dictando las disposiciones reglamentarias e instrucciones precisas. b) Las Consejerías serán responsables de la integridad, veracidad y actualización de los datos del Registro correspondientes a su ámbito de competencias y al de sus agencias y consorcios adscritos.

4. El alta y la modificación de un procedimiento o servicio en el Registro de Procedimientos y Servicios deberá producirse en la fecha de publicación de la norma o acto que lo fundamente en el diario oficial correspondiente.

5. El alta o modificación de un servicio que carezca de norma reguladora se realizará en la fecha en que sea efectiva su creación o modificación.

6. Se procederá a la baja de un procedimiento o servicio en el Registro cuando se derogue la disposición o quede sin efecto el acto que lo creó.

7. En los supuestos de reestructuraciones orgánicas de las Consejerías, la actualización de los datos relativos a los órganos que contiene el Registro de Procedimientos y Servicios se realizará de oficio por la Consejería competente en materia de administración pública.

8. El Registro de Procedimientos y Servicios debe contener, como mínimo, la siguiente información básica de cada procedimiento: a) Denominación. b) Código. c) Consejería, agencia o consorcio. d) Descripción. e) Plazo máximo para resolver y notificar o publicar. f) Sentido del silencio administrativo. g) Los formularios normalizados establecidos para el procedimiento. h) Plazo y modo de presentación de la solicitud, en su caso. i) Normativa reguladora. j) Requisitos a cumplir por las personas interesadas. k) Documentación y datos a aportar por las personas interesadas.

9. El Registro de Procedimientos y Servicios debe contener, como mínimo, la siguiente información básica de cada servicio: a) Denominación. b) Código. c) Consejería, agencia o consorcio. d) Descripción. e) Modo de solicitud o acceso, en su caso.

10. El Registro de Procedimientos y Servicios no será público ni tendrá efectos constitutivos, prevaleciendo la publicación oficial de las normas o actos sobre la información disponible cuando existan discrepancias entre ambas.

1. El Catálogo de Procedimientos y Servicios ofrece información general permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios dirigidos a la ciudadanía, en cumplimiento de la legislación del procedimiento administrativo común.

2. El contenido del Catálogo de Procedimientos y Servicios se nutrirá de la información disponible en el Registro de Procedimientos y Servicios y comprenderá, al menos, la información mencionada en los apartados 8 y 9 del artículo 10.

3. La gestión y funcionamiento del Catálogo de Procedimientos y Servicios corresponden a la Consejería competente en materia de administración pública en los términos del artículo 10.3.a).

4. El Catálogo de Procedimientos y Servicios estará publicado en el Portal de la Junta de Andalucía y en las sedes electrónicas.

5. El Catálogo será el instrumento de publicidad activa de los procedimientos administrativos a los efectos contemplados en el artículo 14.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

1. Los formularios establecidos por la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de trámites, independientemente del soporte en que se utilicen por parte de las personas interesadas, deberán estar inscritos en el Registro de Procedimientos y Servicios y se configurarán de manera intuitiva y fácilmente accesible, utilizando un lenguaje claro que favorezca su comprensión por la ciudadanía, bajo los principios de accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Asimismo serán objeto de normalización e inscripción en el Registro de Procedimientos y Servicios otros modelos específicos para el cumplimiento de obligaciones por parte de las personas interesadas o para facilitar la realización de actuaciones administrativas.
2. Los formularios incluirán una cláusula que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de información sobre la protección de datos de carácter personal.
3. Los formularios indicarán claramente qué datos o documentos son de aportación obligatoria por así exigirlo la normativa aplicable.
4. A fin de garantizar el cumplimiento de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si los datos o documentos que deban constar en el procedimiento ya obran en poder de alguna Administración Pública, los formularios permitirán que las personas interesadas manifiesten su oposición expresa a que se consulten, o bien puedan suministrar la información precisa para poder recabarlos, indicando el documento, Administración Pública, consejería o agencia y órgano que lo emitió o ante el que se presentó, así como el procedimiento o la fecha.
5. En los formularios de los procedimientos administrativos se incluirá, en su caso, un apartado específico para que la persona física interesada indique si desea relacionarse en dicho procedimiento por medios presenciales o electrónicos. Esta opción no podrá ejercerse por quienes tengan el deber de relacionarse por medios electrónicos.
6. En los formularios de los procedimientos administrativos se advertirá que todas las personas interesadas recibirán notificaciones por medios electrónicos, y que ese medio de notificación es preceptivo para quienes estén obligados a relacionarse por medios electrónicos, y de acceso voluntario para quienes no lo estén. Se incluirán apartados

para que las personas interesadas puedan indicar una dirección de correo electrónico y, opcionalmente, dispositivo electrónico en el que recibir los avisos de notificaciones electrónicas.

Asimismo, en el formulario se informará del sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, indicando que se procederá a dar de alta de oficio a las personas interesadas que no lo hayan hecho voluntariamente. 7. Los formularios irán acompañados, siempre que su complejidad así lo aconseje, de las instrucciones necesarias para su correcta cumplimentación y presentación. 8. Los formularios habrán de estar redactados en un lenguaje inclusivo. 9. Todos los formularios y modelos específicos que tengan carácter obligatorio por establecerlo así de manera expresa la norma o acto de aprobación deberán ser medio de presentación sea exclusivamente electrónico, se hará constar claramente que dicha publicación es únicamente a efectos informativos. Cuando sea preciso realizar modificaciones en los formularios y modelos específicos derivadas exclusivamente de una reestructuración de Consejerías o redistribución de competencias, no será necesaria la publicación a la que se refiere este apartado. 10. El órgano directivo central competente en materia de simplificación administrativa publicará mediante resolución las características técnicas, de diseño y funcionales a que han de ajustarse los formularios. Asimismo, podrá establecer formularios tipo. 11. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, y con carácter previo a su puesta a disposición para las personas interesadas, el órgano responsable del mantenimiento del Registro de Procedimientos y Servicios procederá a la normalización e inscripción de los formularios y, en su caso, modelos específicos, previa solicitud de la Secretaría General Técnica de la Consejería responsable del procedimiento o servicio.

1. El Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos y agilización de trámites constituirá la guía de orientación para facilitar el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos administrativos, de acuerdo con los criterios del artículo 6. Será aprobado mediante orden de la Consejería competente en materia de administración pública.

2. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará y mantendrá actualizadas otras herramientas para la simplificación de procedimientos administrativos y agilización de trámites, como guías de orientación para facilitar a los órganos directivos el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos administrativos, y la elaboración de disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos o modifiquen los ya existentes.

1. A efectos del presente decreto, se define como punto de acceso electrónico el conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía, de forma fácil e integrada, el acceso a la información y los recursos y servicios disponibles.

2. Los puntos de acceso electrónico responderán a los principios de veracidad, transparencia, publicidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y actualización de la información y de los servicios a los que den acceso, y atenderán a lo establecido en materia de identidad corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a las normas que regulen la presencia de la Junta de Andalucía en Internet.

3. Los puntos de acceso electrónico implementados por la Administración de la Junta de Andalucía pueden ser de los siguientes tipos: a) Portal de la Junta de Andalucía. b) Portales de Internet específicos. c) Sedes electrónicas.

1. El Portal de la Junta de Andalucía, como punto de acceso general electrónico, es la dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicación cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía de manera gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la información y atención a la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Su dirección electrónica será www.juntadeandalucia.es.
2. A través de dicho portal se accede a la información institucional, así como a la relativa a transparencia y participación ciudadana, según la normativa vigente, sistematizándose y facilitándose de manera clara e intuitiva el acceso a todos los puntos de acceso electrónico y a los datos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía en formato abierto y reutilizable, sin perjuicio de que también sea posible el acceso directo a los mismos. También podrá proporcionar acceso a servicios o informaciones de otras Administraciones y entidades del sector público.
3. En particular, y en desarrollo del derecho a relacionarse mediante un punto de acceso general electrónico reconocido a todas las personas en la legislación del procedimiento administrativo común, el Portal de la Junta de Andalucía facilitará de manera intuitiva el acceso a los servicios de administración electrónica que se ofrecen a la ciudadanía, sin perjuicio de que también sea posible el acceso directo a los mismos.
4. El mantenimiento, gestión y evolución tecnológica de la infraestructura del Portal de la Junta de Andalucía corresponde a la Consejería competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto.
5. Las Consejerías serán responsables de la integridad, veracidad y actualización de los datos facilitados a través del Portal en su ámbito de competencias y en el de sus entidades instrumentales y consorcios adscritos, atendiendo a los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que los contenidos del Portal se muestren de forma conjunta, homogénea, ágil y adecuada a las necesidades de las personas usuarias, que sean establecidos por la Consejería competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto.

1. Podrán crearse portales específicos para difundir de manera más directa la información relativa a una concreta competencia o materia. La creación y supresión de dichos portales se guiará por criterios de racionalidad, eficiencia y proximidad a la ciudadanía.

2. La creación de un portal específico en el ámbito de una Consejería tendrá lugar mediante orden de la persona titular de dicha Consejería previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto.

3. En la orden de creación del portal específico deberá establecerse, además de su ámbito de aplicación, la Consejería, entidad instrumental o consorcio titular y responsable de su funcionamiento y de la información y servicios que se presten mediante el mismo.

4. Los siguientes portales específicos de Internet se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por este decreto: a) Perfiles de contratante. b) Punto general de entrada de facturas electrónicas.

