Tema 37: El trabajo administrativo y la simplificación administrativa

Este decreto tiene por objeto desarrollar el Capítulo III del Título II de la

Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, estableciendo el régimen jurídico de la utilización por la Administración Autonómica de medios electrónicos en el desarrollo de su actividad administrativa y en sus relaciones con los ciudadanos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones previstas en este decreto son de aplicación:

a) A la Administración General, sus organismos autónomos vinculados o dependientes y sus entes públicos de derecho privado cuando ejercen potestades administrativas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, las referencias realizadas en este decreto a la Administración de la Comunidad de Castilla y León se entenderán realizadas a las unidades administrativas, organismos y entes públicos incluidos en el párrafo anterior.

b) A los ciudadanos, en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León en consonancia con lo previsto en la Ley 2/2010, de 11 de marzo.

1. La política de seguridad de los sistemas de información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, entendida como conjunto de directrices que rigen la forma en que esta Administración gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos, se desarrollará aplicando los principios básicos y los requisitos mínimos recogidos en el

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en el ámbito de la Administración electrónica.

2. La consulta, utilización y cesión de datos de carácter personal en los procedimientos administrativos electrónicos se regirá conforme lo dispuesto en la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En todo caso se deberá permitir conocer su finalidad, identificar al responsable administrativo que la realice, así como llevar a cabo el seguimiento de su uso.

1. Las condiciones de cesión y reutilización de los sistemas informáticos propiedad intelectual de la Administración de la Comunidad de Castilla y León estarán constituidas por el conjunto de directrices que establezcan los criterios, mecanismos de puesta a disposición y forma de uso de dichos sistemas, todo ello en el marco de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en el ámbito de la Administración electrónica.

2. Se promoverá el intercambio y reutilización de sistemas y aplicaciones con otras administraciones públicas y entidades del sector público.

Artículo 5. Atribuciones de la consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica.

La consejería competente, a través del centro directivo con funciones para la dirección, promoción y ejecución en materia de Administración electrónica, efectuará:

a) El impulso, coordinación y control de la implantación y desarrollo de la Administración electrónica, así como la mejora continua en la prestación de estos servicios.

b) La administración y gestión de la sede electrónica, así como la coordinación de su estructura y contenidos.

c) La aprobación de la política de seguridad de los sistemas de información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, según lo dispuesto en el artículo 3.

d) La aprobación de la política de firma electrónica y certificados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, entendida como el conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales para determinar como se generan, verifican y gestionan las firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma, y estableciendo las directrices y requisitos que garanticen la autenticación y el reconocimiento de firmas y certificados como elemento clave para la interoperabilidad. Dicha política se coordinará con lo establecido en la correspondiente norma técnica de interoperabilidad en esta materia.

e) La gestión de los sistemas de información de Administración electrónica existentes, así como la incorporación a la sede electrónica de otras nuevas herramientas y elementos corporativos comunes.

f) El análisis y establecimiento de los indicadores necesarios para la evaluación, control de la evolución y prospectiva de la Administración electrónica y su seguimiento con relación al resto de administraciones públicas, así como con respecto al ámbito europeo e internacional.

g) La participación en la Red de Observatorios de Administración Electrónica a nivel estatal y europeo y la elaboración de informes sobre el grado de implantación de la Administración electrónica en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

h) El impulso de la transferencia tecnológica a terceros en los términos y condiciones que establezca la política de cesión y reutilización de los sistemas y aplicaciones propiedad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, según lo dispuesto en el artículo 4 de este decreto.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León introducirá el uso de medios electrónicos para facilitar la comunicación entre sus unidades administrativas, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado. Solo cuando concurran causas justificadas de carácter técnico que impidan la utilización de medios electrónicos, se podrán utilizar otros medios de comunicación.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León deberá utilizar medios electrónicos para comunicarse con otras administraciones públicas, siempre que ello sea posible. No obstante, se podrán utilizar otros medios de comunicación en función del equipamiento tecnológico de que éstas dispongan.

