Tema 9: El personal al servicio del Parlamento de Andalucía

Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas.

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.

e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Personal retribuido por arancel.

g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

2. Los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera.

b) Funcionarios interinos.

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d) Personal eventual.

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4.

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.

5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2.

3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación.

p) A la libre asociación profesional.

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

a) A la libertad sindical.

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto.

c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.

4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:

a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.

b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados.

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto.

4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.

5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.

2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales.

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.

1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente.

1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto.

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.

3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.

4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos.

Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.

8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superación del proceso selectivo.

b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La pérdida de la nacionalidad.

c) La jubilación total del funcionario.

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.

La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.

No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.

De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación.

4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.

1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.

2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de Bachiller o Técnico.

C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.

1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo.

3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas.

Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio del Interior.

4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.

4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos.

2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.

3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género o con la violencia sexual se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.

2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.

1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Servicio en otras Administraciones Públicas.

d) Excedencia.

e) Suspensión de funciones.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.

1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.

2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.

f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.

4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.

1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta.

2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran.

Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido.

Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de procedencia.

3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual.

e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Son funcionarios del Parlamento de Andalucía los que, en virtud de nombramiento legal, se hallan incorporados a éste con carácter permanente, mediante una relación estatutaria de servicios profesionales y retribuidos con cargo a su presupuesto.

1. La asistencia directa y de confianza a los miembros de la Mesa y a los cargos que en la misma se determinen corresponderá al personal eventual.

2. El personal eventual será nombrado y separado por el Presidente del Parlamento a propuesta del titular del órgano al que se encuentra adscrito. En todo caso cesará de modo automático cuando cese el titular del órgano al que sirva.

3. Será de aplicación a este personal el régimen establecido para los funcionarios en el presente Estatuto, en cuanto no se oponga a la naturaleza de sus funciones. En ningún caso podrán ocupar puestos de trabajo ni desempeñar funciones propias de los funcionarios del Parlamento.

4. El Presupuesto de la Cámara determinará las retribuciones que corresponda a este personal.

Los cuerpos de funcionarios del Parlamento de Andalucía serán los siguientes:

– Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía

– Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía.

– Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento Andalucía.

– Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Andalucía.

1. Corresponde al Cuerpo de Letrados desempeñar las funciones de asesoramiento jurídico y técnico a la Mesa de la Cámara, a las Mesas de las Comisiones y a las Ponencias, así como la redacción, de conformidad con los acuerdos adoptados por dichos órganos, de las resoluciones, informes y dictámenes; la representación y defensa del Parlamento de Andalucía ante los órganos jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional; las funciones de estudio propuesta de nivel superior y, su caso, las funciones de dirección de la Administración parlamentaria que les fueren encomendadas.

2. Corresponde al Cuerpo Técnico la realización de aquellas tareas profesionales o directivas para cuyo ejercicio se requiera el título universitario de Grado o equivalente que no estén asignadas a otros funcionarios del Parlamento de Andalucía y, en particular, las funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. El Cuerpo Técnico se compondrá de dos escalas:

– Escala de Técnicos Superiores.

– Escala de Técnicos.

3. Corresponde al Cuerpo de Oficiales de Gestión el desempeño de tareas de tramitación administrativa y colaboración, preparatorias, complementarias y derivadas de funciones superiores; la atención a secretarías; la asistencia administrativa, la realización de tareas de registro y archivo; el tratamiento de textos; los trabajos de edición y maquetación, y cualquier otra semejante o necesaria para el desarrollo de las mismas.

4. Corresponde al Cuerpo de Subalternos el desempeño de las tareas de vigilancia y custodia del interior del Parlamento; la asistencia y auxilio durante las reuniones de los órganos de la Cámara; telefonía, correspondencia, reproducción, transporte y distribución de documentos;

atención y acompañamiento de personas, guía y asistencia de visitas al Parlamento y colaboración en los actos protocolarios que se organicen en el Parlamento de Andalucía; conducción de vehículos oficiales; almacenamiento, inventario y distribución de materiales y suministros;

prestación de servicios adecuados a la naturaleza de las funciones del Cuerpo en archivos, bibliotecas y almacenes; las tareas de apoyo a la transcripción automática de las grabaciones de las sesiones de órganos parlamentarios que se le encomienden; grabación de datos; las tareas de apoyo administrativo que se le encomienden, y cualquier otra semejante o necesaria para el desarrollo de las mismas.

1. La selección de aspirantes para el acceso a la condición de funcionario del Parlamento de

Andalucía se realizará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, con estricto respeto al principio de igualdad, mediante convocatoria pública y libre, en el Boletín Oficial del Parlamento, de los concursos, oposición o concurso-oposición y las prácticas que se establezcan.

2. Para ser admitido a las pruebas selectivas será necesario:

a) Poseer la nacionalidad española y ser mayor de edad.

b) Estar en posesión de la titulación correspondiente o en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) Cumplir los requisitos que se establezcan en cada convocatoria.

3. La Mesa del Parlamento, a propuesta de su Presidente, establecerá las bases y contenidos mínimos obligatorios de los programas para el acceso a la condición de funcionario, ponderando la importancia de los méritos y la realización de las pruebas objetivas y prácticas en razón a los puestos que se deban ocupar.

Los Tribunales que enjuicien las pruebas de ingreso serán designados por la Mesa y estarán constituidos de la siguiente manera:

1. Cuando las plazas objeto de la convocatoria correspondan al Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía, el Tribunal, que estará integrado por siete miembros, será presidido por el Presidente de la Cámara y formarán además parte del mismo, en todo caso, un miembro de la Mesa del Parlamento o Diputado Licenciado en Derecho, el Letrado Mayor, un Catedrático de

Universidad y, al menos, un Letrado del Parlamento de Andalucía, que actuará como Secretario.

2. Para las plazas correspondientes a los restantes cuerpos y escalas, el tribunal de selección podrá estar presidido por un miembro de la Mesa o, en su defecto, por un letrado o letrada de la Cámara, y formarán, además, parte de él cuatro funcionarios con nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. En todo caso, uno de los componentes del tribunal ha de pertenecer al Cuerpo de Letrados del Parlamento de

Andalucía.

