Tema 9: La Administración de la Comunidad de Castilla y León

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La presente Ley, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, viene a sustituir al Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo  1/1988, de 21 de julio, que constituyó la piedra angular para el desarrollo de la acción del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León y para la configuración de la actual estructura administrativa durante años. No obstante, concurren en el momento actual varias circunstancias que hacen aconsejable una reforma de aquel texto que traía su antecedente en el de 1983.

En efecto, el mayor nivel competencial alcanzado ha obligado a crear una Administración capaz de gestionarlo y en consecuencia mucho más compleja que la regulada en la Ley anterior. Pero tampoco resultan ajenas a la reforma que ahora se acomete las modificaciones llevadas a cabo en la normativa básica que ha de ser tenida en cuenta en su desarrollo autonómico.

Aun así no se ha perdido de vista la consolidación de la Ley anterior derivada de una larga vigencia y así del conocimiento que de ella poseen los distintos operadores jurídicos, circunstancia que ha sido considerada y tenida en cuenta a la hora de intentar respetar al máximo tanto la estructura como el contenido, manteniendo todo aquello cuyo cambio no resultara imprescindible.

Se ha optado sin embargo por llevar a cabo una reforma completa en lugar de modificaciones parciales en aras de respetar al máximo la necesaria seguridad jurídica que resulta más salvaguardada con un nuevo texto completo que con reformas parciales, pero amplias y profundas, del anterior, texto que intenta evitar la reiteración, indebida, de la normativa básica, que por ello solo aparece allá donde su ausencia haría ininteligible e incomprensible la regulación que se contiene.

Sobre tales bases, y en el ejercicio de la competencia que el artículo 32.1.1.ª del Estatuto de Autonomía atribuye a esta Comunidad en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, se dicta la presente Ley.

II

Está compuesta la presente Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León de un Título Preliminar, siete Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y la Final determinando su entrada en vigor.

El Título Preliminar, con tres artículos, explicita el objeto de la Ley, y establece tanto el órgano de gobierno y administración como el contenido de la acción de la Junta, todo ello de conformidad con las prescripciones del Estatuto de Autonomía.

III

El Título I regula la figura del Presidente recogiendo sus atribuciones con la incorporación de las novedades paralelas a las producidas en la última reforma del Estatuto de Autonomía, tales como la facultad de acordar la disolución de las Cortes o plantear la cuestión de confianza. En lógica consecuencia se añade, como causa de cese, la pérdida de la cuestión de confianza, pero también la inhabilitación por sentencia firme. Se modifica asimismo el sistema de suplencia con especial incidencia en los casos en que el propio Presidente no quiera o no pueda efectuar designación expresa.

IV

El Título II se refiere a la Junta de Castilla y León.

Compuesto por tres Capítulos reguladores, respectivamente, de la composición y atribuciones, del funcionamiento, de la responsabilidad política y del cese, aborda el tratamiento de la Junta como órgano de gobierno de Castilla y León.

Respeta este Título esencialmente la estructura y contenido de la anterior Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, incluyendo exclusivamente las concretas modificaciones que se habían manifestado imprescindibles. Así, se agregan algunas atribuciones necesarias para su correcto funcionamiento y, ya dentro de este campo, se acomete la regulación de una de las necesidades más sentidas, consistente en la especificación de su funcionamiento en Consejo de Gobierno, esto es, como órgano compuesto por todos los miembros de la Junta y que se reúne periódicamente, regulándose también las Comisiones Delegadas. Se mantiene la Comisión de Secretarios Generales con la misión de preparar las reuniones del Consejo de Gobierno.

V

Se aborda en el Título III la regulación de los Vicepresidentes y de los Consejeros, redondeándose su tratamiento respecto de la norma anterior con regulación común del estatuto personal, el cese y la suplencia y específico en lo relativo al nombramiento y atribuciones. Ambos —Vicepresidentes y Consejeros— son nombrados y separados libremente por el Presidente, con comunicación a las Cortes, agregándose, en relación a los primeros, la necesidad de establecer su orden en caso de ser más de uno.

En coherencia con la regulación de la figura del Presidente, se añade como causa de cese la inhabilitación por sentencia firme.

VI

Comienza con el Título IV la regulación de la Administración General conteniendo un primer Capítulo dedicado a las Disposiciones Generales con una única modificación reseñable y que tiende a evitar la confusión entre el órgano y su titular. Se especifican así como órganos superiores de la Comunidad la Junta de Castilla y León, la Presidencia, las Vicepresidencias, y las Consejerías.