1. Son sedes electrónicas los puntos de acceso electrónico específicamente creados con tal denominación conforme a lo previsto en este decreto, disponibles para la ciudadanía mediante redes de telecomunicación.
2. La Administración de la Junta de Andalucía puede crear sedes electrónicas de los siguientes tipos: a) Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía. b) Sedes electrónicas de cada Consejería. c) Sedes electrónicas derivadas. d) Sedes electrónicas compartidas.
3. La creación de sedes electrónicas tendrá lugar mediante orden y conforme a lo previsto en los artículos 19 y 20. La orden de creación establecerá: a) La Consejería, agencia o consorcio titular de la sede y responsable de su funcionamiento y de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios que se presten mediante la misma. b) La dirección electrónica en la que será accesible. c) El ámbito de aplicación de la sede. d) Los contenidos y servicios que se prestarán mediante la misma.
4. Las actuaciones que requieran la identificación o firma de la ciudadanía por medios electrónicos en los procedimientos administrativos, necesariamente tendrán lugar en puntos de acceso electrónico que ostenten la condición de sede electrónica.
5. Deberá garantizarse la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de los contenidos y servicios de las sedes electrónicas, conforme a los criterios del Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.

1. Los puntos de acceso electrónico que tengan la condición de sede electrónica deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca.

2. Toda sede electrónica dispondrá de los siguientes contenidos y servicios mínimos: a) Identificación de la sede electrónica y de su titularidad. b) Indicación de la fecha y hora oficial, que será la misma para todas las sedes electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía. c) Información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica. d) Relación de procedimientos, trámites y servicios disponibles en la sede electrónica; en particular, acceso al Catálogo de Procedimientos y Servicios. e) Acceso al Registro Electrónico Único, al calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos, a la información sobre los formatos de documentos admisibles en el registro y a la ampliación de plazos eventualmente derivada de fallos del sistema de registro. f) Directorio de los códigos de identificación de los órganos o unidades administrativas del ámbito de la sede. g) Sistemas de identificación y firma electrónica que se admiten en los servicios, procedimientos y trámites del ámbito de la sede. h) Relación de los sellos electrónicos y sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada que se utilizan en los servicios, procedimientos y trámites disponibles en la sede. i) Acceso a la Carpeta Ciudadana. j) Acceso a las notificaciones electrónicas. k) Relación de las sedes electrónicas derivadas y acceso a las mismas. l) Información y acceso al medio para la formulación de sugerencias y reclamaciones.

1. En la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, además de los contenidos y servicios mínimos como sede electrónica establecidos en el artículo 18, se podrán encontrar todos los procedimientos administrativos, así como los servicios de administración electrónica dirigidos a la ciudadanía en la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, los siguientes: a) Acceso a la relación de sedes electrónicas creadas por la Administración de la Junta de Andalucía. b) Acceso al directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Junta de Andalucía. c) Acceso al Registro electrónico de apoderamientos. d) Acceso a la pasarela de pagos electrónicos. e) Acceso al sistema para contrastar la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos electrónicos expedidas por la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital se creará y establecerá la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. La titularidad de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía. Su mantenimiento y evolución tecnológica corresponde a la Consejería competente en materia de transformación digital. Su gestión y supervisión de contenidos de carácter general corresponde a la Consejería competente en materia de administración pública.

1. En cada Consejería existirá una sede electrónica que será creada mediante orden de dicha Consejería, previo informe preceptivo favorable de la Consejería competente en materia de transformación digital.
2. Atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, y conforme a criterios de especialización, mediante orden de una Consejería, previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de transformación digital, se podrán crear sedes derivadas de su sede electrónica, las cuales deberán resultar accesibles desde ésta última, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo a las mismas.
3. Con arreglo a los mismos criterios, principios, accesibilidad y procedimiento, se podrán crear sedes derivadas de la sede electrónica de una Consejería para el ámbito de una agencia o consorcio dependiente de la misma, previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de transformación digital.
4. Con arreglo a los mismos criterios, principios, accesibilidad y procedimiento podrán crearse sedes derivadas de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital.
5. Mediante convenios de colaboración se podrán crear sedes electrónicas compartidas por la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas. Por parte de la Administración de la Junta de Andalucía estos convenios serán suscritos por la Consejería competente en materia de transformación digital y por las

La política de firma electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos será la que se establece en el Anexo I.

1. Para la identificación de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, podrán ser admitidos los sistemas no basados en certificados electrónicos indicados en el Anexo II.
2. Para la relación de la ciudadanía con la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, a través de medios electrónicos se considerarán válidos a efectos de firma los sistemas no basados en certificados electrónicos indicados en el Anexo III, de conformidad con los términos y condiciones indicados en el mismo.
3. En los asientos registrales de entrada correspondientes a documentos presentados por la ciudadanía firmados mediante estos sistemas, se hará constar el concreto sistema de firma utilizado.
4. Cuando se establezca la admisión de alguno de estos sistemas de firma para un determinado trámite o procedimiento siempre lo será además de los sistemas de firma electrónica establecidos en el artículo 21.

La ciudadanía podrá otorgar apoderamientos electrónicos conforme a lo dispuesto en la legislación del procedimiento administrativo común, debiendo constar en el Registro correspondiente, en el que asimismo constarán los funcionarios públicos habilitados para su inscripción, en los términos establecidos en el artículo 45.

1. Las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad. b) Firma electrónica basada en el certificado electrónico proporcionado con carácter general a la ciudadanía. c) Firma electrónica basada en el certificado electrónico de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. d) El sistema de firma a que se refiere el artículo 25.

2. El certificado al que se refiere el párrafo c) del apartado 1 sólo podrá ser utilizado en el ejercicio de las funciones propias del puesto desempeñado en relación con las competencias y facultades atribuidas al mismo, o para relacionarse con las Administraciones Públicas cuando éstas lo admitan, debiendo hacerse uso del mismo en todos los supuestos o aplicaciones en que sea requerido, y no utilizarse cuando alguno de los datos reflejados en el mismo sean inexactos o incorrectos, cuando no reflejen o caractericen su relación con la Administración de la Junta de Andalucía y cuando existan razones de seguridad que así lo aconsejen.

1. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias admitirán, para los trámites y actuaciones que su personal realice con ella por razón de su condición de empleado público, el sistema de identificación de la plataforma de Gestión Unificada de Identidades de Andalucía (GUIA), que es la plataforma corporativa de la Junta de Andalucía encargada de la gestión de autorizaciones de acceso a los sistemas de información.
2. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán, para los trámites y actuaciones que el personal realice con ellas por razón de su condición de persona empleada pública, en particular los relativos a permisos y licencias, admitir la utilización del sistema de identificación del apartado anterior como sistema de firma electrónica, siempre que se acredite la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, en los términos que se dispongan reglamentariamente para los sistemas de información que gestionen los trámites y actuaciones y cuya categorización sea de nivel bajo, realizada de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.

1. La Administración de la Junta de Andalucía dispone de un registro electrónico, que será único para los órganos y entidades contemplados en el artículo 2.1, en el que quedará constancia de la entrada y salida de documentos.
2. La Consejería competente en materia de administración pública es responsable de la gestión del Registro Electrónico Único, correspondiendo el soporte tecnológico a la Consejería competente en materia de transformación digital.
3. El Registro Electrónico Único será accesible en las sedes electrónicas, rigiéndose por su fecha y hora oficial y donde constará el calendario de días inhábiles.
4. En las sedes electrónicas de acceso al Registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden realizarse en el mismo, articulada mediante el Catálogo de Procedimientos y Servicios.
5. El Registro Electrónico Único funcionará conforme establece el artículo 28, producirá la recepción automática de los documentos y emitirá automáticamente un justificante de dicha recepción. Dicho justificante se hará llegar inmediatamente a la persona interesada a la dirección electrónica que ésta haya indicado.
6. La presentación en el Registro Electrónico Único de documentos dirigidos a las entidades a las que se refiere los apartados c) y d) del artículo 2.1 podrá llevarse a cabo siempre que se trate de prestación de servicios o de procedimientos en los que se ejerzan potestades administrativas y así esté dispuesto en el instrumento jurídico que regule dicho procedimiento.
7. Las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o recepción de documentos electrónicos en el registro serán gestionadas por el órgano o entidad competente para la tramitación del documento de que se trate.
8. El Registro Electrónico Único será interoperable con los registros del resto de Administraciones Públicas, en los términos establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, garantizándose su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros electrónicos.

Registro electrónico y comunicaciones interiores

1. En los formularios normalizados para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico Único se relacionarán los documentos exigidos por la normativa reguladora del procedimiento, en los términos previstos en el artículo 12.3.
2. El Registro Electrónico Único permitirá la presentación de los datos y documentos que las personas interesadas deseen acompañar voluntariamente a los escritos.
3. Los escritos y documentos presentados de manera presencial en una oficina de atención en materia de registros deberán ser digitalizados en ésta para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales a la persona interesada, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
4. Será objeto de rechazo en el registro cualquier escrito en el que se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando no conste el nombre, apellidos o denominación o razón social de la persona interesada en el procedimiento así como su firma y número del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. b) Cuando se desconozca la Administración, órgano o entidad al que se dirija el escrito. c) Cuando la Administración o entidad, a la que pertenezca la unidad u órgano administrativo de destino, no se encuentre integrada en el sistema de interoperabilidad de las Administraciones Públicas. Cuando se rechace la presentación de un escrito por las causas expuestas, la persona interesada tendrá derecho a solicitar un recibo a efectos de constancia del intento de presentación y de las causas que provocaron su inadmisión.
5. De acuerdo con los instrumentos informáticos y vías de comunicación existentes, y de forma debidamente justificada, se podrán establecer limitaciones de tamaño o de cualquier otra índole a fin de garantizar la compatibilidad técnica de los documentos con las aplicaciones informáticas que se utilicen para la gestión electrónica de los servicios y procedimientos.
6. Se podrán rechazar los documentos electrónicos que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad de los sistemas. En tal caso, se informará de ello a la persona que presenta el documento.