Se suscribirán los convenios necesarios para garantizar las condiciones de su comunicación, salvo cuando dichas condiciones se encuentren reguladas en normas específicas.

3. La aportación de certificados y datos exigidos en las normas reguladoras de los procedimientos y actuaciones administrativas podrán ser sustituidos, con plena eficacia y validez, por transmisiones de datos en entornos cerrados de comunicación.

En todo caso se garantizará la seguridad del entorno cerrado de comunicación y la protección de los datos que se transmitan de acuerdo con la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

CAPÍTULO III

Sede Electrónica

Artículo 7. La sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

1. La sede electrónica estará disponible en la dirección electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y su finalidad será facilitar a los ciudadanos el acceso a la información, a los servicios y a los procedimientos electrónicos.

En ella se hará constar de forma visible e inequívoca su condición de sede.

2. Están incluidos en el ámbito de aplicación de la sede, todas las unidades administrativas, organismos y entes públicos de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, conforme lo dispuesto en el artículo 2 de este Decreto.

3. Mediante convenios se podrán incorporar a la sede contenidos procedentes de otros entes e instituciones del sector público autonómico, así como de otras administraciones públicas.

4. La titularidad de la sede corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

5. La información, los servicios y los procedimientos electrónicos ofrecidos a través de la sede electrónica respetarán los principios de accesibilidad, igualdad y usabilidad.

6. Los sistemas de información que soporten la sede electrónica deberán garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan, siguiendo para ello las previsiones establecidas en los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

1. Dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, éstos últimos en cuanto ejerzan potestades públicas, serán responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de la veracidad y actualización de los datos publicados y de los servicios que incluyan información sobre el estado de tramitación de los procedimientos puestos a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica.

2. En el caso de que la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León contenga un enlace o vínculo a una sede electrónica cuya titularidad corresponde a otra administración pública, esta última será la responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información a la que se acceda.

La sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León dispondrá, al menos, del siguiente contenido:

a) Identificación de la sede y de su titular.

b) La relación actualizada de los servicios y trámites administrativos que pueden realizarse por medios electrónicos.

c) Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo tanto el mapa de la sede electrónica o información equivalente, así como la inclusión de aviso legal, si procede, sobre propiedad industrial e intelectual y jurisdicción competente.

d) Fecha y hora oficial de la sede electrónica.

e) La normativa de aplicación a la sede electrónica.

f) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario, de acuerdo con lo que establezca la normativa específica de información al ciudadano.

g) Sistema de verificación de los certificados de sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.

h) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos en la sede electrónica.

i) Servicio de verificación de sellos electrónicos empleados en el ámbito de este decreto.

j) Servicio de comprobación de autenticidad e integridad de los documentos electrónicos empleados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como el acceso al Depósito de Originales Electrónicos.

k) Medios disponibles para la formulación de quejas y sugerencias.

l) Acceso al «Boletín Oficial de Castilla y León».

m) Acceso al Catálogo de simplificación documental.

n) Buzón electrónico del ciudadano, según lo establecido en los artículos 28 y 29 de este decreto.

ñ) Acceso al Tablón de anuncios electrónico.

o) Acceso al servicio de información sobre la fase o trámite en la que se encuentran los procedimientos electrónicos tramitados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, según lo previsto en el artículo 46 de este decreto.

p) Perfil de Contratante al que se refiere el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 10. Tablón de anuncios electrónico.

1. La publicación de actos y comunicaciones que por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o por edictos, se sustituirá o complementará por su publicación en el Tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo que establezca la normativa que lo regule.

2. El Tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se regulará mediante orden de la consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica, salvo en aquellos procedimientos que requieran una regulación específica.

3. El Tablón de anuncios electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la disponibilidad, autenticidad, integridad y conservación de la información.