Un segundo Capítulo se destina a los órganos centrales y sus competencias. Aparece así como novedad la posible existencia en las Consejerías de Viceconsejerías cuyas competencias vienen determinadas en función de sectores de actividad específica del departamento, a la vez que se configura a su titular como segunda autoridad del mismo en ese ámbito.

Entre las competencias atribuidas a los Secretarios Generales merecen ser destacadas, como de nuevo cuño, la coordinación de los programas de Direcciones Generales en su departamento o el control de eficacia y la inspección de la Consejería. También los Directores generales ven incrementada su lista de atribuciones con las de elaboración de programas de actuación específicos, la realización de la propuesta de presupuesto de su Dirección General y la elaboración de los Anteproyectos de Ley y Proyectos de Decreto que les correspondan.

El Capítulo tercero de este Título IV se refiere a la Administración Periférica incorporándose algunas novedades en las Delegaciones Territoriales la principal de las cuales radica en la incorporación de una nueva figura en su estructura, la de los Departamentos Territoriales que se configuran jerárquicamente intercalados entre los Delegados Territoriales y los Servicios. Estos Departamentos Territoriales permiten concentrar, bajo la figura del Delegado Territorial, en un único órgano la responsabilidad de dirigir y coordinar la gestión de las competencias de cada Consejería en el territorio de cada provincia. La estructura posible de cada Delegación aparece, de este modo, determinada por una Secretaría Territorial y Departamentos Territoriales, admitiéndose de modo expreso la posible subsistencia de uno o de varios Servicios Territoriales dependientes de una misma Consejería a través del correspondiente Departamento Territorial.

Las atribuciones de los Delegados Territoriales sólo se ven modificadas por la atribución de las funciones de coordinación, en el territorio de la provincia, de la acción política de la Junta.

VII

El Título V se refiere a la organización y funcionamiento de la Administración General. Su Capítulo primero se destina a definir los órganos y las unidades administrativas y a establecer pormenorizadamente el sistema de creación, modificación y supresión de las Consejerías, Viceconsejerías, Secretarías y Direcciones Generales, así como del resto de órganos y unidades administrativas.

Es probablemente el Capítulo segundo de este Título el que aporta mayores novedades a la regulación de la Administración de la Comunidad. Así se establece la necesidad de un Decreto de Junta para asignar competencias a un Órgano cuando tal atribución no haya tenido lugar por Ley. Se admite con carácter general la desconcentración de competencias en órganos centrales con categoría superior a Servicio y en órganos periféricos con categoría igual o superior a Servicio. Se permite la delegación de competencias en órganos centrales o periféricos con categoría igual o superior a Sección, requiriéndose la previa autorización del Consejero o Consejeros de quienes dependan los órganos delegante y delegado. Aparece recogido un nuevo listado de competencias indelegables y, finalmente, se regula el sistema de suplencia de los titulares de los órganos directivos centrales y periféricos.

El Capítulo tercero, dedicado a la ubicación de la Administración, permanece inalterado, y el Capítulo cuarto se dedica a los Órganos Colegiados que se regulan de forma novedosa por la necesidad de colmar la laguna aparecida como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que declaró que determinados preceptos relativos a esta materia de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas no tienen la condición de básicos, lo que conlleva la necesidad de que cada Comunidad Autónoma dicte sus propias normas en el ejercicio de las competencias que le corresponden y que esta Comunidad ya incorpora en el presente texto legal.

VIII

El Título sexto se destina a la regulación de la actuación de la Administración General, concepto por tanto más amplio que el contenido en la anterior Ley relativo al régimen de las disposiciones y resoluciones administrativas, que había quedado desfasado frente a una realidad sentida como ineludible en un Estado de Derecho.

Las normas generales recogidas en el Capítulo primero se destinan a relacionar los actos que ponen fin a la vía administrativa ajustándolos a las previsiones contenidas en la Ley 30/1992 y a su modificación efectuada por la Ley 4/1999. Se señalan los órganos competentes de la Administración Autónoma para conocer del recurso extraordinario de revisión, de los procedimientos de revisión de oficio, para la declaración de lesividad, para la revocación de los actos de gravamen y desfavorables y para la resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial, tanto civil como laboral. Finaliza este Capítulo estableciendo aquellos procedimientos en que resulta preceptivo el informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad a los que se encomienda la representación y defensa en juicio de su Administración Pública.