El Registro Electrónico Único funcionará ininterrumpidamente para la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo indispensable podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro. En tal caso, el órgano competente podrá determinar la ampliación de los plazos no vencidos debiendo publicar tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo afectado por los mismos medios en que se publicó el establecimiento de dicho plazo.

de administración pública y transformación digital se regularán las comunicaciones electrónicas internas de la Administración de la Junta de Andalucía.

Las comunicaciones entre los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y de éstos con las agencias y consorcios adscritos, se realizarán por medios electrónicos, asegurándose la interoperabilidad y mediante estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por la ciudadanía, garantizándose su trazabilidad integral, así como su carácter fehaciente cuando sea necesario. Mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia

1. La Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, los consorcios, podrán practicar las notificaciones electrónicas por los siguientes medios: a) Puesta a disposición en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía regulado en el artículo 31. El acceso se podrá efectuar: 1.º Por parte de la persona interesada o su representante, empleando un medio de identificación electrónica de los previstos en los artículos 21 y 22. 2.º En su caso, por parte de funcionario público habilitado y su entrega personal cuando la persona interesada o su representante comparezca espontáneamente en las oficinas de asistencia en materia de registros y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. b) Puesta a disposición en la sede electrónica o dirección electrónica habilitada de otras Administraciones Públicas, previa firma del correspondiente convenio por parte de la Consejería competente en materia de transformación digital.
2. Los medios de notificación electrónica podrán utilizarse alternativa o conjuntamente, siendo eficaz la actuación a partir de la primera notificación que tenga lugar.

1. El sistema para la práctica de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía es el que se establece en el Anexo IV.
2. La ciudadanía puede darse de alta en cualquier momento accediendo al sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía empleando los medios de identificación de los artículos 21 y 22.
3. Se podrá proceder de oficio al alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía de las personas que no lo hayan hecho voluntariamente cuando estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades del artículo 2.1, en los términos del artículo 33, o cuando, sin estar obligadas, tengan la condición de interesadas en un procedimiento administrativo, en los términos del artículo 34.
4. La Consejería competente en materia de transformación digital es responsable del mantenimiento y funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas, y coordinará la articulación de sus contenidos y servicios. Los distintos órganos y entidades del artículo 2.1 aportarán la información necesaria para su funcionamiento y gestionarán la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas en el sistema.

c) La incorporación en un punto centralizado de datos de contacto de la ciudadanía, común a todas las Administraciones Públicas, a partir del momento en que este servicio esté habilitado y sea accesible por la Administración de la Junta de Andalucía. d) La incorporación de estos datos en registros administrativos en los que deba o pueda inscribirse para el ejercicio de una actividad. e) Cualquier otra vía que concretamente se articule para mejorar sus derechos y garantías. 2. En su caso, los medios de envío del aviso de notificación indicados por la persona interesada tendrán carácter preferente en el correspondiente procedimiento. 3. La falta de práctica del aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

1. La ciudadanía podrá indicar una dirección de correo electrónico y, opcionalmente, dispositivo electrónico en el que recibir avisos de notificaciones electrónicas por los siguientes medios: a) La incorporación de estos datos en los formularios asociados a procedimientos

administrativos. b) La incorporación de estos datos en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía.

c) La incorporación en un punto centralizado de datos de contacto de la ciudadanía, común a todas las Administraciones Públicas, a partir del momento en que este servicio esté habilitado y sea accesible por la Administración de la Junta de Andalucía. d) La incorporación de estos datos en registros administrativos en los que deba o pueda inscribirse para el ejercicio de una actividad. e) Cualquier otra vía que concretamente se articule para mejorar sus derechos y garantías. 2. En su caso, los medios de envío del aviso de notificación indicados por la persona interesada tendrán carácter preferente en el correspondiente procedimiento. 3. La falta de práctica del aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

1. Cuando una persona interesada en un procedimiento iniciado de oficio esté obligada a relacionarse por medios electrónicos y no esté dada de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, se procederá a su alta de oficio, cuando se conozcan los datos para realizar el aviso de notificación a que se refiere el artículo 32.1.
2. Cuando, en la apertura de un periodo de información o actuaciones previas al inicio de oficio de un procedimiento, se compruebe que una persona interesada obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración no esté dada de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, y no se conozcan los datos para realizar el aviso de notificación a que se refiere el artículo 32.1, los órganos y entidades del artículo 2.1 podrán enviarle una comunicación en papel con un aviso previo, recordándole su deber de relacionarse por medios electrónicos y la necesidad de darse de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, indicándole cómo proceder a su alta y manifestándole que dispone para ello de un plazo de diez días, incorporando sus datos para la remisión de avisos. Se le advertirá que, transcurrido dicho plazo sin que haya procedido a ello, se le dará de alta de oficio en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía sin datos para la remisión de avisos, y que en lo sucesivo podrá ser utilizada para la práctica de notificaciones electrónicas en todos los procedimientos en que tenga condición de persona interesada.
3. En el caso de que no se haya realizado el alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía porque no se disponga de la dirección de correo electrónico o dispositivo electrónico en el que recibir avisos de notificaciones electrónicas por alguno de los medios relacionados en los apartados c), d) y e) del artículo 32.1, y no se haya enviado la comunicación con el aviso previo regulado en el apartado 2, el órgano gestor del procedimiento realizará la primera notificación del procedimiento en papel, incluyendo los contenidos de dicho aviso.
4. No procederán las comunicaciones y notificaciones reguladas en los apartados 2 y 3 cuando el inicio del procedimiento se produzca mediante convocatoria publicada en el presentando obligatoriamente escritos de solicitud por medios electrónicos. En tal caso, el alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía se realizará de oficio con los datos que figuren en la solicitud.

por estos medios se pondrán a su disposición a través de los medios previstos en el artículo 30.1 a fin de que puedan acceder a su contenido de forma voluntaria, ofreciendo la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. 2. Conforme a lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, cuando la persona interesada fuera notificada por distintos medios, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones que se practiquen en papel a personas no obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos y que no hayan optado por recibir la notificación por estos medios se pondrán a su disposición a través de los medios previstos en el artículo 30.1 a fin de que puedan acceder a su contenido de forma voluntaria, ofreciendo la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, cuando la persona interesada fuera notificada por distintos medios, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

1. Los medios de notificación electrónica implantados por la Administración de la Junta de Andalucía preservarán las garantías necesarias en la práctica de las notificaciones administrativas, a cuyo fin satisfarán las exigencias establecidas en este artículo, además de las generales de aplicación. 2. Los medios de notificación electrónica expresarán claramente la fecha y hora de puesta a disposición de cada notificación electrónica, con independencia del estado en que dicha notificación se encuentre en cada momento. 3. La notificación electrónica se encontrará en alguno de los siguientes estados: a) No leída: cuando una notificación sea puesta a disposición de la persona destinataria, mientras no cambie su estado durante el plazo previsto en la normativa básica para practicar la notificación. b) Leída: cuando la persona destinataria acceda al contenido de la notificación, quedando constancia de la fecha y hora en la que se produjo dicho acceso. c) Rechazada: cuando la persona destinataria rechace la notificación, quedando constancia de la fecha y hora en que se produjo dicho rechazo. En el caso de que la persona destinataria se encuentre obligada a relacionarse por medios electrónicos o haya elegido voluntariamente ese medio, la notificación se entenderá rechazada transcurridos diez días naturales desde la fecha de su puesta a disposición sin acceder a su contenido, continuándose con la tramitación del procedimiento conforme a lo establecido en la legislación del procedimiento administrativo común. Podrá accederse al contenido de las notificaciones rechazadas con efectos meramente informativos. d) Caducadas: cuando la notificación tenga por destinataria una persona no obligada a relacionarse por medios electrónicos que no haya elegido voluntariamente este medio, una vez transcurrido el plazo previsto en la normativa básica para practicar la notificación sin que la persona interesada haya accedido a su contenido. Las notificaciones caducadas no estarán disponibles para su acceso, sin que por ello se entiendan por rechazadas. 4. Antes de que la persona destinataria acceda al contenido de la notificación, se le indicará que puede rechazarla, con la advertencia de que, en tal caso, se entenderá practicada. 5. Con independencia del estado en que se encuentren, las notificaciones permanecerán en el sistema como mínimo un plazo de cinco años, y solo serán eliminadas de oficio por razones técnicas de mantenimiento del sistema o cuando el volumen de notificaciones acumulado suponga un coste desproporcionado, constando en el sistema su trazabilidad y la fecha de eliminación.

1. La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas adecuadas para la implantación de medios electrónicos en la gestión de su actividad administrativa, en las comunicaciones, relaciones, trámites y prestaciones de servicios con la ciudadanía, así como en sus comunicaciones internas.

Medios electrónicos en el procedimiento administrativo y la gestión documental

2. La aplicación de medios electrónicos en ningún caso podrá implicar la existencia de restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en el acceso de la ciudadanía a la prestación de servicios públicos o a cualquier actuación o procedimiento administrativo. En todo caso, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá acciones que favorezcan la eliminación de cualquier riesgo de exclusión digital.
3. La utilización de medios electrónicos en la gestión de la actividad administrativa garantizará la titularidad y el ejercicio de la competencia por el órgano que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen el régimen jurídico de dichos órganos.

