Tema 9: Políticas públicas de igualdad de género en Andalucía

El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, en lo sucesivo el Consejo.

1. El Consejo se configura como un órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía.

2. El Consejo se adscribe orgánicamente a la Consejería competente en materia de igualdad y funcionalmente al Instituto Andaluz de la Mujer.

3. A efectos del presente Decreto, se consideran organizaciones de mujeres las asociaciones, federaciones y confederaciones de mujeres que se encuentren inscritas en el Censo de Entidades Colaboradoras con el Instituto Andaluz de la Mujer para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

El Consejo tendrá las siguientes funciones:

a) Representar ante la Administración de la Junta de Andalucía los intereses de las organizaciones de mujeres andaluzas.

b) Servir de cauce de participación activa de las organizaciones de mujeres de Andalucía en las políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía.

c) Colaborar con la Consejería competente en materia de igualdad para el impulso y la promoción de la participación de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social.

d) Asesorar a la Consejería competente en materia de igualdad sobre las disposiciones de carácter general en materia de igualdad de género.

e) Canalizar las demandas de las mujeres andaluzas en los procedimientos de elaboración y desarrollo de los Planes en materia de igualdad de género.

f) Difundir el valor de la igualdad en la sociedad andaluza, defender los derechos e intereses de las mujeres y fortalecer el movimiento asociativo de mujeres.

g) Elaborar cuantos informes considere convenientes en orden a la mejora de la situación de la mujer andaluza.

h) Colaborar con los diferentes colectivos y organizaciones relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

i) Velar por el incremento de la participación de las mujeres en los órganos de gobierno y en la toma de decisiones.

j) Cualquier otra que le sea atribuida por la Consejería competente en materia de igualdad.

1. El Consejo estará integrado por una presidencia, dos vicepresidencias, una secretaría, y veintiséis vocalías en representación de las organizaciones de mujeres. Asimismo, podrán formar parte del Consejo hasta tres personas con reconocida trayectoria en el movimiento asociativo de mujeres.

2. La Presidencia estará ocupada por la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad.

3. La Vicepresidencia primera estará ocupada por la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer y la segunda será elegida por y entre las personas que ocupen puesto en las vocalías.

4. Las veintiséis vocalías se distribuirán según los siguientes criterios: Diez en representación de las organizaciones de mujeres de ámbito supraprovincial o regional. Dieciséis, dos por provincia, en representación de las organizaciones de mujeres cuyo ámbito de actuación no supere el de una provincia.

5. La Secretaría del Consejo será desempeñada por un funcionario o funcionaria que desempeñe un puesto de Jefatura de Servicio, y su nombramiento se realizará por la persona que ostenta la Presidencia, a propuesta de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por un período de cuatro años, prorrogables.

6. Podrán formar parte como vocales del Pleno del Consejo hasta un máximo de tres personas con reconocida trayectoria en el movimiento asociativo de mujeres, que actuarán con voz y sin voto, nombradas por la persona titular de la Presidencia por un período de dos años, prorrogables.

1. La presentación de candidaturas a las vocalías del Consejo se realizará previa convocatoria pública realizada por la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad.

2. Para poder presentar su candidatura a vocalía del Consejo, las organizaciones de mujeres deberán estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía; estar inscritas en la Sección Primera del Censo de Entidades Colaboradoras con el Instituto Andaluz de la Mujer; y haber transcurrido al menos un año desde su constitución efectiva.

3. Podrán participar en la votación sólo aquellas entidades que se encuentren inscritas en la Sección Primera del Censo de Entidades Colaboradoras con el Instituto Andaluz de la Mujer.

4. El procedimiento de elección se regirá por las bases establecidas en ejecución del presente Decreto, aprobadas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en igualdad.

5. Para poder ser electas, las organizaciones de mujeres deberán carecer de ánimo de lucro; encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y haber justificado, en su caso, cualquier subvención que les hubiera sido concedida por la Junta de Andalucía.

1. Las personas que ocupen puesto de vocalía en el Consejo así como sus suplentes, en su caso, serán nombradas por la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad, a propuesta de cada entidad elegida, siendo publicado el nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El mandato se ejercerá por un período de cuatro años.