Si la naturaleza de las pruebas así lo exigiera, uno de los funcionarios podrá ser sustituido por una persona especialista en la materia.

3. Para los casos de ausencia, enfermedad o recusación del Presidente y vocales, se nombrarán los correspondientes suplentes.

4. El Tribunal Calificador no podrá actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros.

5. En cualquier momento, podrá designarse a personas que auxilien a los Tribunales Calificadores en las tareas propias de los mismos.

1. El Tribunal propondrá a la Mesa el personal seleccionado que, con la consideración de funcionario en práctica, será nombrado provisionalmente. Dicho personal tendrá ese carácter durante un período de seis meses.

2. Esta etapa de provisionalidad tendrá la consideración de período de prácticas, pudiéndose exigir el estudio de materias específicamente relacionadas con el puesto que deba ocupar.

3. Durante este período provisional se podrá, en cualquier momento, acordar el cese de la prestación de estos servicios por acuerdo motivado de la Mesa a propuesta del Presidente y con previo informe del Letrado Mayor.

4. La terminación del servicio antes previsto requerirá un preaviso de dos meses y la gratificación de un mes.

5. Concluido el período provisional se procederá al nombramiento definitivo adquiriéndose la condición de funcionario del Parlamento de Andalucía.

El personal del Parlamento, cualquiera que sea su clase o categoría, deberá tomar posesión ante el Letrado Mayor en el plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que se le notifique su nombramiento. La toma de posesión se acreditará mediante la oportuna certificación, retrotrayéndose a la fecha de incorporación el comienzo del cómputo de todos los derechos y obligaciones del interesado.

1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados se realizará, con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública y libre. Para el ingreso será preciso hallarse en posesión del título de Grado en Derecho o equivalente.

2. El ingreso en el Cuerpo Técnico se realizará, con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública y libre. Para el ingreso en el mismo será preciso hallarse en posesión del título de Grado o equivalente.

3. El ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión se realizará, con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública y libre. Para el ingreso en el mismo será preciso hallarse en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.

4. El ingreso en el Cuerpo de Subalternos se realizará, con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública y libre. Para el ingreso en el mismo será preciso hallarse en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

1. El Parlamento de Andalucía organizará y, en su caso, patrocinará la asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento de sus funcionarios para facilitar su promoción y la mejora en la prestación de los servicios.

2. Podrán concederse permisos para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la fundación público-parlamentaria, previo informe del superior jerárquico y con la autorización del Letrado Mayor.

3. Igualmente, el Parlamento de Andalucía promoverá las condiciones que hagan posible a sus funcionarios el acceso a la educación y a la cultura.

La condición de funcionario del Parlamento de Andalucía se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superación de las pruebas selectivas correspondientes.

b) Nombramiento que será conferido por la Mesa de la Cámara.

c) Toma de posesión dentro del plazo de un mes, a partir de la notificación del nombramiento.

1. La condición de funcionario del Parlamento de Andalucía se pierde por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia que no inhabilitará para nuevo ingreso en la Función Pública.

b) Pérdida de la nacionalidad española. En caso de recuperarse ésta, podrá solicitarse la rehabilitación de la condición de funcionario.

c) Sanción disciplinaria de separación del servicio.

d) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargos públicos.

2. La relación funcionarial cesa también por causa de la jubilación en los términos establecidos en el artículo siguiente.

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario o funcionaria.

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud de la persona interesada, siempre que el funcionario o funcionaria reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de

Seguridad Social que le sea aplicable.

3. La edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.

En el caso de extinción de la relación de servicios por jubilación por incapacidad permanente para el servicio, la persona interesada, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.

1. A los efectos de este Estatuto, se entiende por promoción interna el acceso desde un cuerpo o escala de un subgrupo de los establecidos en el Parlamento de Andalucía a otro igual

o inmediatamente superior al de procedencia. Los funcionarios deberán para ello poseer los requisitos exigidos para el ingreso; tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en igual o inferior subgrupo, y superar las correspondientes pruebas selectivas.

2. El sistema selectivo para realizar la promoción interna será el de concurso-oposición.

3. En cualquier caso, las pruebas correspondientes a las convocatorias por promoción interna se celebrarán con carácter previo a las libres, pasando a estas las vacantes que no se cubran.

4. Todas las plazas vacantes que vayan a ser convocadas para su cobertura se recogerán en la oferta pública de empleo del Parlamento de Andalucía, con especificación de las plazas convocadas en turno libre y en turno de promoción interna.

5. Siempre que el número total de plazas propuestas en la oferta pública de empleo sea superior a tres, se reservará un porcentaje entre el 25% y el 50% para el turno de promoción interna. En los supuestos en los que el número de plazas contenidas en la oferta pública de empleo sea inferior a cuatro, la Mesa de la Cámara determinará el número de aquellas que pueden ser cubiertas por turno libre o por promoción interna, previa negociación con los representantes del personal.

En cada oferta pública de empleo del Parlamento de Andalucía se reservará al menos un porcentaje suficiente para conseguir el objetivo de cubrir el 4% del total del personal a su servicio con personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. De las plazas destinadas a ser cubiertas por personas con discapacidad se podrá reservar un porcentaje específico destinado para personas que acrediten discapacidad intelectual o discapacidad derivada de trastornos del espectro autista.

Los procesos selectivos para las plazas reservadas a personas con discapacidad se podrán realizar conjuntamente con las incluidas en el turno general o en convocatorias específicas.

Las que se reserven para personas que acrediten discapacidad intelectual o discapacidad derivada de trastornos del espectro autista necesariamente se realizarán por procesos separados y especiales para cada uno de los dos tipos de discapacidad. En ningún caso las plazas que quedaran vacantes se acumularán al turno general, sino que se reiterará su convocatoria hasta su cobertura.

1. La adscripción al puesto de trabajo concreto, según los casos, se realizara por la Mesa o el Letrado Mayor. La movilidad del personal al servicio del Parlamento entre puestos de trabajo que tengan asignadas análogas funciones e idénticas retribuciones, y que no sean puestos directivos, será competencia del Letrado Mayor de la Cámara.