1. La aplicación de medios electrónicos a procedimientos y servicios previamente tramitados en papel requerirá de un estudio previo de rediseño funcional y simplificación por parte del órgano o unidad administrativa competente por razón de la materia en el que se considerarán especialmente los criterios de simplificación y agilización establecidos en el artículo 6.
2. Cuando las series documentales generadas por tales procedimientos administrativos no cuenten con la tabla de valoración prevista en la legislación de documentos, archivos y patrimonio documental, se deberá iniciar el procedimiento establecido para su elaboración por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos con objeto de que la tramitación electrónica de dichos procedimientos contenga la información necesaria para garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.
3. Los sistemas de información que produzcan o custodien documentos electrónicos se inscribirán en el Registro General de los Sistemas de Información de la Junta de Andalucía, tal y como se dispone en la legislación de documentos, archivos y patrimonio documental.
4. En todo caso se garantizará la plena interoperabilidad de las soluciones implantadas. Asimismo, se promoverá el intercambio y reutilización de sistemas y aplicaciones con otras Administraciones Públicas y entidades del sector público.

e) Acceso a certificados, tarjetas y carnés expedidos por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, que tendrán la consideración de copia electrónica auténtica. f) Cualquier otra que se estime de utilidad para mejorar los servicios que la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos prestan a la ciudadanía. 3. La exhibición presencial ante un tercero de un documento disponible en la Carpeta Ciudadana en el cual se exprese que tiene la consideración de copia electrónica auténtica, en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtirá los mismos efectos que la exhibición presencial del correspondiente documento original. 4. La Consejería competente en materia de administración pública será responsable de la gestión y supervisión del contenido de la Carpeta Ciudadana, correspondiendo el soporte tecnológico a la Consejería competente en materia de transformación digital. Los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y, en su caso, consorcios adscritos garantizarán la permanente actualización de su información y contenidos.

1. A fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas interesadas en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios adscritos, se pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de administración electrónica, denominado Carpeta Ciudadana, mediante el que podrá tener acceso a su información de carácter personal en poder de las Administraciones Públicas así como sobre los procedimientos en los que tenga condición de persona interesada.
2. Se podrá acceder a la Carpeta Ciudadana desde el punto de acceso general electrónico y sedes electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía, así como desde las aplicaciones móviles específicas, empleando los medios de identificación de los artículos 21 y 22. La Carpeta Ciudadana dispondrá al menos de la siguiente información administrativa particular, previa identificación de la persona interesada: a) Consulta al estado de tramitación y, en su caso, acceso al contenido de los expedientes de los procedimientos administrativos y servicios. b) Consulta de solicitudes o escritos presentados en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

c) Acceso a las notificaciones electrónicas. d) Consulta de la información personal existente en las Administraciones Públicas previa autorización de la persona interesada.

e) Acceso a certificados, tarjetas y carnés expedidos por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, que tendrán la consideración de copia electrónica auténtica. f) Cualquier otra que se estime de utilidad para mejorar los servicios que la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos prestan a la ciudadanía. 3. La exhibición presencial ante un tercero de un documento disponible en la Carpeta Ciudadana en el cual se exprese que tiene la consideración de copia electrónica auténtica, en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtirá los mismos efectos que la exhibición presencial del correspondiente documento original. 4. La Consejería competente en materia de administración pública será responsable de la gestión y supervisión del contenido de la Carpeta Ciudadana, correspondiendo el soporte tecnológico a la Consejería competente en materia de transformación digital. Los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y, en su caso, consorcios adscritos garantizarán la permanente actualización de su información y contenidos.

El deber de relacionarse por medios electrónicos no podrá imponerse a través de actos administrativos generales de convocatoria, debiendo encontrarse previsto en disposiciones normativas de rango legal o bien reglamentario cuando, en este último caso, quede acreditado que las personas afectadas tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos.

4. La actuación administrativa automatizada se imputará, a todos los efectos, a la persona titular del órgano o entidad responsable del sello electrónico o, en su caso, código seguro de verificación con el que se lleve a cabo.

1. Se promoverá activamente la actuación administrativa automatizada en actividades que puedan producirse mediante un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención directa de una persona empleada pública en cada caso singular, y especialmente las que consistan en: a) La adopción de un acuerdo o decisión administrativa mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y otros procesos puramente mecánicos en los que se utilicen valores cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras y porcentajes. b) La certificación de hechos o datos preexistentes en registros o en sistemas de información, incluso del silencio administrativo. c) La constatación puramente mecánica de requisitos previstos en la normativa aplicable y la posterior declaración, en su caso, de la consecuencia jurídica prevista en la misma. d) La comunicación o declaración de un hecho, acto o acuerdo preexistente a través de su transcripción total o parcial. e) La práctica de las notificaciones electrónicas.
2. No cabrá realizar mediante actuación administrativa automatizada actividades que supongan juicios de valor.
3. Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la aprobación de las actividades que se realicen mediante actuación administrativa automatizada indicará tanto el órgano que se considera responsable a efectos de impugnación, como el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. La aprobación será objeto de publicación, al menos, en la sede electrónica correspondiente.

1. Cuando, como consecuencia de lo establecido en la legislación del procedimiento administrativo común o en la específica del procedimiento aplicable, deba procederse a la publicación de una disposición o acto administrativo dictado por la Administración de la Junta de Andalucía en un diario oficial, dicha publicación tendrá lugar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la publicación que pueda corresponder en otros diarios oficiales. En el caso de la publicación de notificaciones infructuosas, ésta será previa y complementaria a la que establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Para mejorar la difusión de los actos administrativos que se deban publicar podrán implantarse otros medios electrónicos adicionales de publicación, y en particular: a) Tablones de edictos electrónicos, en la sede electrónica de la Consejería o entidad actuante, con la advertencia de cuál es la fecha de eficacia de la actuación. b) Avisos de publicación difundidos a partir de cualesquiera puntos de acceso electrónico y mediante los que se articule la consulta de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1. La comprobación y constancia de los datos y documentos que se deban aportar al procedimiento administrativo, y que ya obren en poder de la Administración, se realizará de manera automatizada o de oficio por la persona instructora, en su caso, preferentemente mediante consultas y transmisiones electrónicas de datos realizadas por los sistemas de gestión de los procedimientos a las plataformas y sistemas electrónicos habilitados al efecto, todo ello sin perjuicio de lo que establezca la normativa reguladora en materia de protección de datos de carácter personal.
2. En caso de imposibilidad de obtener los datos o documentos necesarios, se comunicará dicha circunstancia a la persona interesada a los efectos de su aportación.
3. Si resultara alguna discrepancia entre los datos y documentos obtenidos y los facilitados o alegados por la persona interesada, o fuera necesario aclarar algún aspecto de los mismos, el órgano competente para la comprobación, constancia y, en su caso, verificación, está facultado para realizar las actuaciones procedentes de comprobación y, en particular, para requerir las actuaciones pertinentes a la persona interesada conforme a lo dispuesto en la legislación del procedimiento administrativo común y en la normativa específica aplicable en cada caso.
4. La verificación u obtención de los datos y documentos en poder de otras Administraciones Públicas se realizará conforme determinen los respectivos convenios de colaboración o, en su caso, los instrumentos o instrucciones de acceso, en cuanto a las finalidades, los requisitos que deban satisfacer las posibles personas usuarias, los perfiles de quienes utilicen los servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos servicios y los mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables.

a) Posibilitar el ejercicio del derecho de acceso de la ciudadanía a los documentos y expedientes administrativos y a la información que éstos contienen en los términos previstos por la legislación vigente en la materia. b) Configurar adecuadamente el Patrimonio Documental de Andalucía. c) Garantizar la racionalización administrativa y una gestión administrativa ordenada, eficaz, eficiente y transparente. d) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el funcionamiento de los organismos e instituciones públicas. e) Proporcionar fuentes de información para la participación de la Junta de Andalucía en las estrategias de Gobierno Abierto que ponen en valor la difusión, explotación y reutilización de datos sobre la actividad de las Administraciones Públicas. Estas fuentes de información deberán presentar los datos desagregados por sexo, con el fin de facilitar la realización de estudios y estimaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres. f) Generar conocimiento en el seno de la propia Administración. 2. La gestión documental se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, en la política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía y, supletoriamente, por lo previsto en este decreto.

1. La gestión documental comprende el conjunto de funciones y procesos reglados aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo de vida de los documentos y expedientes administrativos, para garantizar su protección, custodia, recuperación, conservación física y lógica y el mantenimiento de su contexto. Sus principales finalidades son: a) Posibilitar el ejercicio del derecho de acceso de la ciudadanía a los documentos y expedientes administrativos y a la información que éstos contienen en los términos previstos por la legislación vigente en la materia. b) Configurar adecuadamente el Patrimonio Documental de Andalucía. c) Garantizar la racionalización administrativa y una gestión administrativa ordenada, eficaz, eficiente y transparente. d) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el funcionamiento de los organismos e instituciones públicas. e) Proporcionar fuentes de información para la participación de la Junta de Andalucía en las estrategias de Gobierno Abierto que ponen en valor la difusión, explotación y reutilización de datos sobre la actividad de las Administraciones Públicas. Estas fuentes de información deberán presentar los datos desagregados por sexo, con el fin de facilitar la realización de estudios y estimaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres. f) Generar conocimiento en el seno de la propia Administración.
2. La gestión documental se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, en la política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía y, supletoriamente, por lo previsto en este decreto.