3. El cese en la condición de vocal se realizará por la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad, conforme a las causas que se establezcan en el reglamento interno del Consejo.

1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona titular de la presidencia será sustituida por la Vicepresidencia Primera, y en ausencia de ésta, por la persona que ostente la segunda. Las Vicepresidencias serán sustituidas por la persona que designe la Presidencia. La Secretaría será sustituida por la persona que a tal efecto sea designada por la Vicepresidencia Primera.

2. Las personas que sean vocales titulares del órgano colegiado serán sustituidas por sus suplentes acreditándolo previamente ante la secretaría.

1. Las entidades cesarán en su representación en el Consejo por: Transcurso del plazo de cuatro años desde su nombramiento; Renuncia de la entidad, comunicada por escrito a la Secretaría del Consejo; Inasistencia a sesiones, sin causa justificada, en los términos que establezca el reglamento interno del Consejo.

2. El cese de la persona que ocupe una vocalía por esta representación y el nombramiento de la que la sustituya, se acordará mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad. La entidad sustituta será la siguiente entidad más votada en el proceso de elección vigente.

1. El Consejo podrá reunirse en Pleno, en Comisión Permanente y en los grupos de trabajo que se constituyan.

2. El Consejo se regirá por sus propias normas de organización y funcionamiento y, en todo caso, por lo dispuesto en la sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. El Pleno estará compuesto por la Presidencia, las Vicepresidencias, Secretaría y las Vocalías.

2. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, una vez cada seis meses, y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de la Presidencia, de la Vicepresidencia Primera o de un tercio, al menos, de las vocalías.

3. Para la válida constitución del Pleno se requerirá la presencia de la Presidencia o de la Vicepresidencia Primera, de la Secretaría, y de la mitad, al menos, de las vocalías.

4. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, el voto de la Presidencia tendrá carácter dirimente.

5. La Presidencia del Consejo podrá autorizar excepcionalmente y con la finalidad de prestar asesoramiento, la presencia y participación en las sesiones de cuantas personas estime conveniente.

1. La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo para el ejercicio de sus funciones y cometidos relativos a asuntos de trámite, de preparación o de estudio.

2. Esta Comisión estará compuesta por las dos Vicepresidencias y cinco de las vocalías del Consejo que serán elegidas por votación en el Pleno de entre las vocalías del mismo.

3. El procedimiento de elección de las vocalías que formen parte de la Comisión Permanente, las competencias de la Comisión y su funcionamiento estarán recogidas en el Reglamento interno del Consejo.

El Pleno podrá acordar la creación de grupos de trabajo, integrados por miembros del mismo, para cuestiones específicas, con la composición y funciones que aconsejen su naturaleza y finalidad. Podrá encomendarse la realización de estudios e informes a personas de reconocida cualificación en la materia de que se trate.

Corresponde al Instituto Andaluz de la Mujer prestar la asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento del Consejo.

Los miembros del Consejo, así como aquellas personas que puedan ser invitadas a sus sesiones, que sean ajenas a la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas, podrán percibir las dietas e indemnizaciones que, por razón de su asistencia a las sesiones, les correspondan conforme a la Disposición adicional sexta del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

En ejecución del presente Decreto, se podrán adoptar las medidas necesarias con la finalidad de garantizar la colaboración y cooperación con otros órganos de participación de organizaciones de mujeres andaluzas.

1. En el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto deberá estar completado el procedimiento de designación y nombramiento de las vocalías del Consejo.

2. La sesión constitutiva del Consejo deberá celebrarse en el plazo máximo de tres meses contados a partir del nombramiento de sus vocales.

El Consejo en el plazo máximo de seis meses desde su constitución, aprobará el Reglamento Interno en el que se detallarán todos los aspectos relativos a su funcionamiento.

En tanto no se produzca la implantación efectiva del Censo de Entidades colaboradoras del Instituto Andaluz de la Mujer para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, las referencias al citado Censo que contiene el presente Decreto se entenderán realizadas al Programa Asocia de la citada entidad instrumental.

Se habilita a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se crea la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, adscrita orgánicamente a la Consejería competente en materia de igualdad y funcionalmente a la Comisión Delegada para Igualdad, Bienestar e Inmigración, con representación de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía.