El Capítulo segundo, regulador del régimen de las disposiciones y actos administrativos, incluye de forma expresa como novedad digna de mención la existencia, junto a los Decretos y Órdenes, de disposiciones generales de autoridades inferiores. Determina también que las resoluciones administrativas, tanto de la Junta como de su Presidente, hayan de adoptar la forma de Acuerdo.

El Capítulo tercero, se destina a establecer el procedimiento de elaboración de normas con inclusión del listado de los documentos que han de incorporarse a la memoria que con carácter obligatorio habrá de acompañar al proyecto. Por fin los Capítulos cuarto y quinto regulan la contratación, la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial, con atribución de las per tinentes competencias a los órganos específicos y con sujeción a los principios básicos reguladores de estas materias, sin perjuicio de haber tenido en cuenta las peculiaridades específicas de nuestra Administración Autónoma.

IX

El último Título de la Ley, el séptimo, se ocupa de la Administración Institucional y de las Empresas Públicas, recogiendo con la separación mencionada las últimas doctrinas que en el campo del derecho administrativo vienen abogando por la expulsión de su ordenamiento de las últimas, en relación con las cuales se regula exclusivamente su creación y extinción, manteniéndolas fuera de la Administración Institucional.

En relación con esta última, esto es, la Administración Institucional, es digna de reseña la incorporación de su regulación a esta Ley que resulta su lugar natural. Se contiene así en el Capítulo primero, destinado a las Disposiciones Generales, la definición de Administración Institucional caracterizada por las notas de actuación para el cumplimiento de fines de interés público que el ordenamiento establece como principios rectores de la política social y económica, así como por el hecho de que ejercita sus funciones mediante descentralización funcional y con adscripción a la Consejería que resulte competente por razón de la materia.

El Capítulo segundo especifica el régimen de personal, patrimonial, contratación y organización interna de los Organismos Autónomos, recogiéndose en el Capítulo tercero los Entes Públicos de derecho privado y, finalmente, en el Capítulo cuarto las Empresas Públicas.

X

Las Disposiciones Adicionales establecen la aplicación supletoria de la legislación del Estado, la inaplicabilidad de los preceptos reguladores de los órganos colegiados al órgano de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León; la remisión a la Ley de Hacienda de todo lo relativo a la ordenación económico-financiera de los órganos e instituciones de la Comunidad y el mandato a la Consejería de Economía y Hacienda de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.

Contiene la habitual Disposición Derogatoria seguida de la Final con previsión de entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León en lógica coherencia con la disposición contenida al respecto en su articulado.

La presente Ley tiene por objeto la regulación de la organización y funcionamiento del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León sirve con objetividad los intereses generales, actúa de acuerdo con los principios constitucionales de jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y desarrolla su actuación para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

2. En sus relaciones con los ciudadanos, la Administración de la Comunidad, para el servicio efectivo a los mismos, actúa con objetividad y transparencia en la actuación administrativa con arreglo a los principios de simplicidad, claridad y proximidad, agilidad en los procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión y con pleno respeto a sus derechos.

3. En sus relaciones con otras Administraciones la Administración de la Comunidad actúa de acuerdo con los principios de coordinación y cooperación, respeto pleno de sus competencias, subsidiariedad y ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados en sus decisiones.

4. En su funcionamiento la Administración de la Comunidad de Castilla y León se atiene a la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, eficiencia en el uso de los recursos, responsabilidad por la gestión, racionalización de sus procedimientos y actuaciones, y economía de los medios.

1. La Administración General de la Comunidad Autónoma, bajo la dirección de la Junta de Castilla y León, sirve con objetividad los intereses generales y desarrolla, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, funciones ejecutivas de carácter administrativo.

2. Actúa, para el cumplimiento de sus fines, con personalidad jurídica única.

1. La Administración General de la Comunidad adecuará su organización, funcionamiento y relaciones a los principios generales y normas básicas del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

2. De acuerdo con el artículo 39.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León tiene en el ejercicio de sus competencias las mismas potestades, prerrogativas y privilegios que la Administración del Estado.

1. La Administración General de la Comunidad está constituida por órganos jerárquicamente ordenados.

2. Son órganos superiores la Junta de Castilla y León, la Presidencia, las Vicepresidencias, en su caso, y las Consejerías.

3. Los demás órganos de la Administración se hallan bajo la dependencia de los órganos superiores correspondientes.

La organización de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León responde a los principios de división funcional y gestión territorial.