1. La determinación de los medios de pago electrónico utilizables en la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la Consejería competente en materia de hacienda, rigiéndose por la normativa específica que dicte y, supletoriamente, por lo previsto en este decreto.
2. En todo caso, la implantación de aplicaciones y sistemas informáticos de soporte a los pagos electrónicos se ajustará a lo dispuesto en este decreto, y sus vías de acceso electrónico se acomodarán a lo que se establece en el capítulo III respecto a los puntos de acceso electrónico.

1. La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá de un Registro electrónico de apoderamientos conforme a lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común. Dicho Registro será único para todos los órganos, agencias y, en su caso, consorcios incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto.
2. En el registro electrónico de apoderamientos pueden inscribirse: a) Los apoderamientos o representaciones otorgadas por las personas a terceras personas para actuar en su nombre. b) Los bastanteos de poderes. c) Las personas que se hayan adherido a un convenio firmado con la Administración de la Junta de Andalucía para la habilitación de representación de colectivos.
3. La gestión y funcionamiento del Registro electrónico de apoderamientos corresponderán a la Consejería competente en materia de administración pública. Mediante orden de la persona titular de dicha Consejería se establecerá: a) Las personas funcionarias que podrán ser habilitadas para analizar e inscribir, en su caso, los apoderamientos y bastanteos de poderes. b) Los modelos de poderes inscribibles en el Registro cuando se circunscriban a actuaciones a realizar ante la Administración de la Junta de Andalucía. c) Los formularios de apoderamientos «apud acta» y de solicitudes de habilitación general que resulten precisos para el adecuado funcionamiento del Registro.

Medidas organizativas

1. El Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS) actuará como sistema de constancia de los funcionarios públicos habilitados para realizar cualquiera de las siguientes funciones: a) Identificación y firma electrónica para actuar en nombre de personas interesadas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración que no dispongan de los medios electrónicos necesarios. b) Expedir copias auténticas.
2. La habilitación se llevará a cabo por la persona titular del órgano directivo central con competencia en materia de personal de la Consejería de adscripción o unidad equivalente en el caso de las agencias.
3. El alcance de la habilitación para identificación y firma será para intervenir en toda clase de procedimientos.
4. Podrá ser habilitado para la expedición de copias auténticas el personal funcionario encargado de la recepción de documentos, así como el personal funcionario de los órganos administrativos que hubiesen emitido el documento original. En el caso de que este órgano se hubiera suprimido, podrá habilitarse al personal funcionario que tenga encomendada la custodia del expediente a que pertenezca el documento original.
5. La designación de los funcionarios habilitados indicará las fechas de alta y de baja de la habilitación.
6. La inscripción de la habilitación correspondiente en el Sistema de Información de Recursos Humanos tendrá lugar mediante la definición de atributos de la persona y será plenamente interoperable, permitiendo la consulta de quienes requieran verificar la habilitación. De manera igualmente interoperable conservará la información histórica de todas las habilitaciones registradas, a fin de que pueda verificarse si una determinada persona funcionaria disponía o no de la habilitación correspondiente en una fecha determinada.
7. Se cancelará la habilitación: a) Cuando llegue la fecha de baja indicada en la designación. b) Cuando, antes de dicha fecha, se revoque la habilitación. c) Cuando el personal funcionario cese en su puesto.

1. Se crea el Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía como herramienta de gestión y coordinación en la que se reúne la información necesaria para la identificación inmediata de los órganos colegiados adscritos o en los que participa la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así como de los acuerdos que se adopten en el seno de los mismos.
2. Quedan excluidos de lo dispuesto en este artículo los siguientes órganos: a) El Consejo de Gobierno. b) Las Comisiones Delegadas del Gobierno. c) La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. d) Los Consejos de Dirección de las Consejerías. e) Los órganos colegiados de contratación. f) Los órganos de selección de personal y provisión de puestos de trabajo previstos en la normativa correspondiente. g) Las Comisiones de valoración para la concesión de becas, ayudas, premios y subvenciones. h) Los órganos mixtos creados para la vigilancia, control e interpretación de los acuerdos y convenios. i) Los órganos colegiados de gobierno y coordinación docente. j) Las comisiones de redacción de planes y estrategias.
3. Las Consejerías y las entidades instrumentales a las que se encuentren adscritos o de las que dependan los órganos colegiados serán las responsables de la integridad, actualización y veracidad de las inscripciones y asientos del Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyos efectos son meramente declarativos.
4. La responsabilidad de la coordinación, seguimiento de la calidad de la información y correcto funcionamiento del Registro Electrónico de Órganos Colegiados corresponderá a la Consejería competente en materia de administración pública, que procederá a regularlo mediante orden.
5. El Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía, contendrá al menos la siguiente información: a) Denominación. b) Consejería o entidad instrumental de adscripción o dependencia. c) Normativa reguladora de creación y, en su caso, normas de organización y funcionamiento. d) Identificación de sus miembros y sector al que representan. e) Datos de contacto. f) Acuerdos. g) Fechas de las sesiones celebradas cada año.
6. El Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se constituirá como el instrumento de publicidad activa de los órganos colegiados a los efectos contemplados en el artículo 10.1.f) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y será accesible desde el Portal de la Junta de Andalucía.

1. Se crea el Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la Junta de Andalucía, que permitirá inventariar los convenios que suscriba la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación estatal básica en materia de convenios y la normativa de transparencia, así como mejorar la eficacia y la eficiencia de la actuación administrativa.
2. La responsabilidad de la coordinación, seguimiento de la calidad de la información y correcto funcionamiento del Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la Consejería competente en materia de administración pública, que procederá a regularlo mediante orden.
3. El Registro Electrónico de Convenios de la Junta de Andalucía contendrá al menos la siguiente información: a) Tipología. b) Título del convenio. c) Fecha de suscripción. d) Vigencia. e) Partes firmantes. f) Objeto del convenio. g) Compromisos económicos.
4. Las Consejerías y entidades instrumentales que suscriban convenios serán las competentes para proceder a su inscripción en el Registro y mantener actualizada su información, siendo sus efectos meramente declarativos.
5. El Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la Junta de Andalucía será el instrumento de publicidad activa de los convenios suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales a los efectos contemplados en el artículo 15.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y será accesible desde el Portal de la Junta de Andalucía.

Anexo II del Decreto 622/2019 - Sistemas de identificación de la ciudadanía

Sistemas de identificación admitidos en las relaciones de la ciudadanía con la Administración de la Junta de Andalucía:

a) Sistemas de identificación basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.

b) Sistemas de identificación basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza.

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido.

d) Cl@ve (sistema de identificación, autenticación y firma electrónica común de las AAPP): Cl@ve PIN (clave temporal) y Cl@ve Permanente.

e) Los sistemas de identificación biométrica y reconocimiento facial de la Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía, de utilización voluntaria por la ciudadanía, siempre y cuando la tecnología garantice la identificación inequívoca de la persona con las salvaguardas necesarias de privacidad que exija la legislación vigente en protección de datos.

f) Los sistemas de usuario y clave concertada que proporcione la Junta de Andalucía.

Nota: El Anexo III del mismo Decreto recoge los sistemas de firma admitidos no basados en certificados electrónicos, que son distintos de los sistemas de identificación del Anexo II.

Sistemas de firma admitidos no basados en certificados electrónicos:

a) Sistema de firma basada en los sistemas de identificación relacionados en el Anexo II, para sistemas de categoría básica o media, de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y procedimientos en los cuales la normativa reguladora aplicable no disponga el uso de firma electrónica avanzada o basada en certificado electrónico.

b) Sistema de firma manuscrita digitalizada en las actuaciones presenciales ante la ciudadanía, para los documentos que las personas interesadas o sus representantes deban firmar en comparecencia presencial ante personal empleado público. La utilización de este sistema requerirá la verificación previa de la identidad de la persona por el personal empleado público.

Términos y condiciones para la utilización del sistema de firma basada en los sistemas de identificación relacionados en el Anexo II:

Se garantizará la integridad de la documentación firmada mediante el sellado realizado con un sello electrónico cualificado del órgano responsable del procedimiento, a la que se añadirá un sello de tiempo, y su incorporación inmediata al sistema de información asociado a dicho procedimiento. El sistema de información deberá disponer de las medidas técnicas, organizativas y procedimentales necesarias para garantizar dicha integridad a lo largo del tiempo.

Asimismo, se garantizará también la integridad, mediante el sellado realizado con el sello electrónico cualificado del órgano responsable del procedimiento y la adición de un sello de tiempo, de las evidencias necesarias para la verificación de la identidad, recopiladas inmediatamente antes del acto de la firma, así como, posteriormente, del consentimiento explícito de la persona interesada con el contenido firmado, almacenando dichas evidencias en el sistema de información junto con la documentación firmada.

c) Sistema de firma basado en la consignación del número de NIF/NIE, el IDESP/IXEPS y la fecha de caducidad, de las personas que componen una unidad familiar, para manifestar oposición expresa o consentimiento expreso.

d) Sistema de firma basado en la tarjeta electrónica del profesorado en Andalucía y personal de centros docentes.

e) Sistema de firma basado en intercambio de claves a través de mensajes SMS para las personas de la comunidad educativa andaluza.

@firma: Plataforma Corporativa de Autenticación y Firma Electrónica de la Junta de Andalucía

@firma es la plataforma corporativa de autenticación y firma electrónica de la Junta de Andalucía. Permite la autenticación y la firma basadas en certificados electrónicos para los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía.

Qué aporta la firma electrónica

La firma electrónica aporta tres características fundamentales en la comunicación por internet:

1. Identificación del firmante: permite conocer con certeza quién ha firmado el documento.
2. Integridad de los datos: garantiza que el documento no ha sido alterado desde que se firmó.
3. No repudio: el firmante no puede negar haber realizado la firma.