La sede se identificará mediante sistema de firma electrónica basado en certificado de dispositivo seguro o medio equivalente, empleando un certificado electrónico de sede.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá utilizar sistemas de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada, en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

2. La consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica, establecerá los requisitos y las condiciones de uso de los sellos electrónicos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

Artículo 13. Sistemas de código seguro de verificación.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

2. El código seguro de verificación, que tendrá carácter único para cada documento, vinculará a la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de su integridad mediante el acceso a la sede electrónica.

3. La consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica, será la responsable del desarrollo y mantenimiento del sistema informático que gestione los códigos seguros de verificación que se determinen.

4. La utilización de este sistema requerirá su aprobación mediante orden de la consejería competente por razón de la materia, previo informe del centro directivo competente en materia de Administración electrónica. Dicha orden además de describir el funcionamiento del sistema deberá:

a) Contener las actuaciones automatizadas a las que es de aplicación el sistema.

b) Determinar los órganos responsables de su utilización.

c) Establecer los mecanismos necesarios para la actualización de las credenciales de los usuarios autorizados en este sistema de firma.

Artículo 14. Firma electrónica de autoridades y personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizarán los sistemas de firma electrónica que se determinen en cada caso, entre los siguientes:

a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico.

b) Firma basada en certificados electrónicos reconocidos que sean aceptados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

c) Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, expresamente emitido con esta finalidad. Este sistema solo podrá ser utilizado en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupen.

d) Sistemas de código seguro de verificación en el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas.

2. En el supuesto previsto en la letra c) del apartado anterior, los certificados emitidos para la firma electrónica tendrán, al menos, el siguiente contenido:

a) Descripción del tipo de certificado, en el que deberá incluirse la denominación «certificado electrónico de empleado público».

b) Nombre y apellidos del titular del certificado.

c) Número del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, número de identificación personal.

d) Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado.

e) Número de Identificación Fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus servicios el titular del certificado.

1. Será objeto de publicación en la sede electrónica la relación de los sistemas de firma electrónica que se establezcan e incluirá las características de los certificados electrónicos reconocidos, que sean aceptados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como los prestadores que los expiden.

2. En todo caso, las personas físicas podrán relacionarse electrónicamente con la Administración de la Comunidad de Castilla y León con los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad electrónico.

3. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad, respectivamente, para los procedimientos y actuaciones en los que se admitan.

4. Podrán utilizarse otros sistemas de firma electrónica según lo previsto en letras b) y c) del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León pondrá a disposición los medios oportunos para que, con carácter general o específico, las personas físicas o jurídicas puedan realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

2. Las personas físicas y jurídicas habilitadas, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en los términos que resulten de la normativa específica de aplicación.

3. La representación podrá ser atribuida a una o varias personas tanto físicas como jurídicas, salvo en el caso de habilitación para la recepción electrónica de comunicaciones y notificaciones que únicamente podrá ser otorgada a una sola persona.

4. La habilitación solo confiere a la persona habilitada autorización para intervenir en los actos expresamente autorizados. Deberá conferirse habilitación expresa para recibir comunicaciones de la Administración en nombre del interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado.

Artículo 17. Representación a través de corporaciones, asociaciones u otras instituciones.

1. Mediante el correspondiente convenio, la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá habilitar a corporaciones, asociaciones e instituciones para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas o entidades que sean miembros de aquellas.

2. La habilitación prevista en el apartado anterior requerirá la especificación al menos de los procedimientos y trámites objeto de habilitación, y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a la persona jurídica o entidad firmante del convenio como a las personas habilitadas.

3. El convenio de habilitación de corporaciones, asociaciones e instituciones surtirá efectos tanto en relación con la corporación, asociación o institución firmante, como con las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de colegiados, asociados o miembros de aquellas. Para hacer efectiva la habilitación, éstas últimas deberán suscribir un documento individualizado de adhesión que recoja expresamente la aceptación de su contenido íntegro.

Artículo 18. Registro electrónico de representantes.

1. El Registro electrónico de representantes es el registro en el que constarán obligatoriamente las representaciones que terceras personas otorguen para actuar en su nombre de forma electrónica en los procedimientos administrativos ante la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Este registro no tiene el carácter de registro público.