2. El Letrado Mayor podrá acumular en un funcionario el desarrollo de dos o más puestos de trabajo de los contemplados en la plantilla orgánica, cuando el volumen y naturaleza del trabajo a desarrollar en las mismas lo permita, sin que ello origine derecho económico alguno.

1. En la relación de puestos de trabajo se determinarán los puestos que podrán cubrirse por el procedimiento de libre designación.

2. El nombramiento de las personas titulares de las jefaturas de servicio se realizará por la

Mesa del Parlamento de Andalucía, a propuesta del letrado o letrada mayor, con arreglo a los principios de mérito y capacidad.

3. Los nombramientos de rango inferior se realizarán por la Mesa, a propuesta del letrado o letrada mayor, previo informe de la Jefatura del Servicio, con arreglo a los principios de mérito y capacidad.

4. El personal funcionario nombrado para puestos de libre designación podrá ser cesado con carácter discrecional por la Mesa de la Cámara.

1. Los funcionarios están obligados a desempeñar el puesto o tareas que en cada caso se les asignen. El desempeño de un puesto o función no será excusa para el desempeño adicional de otras tareas que temporalmente puedan encomendárseles, siempre que éstas se encuentren dentro de las propias de su cuerpo.

2. Previa designación por la Mesa, a propuesta del Letrado Mayor, los funcionarios podrán desempeñar interinamente puestos de trabajo de igual o superior categoría a aquella que se

le hubiere asignado. En este último supuesto, deberán reunir los requisitos y titulación exigidas para ello, percibiendo las retribuciones propias del puesto que desempeñaren interinamente.

1. El Letrado Mayor elevará anualmente a la Mesa de la Cámara, para su aprobación, el proyecto de plantilla de los servicios del Parlamento de Andalucía.

2. Esta plantilla contendrá:

a) Relación de puestos de trabajo y si los mismos son de libre designación.

b) Adscripción al cuerpo y categoría que corresponda.

c) Funciones correspondientes a cada puesto de trabajo.

Existirá un Registro Administrativo de Personal, en el que se abrirá a todos los funcionarios un expediente personal, en el que se harán constar sus circunstancias personales y cuantos actos administrativos se dicten en relación con los mismos.

Los funcionarios del Parlamento de Andalucía pueden hallarse en alguna de las situaciones administrativas siguientes:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Servicio en otras administraciones públicas.

d) Excedencia.

e) Expectativa de destino.

f) Suspensión de funciones.

1. Los funcionarios se hallarán en situación de servicio activo:

a) Cuando ocupen plaza correspondiente a la plantilla orgánica del Parlamento de Andalucía.

b) Cuando se hallen pendientes de adscripción a un puesto de trabajo concreto por cese en el anterior como consecuencia de una reordenación de servicios.

c) Cuando se les confiera una comisión de servicio de carácter temporal en organismos internacionales, programa de cooperación internacional o en cualquiera de las Administraciones u organismos públicos para realizar una actividad o misión durante un plazo máximo de seis meses, prorrogables por otros seis.

2. Los funcionarios en situación de servicio activo tendrán todos los derechos, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.

1. Los funcionarios se hallarán en situación de servicios especiales:

a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las

Comunidades Autónoma o altos cargos de los mismos, que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos.

d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales u otras cuya elección corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo estatal o de órganos similares de otras Comunidades Autónomas.

f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales.

g) Cuando accedan a la condición de miembros de los Parlamentos de las Comunidades

Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función. Cuando no perciban dichas retribuciones, podrán optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades

Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas Legislativas.

h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Corporaciones locales.

i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.

j) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o de sus respectivas Consejerías.

k) Cuando presten servicios en el Gabinete de la Presidencia del Parlamento, y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

l) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político o de confianza del que se derive incompatibilidad para ejercer la Función Pública.

ll) Cuando cumplan el servicio militar o prestación sustitutoria equivalente.

2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y de derechos pasivos y tendrán

derecho a la reserva de la plaza presupuestaria. En todos los casos recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las correspondan como funcionarios.

3. Los Diputados, Senadores y miembros de Asambleas Legislativas de las Comunidades

Autónomas que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales, hasta nueva constitución.

4. En los restantes supuestos, los funcionarios en situación de servicios especiales deberán reincorporarse al servicio activo en su plaza de origen dentro de los treinta días siguientes al cese en el cargo para el que hubieran sido elegidos o designados en los servicios a los que hubieran sido adscritos al licenciamiento del servicio militar o de la prestación sustitutiva del mismo.

De no hacerlo así, serán declarados en situación de excedencia forzosa a partir del día siguiente a aquel en que hubiera concluido el mencionado plazo.

1. El personal funcionario de carrera del Parlamento de Andalucía será declarado en la situación de servicio en otras administraciones públicas cuando por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de concurso o libre designación obtenga destino en una administración pública distinta. Se mantendrá en esa situación en el caso de que por disposición legal de la administración a la que acceda se integre como personal propio de esta.

2. El personal funcionario de carrera en la situación de servicio en otras administraciones públicas, mientras se mantenga en esta situación, se rige por la legislación de la administración en la que esté destinado de forma efectiva, pero conserva su condición de personal funcionario de carrera del Parlamento de Andalucía y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. A estos efectos, el tiempo de servicio en la administración pública en la que esté destinado se le computará como de servicio activo en su cuerpo, escala y especialidad en el Parlamento de Andalucía.

3. El personal funcionario de carrera que reingrese al servicio activo en la Administración parlamentaria procedente de la situación de servicio en otras administraciones públicas obtendrá en el Parlamento de Andalucía el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional mientras haya permanecido en dicha situación, así como los efectos correspondientes sobre su posición retributiva. El citado reconocimiento será llevado a cabo por la Administración parlamentaria directamente, o bien, en su caso, conforme al procedimiento previsto en los convenios y demás instrumentos de colaboración que el Parlamento de Andalucía suscriba a tal fin con otras administraciones públicas o instituciones.

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.

1. Procederá declarar la excedencia voluntaria, a petición del funcionario, en los siguientes casos:

a) Para pasar a la situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las

Administraciones Públicas o prestar servicios en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra situación.

b) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

c) Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés particular y no se oponga a la buena marcha del servicio.