Función de @firma

@firma es una plataforma multi-PKI de validación y firma electrónica que proporciona servicios para implementar autenticación avanzada y firma electrónica de forma rápida y efectiva. Sus servicios cubren:

• Validación de certificados electrónicos de múltiples entidades emisoras (multi-PKI).
• Firma y multifirma de ficheros en el cliente.
• Múltiples formatos de firma estándar.
• Sellado de tiempo mediante integración con una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA).
• Auditoría y trazabilidad de todas las transacciones realizadas por la plataforma.

Relación con otras herramientas

@firma actúa como plataforma de servicios que utilizan otras herramientas corporativas, especialmente Port@firmas, que se apoya en @firma para realizar las funciones de autenticación, firma de documentos, seguimiento de las firmas realizadas y verificación de las mismas.

Autofirma

Autofirma es la aplicación de escritorio que permite la ejecución de operaciones de firma electrónica de ficheros locales en entornos de escritorio Windows, Linux y Mac OS X. Es la herramienta cliente de uso local que complementa a @firma para operar en el puesto de trabajo del usuario.

PID@ y transparencia

La plataforma @firma da soporte técnico a otros sistemas de la Junta de Andalucía. PID@ (Plataforma Integrada para el Derecho de Acceso) es la plataforma que da soporte al procedimiento para la solicitud de información pública contemplado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Identificación en la sede

En el ámbito de la Junta de Andalucía, la plataforma corporativa de autenticación y firma basada en certificados electrónicos para los procedimientos administrativos, trámites y servicios se denomina @FIRMA.

Port@firmas: Portafirmas Electrónico de la Junta de Andalucía

Port@firmas es la herramienta de interfase centralizada de la Junta de Andalucía destinada a facilitar a los órganos y unidades administrativas el uso de la firma electrónica basada en certificado electrónico reconocido o cualificado de documentos procedentes de diferentes sistemas de información independientes, con la consiguiente agilización de la actividad administrativa.

Relación con @firma

Port@firmas utiliza los servicios de la plataforma @firma para la realización de las siguientes funciones:

• Autenticación.
• Firma de documentos.
• Seguimiento de las firmas realizadas.
• Verificación de las mismas.

Funciones principales

Port@firmas implementa tres funciones principales:

1. Alta de documentos a firmar y relación de firmantes: incorporación de documentos al circuito de firma y definición de los firmantes que deben intervenir.
2. Gestión de firmas de documentos: control del proceso de firma a lo largo de todo el flujo.
3. Verificación de firmas de documentos: comprobación de la validez de las firmas realizadas.

Tipos de firma implementados

Port@firmas implementa las siguientes funciones de firma de ficheros:

• Firma simple: un único firmante suscribe el documento.
• Firma múltiple: más de un firmante suscriben el documento (de forma paralela o jerarquizada).
• Firma múltiple en cascada: los firmantes suscriben el documento de forma secuencial, uno tras otro, de manera que cada firma se añade sobre la anterior.

La "firma simple en interfaz" no es una función de Port@firmas.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de Port@firmas incluyen:

• Impulso, homogeneización y estandarización de la práctica de la firma electrónica por los empleados públicos.
• Desaparición del soporte físico (papel) de los documentos y del movimiento del mismo, contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental de la actividad administrativa.
• Agilización de la actividad administrativa de los trámites.
• Integración con los sistemas de información mediante servicios web y XML (no mediante XMPP).
• Seguimiento del estado de proceso de firma por firmante en que se encuentra cada documento.
• Minimizar los costes de implantación de la firma electrónica de documentos en las diferentes tecnologías y sistemas de información.

Acceso

Port@firmas dispone de:

• Interfaz web a través de navegador para todas las funciones de creación y firma.
• Clientes o aplicaciones móviles que permiten firmar desde smartphones y dispositivos móviles.
• Interfaz de servicios web por la que aplicaciones externas pueden realizar peticiones de firma y recibir los documentos firmados.

Compuls@: Digitalización y Compulsa Electrónica de la Junta de Andalucía

Compuls@ es una sencilla aplicación informática para la expedición de copias autenticadas electrónicamente de documentos originales en soporte papel que se digitalizan para obtener una copia electrónica auténtica.

Qué permite hacer Compuls@

Compuls@ permite producir un fichero en un formato que muestra la imagen exacta del documento original en papel. El resultado de la digitalización es un fichero PDF que admite búsquedas de texto (PDF con OCR).

Quién puede utilizarla

El acceso y utilización de la herramienta está restringido. Solo pueden utilizarla los funcionarios públicos habilitados para expedir copias auténticas, debidamente registrados en el Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS), y que pertenezcan a una Consejería o Agencia previamente habilitada.

Una persona no podrá acceder a la herramienta si no está adscrita a una Consejería o Agencia previamente habilitada.

Proceso de autenticación

El funcionario que autentica la copia realiza una diligencia de autenticación electrónica (firma electrónica) sobre el documento digitalizado. Esta diligencia de autenticación, y no una mera diligencia de compulsa, es lo que confiere validez a la copia.

Las copias expedidas mediante Compuls@ no habilitan para la destrucción del documento original en soporte papel (esa habilitación requiere un proceso adicional de destrucción certificada).

Parámetros de escaneo

Con carácter general, los documentos deben escanearse siguiendo estos parámetros:

• Color: escala de grises (solo se escanea a color cuando el documento original lo es y la información de color sea relevante).
• Resolución: 200 ppp (puntos por pulgada).

No se utilizan ni blanco y negro puro ni resoluciones de 320, 2.000 o 3.200 ppp con carácter general.

Diferencia con Autentic@

Compuls@ se ocupa de documentos originales en soporte papel. No debe confundirse con otras herramientas que operan sobre documentos que ya están en formato electrónico.

Notific@: Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Junta de Andalucía

Notific@ es el sistema del que dispone la Junta de Andalucía para realizar el envío y la gestión de notificaciones electrónicas fehacientes, con generación de evidencias comprobables de la entrega por el emisor y la recepción por el destinatario, conforme a la normativa vigente del procedimiento administrativo común.

Qué hace Notific@

Notific@ permite:

• Enviar notificaciones electrónicas a ciudadanos y empresas de forma fehaciente.
• Gestionar el estado de cada notificación (enviada, puesta a disposición, leída, rechazada, expirada).
• Generar evidencias electrónicas de la entrega y la recepción.
• Avisar al destinatario por correo electrónico y/o SMS cuando hay una notificación disponible.

Operativa básica: los tres procesos

La operativa básica del sistema Notific@ está compuesta por los siguientes tres procesos:

1. Proceso de admisión: entrada en el sistema de lotes o remesas de notificaciones procedentes de una aplicación emisora, verificación y generación de mensajes de confirmación o acuses de entrega.
2. Proceso de puesta a disposición: la notificación se pone a disposición del destinatario en su dirección electrónica habilitada.
3. Proceso de entrega: el destinatario accede a la notificación y la acepta o rechaza, generándose el acuse de recibo correspondiente.

Los procesos de Notific@ son: admisión, puesta a disposición y entrega. No son "alta, gestión y notificación" ni otras combinaciones.

Acceso para el destinatario

Para recibir notificaciones electrónicas, el destinatario debe disponer de un certificado electrónico o de los sistemas de identificación admitidos (Cl@ve, DNI electrónico, etc.), y debe estar suscrito al sistema de notificaciones electrónicas de la Junta de Andalucía.

Marco normativo

Notific@ opera conforme a la normativa vigente sobre procedimiento administrativo común, garantizando la validez legal de las notificaciones electrónicas practicadas a través del sistema.

Model@: Herramienta de Modelado de Procedimientos Administrativos Electrónicos

Model@ es una herramienta desarrollada íntegramente en Java que permite al usuario crear gráficamente, gestionar y mantener diagramas de definición de procedimientos administrativos, pudiendo generar las definiciones necesarias para su incorporación al motor de tramitación Trew@.

Qué es Model@

Model@ es una herramienta esencialmente gráfica que permite, de manera autónoma y "fuera de línea" (offline), diseñar y mantener los procedimientos administrativos que después se ejecutarán en la plataforma de tramitación electrónica de la Junta de Andalucía.

Funcionalidades principales

Model@ incluye funcionalidades para:

• Crear gráficamente diagramas de flujo de procedimientos administrativos (metafases, fases, transiciones, tareas, condiciones, acciones, etc.).
• Definir tareas del tipo "manipular datos", "generar documento", "incorporar documento", etc.
• Definir tipos de párrafos, variables y parámetros asociados al procedimiento.
• Identificar, representar y tratar módulos reutilizables de procedimiento.
• Almacenar la definición de procedimientos en formato XML importable al motor de tramitación Trew@.

Estándar XPDL

Las definiciones de procedimientos que genera Model@ verifican el estándar XPDL (XML Process Definition Language) definido por el WfMC (Workflow Management Coalition) como lenguaje de definición de flujos de trabajo y procesos de negocio.

Relación con Trew@ y PTw@ndA

Model@ es la herramienta de diseño que alimenta al motor de tramitación Trew@ y a la Plataforma de Tramitación PTw@ndA, que constituyen el entorno completo de administración electrónica de la Junta de Andalucía para la gestión de expedientes. El flujo es:

• Model@: diseño gráfico del procedimiento (offline, en Java).
• Trew@: motor que ejecuta ese procedimiento (tramitación de expedientes).
• PTw@ndA: plataforma de usuario final que integra todos los componentes.