1. Los centros de gestión unificada son órganos administrativos que se podrán crear para la gestión unificada de aquellos procesos complejos en su tramitación o de gran incidencia económica o social.

A estos efectos, se entiende por proceso la secuencia ordenada de trámites administrativos interrelacionados que son necesarios para dar respuesta o prestar servicios a los ciudadanos, en los que, de acuerdo con la normativa reguladora, deban intervenir órganos o unidades administrativas de una o varias Consejerías.

2. La creación de los centros de gestión unificada se llevará a cabo por Decreto de la Junta de Castilla y León, en el que se determinará su organización y las normas de funcionamiento que aseguren la coordinación y agilización de las actuaciones concurrentes de los órganos y unidades que deban intervenir en el proceso.

3. Los centros de gestión unificada de procesos ejercerán las siguientes funciones:

a) información a los ciudadanos sobre los trámites que deban seguirse de conformidad con la normativa aplicable.

b) función de registro.

c) seguimiento de expedientes e información a los interesados sobre el estado de su tramitación.

d) gestión del proceso, incluyendo la tramitación y resolución de los procedimientos en los términos previstos en el Decreto de creación.

4. A través del correspondiente instrumento de colaboración, los centros de gestión unificada podrán ejercer, además, funciones pertenecientes a otras Administraciones Públicas sin que ello suponga alteración de su titularidad.

La Administración General de la Comunidad se organiza funcionalmente en departamentos, bajo la denominación de Consejerías.

Corresponde a cada Consejería el desarrollo de uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

1. Bajo la superior dirección del titular de la Consejería, cada departamento desarrollará sus competencias por medio de los siguientes órganos directivos centrales:

a) Viceconsejerías, en su caso.

b) Secretaría General.

c) Direcciones Generales.

La existencia de Viceconsejerías y, en su caso, su número tendrá carácter potestativo.

2. Los decretos de estructura orgánica determinarán las competencias de los distintos órganos directivos centrales, y las correspondientes órdenes de desarrollo delimitarán las funciones de los órganos y unidades administrativas en que se organicen, con sujeción a las directrices que, en su caso, pueda establecer la Consejería competente en materia de función pública.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en cada uno de los órganos directivos en que se estructura la Consejería podrán existir puestos de trabajo con funciones de apoyo, impulso, coordinación e interlocución y cualesquiera otras que se determinen en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo.

4. Para el ejercicio de competencias propias, se podrán crear órganos o unidades administrativas que funcionalmente actúen fuera del territorio de la Comunidad de Castilla y León.

El Viceconsejero es responsable de un sector de actividad específica del departamento, y como segunda autoridad del mismo en ese ámbito, le corresponde ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que le atribuya la norma de creación del órgano, las demás normas en vigor, y las demás que se le desconcentren o deleguen.

1. El Secretario general es el titular de la Secretaría General y, en este ámbito, tiene las siguientes competencias:

a) Ostentar la representación de la Consejería por orden del Consejero.

b) Coordinar, bajo la dirección del Consejero, los programas de las Direcciones Generales y de las entidades vinculadas o dependientes, salvo en aquellos casos que dicha función haya sido atribuida a otro órgano de la Consejería.

c) Prestar asistencia técnica y administrativa al Consejero en cuantos asuntos éste considere conveniente.

d) Actuar como órgano de comunicación con las demás Consejerías.

e) Dirigir y gestionar los Servicios comunes del departamento, así como los órganos y unidades administrativas que se encuentren bajo su dependencia.

f) Elaborar el anteproyecto del presupuesto correspondiente a la Consejería y desarrollar el control presupuestario.

g) Informar y tramitar los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general de la Consejería.

h) Informar los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general de otras Consejerías.

i) Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Consejería.

j) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería y resolver cuantos asuntos se refieran al mismo, salvo los atribuidos expresamente otros órganos de la Consejería.

k) Ejercer el control de eficacia y la inspección de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que en este ámbito corresponda a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

l) Proponer al Consejero la resolución que estime procedente en los asuntos de su competencia cuya tramitación le esté encomendada.

m) Resolver los asuntos de la Consejería que le correspondan.

n) Las demás competencias que se desconcentren o deleguen en él.

o) Ejercer aquellas otras que le atribuyan las disposiciones orgánicas y demás normativa en vigor.