2. La situación prevista en la letra c) del apartado anterior no podrá ser declarada hasta que se hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores, y habrá de permanecerse en ella durante un periodo mínimo de un año. Este derecho solo puede ser ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido dos años de servicios efectivos desde el final de la anterior excedencia.

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, aun cuando no se cumpla el requisito de haber prestado servicios efectivos previsto en el párrafo anterior, a los funcionarios cuyo cónyuge o pareja de hecho resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas, en los organismos públicos y entidades de

Derecho público dependientes o vinculados a aquellas, en los órganos constitucionales o del

Poder Judicial y en los órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión

Europea o en organizaciones internacionales.

3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria no devengarán derechos económicos ni les será computado a ningún efecto el tiempo de permanencia en tal situación.

4. No podrá declararse en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios a los que se esté instruyendo expediente disciplinario ni a los que no hubieran cumplido la sanción que anteriormente les hubiere sido impuesta.

Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que les sea exigible plazo de permanencia.

Esta excedencia tendrá una duración máxima inicial de seis meses, durante los cuales las funcionarias en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaren. Dicho periodo será computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar esta situación por periodos de tres meses, hasta un máximo total de duración de la excedencia de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo o hija a cargo.

1. Serán declarados en situación de excedencia forzosa:

a) Los funcionarios que, habiendo cesado en la situación de servicios especiales, no se incorporen al servicio activo en su plaza de origen en el plazo señalado en el artículo 23.4.

b) Los funcionarios que, ejerciendo una actividad declarada incompatible, no renuncien a ella.

2. A los funcionarios en situación de excedencia forzosa les será aplicable lo dispuesto en el artículo 25.3.

1. Los funcionarios se hallan en la situación de expectativa de destino en los casos en que sea imposible obtener el reingreso al servicio activo cuando el funcionario cese en las situaciones de excedencia voluntaria o suspensión firme.

2. Quienes se encuentren en dicha situación tendrán derecho a percibir sus retribuciones básicas y el complemento familiar, así como el abono del tiempo que permanezcan en dicha situación a efectos pasivos y de antigüedad, y estarán a disposición del Parlamento de Andalucía para el desempeño de funciones de suplencia o sustitución propias del cuerpo a que pertenezcan.

1. El funcionario declarado en la situación de suspenso quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición. La suspensión puede ser provisional o firme.

2. La suspensión provisional podrá acordarse, preventivamente, durante la tramitación de un procedimiento criminal o expediente disciplinario que se instruya al funcionario.

3. El tiempo de suspensión provisional como consecuencia de expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

Durante el mismo, el funcionario sólo tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas y el complemento familiar que le corresponda.

4. Si el funcionario resultase absuelto en el procedimiento criminal o expediente disciplinario, o si la sanción que se le impusiera fuese inferior a la suspensión, el tiempo de duración de ésta se le computará como servicio activo debiendo reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha en que produjo efectos la suspensión.

5. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. Su duración no podrá exceder de seis años, siendo de abono al efecto el período de permanencia del funcionario en la situación de suspensión provisional.

El reingreso en el servicio activo de quienes tengan reservada su plaza se verificará con ocasión de vacante respetando el siguiente orden de prelación:

1. Suspensos.

2. Funcionarios en servicio en otras administraciones públicas.

3. Excedentes voluntarios.

4. Excedentes forzosos.

La condición de funcionario en activo del Parlamento, cualquiera que sea su clase o categoría, es incompatible con el ejercicio de cualquier otro trabajo o profesión, tanto público como privado, por cuenta propia o ajena, salvo la administración de su patrimonio.

Los funcionarios del Parlamento de Andalucía en servicio activo tendrán los siguientes derechos:

a) A desempeñar alguno de los puestos de trabajo que correspondan a su cuerpo y categoría. Los funcionarios sólo podrán ser privados de su condición por sanción disciplinaria de separación del servicio.

b) A percibir las retribuciones que les correspondan.

c) A la dignidad personal y profesional.

d) A la carrera administrativa entendida como ascenso y promoción, conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto.

e) A vacaciones y licencias en los términos previstos en el presente Estatuto.

f) A una adecuada protección social, en los términos que acuerde la Mesa.

g) Los restantes previstos en el presente Estatuto.

1. Vacaciones:

a) El personal al servicio del Parlamento de Andalucía tendrá derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

En el supuesto de haber completado los años de servicio activo en la Administración que se especifican a continuación, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:

– Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.

– Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.

– Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles.

– Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida.

b) De conformidad con la planificación efectuada por cada servicio, las vacaciones podrán fraccionarse por días y deberán disfrutarse dentro del año natural en que se hubiesen devengado, preferentemente durante los meses de enero y agosto. Fuera del periodo establecido se podrán disfrutar en otro mes, por causa justificada, con autorización del letrado o letrada mayor.

El periodo de vacaciones anuales retribuidas no puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios del personal por causas ajenas a su voluntad, este tendrá derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas. En particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, este derecho corresponderá hasta un máximo de dieciocho meses.

c) En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales o comunes, con una incapacidad temporal derivada de embarazo o con alguno de los permisos previstos en las letras a), b), d) y e) del artículo 32 bis que imposibilite al personal disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponda, podrá hacerlo en el momento de la reincorporación de la baja o de los permisos citados y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final del año en que se hayan devengado.

2. Permisos:

a) Por fallecimiento, hospitalización, accidente o enfermedad graves del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el personal en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, corresponderán cinco días hábiles. Cuando las personas afectadas fueran familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles.

Los permisos relativos a fallecimiento y enfermedad podrán ser ampliados en casos excepcionales previa justificación de necesidad de mayor tiempo para atender tales circunstancias.