@rchivA: Sistema de Gestión Documental y Archivo Electrónico de la Junta de Andalucía

@rchivA es el Sistema de Información para los Archivos de la Junta de Andalucía. Es el sistema común para la gestión integrada de los documentos y fondos documentales bajo su jurisdicción, cubriendo todo el ciclo de vida de los documentos, desde las unidades productoras hasta los archivos históricos.

Bloques funcionales básicos de @rchivA

El sistema se estructura en los siguientes bloques funcionales:

1. Gestión de ingresos de documentación: tramitación electrónica de las transferencias e ingresos de documentos y expedientes en los archivos. Para los documentos electrónicos administrativos, esto supone su ingreso en el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía.
2. Tratamiento archivístico técnico: tratamiento técnico de documentos y expedientes administrativos con independencia de su formato (papel o electrónico).
3. Gestión de custodia: gestión de la custodia de dichos documentos a lo largo de su ciclo vital, garantizando el ejercicio de los derechos de acceso sin discriminación por razón de formato.
4. Gestión de acceso a la documentación: consulta de documentos y expedientes.
5. Explotación de los datos: explotación de datos relacionados con los fondos documentales.
6. Servicios a usuarios: prestación de servicios a usuarios internos (Administración) y externos (ciudadanía), con tramitación electrónica en todos los casos.

La "gestión de la verificación de documentos" no es uno de los bloques funcionales básicos de @rchivA (esa función corresponde a la Herramienta Centralizada de Verificación, HCV).

Marco normativo

@rchivA es un componente clave de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos de la Junta de Andalucía aprobada por Acuerdo de 1 de agosto de 2017, y de la aplicación del Decreto 622/2019 de gestión, conservación y eliminación de documentos de las entidades integrantes del sector público de Andalucía.

Ámbito de aplicación

@rchivA da soporte a los archivos de gestión, intermedios e históricos adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, articulando el tránsito de la documentación entre ellos conforme al ciclo vital del documento administrativo.

Cl@ve: Sistema de Identificación Electrónica para el Acceso a Servicios Públicos

Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, permitiendo que las personas puedan identificarse ante la Administración mediante claves concertadas (usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios.

Qué es Cl@ve

Cl@ve es un sistema de identificación común para varias administraciones públicas, integrado en el entorno de la Junta de Andalucía a través del componente Proxy-Cl@ve. Permite que la ciudadanía acceda a los trámites electrónicos con un único sistema de credenciales, en lugar de gestionar contraseñas distintas para cada servicio.

Cl@ve no es una plataforma de firma electrónica basada en certificados ni el sistema de archivo de la Junta de Andalucía.

Modalidades de Cl@ve

El sistema contempla dos modalidades principales de identificación mediante clave concertada:

• Cl@ve Permanente: contraseña de uso habitual, válida de manera indefinida una vez activada. Orientada al acceso recurrente y al uso de la firma en la nube.
• Cl@ve PIN (código temporal): contraseña con validez muy limitada en el tiempo, generada para un uso puntual y comunicada al ciudadano por SMS o aplicación móvil.

El sistema Cl@ve permite identificarse mediante contraseña permanente o un código temporal.

Métodos de identificación admitidos

Cl@ve contempla el uso de:

• Sistemas de claves concertadas (usuario y contraseña, en sus modalidades permanente y PIN).
• Certificados electrónicos (incluyendo el DNI electrónico).

Niveles de registro

• Registro Básico (obtenido en línea sin certificado electrónico): permite el acceso a servicios, pero no habilita la firma avanzada en la nube.
• Registro Avanzado (obtenido con certificado electrónico, DNI-e o en oficina de registro presencial): habilita todos los servicios, incluida la firma en la nube.

Relación con la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía integra Cl@ve en sus servicios electrónicos a través del Proxy-Cl@ve, que actúa como intermediario técnico para que las aplicaciones corporativas puedan delegar la autenticación en el sistema Cl@ve estatal, cumpliendo con los estándares de interoperabilidad.

AutoFirma es una aplicación de firma electrónica para entornos de escritorio desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Junta de Andalucía.

Características principales:

• Permite la firma electrónica desde navegadores que no soportan Java (como Chrome, Firefox modernos, Edge).
• Es una aplicación de escritorio que se instala localmente y se invoca desde el navegador web.
• Sustituye al antiguo Miniapplet de firma basado en Java, que dejó de funcionar en navegadores modernos por la eliminación del soporte NPAPI.
• Compatible con los sistemas operativos Windows, macOS y Linux.

Relación con la plataforma de firma:

• AutoFirma utiliza la plataforma de autenticación y firma electrónica como infraestructura de validación.

Formatos de firma soportados:

• CAdES (firma de archivos binarios)
• XAdES (firma de documentos XML)
• PAdES (firma de documentos PDF)

Uso en la Junta de Andalucía:

• Integrada en los servicios de administración electrónica (sedes electrónicas, trámites online).
• Utilizada por la ciudadanía y el personal de la Administración para firmar documentos electrónicos.

Otras herramientas de firma:

• Miniapplet de firma: Versión anterior basada en Java, necesitaba soporte NPAPI del navegador.
• Port@firmas: Sistema de portafirmas electrónico para la firma secuencial de documentos.
• Model@: Herramienta para la generación de modelos de documentos electrónicos, no para firma.

Certificados Electrónicos y FNMT en la Junta de Andalucía

La FNMT-RCM como entidad certificadora de la Junta de Andalucía

La entidad encargada de prestar servicios de certificación electrónica para la Junta de Andalucía es la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda). La FNMT-RCM actúa como Autoridad de Certificación de referencia para la expedición de certificados electrónicos utilizados en los procedimientos administrativos de la Junta.

Listas de Revocación de Certificados (CRL)

Cuando un certificado electrónico queda invalidado antes de su vencimiento (por pérdida, robo o compromiso de la clave privada), la FNMT-RCM lo incluye en la Lista de Revocación de Certificados (CRL).

En el ámbito de los certificados electrónicos de la Junta de Andalucía:

• La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene la responsabilidad de generar y publicar dichas listas.
• Las listas de revocación tienen una validez de 24 horas.

Las listas de revocación de certificados (CRL) tienen una validez de 24 horas (no 48, no 72 horas, ni 7 días naturales).

Tipos de certificados electrónicos

En el contexto de la administración electrónica de la Junta de Andalucía se utilizan distintos tipos de certificados:

• Certificados de persona física: identifican a una persona concreta. Son los más habituales para el acceso de empleados y ciudadanos.
• Certificados de sello electrónico de Administración Pública: identifican a un órgano administrativo y permiten la firma automática (sin intervención humana directa) en procesos masivos.
• Certificados de servidor SSL: protegen las comunicaciones entre el navegador del usuario y los servicios web de la Junta (HTTPS).

Validez y revocación

• Los certificados electrónicos de persona física tienen una validez de cuatro años desde su emisión.
• La revocación puede solicitarse en cualquier momento si el titular sospecha que la clave privada ha sido comprometida.
• La verificación del estado de un certificado puede hacerse consultando la CRL o mediante el protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol), que permite una consulta en tiempo real.

Marco de confianza

La FNMT-RCM es una entidad de certificación acreditada dentro de la infraestructura de confianza de la Administración General del Estado, y sus certificados son reconocidos por la plataforma @firma de la Junta de Andalucía para la validación de firmas y autenticaciones en los procedimientos administrativos electrónicos.

Registro Telemático y Sellado de Tiempo en la Junta de Andalucía

@ries: El Registro Telemático Unificado

El registro telemático unificado de la Junta de Andalucía se denomina @ries (Sistema de Registro de Entradas y Salidas). Es la herramienta que establece un Registro de Entrada y Salida unificado para toda la Junta de Andalucía, con la característica principal de la interconexión informática entre los registros de entrada y salida de todos los organismos.

@ries facilita la presentación de documentación tanto de forma presencial como electrónica, y gestiona los intercambios registrales entre distintas administraciones.

Sellado de tiempo (time stamping)

El sellado de tiempo (o time stamping) es un método para probar que un "dato electrónico" existió en un momento determinado y además que no ha sido modificado desde entonces. Se trata de un mecanismo criptográfico que vincula un documento o dato con un instante temporal concreto de forma comprobable y fehaciente.

El sellado de tiempo permite acreditar que un documento electrónico existía en un momento determinado y que no ha sido alterado posteriormente.

Cómo funciona el sellado de tiempo

El proceso de sellado de tiempo implica:

1. Se calcula la huella digital (hash) del documento electrónico.
2. Una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) añade la marca temporal y firma el conjunto (hash + fecha y hora), emitiendo un sello de tiempo (token TSA).
3. Este sello puede verificarse posteriormente para comprobar que el documento existía en esa fecha y no ha sido modificado.

Tiempo oficial en @ries

Para el cálculo de plazos, el sistema de registro electrónico de la Junta de Andalucía se rige por la fecha y hora oficial vigente en todo el territorio español, establecida por el Ministerio de Defensa-Real Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidad con el calendario de días inhábiles de la Comunidad Autónoma.

Diferencia con Notific@

Mientras que @ries es el sistema de registro de entradas y salidas (presentación de solicitudes y documentos), Notific@ es el sistema para el envío y gestión de notificaciones electrónicas fehacientes. Son herramientas complementarias pero con funciones distintas.

PID@: Plataforma Integrada para el Derecho de Acceso a la Información Pública

PID@ (Plataforma Integrada para el Derecho de Acceso) es la plataforma de la Junta de Andalucía que da soporte al procedimiento para la solicitud de información pública contemplado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Marco normativo

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía establece el derecho de acceso a la información pública. Su artículo 29 regula el procedimiento de solicitud, que se tramita a través de PID@. Se considera información pública todos los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la administración.