El Director general es el titular del centro directivo que le esté encomendado y, con tal carácter y en este ámbito, tiene las siguientes competencias:

a) Elaborar los programas de actuación específicos de la Dirección General.

b) Dirigir y gestionar los Servicios propios, así como los órganos y unidades administrativas que se encuentren bajo su dependencia.

c) Realizar la propuesta de la Dirección General para el anteproyecto del presupuesto.

d) Elaborar los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que le correspondan.

e) Proponer al Consejero o, en su caso, al Viceconsejero la resolución que estime procedente en los asuntos de su competencia cuya tramitación esté encomendada a la Dirección General.

f) Resolver los asuntos de la Consejería que le correspondan.

g) Resolver los asuntos de personal que le correspondan y velar por la utilización de los medios materiales y de las dependencias a su cargo.

h) Las demás competencias que se desconcentren o deleguen en él.

i) Ejercer aquellas otras que le atribuyan las disposiciones orgánicas y demás normativa en vigor.

1. En cada consejería existirá un consejo de dirección como órgano de deliberación y coordinación, presidido por el titular del departamento y del que formarán parte los titulares de los centros directivos centrales. Además, podrán asistir todas aquellas otras personas a las que el titular de la consejería convoque expresamente.

2. Las consejerías, de manera periódica, celebrarán un consejo de dirección fuera de su sede ordinaria reservando un tiempo para recoger sugerencias y propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales que deberá desarrollarse de manera abierta a los medios de comunicación social.

1. La Administración General de la Comunidad Autónoma se organiza territorialmente en Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias.

2. Corresponde a cada Delegación Territorial en su respectivo territorio la coordinación y la gestión de las competencias de la Administración General de la Comunidad.

Asimismo le corresponde, en su ámbito territorial, la coordinación de las entidades adscritas a la Administración General y la gestión de los servicios que sean compartidos, salvo que su ley de creación disponga otra cosa.

1. Las Delegaciones Territoriales son los órganos directivos periféricos.

2. Cada Delegación Territorial se estructurará en una Secretaría Territorial y en los Servicios Territoriales que sean necesarios para el desempeño de las correspondientes funciones.

Excepcionalmente, por motivos de eficacia en la gestión administrativa, podrán existir Departamentos Territoriales de los que dependerán varios órganos con rango de Servicio Territorial.

3. La Secretaría Territorial dependerá orgánicamente de la Consejería que tenga atribuidas las funciones de gestión administrativa de las Delegaciones Territoriales y funcionalmente, a través del Delegado Territorial, de los diversos órganos superiores y directivos que correspondan por razón de la materia.

Los órganos con rango de Departamento Territorial, así como los órganos con rango de Servicio Territorial cuando no dependan de un Departamento Territorial, dependerán orgánica y funcionalmente, a través del Delegado Territorial, de los diversos órganos superiores y directivos que correspondan por razón de la materia o del contenido de sus atribuciones.

4. Se podrá disponer la adscripción directa a órganos centrales de órganos o unidades administrativas periféricas, cuando lo aconseje su dimensión supraprovincial o la más eficaz gestión de la actividad que tengan encomendada.

5. El reglamento orgánico de las Delegaciones Territoriales determinará sus competencias, y las correspondientes órdenes de desarrollo delimitarán las funciones de los Servicios y Departamentos Territoriales que existan y del resto de órganos y unidades administrativas en los que se organicen, con sujeción a las directrices que, en su caso, pueda establecer la Consejería competente en materia de función pública.

1. El Delegado territorial es el titular de la correspondiente Delegación Territorial y representa a la Junta de Castilla y León y a cada una de las Consejerías en la respectiva provincia.

2. El Delegado territorial dependerá orgánicamente de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial y funcionalmente de las Consejerías que corresponda por razón de las distintas competencias materiales y, con tal carácter, tiene las siguientes competencias en el ámbito de su respectiva provincia:

a) Coordinar la acción política de la Junta de Castilla y León.

b) Coordinar e impulsar la actividad de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma en la provincia, así como los programas de actuación territoriales de la Delegación.

c) Proponer o informar a los órganos superiores y directivos centrales la resolución que estime procedente en los asuntos cuya tramitación esté encomendada a la Delegación Territorial.

d) Resolver los asuntos que le correspondan.

e) Desempeñar la jefatura de personal de la Delegación, sin perjuicio de las funciones que en este ámbito correspondan a otros órganos administrativos.

f) Velar por la correcta utilización de los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Delegación Territorial y, en su caso, gestionarlos.

g) Las demás competencias que se le atribuyan, desconcentren o deleguen.