En caso de intervención quirúrgica de alguna de las personas antes referidas, siempre que el correspondiente facultativo o facultativa haya prescrito reposo, el personal al servicio del Parlamento de Andalucía tendrá derecho a una licencia cuya duración máxima no podrá superar las establecidas en el párrafo anterior.

b) Por traslado de domicilio habitual, un día hábil.

c) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación de personal, el permiso será reglamentado por la Mesa del Parlamento, con informe del letrado mayor.

d) Por exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, sólo y exclusivamente durante los días de su celebración, con la presentación de la correspondiente certificación acreditativa.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, por el tiempo indispensable.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

g) Por asuntos particulares, siete días hábiles. Se concederán dos días adicionales al personal que cumpla el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

Los días de permiso por asuntos particulares no son acumulables en ningún caso a las vacaciones anuales, y su concesión está sujeta a las necesidades del servicio.

h) El personal a quien falte menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación podrá obtener, a su solicitud, la reducción de un tercio o de la mitad de su jornada, y percibirá respectivamente el 80% o el 60% de la totalidad de sus retribuciones, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

i) Cuando en un año natural alguna o algunas de las fiestas laborales de ámbito nacional no sustituibles por las comunidades autónomas, de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de ámbito local de la ciudad de Sevilla, de carácter retribuido y no recuperable, coincida con un sábado, se añadirá un día de permiso para ese año por cada una de las fiestas en las que se dé tal circunstancia. Se computarán como máximo dos días de permiso para dicho año por este concepto. Estos días de permiso podrán acumularse a las vacaciones anuales y, en todo lo demás, se disfrutarán en los mismos términos previstos para los días de asuntos particulares.

3. Licencias:

a) Por enfermedad, debidamente justificada, que impida el normal desarrollo de la función, por todo el tiempo que dure la situación de incapacidad temporal, con plenitud de derechos económicos. Así, la Administración del Parlamento de Andalucía abonará al personal funcionario, durante este periodo, la diferencia entre la prestación económica que reciba del régimen de Seguridad Social a que estuviese acogido y las retribuciones que le hubieren correspondido de no encontrarse en la citada situación.

b) Por enfermedad infectocontagiosa de hijos menores de nueve años o discapacitados de cualquier edad que convivan con el progenitor, siempre que se justifique la necesidad de atención especial por falta de autonomía personal, tres días. Este permiso solo podrá ser concedido si se aporta acreditación médica en la que conste expresamente la patología sufrida y que se trata de una enfermedad infectocontagiosa.

c) Por matrimonio o inscripción en registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, se otorgará una licencia de quince días naturales ininterrumpidos.

d) Por participar como candidatos en campañas electorales, durante el tiempo que duren estas, con plenitud de derechos económicos. Esta licencia no podrá acumularse, en ningún caso, a las vacaciones anuales.

e) Por asuntos propios, sin retribución alguna. Su duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses cada dos años. La concesión de esta licencia está sujeta a las necesidades del servicio.

f) Los funcionarios y laborales que acrediten su colaboración con alguna ONG debidamente inscrita en el registro correspondiente podrán disfrutar de una licencia no retribuida de hasta seis meses de duración.

g) Para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos se otorgará licencia por el tiempo indispensable, siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

4. La concesión de las vacaciones, de los permisos y de las licencias corresponde al letrado mayor, de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto.

1. Para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se concederán los siguientes permisos:

a) El permiso por nacimiento para la madre biológica tendrá una duración de veinte semanas, de las cuales las seis semanas inmediatamente posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Las semanas restantes se disfrutarán de forma acumulada o interrumpida dentro de los doce meses siguientes al parto. En el caso de disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos quince días, y se realizará por semanas completas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, a razón de una para cada uno de los progenitores. En caso de que no exista más progenitora que la madre biológica, esta disfrutará dicha ampliación del permiso en su totalidad.

No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, transcurridas las seis primeras semanas de descanso obligatorio, podrá distribuirse entre ellos el periodo de disfrute de este permiso de manera interrumpida según su voluntad, y ejercitarlo desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso de disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos quince días, y se realizará por semanas completas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato o neonata deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como aquel se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de “madre biológica” incluye también a las personas trans gestantes.

b) El permiso por adopción, por guarda con fines de adopción o por acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrá una duración de veinte semanas, de las cuales seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Las semanas restantes se disfrutarán de forma acumulada o interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituye la adopción, o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso de disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos quince días, y se realizará por semanas completas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor o la menor adoptado, recibido en guarda o acogido, y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, a razón de una para cada uno de los progenitores. Cuando exista un solo progenitor, este disfrutará dicha ampliación del permiso en su totalidad.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, transcurridas las primeras seis semanas de descanso obligatorio, podrán distribuirse entre ellos el periodo de disfrute de este permiso de manera interrumpida según su voluntad, y ejercitarlo desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante, dentro de los doce meses a contar desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento. En el caso de disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos quince días, y se realizará por semanas completas.

El cómputo del plazo se contará, a elección del progenitor o progenitora, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución

judicial por la que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado o adoptada en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, periodo durante el que se percibirán exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior, y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que se establezcan en el Código Civil.

El acogimiento temporal deberá tener una duración no inferior a un año.

c) 32

d) El permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, o de la persona adoptante, guardadora o acogedora diferente a la que haya disfrutado el permiso regulado en la letra b) de este apartado, tendrá una duración de veinte semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Las semanas restantes se disfrutarán de forma acumulada o interrumpida dentro de los doce meses siguientes al parto, a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso de disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos quince días, y se realizará por semanas completas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, para disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutarlo siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento o de la decisión judicial por la que se constituya la adopción.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, transcurridas las seis primeras semanas, el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida, según su voluntad, dentro de los doce meses a contar desde el nacimiento del hijo o hija, desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o desde la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento. En el caso de disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos quince días, y se realizará por semanas completas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato o neonata deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato o neonata se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

e)34 Por lactancia o cuidado de un hijo o hija menor de dieciséis meses se tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción en media hora al inicio y al final de la jornada normal o en una hora al inicio o al final de la jornada.

Este permiso constituye un derecho individual de los funcionarios y no puede transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador Seo acogedor, y será acumulable a los previstos en las letras a), b) y d) de este apartado.