La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres tendrá como finalidad el seguimiento de las acciones y actuaciones adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Corresponde a la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres:

a) Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Hacer el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

c) Analizar y debatir el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía que el Consejo de Gobierno aprobará cada cuatro años, realizando el seguimiento de su ejecución.

d) Analizar el informe periódico sobre las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía relacionadas con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

e) Hacer el seguimiento de las actuaciones de las Unidades de Igualdad de Género constituidas en cada Consejería.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en materia de igualdad de género.

1. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres estará integrada por:

a) La Presidencia, que corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad.

b) La Vicepresidencia, que corresponde a la persona titular del Instituto Andaluz de la Mujer.

c) Las vocalías, integradas por una persona de rango de Director o Directora General, designada por cada una de las restantes Consejerías.

d) La Secretaría, que será desempeñada por una persona funcionaria del Instituto Andaluz de la Mujer con rango de Jefatura de Servicio, con voz y sin voto.

2. La composición de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres respetará el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos establecidos en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, las vocales serán sustituidas por sus suplentes, que deberán tener rango mínimo de Director o Directora General. La Presidencia designará la suplencia de la Vicepresidencia y de la Secretaría.

1. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres se reunirá al menos dos veces al año y cuando lo estime necesario la Presidencia.

2. La Comisión se regirá por sus propias normas de organización y funcionamiento y, en todo caso, por lo dispuesto en la sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La Comisión podrá crear grupos de trabajo cuya composición y funcionamiento serán determinados por el propio órgano, para tratar cuestiones específicas en materia de igualdad de género.

El Instituto Andaluz de la Mujer prestará la asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de sus grupos de trabajo, aportando los medios materiales y el personal necesario para ello.

La constitución efectiva de la Comisión se realizará en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación del informe de evaluación del impacto de género a que se refieren los artículos 6 y 31.3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. La finalidad del informe de evaluación del impacto de género es incorporar de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género en las políticas de la Junta de Andalucía.

El informe de evaluación del impacto de género es el documento que acompaña a las disposiciones a que se refiere el artículo siguiente, que contiene una evaluación previa de los resultados y efectos que dichas disposiciones puedan tener sobre las condiciones de vida de las mujeres y hombres y sobre la posición social de unas y otros. Dicho informe deberá identificar las diferencias y desigualdades de género existentes en el área afectada por la norma, analizar los impactos previsibles de la misma en relación con dichas diferencias y desigualdades, y proponer, en su caso, medidas correctivas para evitar impactos negativos.

1. Deberán acompañarse del informe de evaluación del impacto de género: los proyectos de decretos legislativos, en forma de texto articulado; los anteproyectos de ley; las disposiciones reglamentarias de carácter general; los planes de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía aprobados por el Consejo de Gobierno; y los proyectos de decretos del Consejo de Gobierno relativos a la aprobación de las ofertas de empleo público.

2. Asimismo, deberán acompañarse del informe de evaluación del impacto de género las disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas por las personas titulares de las Consejerías.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto los anteproyectos de Ley de Presupuestos.

El informe de evaluación del impacto de género será emitido por el centro directivo competente para iniciar el procedimiento de elaboración de la disposición de que se trate y deberá acompañar al acuerdo de iniciación del procedimiento. Las Unidades de Igualdad de Género asesorarán en la elaboración del informe de evaluación del impacto de género y formularán las observaciones que estimen oportunas, que serán incorporadas al expediente, valorando el informe emitido.

El informe de evaluación del impacto de género deberá contener como mínimo:

a) La legislación vigente en materia de igualdad de género aplicable a la actuación de que se trate.

b) El contexto social de partida, con indicadores de género que permitan conocer la situación de mujeres y hombres en el ámbito afectado por la disposición, desagregados por sexos.

c) El análisis del impacto potencial en mujeres y hombres de las medidas previstas en la disposición.

d) Los mecanismos para neutralizar los posibles impactos negativos de la norma.

En el supuesto de que la disposición no tenga efectos sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se hará constar esta circunstancia en el informe, sin perjuicio de revisar el lenguaje utilizado para evitar que incluya sesgos sexistas.

El centro directivo que elabore la disposición remitirá el informe de evaluación del impacto de género, acompañado de las observaciones formuladas por la Unidad de Igualdad de Género y del proyecto de disposición, al Instituto Andaluz de la Mujer, con anterioridad a su envío a la Comisión General de Viceconsejeros o, en su caso, a su aprobación.