1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica, comprendiendo al personal vinculado funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura superior común.

2. Tendrán la consideración de órganos administrativos, además de los órganos superiores y directivos, aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

3. Para crear, modificar o suprimir órganos o unidades administrativas se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas básicas del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

1. La creación, modificación o supresión de Consejerías y Viceconsejerías se llevará a cabo por Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León, en el que se determinará el sector o sectores de la actividad administrativa que se les atribuye, y en su caso, la adscripción de las entidades de la Administración Institucional que corresponda. Cuando se trate de Consejerías deberá darse cuenta a las Cortes de Castilla y León.

Cualquier variación que afecte al número o denominación de las Consejerías ya existentes exigirá que el Decreto contenga, además, el listado completo de Consejerías y su orden de prelación.

2. La creación, modificación o supresión de Secretarías Generales y de Direcciones Generales se llevará a cabo por Decreto de la Junta de Castilla y León a iniciativa del Consejero o Consejeros interesados y a propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, sin perjuicio de su posterior desarrollo en las normas orgánicas correspondientes.

3. Los demás órganos y unidades administrativas de las Consejerías serán creados, modificados o suprimidos por el titular de la Consejería a través de la correspondiente Orden de estructura orgánica, previo informe de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, y deliberación de la Junta de Castilla y León.

4. La creación de Gabinetes con funciones de apoyo y asesoramiento se realizará mediante Decreto de la Junta de Castilla y León, dentro de los límites establecidos por la legislación reguladora de la función pública.

5. La creación, modificación o supresión de Secretarías, Departamentos y Servicios Territoriales se llevará a cabo por Decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial.

Los demás órganos y unidades administrativas de las Delegaciones Territoriales, será creados, modificados o suprimidos mediante Orden del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a iniciativa del titular de la Consejería de la que dependan orgánicamente, previa deliberación de la Junta de Castilla y León.

La adscripción directa a órganos centrales de órganos o unidades administrativas periféricas se realizará mediante Decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero interesado.

6. La creación de nuevos órganos exigirá informe de la Consejería de Economía y Hacienda de modo que no se incremente indebidamente el gasto público.

1. El ejercicio de las competencias administrativas corresponderá a los órganos a los que se atribuya, mediante Decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero competente por razón de la materia.

2. Los órganos y unidades administrativas realizarán las funciones para el ejercicio de sus propias competencias, sin perjuicio de aquellas otras que les sean delegadas, avocadas o cualesquiera otras que les puedan resultar encomendadas.

Los órganos y unidades administrativas de una consejería podrán realizar funciones materiales y de apoyo en relación con los entes adscritos a ella.

Para la resolución de los recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial, responsabilidad patrimonial, revisión de oficio, terminación convencional y ejecución de resoluciones judiciales será preceptivo el previo informe de los Servicios Jurídicos.

1. El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional será autorizado por la Junta de Castilla y León o el Consejero respectivo, y excepcionalmente, en casos de urgencia, por el Jefe de la Asesoría Jurídica General.

2. La representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado, así como su asesoramiento jurídico interno, corresponderá a los letrados integrados en los servicios jurídicos de la Comunidad.

También asumirán las mismas funciones respecto de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad, en los términos que establezca para cada caso el titular de la Consejería a la que los Servicios Jurídicos de la Comunidad se encuentren adscritos.

La efectividad de las previsiones anteriores, por lo que se refiere a entes públicos de derecho privado y empresas y fundaciones públicas, estará supeditada a la previa creación de los correspondientes puestos de trabajo en la Dirección de los Servicios Jurídicos y a su provisión.

Respecto de las instituciones propias de la Comunidad previstas en el Estatuto de Autonomía y el resto de entidades del sector público de Castilla y León, los letrados de los Servicios Jurídicos podrán asumir las mismas funciones si su normativa propia así lo establece y siempre previa suscripción del oportuno convenio en el que se determinará la compensación económica que habrá de abonarse a la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

Los letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad también podrán asumir la representación y defensa del personal y de los altos cargos al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad en los procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con el ejercicio de sus funciones, en los términos que reglamentariamente se determinen y siempre que no exista conflicto de intereses.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma disfrutará del mismo estatuto procesal que la del Estado, cuya normativa de asistencia jurídica, contenciosa y consultiva será supletoriamente aplicable.