Se podrá solicitar la sustitución de este permiso por uno retribuido de veinte días hábiles ininterrumpidos. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización de los permisos previstos en las letras a), b) y d) de este apartado.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

f) En el caso de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, los funcionarios tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un periodo de dos horas diarias retribuidas. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada hasta un máximo de dos horas diarias con la disminución proporcional de las retribuciones.

g) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el personal funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50 % de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Esta reducción de jornada puede sustituirse por un permiso retribuido de un máximo de quince días.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes.

h)35 Por razones de guarda legal, quien tenga el cuidado directo de algún menor de doce años o persona con discapacidad física, sensorial, intelectual o psíquica que no desempeñe

una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de un tercio o de la mitad de su jornada, y percibirá respectivamente el 80 % o el 60 % de la totalidad de sus retribuciones.

Se otorgará el mismo derecho a quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o pareja de hecho, o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

i) Para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados públicos del Parlamento de Andalucía dispondrán de un crédito de 20 horas anuales. El disfrute de estas no podrá suponer la total inasistencia de más de tres días al puesto de trabajo.

j) Los empleados públicos que tengan hijos o personas dependientes con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación del centro educativo, ordinario, de integración o de educación especial donde el familiar reciba atención o tratamiento, o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.

k) Excepcionalmente, se podrá autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. Esta autorización tendrá como límite la permanencia en el puesto de trabajo, como mínimo, durante tres horas dentro de su horario fijo, sin perjuicio del cumplimiento de la jornada laboral que corresponda a cada empleado o empleada dentro del horario fijado por el Parlamento de Andalucía.

l) Las empleadas públicas en estado de gestación tendrán derecho a un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto.

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo hasta la fecha del parto.

m) Permiso por cuidado de hijo o hija menor o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción que padezca cáncer u otra enfermedad grave. El personal tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma, o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente, y, como máximo, hasta que el hijo

o hija o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. A estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años de edad del hijo o hija o del menor o la menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción no será causa de extinción de la reducción de la jornada si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el padecimiento del cáncer o la enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, o, en su caso, puedan aquellas tener la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el régimen de la seguridad social que les sea de aplicación, el personal tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante, guardadora con fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el régimen de la seguridad social que le sea de aplicación. En caso contrario, solo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos beneficiarios de este permiso desarrollen su trabajo en el mismo servicio, se podrá limitar el ejercicio simultáneo de aquel por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

n) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor en guarda con fines de adopción o acogido por tiempo superior a un año hasta el momento en que el menor o la menor cumpla ocho años. Este permiso, que no será retribuido por el Parlamento de Andalucía, tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas.

Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Corresponderá a la persona progenitora, adoptante, guardadora con fines de adopción o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los periodos de disfrute.

Deberá comunicarlo con una antelación de quince días y se realizará por semanas completas.

Esta facultad de elección de fechas o periodos de disfrute se llevará a cabo de manera compatible con las necesidades del servicio.

Cuando concurran en dos personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, y ambas desarrollen su trabajo en el mismo servicio, en los casos en que el disfrute del permiso parental en el periodo solicitado pudiera alterar seriamente el correcto funcionamiento de aquel, se podrá aplazar la concesión del permiso por un periodo razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de “madre biológica” incluye también a las personas trans gestantes.

2. Serán de aplicación la totalidad de disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público relativas a las víctimas de la violencia de género.

1. Los funcionarios del Parlamento, sin perjuicio de su deber de estricta imparcialidad, podrán afiliarse libremente a cualquier sindicato, partido político o asociación legalmente constituidos.

2. En el expediente personal de cada funcionario no podrá constar ningún dato que haga referencia a la anterior afiliación, ni a cualquier otra circunstancia relativa a la afinidad ideológica de aquéllos. Asimismo, los funcionarios tendrán libre acceso a su expediente personal.

3. En ningún caso, el acceso, la carrera y el trabajo de los funcionarios quedarán condicionados por sus opiniones personales.

4. Los funcionarios al servicio del Parlamento tendrán derechos sindicales y de huelga en los términos reconocidos en la correspondiente Ley Orgánica para todos los funcionarios públicos.

1. Los funcionarios al servicio del Parlamento percibirán las retribuciones básicas siguientes:

a) El sueldo, que consistirá en una cantidad igual para todo el personal al servicio del Parlamento que tenga igual titulación, siempre que esta sea requisito de pertenencia al correspondiente cuerpo o escala.

b)41 La retribución por antigüedad o trienios por cada tres años de servicio en el cuerpo o escala correspondiente.

c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y retribución por antigüedad, se devengarán los meses de junio y diciembre.

2. Las retribuciones complementarias consistirán en todos o algunos de los siguientes conceptos:

a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.

b) El complemento de carrera, que retribuirá la progresión alcanzada por el funcionario o funcionaria dentro de la carrera horizontal.

c) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, de acuerdo con la calificación que a tal efecto se establezca por la Mesa en las plantillas de la Cámara. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

d) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o la iniciativa con que se desempeñe el trabajo.

e) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que en ningún caso podrán ser fijadas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

3. Los funcionarios percibirán las dietas e indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

No podrá existir una diferencia superior a la proporción de uno a tres entre el sueldo de los miembros de los cuerpos que lo tengan menor y mayor, respectivamente. En igualdad de condiciones de categoría y antigüedad, no podrá existir una diferencia superior a la proporción de uno a cinco entre las retribuciones totales íntegras de los miembros de los cuerpos que las tengan menores y mayores, respectivamente.

Sección Segunda

Deberes

1. Los funcionarios en servicio activo están obligados:

a) A respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico.

b) A cumplir la jornada de trabajo que la Mesa determine.

c) Al estricto, imparcial y diligente cumplimiento de las obligaciones propias del puesto o cargo que ocupen.

d) A guardar estricta reserva respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo.

e) A tratar con la consideración debida a sus superiores, subordinados y miembros de la

Cámara, facilitándoles el cumplimiento de sus funciones, así como al público en general.

f) A cumplir las órdenes legalmente emanadas de sus superiores jerárquicos.

g) A sustituir en funciones a sus compañeros ausentes y superiores jerárquicos, cuando expresamente así se les indique.

h) A actuar con absoluta imparcialidad en el cumplimiento de su función y abstenerse de actuación política dentro de la Cámara.

1. El horario de trabajo de los funcionarios del Parlamento de Andalucía será el que fije la

Mesa de la Cámara.

La Mesa podrá autorizar, en determinados supuestos o cuando las necesidades del servicio lo permitan, un régimen de jornada continuada.