El Instituto Andaluz de la Mujer elaborará un informe anual en el que se evalúe la incorporación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de la perspectiva de género en las disposiciones respecto de las cuales se haya emitido el correspondiente informe de evaluación del impacto de género.

Los procedimientos de elaboración de disposiciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se regirán por la normativa anterior que les resulte de aplicación.

Queda derogado el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación del impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El presente Decreto tiene por objeto regular las Unidades de Igualdad de Género como estructuras administrativas para integrar el principio de igualdad de género en las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

1. Las Unidades de Igualdad de Género impulsarán, coordinarán e implementarán la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de las políticas y programas de actuación en cada consejería.

2. Asimismo, podrán existir Unidades de Igualdad de Género en las agencias administrativas y de régimen especial.

1. Cada consejería designará un órgano directivo con funciones horizontales o transversales para asumir las funciones previstas en el artículo siguiente.

2. Las consejerías podrán crear unidades de igualdad de género en sus agencias administrativas y de régimen especial; en caso contrario, la consejería correspondiente asumirá el ejercicio de tales funciones respecto de dichas agencias.

3. El personal adscrito a las Unidades de Igualdad de Género deberá contar con formación en género e igualdad de oportunidades.

Las Unidades de Igualdad de Género ejercerán cuantas funciones sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, y en especial:

a) Asesorar en la elaboración de los informes de evaluación del impacto de género.

b) Realizar el seguimiento del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía en el ámbito de su consejería.

c) Analizar las estadísticas y datos de cada consejería desde la perspectiva de género.

d) Impulsar la formación y sensibilización en materia de igualdad de género del personal de la consejería.

e) Asesorar y colaborar en la elaboración de los planes de igualdad de la consejería.

f) Impulsar medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal del personal de la consejería.

g) Prestar asistencia técnica a las unidades y centros directivos en la aplicación de las políticas de igualdad de género.

h) Colaborar con el Instituto Andaluz de la Mujer en el desarrollo de sus funciones y en particular en la elaboración del informe anual de seguimiento de los informes de evaluación del impacto de género.

i) Velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la consejería.

El personal adscrito a las Unidades de Igualdad de Género recibirá formación especializada en género e igualdad de oportunidades, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública y del Instituto Andaluz de la Mujer.

1. Se crea en el Instituto Andaluz de la Mujer la Unidad de Igualdad de Género de dicho organismo, con la finalidad de apoyar la implementación y consolidación de la transversalidad de género en la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Además de las funciones previstas en el artículo 4, esta Unidad ejercerá las siguientes:

a) Coordinar el conjunto de las Unidades de Igualdad de Género existentes en la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Asesorar a las Unidades de Igualdad de Género de cada consejería y articular el intercambio de experiencias entre ellas.

Las consejerías, agencias administrativas y de régimen especial implantarán en sus páginas web una sección específica con la documentación, la información y los recursos de apoyo generados por sus respectivas Unidades de Igualdad de Género.

1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las consejerías deberán haber procedido a la designación de los órganos directivos a que se refiere el artículo 3.

2. En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán haberse creado las unidades de igualdad de género en las agencias administrativas y de régimen especial.

Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Mediante el presente Decreto se regula la periodicidad, el contenido y el procedimiento de elaboración del informe periódico sobre la efectividad del conjunto de las actuaciones relativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía, en lo sucesivo, informe periódico, previsto en el artículo 64 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

1. La competencia para la elaboración y coordinación del informe periódico la asumirá la Consejería competente en materia de igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, según la disposición adicional única de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre.

2. El Consejo de Gobierno aprobará el informe periódico y lo remitirá al Parlamento de Andalucía.

La Consejería competente en materia de igualdad desarrollará las siguientes funciones en relación al informe periódico:

a) Recepcionar y sistematizar la información remitida por las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, referente a las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, y del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía.

b) Dar traslado a la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía de la propuesta provisional de informe, la cual analizará y debatirá el mismo, según se establece en el artículo 3.d) del Decreto 437/2008, de 2 de septiembre.

c) Elevar la propuesta definitiva del Informe periódico al Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión al Parlamento Andaluz.