2. Su creación, organización y funcionamiento se regulará por orden de la consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica.

1. En los supuestos en que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica y los ciudadanos carezcan de ellos, se habilitará a personal funcionario para que mediante su firma electrónica, pueda realizar los trámites necesarios. En todo caso, los mecanismos de firma electrónica utilizados deberán vincular de forma inequívoca al empleado habilitado para tal fin.

Para su eficacia, los ciudadanos tendrán que identificarse ante el personal funcionario y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello.

2. Mediante orden de la consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica se regulará la creación, organización y funcionamiento del registro de personal funcionario habilitado.

3. En los términos que se establezcan, a través del correspondiente convenio se podrá reconocer eficacia jurídica a la identificación y autenticación realizada por funcionarios de otras administraciones públicas.

CAPÍTULO V

Registro Electrónico

Artículo 25. Comunicaciones electrónicas.

1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sea o no por medios electrónicos, excepto que se establezca la utilización obligatoria de un canal específico en los términos que preceptúa el artículo 27.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En cualquier momento se podrá modificar el canal elegido. Dicha modificación tendrá efectos desde que la Administración autonómica tenga conocimiento de dicho cambio.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizará medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que éstos lo hayan solicitado o consentido expresamente.

3. Las comunicaciones electrónicas serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y de la recepción, así como de sus fechas, contenido íntegro y que se identifiquen fidedignamente tanto el remitente como el destinatario de la misma.

Artículo 26. Comunicación obligatoria a través de medios electrónicos.

1. Reglamentariamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá obligar al ciudadano a comunicarse con ella utilizando solo medios electrónicos siempre que por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizados el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. En la norma que establezca dicha obligación se especificarán: las comunicaciones a las que se aplica, el medio electrónico que se utilizará y los sujetos obligados.

2. Si no se utilizan medios electrónicos existiendo obligación de comunicarse a través de ellos, el órgano competente requerirá la subsanación, advirtiendo que si no se subsana, el trámite carecerá de efectos.

Artículo 27. Notificación electrónica.

1. En aquellos procedimientos y servicios en los que esté habilitada la notificación electrónica, ésta se efectuará cuando el interesado lo haya señalado como preferente o consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo.

2. El interesado deberá manifestar expresamente en la solicitud, escrito o comunicación su voluntad de recibir las notificaciones a través del medio electrónico habilitado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento, podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

1. La consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica gestionará el sistema informático para la notificación por medios electrónicos.

2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse de alguna de las formas siguientes:

a) Mediante el Buzón electrónico del ciudadano, entendiendo por tal un sistema de dirección electrónica, habilitado en la sede para la práctica de notificaciones en la forma regulada en el artículo 29 de este decreto.

b) Mediante la utilización de otros medios que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción y acceso por el interesado y en las condiciones que se determinen en su regulación específica.

Artículo 29. Notificación electrónica mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través del Buzón electrónico del ciudadano.

1. El sistema de buzón electrónico del ciudadano para la práctica de las notificaciones electrónicas es responsabilidad de la consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica.

2. El sistema de buzón electrónico deberá de satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto objeto de la notificación.

b) Posibilitar el acceso permanente.

c) Acreditar la fecha y hora de acceso al contenido.

d) Poseer los mecanismos de seguridad que determinen la identificación del ciudadano y garanticen la exclusividad de uso.

3. El sistema de buzón electrónico se adaptará a lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

4. El Buzón electrónico del ciudadano tendrá vigencia indefinida, excepto en los siguientes supuestos:

a) Cuando el titular solicite su revocación.

b) Por fallecimiento del interesado.

c) Por extinción de la personalidad jurídica.

d) Cuando una resolución administrativa o judicial así lo ordene.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, si a pesar de existir constancia de la puesta a disposición de la notificación electrónica, transcurren diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

6. Con la comprobación del acceso al contenido de la notificación electrónica se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación.

7. Si la práctica de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ésta realizará la notificación por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de este decreto, durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, excepto en los casos previstos en el artículo 26 de este decreto.