2. Con carácter general, la jornada de trabajo será de treinta y cinco horas semanales. La falta de cumplimiento íntegro de la jornada dará lugar a la detracción automática y proporcional de haberes, sin perjuicio de la aplicación, si procediere, del régimen sancionador del presente Estatuto.

3. El régimen de los funcionarios al servicio del Parlamento de Andalucía será el de dedicación exclusiva. Esta dedicación comporta la posibilidad del aumento de horario que sea preciso realizar en razón del puesto de trabajo desempeñado, que lleva implícito el que dichos funcionarios, como consecuencia de su total disponibilidad, puedan ser requeridos para el servicio fuera de su indicada jornada de trabajo, si bien tendrán derecho a compensación horaria.

El personal al servicio del Parlamento sólo podrá ser sancionado por la comisión de faltas disciplinarias de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto.

Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves. Las faltas leves prescriben al mes, las graves a los dos años y las muy graves a los seis años.

1. Las faltas muy graves serán las mismas que las establecidas con carácter general para la Función Pública.

2. En todo caso se considerarán como tales el incumplimiento del deber de acatamiento a la Constitución o de imparcialidad, el abandono del servicio, la violación del secreto profesional y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad establecidas en el presente Estatuto, así como la realización, por el personal, de actos constitutivos de delito cuando fueren realizados en el curso o con motivo de sus funciones. En este último caso, el expediente quedará paralizado y el expedientado suspenso hasta tanto recaiga sentencia firme en proceso criminal o se decretase el sobreseimiento.

Son faltas graves:

a) La desobediencia grave a los superiores, que no esté amparada en la libertad de conciencia o independencia profesional.

b) La realización de actos que atenten al decoro de la Cámara.

c) La negligencia en la conservación de los locales, material y documentos del Parlamento.

d) Las incorrecciones con los Diputados, el personal de la Cámara y las graves con el público.

e) Originar o tomar parte en altercados o pendencias dentro de los locales del Parlamento.

f) La reincidencia en una falta leve por tercera vez en el plazo de un año.

Son faltas leves:

a) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las funciones.

b) Las faltas de asistencia sin causa justificada.

c) La falta repetida de puntualidad sin causa justificada.

d) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada.

e) La ligera incorrección con los Diputados, el personal de la Cámara y el público.

1. Salvo lo previsto en el artículo 48 c, párrafo segundo, no se podrán imponer sanciones sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto.

2. No obstante, el Letrado Mayor, previo informe a la Mesa, podrá apercibir por escrito y amonestar verbalmente a todo el personal al servicio del Parlamento sin necesidad de expediente.

El expediente disciplinario se iniciará por acuerdo de la Mesa del Parlamento, que designará instructor a uno de sus miembros y como Secretario, a un Letrado de la Cámara.

La Mesa podrá ordenar en cualquier momento del procedimiento la suspensión provisional del expediente sin perjuicio de que se le reponga en todos sus derechos si al final del procedimiento la suspensión no es firme.

El instructor solicitará todo tipo de informes, ordenando cualquier actuación y la práctica de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos que son objeto del expediente, recabando, en todo caso, declaración al expedientado.

A la vista de las actuaciones practicadas, se formulará un pliego de cargos que se notificará al interesado, concediéndosele un plazo de diez días para realizar las alegaciones que estime pertinentes en su defensa.

1. El instructor, a la vista de todo ello, formulará propuesta de resolución.

2. La resolución del expediente disciplinario corresponde a la Mesa del Parlamento.

Las sanciones se impondrán y graduarán de acuerdo con la intencionalidad del autor, la perturbación del servicio y la reincidencia de la falta, y serán las siguientes:

a) Por faltas muy graves, las de suspensión de funciones de seis meses a seis años o la separación del servicio.

b) Por faltas graves, la pérdida de cinco a veinte días de remuneración excepto el complemento familiar o la suspensión de funciones de hasta seis meses de duración.

c) Por faltas leves, las de apercibimiento por escrito con constancia en hoja de servicio, o pérdida de uno a cuatro días de remuneración.

Las faltas de puntualidad y las de asistencia, cuando constituyan faltas leves, se sancionarán con la deducción proporcional de retribuciones.

Contra la resolución sancionadora de la Mesa del Parlamento, y ante la misma, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de quince días. A la vista de su resolución, el expedientado podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con la normativa reguladora de esta jurisdicción.

Las anotaciones en la hoja de servicio relativa a sanciones impuestas podrán cancelarse a petición del funcionario una vez transcurrido un período equivalente al de prescripción de la falta, siempre y cuando no se hubiere incoado nuevo expediente al funcionario que dé lugar a sanción. La cancelación surtirá plenos efectos, incluidos los de apreciación de reincidencia salvo para los supuestos y por el tiempo previsto en la letra f del artículo 41.

No podrá imponerse una sanción disciplinaria por los mismos hechos que hubieren dado lugar a una condena penal, excepto en los supuestos previstos en el número 2 del artículo 40.

Salvo en estos casos, si se impusiera pena privativa de libertad, el personal al que le afecte quedará en situación de suspensión por todo el tiempo que dure la condena.

La participación del personal del Parlamento de Andalucía en la determinación de sus condiciones generales de trabajo se llevará a cabo a través del Consejo de Personal y las organizaciones sindicales, en los términos previstos en el presente Estatuto.

El Consejo de Personal es el órgano de representación colectiva del personal del Parlamento de Andalucía.

El Consejo de Personal estará compuesto por nueve miembros, elegirá entre ellos un presidente o presidenta y un secretario o secretaria, y elaborará su propio reglamento de procedimiento. Remitirá copias de este y de sus modificaciones a la Mesa.

El número de miembros del Consejo de Personal se incrementará a trece en el supuesto de que el número de funcionarios que trabaje en el Parlamento supere el de doscientos cincuenta.

La aprobación y modificación del Reglamento requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Consejo de Personal.

Corresponden al Consejo de Personal las siguientes facultades:

1. Ser informado, trimestralmente, sobre la política de personal del Parlamento.

2. Emitir informe a solicitud de la Administración parlamentaria, sobre las siguientes materias:

a) Traslado total o parcial de las instalaciones.

b) Planes de formación de personal.

c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.

3. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

4. Tener conocimiento y ser oído en las siguientes materias:

a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.

b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias.

c) Cantidades que perciba cada funcionario como complemento de productividad.

5. Ser informado, al menos trimestralmente, de las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, índices de siniestralidad, estudios periódicos o especiales del ambiente y condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se utilizan.

6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

7. Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

8. Colaborar con la Administración parlamentaria para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento o incremento de productividad.

9. Participar en la gestión de obras sociales para el personal establecidas en el Parlamento de Andalucía.

10. Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones a que se refiere su actuación.

1. Se reconoce al Consejo de Personal, colegiadamente, y por decisión mayoritaria de sus miembros, legitimación para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

2. El Consejo de Personal, así como sus miembros, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los temas que la Administración parlamentaria señale expresamente como de carácter reservado, aun después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración parlamentaria podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de ésta o para fines distintos a los que motivaron su entrega.

Los miembros del Consejo de Personal, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:

a) El acceso y libre circulación por las dependencias administrativas del Parlamento de

Andalucía, sin que entorpezcan el normal funcionamiento de los correspondientes servicios.

b) La distribución libre en esas mismas dependencias de todo tipo de publicaciones, ya se refieran a cuestiones profesionales o sindicales.

c) Ser oído el Consejo de Personal en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.

d) Un crédito de 20 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo. Los miembros del Consejo de Personal podrán proceder, previa comunicación al Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal, a su acumulación siempre que esta se produzca dentro del mes natural.

e) No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o disminución, siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del funcionario en el ejercicio de su representación.

f) Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

1. Las elecciones que se celebren para elegir a los miembros del Consejo de Personal se regularán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y por la

Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, salvo en lo que afecte a lo establecido en el apartado 2 de este artículo. Las que tuvieran lugar, en su caso, para elegir representantes unitarios del personal laboral al servicio del Parlamento de

Andalucía se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 3 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el

Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.

2. La Mesa del Parlamento de Andalucía convocará nuevas elecciones cuando hubieren cesado más del 50% de los miembros del Consejo de Personal y no fuere posible cubrir sus puestos mediante la sustitución automática prevista en el apartado 3 del artículo 20 de la

Ley 9/1987, de 12 de junio.

La participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio del Parlamento de Andalucía se efectuará mediante la constitución de una Mesa de

Negociación en la que estarán presentes los representantes de la Administración parlamentaria, el Consejo de Personal, así como un representante que tenga la condición de funcionario del

Parlamento por cada uno de los sindicatos más representativos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con la determinación que al efecto establece el artículo 7.1 de la Ley

Orgánica de Libertad Sindical, siempre que hubieran presentado una candidatura a las elecciones al Consejo de Personal.

La Mesa de Negociación quedará constituida y podrá convocarse por la Administración parlamentaria o por solicitud acordada conjuntamente por el Consejo de Personal y los representantes de las organizaciones sindicales que formen parte de aquélla siempre que se pretenda iniciar conversaciones, estudios o propuestas relacionadas directamente con las materias objeto de negociación a que se refiere el artículo siguiente.

Serán objeto de negociación las siguientes materias:

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del Parlamento de Andalucía que se establezca en el presupuesto de la Cámara.

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias del personal.

c) Los acuerdos que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.

d) Los acuerdos que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

e) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación.

f) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

g) Los criterios generales de acción social.

h) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales aplicable con carácter general a los empleados públicos.

i) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones del personal cuya regulación exija norma con rango de ley conforme a la normativa de aplicación general a los empleados públicos.

j) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

k) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos del Parlamento de Andalucía.

Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las materias siguientes:

a) Las decisiones de la Cámara que afecten a sus potestades de organización.

Cuando las consecuencias de las mencionadas potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones conforme a lo establecido en este Estatuto.

b) La regulación de los derechos y deberes de los diputados, así como la de los procedimientos parlamentarios.

c) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios de la Cámara, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Están legitimados para convocar una reunión:

a) Las organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados sindicales.

b) El Consejo de Personal.

c) Un número de funcionarios equivalente, al menos, al 40 por 100 del colectivo convocado.

1. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocar las reuniones a que se refiere el artículo anterior. En este último caso, sólo podrán concederse autorizaciones hasta un máximo de treinta y seis horas anuales. De éstas, doce corresponderán a las secciones sindicales y el resto al Consejo de Personal.

2. Cuando las reuniones hayan de tener lugar dentro de la jornada de trabajo, la convocatoria deberá referirse a la totalidad de los funcionarios del Parlamento, salvo en las reuniones de las secciones sindicales.

3. En cualquier caso, la celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios.

A tal efecto, el órgano competente en materia de personal establecerá los servicios mínimos que necesariamente habrán de cubrirse durante el tiempo que dure aquélla.

En todos los centros de trabajo dependientes del Parlamento habrán de existir lugares adecuados para la exposición, con carácter exclusivo, de cualquier anuncio del Consejo de

Personal o sindical.

1. Serán requisitos para convocar una reunión los siguientes:

a) Comunicar por escrito su celebración con antelación de dos días hábiles.

b) En este escrito se indicará:

– La hora y el lugar de la celebración.

– El orden del día.

– Los datos de los firmantes que acrediten estar legitimados para convocar la reunión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.

2. Si antes de las veinticuatro horas anteriores a la fecha de la celebración de la reunión la autoridad administrativa competente no formulase objeciones a la misma, mediante resolución motivada, podrá celebrarse sin otro requisito posterior.

3. Los convocantes de la reunión serán responsables del normal desarrollo de la misma.

En lo no previsto expresamente en este título se aplicará supletoriamente el contenido de la

Ley Orgánica de Libertad Sindical y de la Ley 9/1987, de 12 de mayo, de Órganos de Representación y Participación en cuanto resulte aplicable al ámbito del Parlamento.

Se faculta a la Mesa del Parlamento de Andalucía para dictar cuantas disposiciones estime necesarias para el desarrollo del presente Estatuto de Personal y para adoptar los acuerdos que pudieran ampliar los derechos de los empleados públicos del Parlamento de Andalucía.