El informe periódico se elaborará y aprobará con periodicidad bienal.

El contenido del informe periódico se estructurará en los siguientes apartados:

a) Las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, en relación a la aplicación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, estableciendo los criterios correctores que correspondan con la finalidad objeto de esta Ley.

b) El seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, previsto en el artículo 7 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre.

c) Cualquier otra información sobre medidas correctoras adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía para la consecución efectiva de la igualdad real entre mujeres y hombres no incluidas en el apartado anteriores.

1. La información debidamente actualizada, a la que hace referencia el artículo anterior, será cursada por las distintas Consejerías al Instituto Andaluz de la Mujer por los medios telemáticos que se establezcan, a través de sus Unidades de Igualdad de Género. Esta información será remitida, en todo caso, antes de finalizar el mes de marzo del año siguiente a aquél al que se refiere la información.

2. La Consejería competente en materia de igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, realizará una propuesta provisional de Informe periódico que se remitirá a la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres la cual lo analizará, debatirá y propondrá un documento definitivo antes del 30 de junio del año siguiente al período al que se refiere la información.

3. La Consejería competente en materia de igualdad elevará propuesta definitiva del informe periódico al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior remisión al Parlamento de Andalucía.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El objeto del presente Decreto es crear la Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género, en lo sucesivo Comisión, así como determinar sus funciones, composición y régimen de funcionamiento.

La Comisión es el órgano colegiado de participación administrativa encargado de coordinar e impulsar la integración del enfoque de género en las políticas y programas, en materia de igualdad de mujeres y hombres, desarrollados por las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

La Comisión se adscribe orgánicamente a la Consejería competente en materia de igualdad y funcionalmente al Instituto Andaluz de la Mujer.

Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:

a) Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

b) Hacer seguimiento de la aplicación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

c) Cooperar institucionalmente en materia de igualdad de género.

d) Realizar propuestas de actuación e informes.

e) Otras tareas en materia de igualdad de género que le sean encomendadas.

La Comisión integra Presidencia, dos Vicepresidencias, Vocalías y Secretaría, respetando una representación equilibrada de mujeres y hombres.

Preside la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad, ejerciendo la representación, dirección, convocatoria, moderación de debates y velar por el cumplimiento de acuerdos.

La Primera Vicepresidencia corresponde al Director o Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. La Segunda Vicepresidencia será elegida entre los vocales de Ayuntamientos y Diputaciones. La primera suplencia es ejercida por la segunda Vicepresidencia; esta última por quien ocupe la segunda posición.

La Secretaría será ejercida por un funcionario o funcionaria con rango de Jefe o Jefa de Servicio, designado o designada por la Presidencia por un período de cuatro años prorrogables. Sus funciones comprenden: asistencia a la Presidencia, convocatorias, preparación del despacho, recepción de documentos, autorización de informes, certificaciones y redacción de actas.

Son vocales de la Comisión:

• Nueve personas representantes de Ayuntamientos y Diputaciones, designadas por la asociación más representativa de entidades locales.

• Ocho personas representantes de las Consejerías con competencias en Régimen Local, Hacienda, Educación, Economía, Empleo, Salud, Igualdad y Cultura, con rango mínimo de Director o Directora General.

La Comisión se reúne ordinariamente dos veces al año; y extraordinariamente por iniciativa de la Presidencia o por solicitud de al menos un tercio de sus integrantes. La convocatoria se realiza con 15 días de antelación, salvo urgencia en cuyo caso es de 48 horas.

El Instituto Andaluz de la Mujer presta la asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento de la Comisión y los grupos de trabajo que se constituyan.

La Comisión se constituirá en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

En el plazo de un año desde su constitución, la Comisión elaborará y aprobará su Reglamento de organización y funcionamiento.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El presente decreto tiene por objeto la creación y regulación de la composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028.

La Comisión del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 funciona como órgano colegiado de asesoramiento y participación en la implementación del Plan Estratégico. Se adscribe orgánica y funcionalmente al Instituto Andaluz de la Mujer, con sede en sus servicios centrales.