Qué permite PID@

PID@ es una herramienta informática mediante la que se tramitan electrónicamente las solicitudes de acceso a la información pública:

• El ciudadano puede cumplimentar el formulario de solicitud para dirigirse a cualquier órgano de la Junta de Andalucía.
• No requiere certificado electrónico para presentar la solicitud (el formulario puede rellenarse en línea identificándose con datos personales).
• También puede solicitarse en una Oficina de Registro o por correo postal.

Disponibilidad para otras administraciones

La Junta de Andalucía ha puesto PID@ a disposición de los ayuntamientos andaluces mediante un convenio tipo, lo que permite a las entidades locales tramitar electrónicamente las solicitudes de derecho de acceso a través de la misma plataforma.

PID@ es la plataforma de transparencia y acceso a la información pública. No debe confundirse con Notific@ (notificaciones electrónicas), Model@ (modelado de procedimientos) ni Solicit@.

SiREC: Portal de Licitaciones Electrónicas de la Junta de Andalucía

SiREC (Sistema de información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación) es el Portal de la Junta de Andalucía para la gestión electrónica de las licitaciones. A través de SiREC se gestionan las relaciones electrónicas en materia de contratación de la Junta de Andalucía y su sector público de forma segura y cumpliendo la legalidad vigente.

Qué permite SiREC

SiREC permite:

• La preparación y presentación telemática de ofertas por parte de los operadores económicos (empresas y empresarios) que deseen licitar.
• La apertura electrónica de los sobres por los órganos de asistencia de la mesa de contratación.
• La gestión de comunicaciones y notificaciones electrónicas en los procedimientos de licitación (invitaciones, requerimientos, adjudicaciones, etc.).

Ámbito de aplicación

SiREC es obligatorio para todos los órganos de contratación de la Junta de Andalucía y para su sector público (organismos autónomos, empresas públicas, etc.), vinculado o dependiente de la misma.

Acceso al sistema

Para presentarse a una licitación electrónica a través de SiREC, el operador económico debe:

1. Darse de alta en el Sistema SiREC-Portal de Licitación Electrónica.
2. Identificarse mediante certificado electrónico reconocido o cualificado.

El Portal de Contratación

La Administración andaluza cuenta con un Portal de Contratación integrado en el Portal de la Junta de Andalucía, que actúa como nodo central de información y punto de encuentro virtual entre todos los intervinientes en los procedimientos de contratación pública. SiREC es la plataforma transaccional de ese portal.

SiREC es el sistema de licitaciones electrónicas. No debe confundirse con "GIRO", "CONTRACION" (denominaciones incorrectas) ni con "LiCIT@" (nombre que no corresponde al sistema de la Junta de Andalucía).

Ficheros Junta: Gestión de Ficheros en la Nube para Empleados Públicos

Ficheros Junta es una aplicación de productividad personal que permite a las personas usuarias almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores, y compartir archivos y carpetas con otras personas. Es el servicio de almacenamiento en la nube corporativo para las personas empleadas de la Junta de Andalucía.

A quién va dirigido

El servicio está disponible para todas las personas que dispongan de un usuario en el directorio del Correo Corporativo de la Junta de Andalucía. No está abierto al público general.

Qué permite hacer Ficheros Junta

• Almacenar archivos de cualquier tipo en la nube de forma centralizada y segura.
• Sincronizar archivos entre diferentes dispositivos del usuario (ordenador de trabajo, portátil, etc.) de manera automática.
• Compartir archivos y carpetas con otros usuarios de la Junta de Andalucía.
• Acceder a los archivos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Ficheros Junta es un almacenamiento en nube con sincronización. No debe confundirse con Consigna (que es un sistema de intercambio de ficheros de gran tamaño con caducidad y restricciones de acceso, destinado al envío puntual de archivos).

Diferencia con Consigna

Herramienta de trabajo remoto

Ficheros Junta forma parte del conjunto de herramientas imprescindibles para el trabajo en remoto de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, junto con el correo corporativo y otras herramientas colaborativas.

Verificación de Documentos Electrónicos en la Junta de Andalucía

La huella digital (hash) de un documento electrónico

La huella digital (o hash) es una secuencia de valores alfanuméricos de longitud fija que resulta de aplicar una función resumen (función hash) a un documento electrónico. Sus características son:

• La huella digital de un documento es exclusiva de cada documento y lo identifica unívocamente: dos documentos diferentes producen huellas diferentes (o con una probabilidad de colisión despreciable en los algoritmos modernos).
• A partir de una huella digital no puede determinarse el documento electrónico al cual corresponde (la función hash es unidireccional, es decir, no es reversible).

La huella digital identifica unívocamente al documento, pero es irreversible: no se puede reconstruir el documento a partir de la huella.

Código Seguro de Verificación (CSV)

Los documentos firmados electrónicamente en la Administración de la Junta de Andalucía pueden disponer de un informe de firma en el que figura un código (denominado CSV, Código Seguro de Verificación) que permite a cualquier persona interesada comprobar su autenticidad y su integridad.

La Herramienta Centralizada de Verificación (HCV)

La plataforma de la Junta de Andalucía para realizar esa verificación se denomina Herramienta Centralizada de Verificación (HCV). Sus características son:

• Permite verificar la autenticidad e integridad de documentos y ficheros firmados electrónicamente en la Administración de la Junta de Andalucía.
• El acceso se realiza a través de la dirección electrónica que figura en el recuadro de firma que aparece al pie del documento.
• Para verificar, se introduce el CSV del documento en la herramienta, que devuelve la información sobre la validez de la firma.

La verificación de documentos firmados electrónicamente en la Junta de Andalucía se realiza con la Herramienta Centralizada de Verificación (HCV), no con "Sistema cl@ve", "@firma" ni "Sistema de Verificación de Firma" (denominaciones incorrectas o de otras plataformas).

Proceso de verificación

1. El ciudadano o interesado localiza el CSV en el informe de firma del documento.
2. Accede a la HCV a través de la dirección indicada en el documento.
3. Introduce el CSV en el formulario de la herramienta.
4. El sistema confirma la autenticidad (que el documento proviene realmente de la Junta de Andalucía y que quien lo firma es quien dice ser) y la integridad (que el documento no ha sido modificado desde que se firmó).

Relación con el sellado de tiempo

La verificación de la integridad del documento se apoya en la huella digital (hash) generada en el momento de la firma. Si el documento ha sido alterado, la huella calculada en la verificación no coincidirá con la huella incluida en la firma, detectándose la manipulación.

Seguridad Web: HTTPS y Certificados SSL/TLS

El protocolo HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) es la versión segura del protocolo HTTP utilizado para la transmisión de información en la web. HTTPS cifra la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor web, protegiendo la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos.

El icono de candado en el navegador

Cuando una página web utiliza el protocolo HTTPS, la mayoría de los navegadores modernos muestran un icono de candado (o similar) en la barra de direcciones. Este icono indica que:

• La conexión utiliza un protocolo seguro HTTPS.
• La comunicación entre el navegador y el servidor está cifrada.
• El servidor ha presentado un certificado digital válido que ha sido verificado por el navegador.

El icono de candado indica que la conexión es segura (HTTPS). No indica que la página pertenezca a Microsoft, que no tenga cookies ni que esté almacenada en caché.

Certificados SSL/TLS

HTTPS funciona gracias a los certificados SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security):

• El servidor web presenta al navegador un certificado digital emitido por una Autoridad de Certificación (CA) de confianza.
• El navegador verifica que el certificado es válido, que no está revocado y que corresponde al dominio al que el usuario intenta acceder.
• Si todo es correcto, se establece una conexión cifrada.

En la Junta de Andalucía

Los servidores web de la Junta de Andalucía utilizan certificados SSL/TLS emitidos por entidades de certificación reconocidas. La FNMT-RCM puede emitir certificados de servidor para las administraciones públicas, y la Agencia Digital de Andalucía dispone de un servicio de apoyo para la gestión de certificados electrónicos de servidor y sello para las aplicaciones y servicios digitales de la Junta.

Importancia en la administración electrónica

El uso de HTTPS es obligatorio en todos los servicios de administración electrónica para garantizar:

• La confidencialidad de los datos del ciudadano (especialmente datos personales y credenciales de acceso).
• La autenticidad del servidor (el ciudadano puede verificar que accede al servicio legítimo de la Junta).
• La integridad de la información intercambiada (que no ha sido manipulada en tránsito).

Consigna es un servicio web de la Junta de Andalucía destinado al envío y recogida segura de ficheros de todo tipo, especialmente cuando su tamaño excede el límite permitido por el gestor de correo electrónico.

Funcionalidades principales:

• Permite la subida segura de ficheros de todo tipo a un almacenamiento único centralizado.
• Los ficheros permanecen disponibles durante un tiempo determinado (caducidad configurable).
• Permite establecer restricciones de acceso como contraseñas y límites de descarga.
• Genera un enlace que se puede compartir por correo electrónico u otros medios.

Características técnicas:

• Tamaño máximo: Permite enviar ficheros de gran tamaño que superan los límites del correo electrónico corporativo.
• Caducidad: Los ficheros se eliminan automáticamente tras el período establecido.
• Seguridad: Protección mediante contraseña opcional y cifrado en tránsito.
• Trazabilidad: Registro de descargas y accesos.

Diferencias con otros servicios:

• Consigna vs Ficheros Junta: Consigna es para envío temporal de ficheros grandes; Ficheros Junta es para gestión permanente de archivos.
• Consigna vs Correo electrónico: El correo tiene límites de tamaño en adjuntos; Consigna permite superar esos límites.

Acceso: Disponible para todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía a través de la intranet corporativa.