2. En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente, deberá indicarse el medio, lugar o forma para la práctica de las notificaciones posteriores.

3. El cambio de medio de notificación surtirá efecto a partir del momento en que la Administración autonómica tenga conocimiento de dicho cambio.

4. La modificación del medio de notificación no afectará a la validez de las actuaciones administrativas realizadas con anterioridad.

CAPÍTULO VII

Documento y Archivo electrónicos

1. Para el inicio de la tramitación electrónica de un proceso, procedimiento, o servicio, la Administración de Castilla y León pondrá a disposición de los ciudadanos los modelos o sistemas electrónicos de escritos y comunicaciones así como del resto de los trámites publicados en la sede electrónica.

2. Los modelos electrónicos previstos en el apartado anterior, se regirán en lo relativo a transmisión, verificación y comprobación de datos así como en lo concerniente a declaraciones responsables por lo dispuesto en la normativa vigente sobre normalización de formularios.

Véase la Disposición Final Séptima

1. La consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica pondrá a disposición de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las herramientas y elementos corporativos comunes que habiliten la gestión electrónica de procesos, procedimientos y la prestación de servicios.

A efectos de este decreto, tendrán la consideración de herramientas y elementos corporativos comunes, sin perjuicio de su posible ampliación: el Registro electrónico, el Tablón de anuncios electrónico, la notificación electrónica, la firma electrónica, la consulta del estado de tramitación de los expedientes electrónicos, el Depósito de Originales Electrónicos y el Registro electrónico de representantes.

2. Con el fin de garantizar su compatibilidad tecnológica con los elementos del sistema de Administración electrónica, la implantación de otras herramientas que no sean corporativas precisará el informe favorable del centro directivo con competencias en materia de Administración electrónica.

1. La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos y servicios requerirá la realización de un estudio previo de rediseño funcional y simplificación por parte de la unidad administrativa, organismo o ente público competente por razón de la materia. Dicho estudio será sometido a informe del centro directivo con competencias en materia de racionalización y simplificación de procedimientos administrativos, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:

a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos mediante su sustitución por información, declaraciones responsables, transmisiones de datos o certificaciones o, cuando ello fuere estrictamente necesario, la exigencia de su aportación al finalizar la tramitación.

b) La eliminación de trámites, como consecuencia de la racionalización del procedimiento.

c) La previsión de medios e instrumentos de transparencia e información al ciudadano.

d) La reducción de los plazos y tiempos de resolución.

e) La racionalización de las estructuras administrativas y la organización interna.

Dicho análisis se realizará siguiendo los criterios establecidos en las guías y manuales publicados en la sede electrónica en esta materia.

2. Igualmente, el sistema que sustente la tramitación electrónica, precisará la realización de un estudio técnico previo de la unidad administrativa, organismo o ente público competente por razón de la materia. Este estudio se someterá a informe del centro directivo con competencias en materia de Administración electrónica, en el que se observarán las siguientes cuestiones:

a) La seguridad del sistema que sustente el procedimiento de gestión en lo relativo a preservación de la disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de la información tratada, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad.

b) El uso de los sistemas informáticos corporativos de Administración electrónica.

c) El cumplimiento de la regulación contenida en Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Artículo 46. Acceso de las personas interesadas al estado de la tramitación de procedimientos gestionados electrónicamente.

1. Salvo que la normativa aplicable estableciese restricciones a esta información, el ciudadano podrá conocer previa identificación, el estado de tramitación de cualquier expediente en el que figure como interesado o representante autorizado, éste último con las condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 de este decreto, mediante un servicio electrónico de acceso restringido al que se accederá a través de la sede electrónica.

2. La información sobre el estado de tramitación de los expedientes comprenderá la información de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados.

3. Además de la información descrita en los apartados anteriores, los ciudadanos podrán acceder a una relación de todos aquellos escritos, comunicaciones y solicitudes por ellos formulados que hayan presentado a través del registro electrónico de entrada.