Corresponde a la Comisión promover y facilitar las medidas necesarias para la implantación, ejecución, evaluación, coordinación y difusión del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028. Sus funciones incluyen:

a) Conocer el avance anual de los Planes de Igualdad.

b) Proponer las medidas oportunas para el cumplimiento de los objetivos del Plan.

c) Recibir y valorar las Memorias anuales de seguimiento del Plan.

d) Conocer la evaluación del Plan Estratégico.

La Comisión está integrada por Presidencia, Vocalías y Secretaría, sin carácter retribuido. La Presidencia corresponde a la persona titular del Instituto Andaluz de la Mujer. Las Vocalías incluyen representantes de viceconsejerías, del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, de las universidades públicas, de los gobiernos locales, y de organizaciones empresariales y sindicales.

La Comisión se regirá por sus propias normas de organización y funcionamiento, conforme a las leyes administrativas vigentes. Se fomentará el uso de medios telemáticos garantizando la identidad de los comunicantes y la autenticidad de la información.

La Comisión se reunirá ordinariamente al menos una vez al año; y extraordinariamente por iniciativa de la Presidencia o de las vocalías. Para la válida constitución se requiere la asistencia de la Presidencia, al menos la mitad de las vocalías y la Secretaría. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple; el voto de la Presidencia es dirimente en caso de empate.

La Comisión podrá acordar la creación de grupos de trabajo, integrados por representantes de las distintas vocalías, con la composición y funciones que se determinen según su naturaleza. Puede encargar estudios e informes a personas expertas.

El Instituto Andaluz de la Mujer presta la asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento de la Comisión y los grupos de trabajo que se constituyan, aportando los medios materiales y personales necesarios.

Las personas invitadas a las sesiones de la Comisión pueden recibir indemnización por gastos de asistencia conforme a la normativa vigente. Las organizaciones sindicales y empresariales pueden solicitar compensación económica según lo establecido en la Ley 6/2024.

La sesión constitutiva de la Comisión deberá celebrarse en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del presente decreto.

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.

Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El presente Decreto tiene por objeto crear el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género y regular sus funciones, composición, organización y funcionamiento.

El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género tiene las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano de recogida, análisis y difusión de información en materia de violencia de género.

b) Establecer mecanismos de observación mediante indicadores homogéneos.

c) Formular recomendaciones para mejorar los sistemas de información.

d) Elaborar informes y estudios de investigación en materia de violencia de género.

e) Asesorar a la Administración en esta materia.

f) Proponer medidas de prevención de la violencia de género.

g) Participar en relaciones de cooperación con otros organismos similares.

h) Colaborar en campañas de sensibilización contra la violencia de género.

i) Redactar la memoria anual del Observatorio.

j) Realizar actuaciones para el cumplimiento de sus objetivos.

El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género funcionará en Pleno y en Comisión Permanente.

El Pleno puede acordar la creación de grupos de trabajo permanentes o puntuales. Cada acuerdo especificará la composición, funciones y plazo. Pueden incorporarse personas expertas con voz pero sin voto. Las conclusiones se elevan a la Comisión Permanente para su aprobación.

La Consejería con competencias en igualdad dotará al Observatorio de los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento efectivo y para la eficacia en su gestión.

El Pleno incluye Presidencia, Vicepresidencia, Vocalías y Secretaría, respetando una representación equilibrada de mujeres y hombres. Pueden asistir con voz pero sin voto las personas expertas convocadas por la Presidencia.

La Presidencia corresponde a la persona titular de la Consejería con competencia en materia de igualdad. La Vicepresidencia la ejerce la persona titular del órgano directivo con competencias en violencia de género. La Secretaría la ejerce una funcionaria adscrita con nivel de jefatura de servicio, nombrada por la Presidencia.

Ostentan las vocalías personas representantes de órganos directivos y entidades públicas y privadas con experiencia en sensibilización, prevención, atención, asistencia y recuperación de víctimas de violencia de género. Incluye representantes de Consejerías, Entidades Locales, instituciones judiciales, colegios profesionales, agentes sociales, organizaciones de mujeres, sindicatos, organizaciones empresariales, personas con discapacidad, inmigración y personas expertas. Son designadas por cuatro años prorrogables.

Al Pleno le corresponden las funciones previstas en el artículo 3 para el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.

El Pleno se reúne ordinariamente una vez al año y extraordinariamente a iniciativa de la Presidencia o por solicitud de al menos la mitad de sus miembros. Las sesiones son convocadas con 30 días de antelación, o 10 días en casos de urgencia. Se rigen por el Reglamento interno y, supletoriamente, por la Ley 30/1992 y la Ley 9/2007.

La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Observatorio, constituida por Presidencia, hasta quince Vocalías y Secretaría, con representación equilibrada de géneros. La preside la persona titular del órgano directivo con competencias en violencia de género. Forman parte representantes de Justicia, Delegación del Gobierno, Instituto Andaluz de la Mujer, Ayuntamientos, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía, organizaciones empresariales, sindicales, asociaciones de mujeres y otras asociaciones con sistema de rotación.

La Comisión Permanente tiene las siguientes funciones:

a) El seguimiento ordinario de las funciones del Observatorio.

b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Pleno.

c) Coordinar los grupos de trabajo.

d) Elevar informes y propuestas al Pleno.

e) Los cometidos delegados por el Pleno, excepto la función de redactar la memoria anual.

La Comisión Permanente celebra al menos tres sesiones ordinarias al año y puede reunirse extraordinariamente a iniciativa de la Presidencia o por solicitud de al menos la mitad de sus miembros.

El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género se rige por el presente Decreto, su Reglamento interno de funcionamiento, y supletoriamente por las disposiciones para órganos colegiados establecidas en la Ley 30/1992 y en la Ley 9/2007.

Ser miembro del Observatorio no da derecho a retribución económica, salvo lo dispuesto en este artículo. Los miembros ajenos a la Administración percibirán dietas e indemnizaciones conforme a la Disposición Adicional Sexta del Decreto 54/1989. Pueden abonarse indemnizaciones a personas no miembros invitadas ocasionalmente.

El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género se constituirá en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

En el plazo de cuatro meses a partir de la constitución del Observatorio, el Pleno aprobará su Reglamento interno de funcionamiento conforme al artículo 91.2 de la Ley 9/2007.

Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:

1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.

7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.

En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.

Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán:

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas.

1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad.

2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes.

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones:

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos.

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes.

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.

1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

b) La creación de postgrados específicos.

c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma.

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades.

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes.

f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres.

1. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.

2. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros.

3. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones:

a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación.

b) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales.

c) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.

e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

f) La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria.

1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural.

3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información.

4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas.

1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo.

2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones.

3. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural.

4. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo rural.

5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de soluciones alternativas tecnológicas allá donde la extensión de estas tecnologías no sea posible.

1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo.

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.

1. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad efectiva en la cooperación española al desarrollo.

2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española, que se actualizará periódicamente a partir de los logros y lecciones aprendidas en los procesos anteriores.

3. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de integración efectiva del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED), en todos los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la aplicación de la Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contemple actuaciones específicas para alcanzar la transversalidad en las actuaciones de la cooperación española, y la promoción de medidas de acción positiva que favorezcan cambios significativos en la implantación del principio de igualdad, tanto dentro de la Administración como en el mandato de desarrollo de la propia cooperación española.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones.

2. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo caso, la prelación establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes.

A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la presente Ley.

1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.

2. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias:

a) Proceso de selección y contratación.

b) Clasificación profesional.

c) Formación.

d) Promoción profesional.

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.

g) Infrarrepresentación femenina.

h) Retribuciones.

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas.

5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.

6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso.

Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con especial atención al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios.

2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.

3. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas.

4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.

5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:

a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.

e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.

Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.

La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.

En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior.

Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el período de lactancia natural.

Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.

Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad.

1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad.

2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.

1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública.

2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.

Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios:

a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.

d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.

Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.

El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros.

Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.

Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.

1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios.

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud.

1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas.

2. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto.

1. Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una conducta discriminatoria, tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

2. En el ámbito de los contratos de seguros o de servicios financieros afines, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 71 otorgará al contratante perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose en los restantes extremos la validez y eficacia del contrato.

Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social.

La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y los Organismos de Igualdad.

Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que no se concierten con los mismos.

A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les será de aplicación la normativa laboral.

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad.

El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, estarán legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa.

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta Ley.

La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad.

Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes:

a) Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración.

b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento.

c) Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género.

d) Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.

e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.

1. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.

2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.